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Entre la defensa de los derechos humanos y la persecución

Análisis
Tomado de Prensa Rural
Por Cahucopana


Las comunidades campesinas y mineras de los municipios de Remedios y Segovia en el departamento de Antioquia, afectadas por los bloqueos alimentarios y sanitarios, desplazamiento forzado o en otros casos confinamiento poblacional, amenazas, estigmatizaciones y ejecuciones extrajudiciales que efectuaban miembros del Ejército Nacional junto con el accionar paramilitar en el año 2004, decidieron organizarse y crear la Corporación Cahucopana en diciembre del mismo año, con el fin de responder a la crisis humanitaria, evitar el despojo en el nordeste antioqueño y garantizar la materialización de los derechos a los campesinos y las víctimas del conflicto social y armado colombiano asentados en esta zona.

Fue así que Cahucopana mediante mecanismos alternativos impulsados por el campesinado desarrolló cuatro acciones humanitarias, refugios temporales, campamentos humanitarios de refugio interno y varias comisiones de verificación dentro del terreno, a la par de la visibilización, el acompañamiento internacional, gubernamental y no gubernamental que fortalecieron la labor de defensa de los derechos humanos, la permanencia en el territorio y las exigencias por una vida digna. Esto fue produciendo eco a nivel nacional e internacional y posicionó a Cahucopana como organización defensora de derechos humanos rápidamente.

Como consecuencia de ello, a los líderes de Cahucopana en la región se les inicia una persecución, señalamiento y estigmatización, que se expresó principalmente en la ejecución extrajudicial de 8 de sus integrantes, de las 16 ejecuciones que se presentaron en la región.

Continúan los patrones de criminalización y persecución

Aunque ya pasaron 11 años de aquellos hechos que conllevaron a la constitución de Cahucopana, los patrones de criminalización hacia la organización campesina y los habitantes de las veredas que integran los municipios de Remedios y Segovia no cesan.

En la actualidad se ha vuelto constante la presencia de hombres que visten de negro y llevan su cara cubierta quienes se encuentran acompañados del Ejercito Nacional, del mismo modo el patrullaje de soldados con desertores de la insurgencia de las FARC señalando a campesinos han puesto en riesgo la vida e integridad de miembros de la comunidad, generando temor y zozobra ante acciones que se puedan presentar parecidas a las de hace algunos años, donde detrás de los señalamientos de la fuerza pública llegaba las arremetidas paramilitares, los asesinatos selectivos, las desapariciones forzadas y el desplazamiento de las familias. Es por ello que preocupa de igual forma el accionar irregular de la fuerza pública, los cuales permanecen en el territorio sin los distintivos correspondientes.

Así mismo, los grupos armados irregulares que han tenido presencia histórica en la región continúan con la violación a los derechos humanos, lo que se evidencia en la reactivación de los grupos paramilitares “Urabeños”, “Rastrojos” y “Héroes del Nordeste”. Realmente en los municipios del Nordeste Antioqueño no se vio el desmonte de las grupos paramilitares posterior a la “desmovilización”, sino que se hicieron nuevas alianzas y el cambio de nombre de sus estructuras, lo que se ha convertido en una problemática ante la forma reiterada y sistemática de accionar en contra de la población para mantener el control territorial, económico y político en el nordeste, territorio rico en oro.

Esto expresa que evidentemente no existió un desmonte efectivo de las estructuras paramilitares que se “desmovilizaron” en el marco de la ley de justicia y paz, lo que también cuestiona hechos donde las autoridades competentes no toman acciones pertinentes y cada día en las zonas urbanas aumentan las amenazas, asesinatos y persecuciones focalizadas a líderes, mineros, campesinos, políticos, mujeres, comunidad LGTBI, prostitutas y consumidores de psicoactivos. Esto directamente está ligado al trabajo en defensa de los derechos humanos debido a que los campesinos por temor no salen al pueblo, el trabajo de minería está siendo perseguido y las personas que entran encapuchadas generan zozobra en la población.

En lo corrido de este año Cahucopana ha denunciado el asesinato de 21 personas en las zonas rurales y urbanas y la distribución de varios panfletos bajo la autoría de grupos paramilitares y anónimos. Sucesos que han aumentado en el marco de las elecciones, lo que ponen en riesgo la participación de los candidatos de la oposición o aquellos que no están dentro de los partidos tradicionales, como lo ya conocido con el asesinato del señor Héctor Cortes de Cambio Radical y las amenazas recibidas por el líder campesino Eduar Gonzales para que decline con sus aspiraciones políticas al concejo de Remedios.

Es así, que la subregión del Nordeste Antioqueño se encuentra sumergida entre la disputa territorial de los diversos actores armados legales e ilegales, la persecución e estigmatización del trabajo de las organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos.

Aporte a la paz en la lucha por la permanencia en el territorio

Las comunidades al vivir en medio del conflicto han optado por hacer aportes en torno la construcción de paz desde el territorio, lo que constituye el reconocer las problemáticas propias, el contexto actual y las posibilidades de salir de la crisis.

En este sentido, Cahucopana junto con otras organizaciones defensoras de derechos humanos en el pasado mes de mayo nos reunimos en el municipio de Remedios para debatir los alcances de los acuerdos preliminares abordados en la Habana entre la insurgencia de las FARC- EP y el gobierno nacional. En la declaración política del encuentro se expuso la exigencia del cese al fuego bilateral y el apoyo a los diálogos de paz.

Para hacer monitoreo de la situación, después de la decisión tomada por las FARC – EP de reiniciar el cese al fuego unilateral a partir del 20 de julio, las organizaciones de base, campesinas, defensoras de derechos humanos, los habitantes de las veredas afectadas por la confrontación y con miras de apoyar el avance en el desescalamiento del conflicto asumimos la responsabilidad de verificar que los acuerdos por esta insurgencia sean cumplidos, de manera que sea el camino para que se geste de manera definitiva el cese al fuego bilateral.

Cahucopana es una organización defensora de Derechos Humanos, de base campesina que lucha por la defensa de la vida, la dignidad la tenencia de la tierra y la permanencia en el territorio, las acciones que realizamos continuarán siendo bajo este lema, por y para las comunidades mineras y campesinas, en aras de continuar aportando a la construcción de la paz con justicia social, una paz duradera y para todos y todas.

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