Comunicado
Tomado de Prensa Rural
Por Caguán Vive
El pasado domingo 6 de diciembre de 2015, siendo las 11:00 am en la vereda Los Andes del municipio de San Vicente del Caguán, miembros de la Brigada Móvil 36 de la Fuerza de Tarea Júpiter realizaron un allanamiento ilegal y actos de pillaje en la finca La Cascada de dicha vereda, además amenazaron a sus pobladores.
Ese día Graciela Torres Trujillo arribó a su finca La Cascada ubicada en la Zona de Reserva Campesina del Pato-Balsillas, junto con su esposo Fabio Arley Escobar Camargo, se sorprendieron al encontrar dentro de su habitación a 4 miembros del Ejército Nacional adscritos, según indagaciones, a la Brigada Móvil 36, quienes estaban requisando de manera ilegal la casa y las pertenencias de esta familia. Un hombre, quien se presentó como el Cabo Cortez, manifestó que él había dado la orden, aunque sabía que era algo ilegal, argumentando que tenían información de la presencia de minas dentro las habitaciones.
Uno de los soldados tomó fotos a la familia y a la vivienda sin consentimiento de los ocupantes y sin orden judicial para ello. Dejaron en el suelo gran parte de los bienes de los dueños de la casa. Los militares también rompieron de manera violenta el candado de la casa y destruyeron el armario de la habitación principal.
Otro soldado amenazó a Fabio Arley ya que le dijo en repetidas ocasiones que era mejor que se fueran de la región porque ellos corrían peligro si seguían en su hogar, situación que claramente constituye una amenaza que promueve el desplazamiento forzado de esta familia.
Cuando pudo entrar a su casa, la señora Graciaela Torres constató que en la acción los militares habían robado un dinero que se encontraba dentro del armario que sumaba $800.000, dos perfumes de mujer y dos lociones de hombre, el documento de compra-venta de la finca y ropa interior de hombre y de mujer, además de un total de 11 gallinas.
El campamento del Ejército se encontraba a 10 minutos de la casa, sobre la vía nacional que conduce de esta municipalidad a la ciudad de Neiva. La unidad implicada en el hecho llevaba 2 días acampando en el establo del señor Carlos Rojas, a pesar de que ocupar bienes civiles es una grave infracción al Derecho Internacional Humanitario. La señora Graciaela Torres Trujillo intentó hablar con el Teniente Arturo quien, según los mismos soldados, se encontraba al mando de la unidad implicada en los hechos, quien negó la participación de sus hombres en el acto delictivo.
Por todo lo anterior se exige responsabilidad estatal frente a los derechos a la vida, la seguridad personal y la integridad física y psicológica de todos los miembros de la comunidad de la Zona de Reserva Campesina del Pato-Balsillas ubicada en el municipio de San Vicente del Caguán. A la Personería Municipal de San Vicente del Caguán se le exige también que asuma de manera decisiva su labor de defender los derechos fundamentales de la población más vulnerable. Al Ministerio de Defensa Nacional, al Comando General de las Fuerzas Militares, a la Fiscalía General de la Nación y a la Procuraduría que lleven a cabo las investigaciones pertinentes que determinen el grado de responsabilidad de los miembros de la Fuerza Pública en la posible infracción al Derecho Internacional Humanitario por el allanamiento ilegal, posterior amenaza y actos de pillaje por parte de miembros de la Brigada Móvil 36 y que se implementen de manera urgente las acciones necesarias a fin de preservar la vida, la integridad física y la libertad de la comunidad y de la familia víctima de estos graves hechos. Se le exige igualmente al presidente de la República Juan Manuel Santos que, por el bienestar de la población civil de los territorios históricamente afectados por el conflicto armado, de manera inmediata ordene a todos los miembros de las Fuerza Militares realizar acciones que generen confianza en el proceso de paz y en la institucionalidad.
Se insta a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh), en el marco del cumplimiento de su mandato, que presten toda su gestión para que las actuaciones del Estado Colombiano se apeguen a las normas internas y externas que se ha comprometido a respetar y para que lo antes posible haga presencia en la zona para acompañar esta comunidad.
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