¿Nos van a embaucar o nos vamos a emberracar?

Análisis

Tomado de Venga le Cuento

Por Álvaro Moisés Ninco

El 2015 se caracterizó por la derrota en diversos espacios de aquellos que han arreciado los ánimos para continuar con una guerra que no están dispuestos a pelear, todo ello debido al enorme avance de los ciclos de negociación con la guerrilla y la aceptación cada vez más creciente en la sociedad civil de la posibilidad de acordar el fin del conflicto armado. Vemos cómo se cae poco a poco el velo del uribismo que, acabada la guerra, se quedaría sin un discurso original, y empezaría a hablar cada vez más parecido a Cambio Radical, partido del vicepresidente Germán Vargas Lleras.

Paralelamente a ello, la escandalosa caída de los precios del petróleo marca el fin de la bonanza, lo cual lleva a la economía colombiana a encausarse en una crisis económica, básicamente por falta de plata. Incluso el prestigioso Nóbel de economía Joseph Stiglitz le advirtió al Gobierno Santos que no podía cometer el error de caer en la maldición de los recursos humanos, en depender de los commodities, del rentismo minero-energético ya que eso traería consecuencias negativas para la economía. Sin embargo la rosca santista insistió en profundizar el modelo legado por Pastrana y Uribe de darle la mano a las grandes transnacionales que explotan los recursos de nuestro subsuelo y hacer de ellas el motor de la economía a través de la “locomotora minera”, sin dejar mayores riquezas a la nación pero dejando una buena suma de réditos económicos y políticos a los amigos de las roscas. La pregunta ahora es: ¿Sobre quiénes recaerán los efectos de la crisis que se avecina? ¿A quiénes protegerá el gobierno? ¿A las gentes humildes, decentes y trabajadoras que mueven a Colombia, o a los negocios de las roscas y sus grandes fortunas que históricamente han retrasado al país? Miremos.

En un país donde el costo de la canasta básica está alrededor de 1 millón 300 mil pesos, el IPC (índice de precios al consumidor) subió un 6,7%, el IPC de alimentos aumentó en 9.66%, el precio del fríjol aumentó en 60%, el de las hortalizas en 40%, y la inflación aumenta en un 6,4%, el Gobierno Santos decreta un insultante aumento del 7% al salario mínimo. Mientras el salario de los congresistas tendrá un aumento de 1 millón 479 mil pesos mensuales, pasando a 26 millones 749 mil pesos mensuales, el salario de la gente trabajadora que se sostiene con el salario mínimo tendrá un aumento de 45.104 pesos, quedando en 689.454 pesos mensuales. Este pírrico aumento del salario mínimo sumado a la ya anunciada reforma tributaria que incluirá un aumento del IVA hasta llegar al 19% conllevará necesariamente a un empobrecimiento de la gente. Se están burlando de nosotros.

En un país donde el 21% del ingreso de las familias colombianas se destina a pagar créditos, la tasa de interés es aumentada hasta llegar al 5,75%, y con un debilitamiento de la capacidad adquisitiva, el resultado lógico es que la gente se vea en la necesidad de buscar créditos.

En uno de los países con las tarifas del servicio de energía eléctrica más caros del mundo y donde, por ejemplo, a una humilde casa de estrato uno la usurera empresa Electricaribe le saca casi 150 mil pesos al mes, nos imponen por decreto un aumento del 3 y el 11% en las tarifas del servicio con el fin de rescatar a las empresas prestadoras del servicio cuando la ley 142 de 1994 lo prohíbe, y siendo además que las y los colombianos ya le hemos pagado de nuestros bolsillos a esas empresas más de 14 billones de pesos vía cargo de confiabilidad.

A lo anterior sumémosle la continuación del nefasto modelo de la Ley 100 con el que se están tirando la plata de la salud, dado que privilegia el lucro de unos cuantos bolsillos (que además son de los mayores aportantes a campañas políticas santistas, uribistas y vargaslleristas) a costa de la sostenibilidad de la Red Pública Hospitalaria y la garantía del derecho a la salud -las EPS deben más de 12 billones de pesos a los Hospitales Públicos de la nación, casi todos en vía a la quiebra como el Hospital Universitario del Valle-, la aprobación de la Ley de las Zidres (Zonas de Interés de Desarrollo Rural, Económico y Social) para legalizar la adjudicación y acumulación desmedida de baldíos por parte de grandes empresarios, modernizar el despojo de tierras a través de un mecanismo legal, permitir que extranjeros compren tierras colombianas y convertir definitivamente al campesino colombiano en un simple jornalero, además de la venta abiertamente inconveniente de Isagén, una de las empresas públicas más rentables de toda la historia y cuya privatización empezó durante el Gobierno Uribe.

Así que todo parece indicar que la crisis venidera no la van a pagar los responsables de la misma, las roscas: los poseedores de grandes fortunas que evaden impuestos, las ineficientes empresas privadas prestadoras de servicios públicos, los políticos corruptos y mañosos que han gobernado el país privilegiando el crecimiento de sus negocios sobre el bienestar de la gente, sino que nos la van a achantar a las y los colombianos de a pie.

En definitiva, si los colombianos nos emberracamos y tomamos medidas para detener a las roscas que nos han desangrado de una vez por todas, no solo alcanzaremos un 2016 próspero, sino un futuro promisorio para la vida de todas y todos en este hermosísimo país, de lo contrario, nos van a embaucar.