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Por El Tiempo
Con algunas modificaciones en la ponencia comenzaría hoy la votación que pide salida del Procurador.
Sin el argumento de que la reelección del Procurador era ilegal por no existir esa figura en la Constitución, comenzará nuevamente el estudio de la ponencia de la magistrada Rocío Araújo que pide la nulidad de la elección que llevó por segunda vez a Alejandro Ordóñez a ocupar el cargo de jefe del Ministerio Público en el 2013.
La ponencia, sin embargo, mantiene los otros dos argumentos con los que Araújo sustenta que el proceso de reelección de Ordóñez tuvo vicios y que por ello debe irse de la Procuraduría.
El documento sostiene que hubo irregularidades en dos aspectos. El primero, que los impedimentos que manifestaron tener tres magistrados de la Corte Suprema de Justicia (Jorge Mauricio Burgos, Javier Zapata y Ruth Marina Díaz) para participar en la postulación de Ordóñez como uno de los ternados para el cargo, por tener a familiares suyos trabajando en la Procuraduría les fueron negados por los demás magistrados de ese tribunal, por lo tanto, Burgos, Zapata y Díaz participaron de la votación, aun cuando tenían conflictos de intereses.
Por otra parte, la ponencia señala que cuando se llevó a cabo la votación en el Senado, donde Ordóñez tuvo una abrumadora mayoría, no había terna, pues María Mercedes López, la candidata nominada por el presidente Juan Manuel Santos, había renunciado a su postulación por falta de garantías en el proceso de elección.
Hoy, nuevamente los magistrados discutirán sus posiciones con respecto al documento de la magistrada Araújo, pero podría esperarse que al haber sido ellos mismos en Sala Plena quienes sugirieron la modificación en la ponencia, puedan comenzar con la votación pronto.
Durante las cinco sesiones en las que se extendió la intervención de los 20 magistrados habilitados para votar (hay cuatro impedidos y tres despachos vacantes), 12 expresaron estar de acuerdo con la ponencia, o sea, a favor de la salida de Ordóñez de su cargo, y ocho pidieron tumbar la ponencia y dejar a Ordóñez terminar periodo al final de este año.
Si la ponencia, de la magistrada Rocío Araújo convence como mínimo a dos de los consejeros de Estado que se han mostrado indecisos en el grupo de los ocho -se necesitan 14 votos para emitir un fallo-, podría destrabarse el proceso que ya ajustó tres años en el Consejo de Estado sin una decisión de fondo.
El caso Ordóñez, junto con la demanda que podría salvar o definitivamente declarar la muerte política del exalcalde de Bogotá, Gustavo Petro, son los temas más importantes de los últimos años que esperan, ambas desde el 2013, una decisión de ese tribunal.
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