El Estado es el gran responsable

Análisis

Tomado de Pacocol

Por Javier Giraldo

Para este religioso, la insurgencia se justifica como un acto de rebeldía ante unas instituciones que le incumplen a la gente.

1. ¿Qué dice sobre el origen del conflicto armado?

“El acceso a la tierra es el detonante principal”. Esto argumenta el sacerdote jesuita Javier Giraldo, quien considera que el “conflicto social armado” en Colombia empezó desde las década de los veinte; con una intensificación en los cuarenta y cincuenta, que desembocó en el surgimiento de varias guerrillas; y un recrudecimiento aún mayor a partir de los ochenta con los paramilitares.

Según varios historiadores que cita el religioso, entre 1880 y 1925, los pequeños agricultores le reclamaron al gobierno de manera pacífica para que contuviera el abuso de los dueños de grandes tierras. Pero al no ser oídos, se convirtieron a la ofensiva en 1928 y “reivindican su estatus de colonos e invaden partes no cultivadas de las haciendas”.

Con los años, la concentración aumentó sin que el Estado actuara eficazmente. “En 1960 las fincas de menos de 10 hectáreas comprenden el 76.5% del total de fincas y ocupan un área del 8.8% de la superficie agropecuaria del país, mientras las mayores de 50 hectáreas representan el 6.9% del total de fincas y ocupan el 75.8% de la superficie agropecuaria”, detalla Giraldo con cifras del DANE.

Este es el contexto en el que, según el sacerdote, nacen las guerrillas de las Farc, el Eln, la Ado y el M - 19. “Es entonces evidente que desde mediados de los años sesenta, Colombia es un territorio en guerra interna”, expone el jesuita. Se basa en todos estos datos para afirmar que el surgimiento de la insurgencia es un derecho a la rebeldía por el fracaso del Estado en sus dos deberes con los ciudadanos: las necesidades básicas, como la alimentación, la vivienda o el trabajo; y las mínimas exigencias de justicia, como el derecho a la vida y a la información.

2. ¿Cómo explica su prolongación y degradación?

Para Giraldo, el punto en el que la guerra asume “contornos más dramáticos” es cuando los narcotraficantes se unen a los incipientes paramilitares en la década de los 80. “Por ello las estructuras paramilitares se multiplicaron por todo el país e hicieron alarde de poderío cruel, de articulación descarada con las instituciones del Estado y de impunidad atrevida”, explica.

El académico sostiene que los paramilitares intensificaron la concentración de tierras y que entre 1980 y 1995, compraron los mejores predios en el 42% del territorio colombiano.

Otro motivo de la prolongación del conflicto es que el Estado continúa con sus “rasgos de concentración perversa del poder” con la violencia represiva en contra de movimientos sociales y la oposición. A la par, el jesuita sostiene que los “narcoparamilitares” no se desmovilizaron realmente sino que desde los 90 hasta hoy, viven “periodo más atrevido de control del Estado”.

3. ¿Qué efectos deja la guerra?

Lo que el académico considera “el impacto más sensible” es la ausencia de las cientos de personas que fueron “arrancadas de sus vidas”, pues estos vacíos son llenados por los victimarios.

Otros efectos que Giraldo apunta es la criminalización de la protesta que limita la libertad de pensamiento y la penalización del delito político. Para él, todo concluye en una “ineludible degradación progresiva”.

4. Observaciones

Otro argumento del sacerdote jesuita es que sin una democratización de los medios de comunicación no es posible la paz, pues de lo contrario, seguirán ocultando la verdad y sirviendo a lo que quiere el Estado.

Además, cree que la actitud del gobierno en los diálogos de La Habana es la menos adecuada pues sigue “utilizando su potencial bélico [...] para forzar las opciones políticas de sus ciudadanos en beneficio de los intereses de la élite dominante, y continúa combinando todas las formas de lucha, incluyendo el terror militar y judicial contra los más vulnerables, para aniquilar las opciones alternativas de sociedad”.

Por último, propone una “transformación radical” de la Fuerza Pública pues considera que los entrenados por Estados Unidos todavía tienen esa lógica de eliminar a todo aquel que piense diferente.

(*) Sacerdote Jesuita, coordinador del Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política del CINEP.