Duele el pueblo embera

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Tomado de Pacocol

Por Carolina Tejada / Semanario Voz

“¿Quién les da la mano a los pueblos indígenas del Chocó para detener la muerte y la extinción?”: Cabildos indígenas embera

La infamia del gobierno nacional sobre los pueblos indígenas no cesa. Ya han pasado varios años desde que la Corte Constitucional, por medio del Auto 004 de 2009 declaro al pueblo embera, en vía de extinción física y cultural, razón por la cual exigía especial atención por parte de las autoridades nacionales. Estos requerimientos no han tenido desarrollos sustanciales que lleguen a que las condiciones estructurales que llevaron a que la Corte actuara, hoy se resuelvan.

Los embera, son un pueblo indígena que se encuentra disperso en los departamentos de Antioquia, Bolívar, Caldas, en el resguardo de La Montaña, Caquetá, Cauca, Chocó, Córdoba, Nariño, Putumayo, Risaralda y Valle del Cauca. Y cuenta con una población de 49.686 personas.

Factores de una extinción

Para entonces, la Corte habría identificado unos factores comunes que constituirían las principales causas de la extinción de los pueblos indígenas, uno de ellos es el relacionado con el tema de la tierra, pues debido a los conflictos sociales, político y armado, no existe una posesión tranquila y material de la tierra por las comunidades. Igualmente menciona la existencia de territorios no legalizados o en disputa, como factor común en los casos de desplazamiento forzado que dejan en espera de titulación o en trámite. Esta situación se presentaría en municipios y zonas en donde además, se desarrollan fumigaciones de cultivos de uso ilícito, entre otros.

Por su parte la ONIC ha presentado a los organismos de control estatal, un mapeo que contribuiría a identificar otro factor que discrimina los derechos de las comunidades indígenas, particularmente agenciado desde el Estado y que tiene que ver con las concesiones de tierras indígenas a empresas de extracción minera. Ese mapeo indica que hasta la fecha el Estado colombiano ha concesionado 28.410.812 hectáreas de tierra a empresas mineras en las zonas de resguardos indígenas, de ese total se han titulado 242.317 hectáreas, en 27 resguardos se hallaban titulados en más del 50% de su área y que 14 de ellos han sido titulados completamente.

La tenencia de la tierra y el conflicto por el derecho a la permanencia en sus territorios, así como la negación del Estado a cumplir el mandato constitucional de respetar los territorios sagrados de los pueblos indígenas, son uno de los factores esenciales para comprender la crisis y la extinción en la que hoy se encuentran estas comunidades en el país.

En este sentido, la Corte, después de la verificación de esta realidad, declara el incumplimiento del Estado a sus deberes constitucionales ordenándole adelantar medidas de carácter urgente para dar solución a esta problemática.

Muerte a causa de enfermedades curables

El desplazamiento y la ubicación de comunidades en zonas con alto índice de vulnerabilidad, ha llevado a sus pobladores a padecer las más arduas necesidades que en razón de derechos, debería cubrir el Estado.

En el departamento del Chocó, existe uno de los grupos que componen la comunidad embera, y es una de las más afectadas por el abandono estatal. El pasado 10 de junio, la asociación de Cabildos Indigenas Embera, Wounaan, Katío, Chamí y Tule del departamento del Chocó, denunciaban la muerte de niños y niñas por la ausencia de una atención adecuada en salud. Las comunidades ya habían alertado a las autoridades territoriales sobre una epidemia de malaria y de la necesidad de que hasta las comunidades que no cuentan con un sistema de salud, ni de educación, llegara la atención necesaria para salvar la vida, particularmente de niños y niñas.

Esta epidemia que no fue atendida y como resultado en los últimos dos meses en los municipios de Lloró y Bagadó han muerto siete infantes en Cuma, dos en Carecuy y dos en Alto Andágueda. Para un total de 16 personas fallecidas por fiebre y vómito.

Situaciones que matan

Además de la malaria en Andágueda, en Lloró y en comunidades indígenas de otros municipios, las organizaciones indígenas afirman que al realizar las tomas de muestras para diagnóstico de paludismo salen con frecuencia más de la mitad de casos positivos en malaria y desconocen si existen medicamentos suficientes para el tratamiento. Solo en la comunidad de Cumá, se observaron 277 personas con enfermedades, de ellos 152 con paludismo.

Sumado a esta crisis en salud, se suman las fumigaciones aéreas que desde el año 2013 se dieron en áreas cercanas a las comunidades indígenas del municipio de Nóvita, producto de estas acciones desmedidas del Estado, se perdieron los cultivos de plátano, maíz y otros productos de su dieta básica, la misma situación viven los indígenas del Río Baudó.

Estas comunidades mediante comunicado público se preguntan; “¿Quién les da la mano a los Pueblos Indígenas del Chocó para detener la muerte y la extinción?, llamamos la atención para que se detenga la mortandad de los Emberá. No puede haber disculpas y son inaceptables las noticias que aparecen en la prensa como: ‘Se agotaron los medicamentos contra la malaria’”. Igualmente aseguran, que los registros de enfermedades y muertes por enfermedades curables, solo pertenecen a una parte del departamento del Chocó, y que están estableciendo un registro de los fallecidos en todos los municipios.

Que el estado responda las demandas de la Corte

Las organizaciones indígenas hacen un llamado a la responsabilidad del Estado para frenar la mortandad de este grupo de personas, al tiempo que expresan: “Llamamos la atención al Chocó, a Colombia, y al mundo para que se detenga la masacre en salud, el etnocidio, la mortandad y la extinción de los Pueblos Embera, Wounaan, Katio, Chami, Dule y Eyabida”.

En ese orden de ideas, son enfáticos en recordar el Auto 004 de la Corte Constitucional, y su exigencia de dar una atención integral al conjunto de los indígenas y los cabildos. “La atención que reclamamos debe ser integral y articulada entre las instituciones, las organizaciones indígenas y sus cabildos. La atención en salud debe estar acompañada del Ministerio de Agricultura, ICBF, DPS; con proyectos productivos que permitan alcanzar y garantizar la soberanía alimentaria, el Ministerio de Transporte debe garantizar la apertura de carreteras veredales en algunos resguardos, el arreglo de caminos y electrificación rural ya sea mediante interconexión o de producción limpia, apoyo para mejorar la calidad educativa y la construcción”.