Análisis
Por María Méndez
Oficina de comunicaciones y Derechos Humanos CODH
Fundación Colombia Soberana
Los diálogos que se llevan a cabo en La Habana entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo, FARC-EP, parecen ir en buena dirección.
La firma del acuerdo sobre justicia le da un impulso tremendo a la paz en Colombia, sin decir con esto que el proceso sea irreversible, cualquier error puede poner en riesgo lo que se ha alcanzado hasta ahora, porque recordemos que "nada está acordado, hasta que todo esté acordado".
En días pasados poner obstáculos al acuerdo sobre la justicia que firmaron Santos y el Comandante Timoleón Jiménez, fue la actividad preferida del negociador Humberto de la Calle y del mismo presidente de la república. Actitud descortés que demuestra la poca seriedad que el gobierno ha puesto en el proceso y que provocó varios comentarios del jefe de la Delegación de Paz de las FARC, Iván Márquez "Una de las formas más nocivas de atacar los acuerdos alcanzados es La Habana, es tergiversarlos. Se debe cumplir la palabra empeñada" "¿Luego no habíamos convenido que no se iban a pactar impunidades? La jurisdicción especial es para todos los involucrados en el conflicto" "El acuerdo sobre jurisdicción especial para la paz se defiende solo" fueron algunos de los trinos del Comandante de esta guerrilla.
De todas maneras, es difícil que el gobierno pueda retractarse del acuerdo firmado públicamente y calificado por la Corte Penal Internacional como un paso significativo hacia la terminación del conflicto armado en Colombia. Es más, este acuerdo está respaldado por las organizaciones de Derechos Humanos, víctimas del conflicto armado y movimientos sociales, o sea, por el pueblo colombiano que ha sentido la guerra y la vive diariamente.
Por fin hablamos de justicia para la paz. Por primera vez tenemos la esperanza de saber la verdad acerca del conflicto armado, la confianza en que habrá políticas de reparación y la garantía de que esas atrocidades jamás se volverán a repetir.
Los cambios que se han dado a raíz de este momento histórico son grandes: El mundo entero apoya el proceso de paz en La Habana, los Estados Unidos están dispuestos a respetar a las FARC como un movimiento político y social, el ELN iniciarían pronto la fase pública de la mesa de diálogos con el gobierno, se abre el camino para el posible regreso de la Coordinadora Guerrillera, el entusiasmo general invade a la mayoría de los colombianos y el Fiscal declara que Álvaro Uribe Vélez sería investigado por la masacre del Aro, cosa hasta hace poco impensable por el poder que tiene el actual Senador de la República.
Aunque el sol quiere brillar, las nubes de tormenta son el pan de cada día. Ya es un poco reiterativo analizar y denunciar las falta de garantías que tiene la UP, pero hay que seguir insistiendo, sobre todo si tenemos en cuenta los graves hechos que le sucedieron en Cali a María Isabel Urrutia, candidata a la alcaldía de esa ciudad por el partido Mais y con apoyo de la Unión Patriótica, a quien le hicieron un allanamiento.
Las amenazas a los líderes de sectores democráticos son cada vez más frecuentes, en el día de ayer, 7 de octubre, se hizo público el comunicado de las ‘Águilas Negras’ en el cual se decía que “estarían bajo el fuego libertario” personas como Eberto Díaz, presidente de FENSUAGRO, Campesinos como Andrés Gil y Carlos Rico, grupos étnicos y tradicionales como la Guardia Indígena y medios de comunicación alternativos como Prensa Rural, entre otros.
Firmar un acuerdo sobre justicia en Cuba y decir que la paz está cerca, pero al mismo tiempo hacerse el de la vista gorda frente al paramilitarismo que acecha los partidos de izquierda y los movimientos sociales y que en varias zonas, como en Medellín, amenaza con asesinar los guerrilleros una vez dejen las armas, es una falta de respeto, no solo con el grupo insurgente con quien se está dialogando, sino con el pueblo en general que tiene la esperanza de comenzar a construir un país con justicia social, donde quepamos todas y todos y donde se pueda trabajar democráticamente sin temores y amenazas.
Todo esto aunado a la persecución y los montajes judiciales, a la represión y criminalización de la protesta social, al incumplimiento del gobierno de los acuerdos firmados con sectores como por ejemplo La Cumbre Agraria y los ataques al pueblo colombiano que se hacen desde el senado con el intento de aprobar leyes que atentan contra el bien común como la ley Urrutia-Lizarralde o el Fuero Penal Militar, entre muchos escalofriantes ejemplos, son muestra de la poca voluntad y la incongruencia del estado al que le pedimos a gritos un mínimo de coherencia entre lo que dice y lo que en la práctica está haciendo.
Ante este panorama no nos queda otra alternativa al pueblo colombiano que entender algo muy sencillo: la paz la firman ellos y la construimos todos. Lo que se viene tras de una eventual firma de paz entre el gobierno y las dos guerrillas más importantes y antiguas de Colombia y toda Sur América, no es exactamente la felicidad completa, no es el paraíso. Es simplemente la lucha por la vía de la política, vía que fue cerrada por las clases dominantes.
En este momento se vuelve una obligación conocer los pormenores de los acuerdos, los puntos pendientes, saber con detalle las propuestas de la Habana, que no son sólo propuestas de las FARC-EP aunque fuera la Delegación de esta guerrilla quienes las leyera, esas propuestas nacieron de las entrañas del pueblo colombiano que, a través de los Foros y la página web, las dimos a conocer a la Mesa de diálogo.
Es imprescindible que después de conocer estos documentos junto con los de la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas, que no es otra cosa que la historia de todas y todos los colombianos, nos organicemos para defender estos diálogos, los acuerdos y las propuestas presentados en la Habana, en una palabra: para defender la paz.
No es la hora de tener miedo. El miedo lo debemos dejar tirado allá a finales de los 90 y principios del 2000. Debemos organizarnos, denunciar y protestar por las acciones de grupos paramilitares en contra de la paz. Y más allá comencemos a trabajar juntos en temas que no están contemplados en las propuestas, en los acuerdos o se quedaron en el tintero, como lo son la extradición, las bases norteamericanas en nuestro país, la presencia de las transnacionales, la soberanía alimentaria, entre otros.
La paz es ahora, la paz la construimos todos, y sólo con la unión de los diferentes sectores, la organización de todas las comunidades y la lucha por estos acuerdos y todos nuestros derechos, la paz es posible.
La firma del acuerdo sobre justicia le da un impulso tremendo a la paz en Colombia, sin decir con esto que el proceso sea irreversible, cualquier error puede poner en riesgo lo que se ha alcanzado hasta ahora, porque recordemos que "nada está acordado, hasta que todo esté acordado".
En días pasados poner obstáculos al acuerdo sobre la justicia que firmaron Santos y el Comandante Timoleón Jiménez, fue la actividad preferida del negociador Humberto de la Calle y del mismo presidente de la república. Actitud descortés que demuestra la poca seriedad que el gobierno ha puesto en el proceso y que provocó varios comentarios del jefe de la Delegación de Paz de las FARC, Iván Márquez "Una de las formas más nocivas de atacar los acuerdos alcanzados es La Habana, es tergiversarlos. Se debe cumplir la palabra empeñada" "¿Luego no habíamos convenido que no se iban a pactar impunidades? La jurisdicción especial es para todos los involucrados en el conflicto" "El acuerdo sobre jurisdicción especial para la paz se defiende solo" fueron algunos de los trinos del Comandante de esta guerrilla.
De todas maneras, es difícil que el gobierno pueda retractarse del acuerdo firmado públicamente y calificado por la Corte Penal Internacional como un paso significativo hacia la terminación del conflicto armado en Colombia. Es más, este acuerdo está respaldado por las organizaciones de Derechos Humanos, víctimas del conflicto armado y movimientos sociales, o sea, por el pueblo colombiano que ha sentido la guerra y la vive diariamente.
Por fin hablamos de justicia para la paz. Por primera vez tenemos la esperanza de saber la verdad acerca del conflicto armado, la confianza en que habrá políticas de reparación y la garantía de que esas atrocidades jamás se volverán a repetir.
Los cambios que se han dado a raíz de este momento histórico son grandes: El mundo entero apoya el proceso de paz en La Habana, los Estados Unidos están dispuestos a respetar a las FARC como un movimiento político y social, el ELN iniciarían pronto la fase pública de la mesa de diálogos con el gobierno, se abre el camino para el posible regreso de la Coordinadora Guerrillera, el entusiasmo general invade a la mayoría de los colombianos y el Fiscal declara que Álvaro Uribe Vélez sería investigado por la masacre del Aro, cosa hasta hace poco impensable por el poder que tiene el actual Senador de la República.
Aunque el sol quiere brillar, las nubes de tormenta son el pan de cada día. Ya es un poco reiterativo analizar y denunciar las falta de garantías que tiene la UP, pero hay que seguir insistiendo, sobre todo si tenemos en cuenta los graves hechos que le sucedieron en Cali a María Isabel Urrutia, candidata a la alcaldía de esa ciudad por el partido Mais y con apoyo de la Unión Patriótica, a quien le hicieron un allanamiento.
Las amenazas a los líderes de sectores democráticos son cada vez más frecuentes, en el día de ayer, 7 de octubre, se hizo público el comunicado de las ‘Águilas Negras’ en el cual se decía que “estarían bajo el fuego libertario” personas como Eberto Díaz, presidente de FENSUAGRO, Campesinos como Andrés Gil y Carlos Rico, grupos étnicos y tradicionales como la Guardia Indígena y medios de comunicación alternativos como Prensa Rural, entre otros.
Firmar un acuerdo sobre justicia en Cuba y decir que la paz está cerca, pero al mismo tiempo hacerse el de la vista gorda frente al paramilitarismo que acecha los partidos de izquierda y los movimientos sociales y que en varias zonas, como en Medellín, amenaza con asesinar los guerrilleros una vez dejen las armas, es una falta de respeto, no solo con el grupo insurgente con quien se está dialogando, sino con el pueblo en general que tiene la esperanza de comenzar a construir un país con justicia social, donde quepamos todas y todos y donde se pueda trabajar democráticamente sin temores y amenazas.
Todo esto aunado a la persecución y los montajes judiciales, a la represión y criminalización de la protesta social, al incumplimiento del gobierno de los acuerdos firmados con sectores como por ejemplo La Cumbre Agraria y los ataques al pueblo colombiano que se hacen desde el senado con el intento de aprobar leyes que atentan contra el bien común como la ley Urrutia-Lizarralde o el Fuero Penal Militar, entre muchos escalofriantes ejemplos, son muestra de la poca voluntad y la incongruencia del estado al que le pedimos a gritos un mínimo de coherencia entre lo que dice y lo que en la práctica está haciendo.
Ante este panorama no nos queda otra alternativa al pueblo colombiano que entender algo muy sencillo: la paz la firman ellos y la construimos todos. Lo que se viene tras de una eventual firma de paz entre el gobierno y las dos guerrillas más importantes y antiguas de Colombia y toda Sur América, no es exactamente la felicidad completa, no es el paraíso. Es simplemente la lucha por la vía de la política, vía que fue cerrada por las clases dominantes.
En este momento se vuelve una obligación conocer los pormenores de los acuerdos, los puntos pendientes, saber con detalle las propuestas de la Habana, que no son sólo propuestas de las FARC-EP aunque fuera la Delegación de esta guerrilla quienes las leyera, esas propuestas nacieron de las entrañas del pueblo colombiano que, a través de los Foros y la página web, las dimos a conocer a la Mesa de diálogo.
Es imprescindible que después de conocer estos documentos junto con los de la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas, que no es otra cosa que la historia de todas y todos los colombianos, nos organicemos para defender estos diálogos, los acuerdos y las propuestas presentados en la Habana, en una palabra: para defender la paz.
No es la hora de tener miedo. El miedo lo debemos dejar tirado allá a finales de los 90 y principios del 2000. Debemos organizarnos, denunciar y protestar por las acciones de grupos paramilitares en contra de la paz. Y más allá comencemos a trabajar juntos en temas que no están contemplados en las propuestas, en los acuerdos o se quedaron en el tintero, como lo son la extradición, las bases norteamericanas en nuestro país, la presencia de las transnacionales, la soberanía alimentaria, entre otros.
La paz es ahora, la paz la construimos todos, y sólo con la unión de los diferentes sectores, la organización de todas las comunidades y la lucha por estos acuerdos y todos nuestros derechos, la paz es posible.
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