EL ASUNTO DEL CONGRESITO O COMISIÓN LEGISLATIVA

Comunicado

Tomado de Delegación de Paz de als FARC-EP

Por FARC-EP

No podrá existir un solo punto en el Acuerdo Final, que no sea el producto del más amplio consenso entre las dos partes sentadas a La Mesa de Conversaciones.

El gobierno nacional, sin previo aviso, ha echado a rodar un debate político y un engranaje jurídico, tendientes a la creación, en breve plazo, de un marco constitucional y legal que resulte adecuado para el desarrollo legislativo del Acuerdo Final que se suscriba en La Habana. Pudiera decirse que el sexto punto de la Agenda pendiente en la Mesa de Conversaciones, se apresta a ser discutido en el seno del Congreso de la República, en medio de una gran agitación nacional.

La repentina actividad política del gobierno se originó con una sorprendente declaración del Presidente Santos, en torno a lo que dio en denominar Congresito, especie de comisión legislativa especial de carácter extraordinario, que se encargaría de la discusión y aprobación de las reformas constitucionales necesarias para hacer efectivos los puntos de participación política y justicia transicional pactados en la Mesa. La reacción de diversos sectores obligó al gobierno a restarle importancia a su propuesta, definiéndola como apenas una de las tantas opciones posibles. Se recogió a toda prisa el nombre de Congresito, se puso a Roy Barreras a presentarse como autor de un simple y bienintencionado proyecto, pero pese a ello la cosa se fue echando adelante, a la manera de una decisión definitivamente adoptada.

Aunque nadie se haya atrevido a decirlo de modo expreso, el tratamiento mediático de la propuesta comentada ha sido el de dar por entendido que se trata de un acuerdo previamente cocinado entre el gobierno nacional y las FARC en la Mesa de La Habana. De hecho la revista Semana adornó la noticia con un montaje fotográfico en el que aparecían las fotografías de Humberto de La Calle e Iván Márquez, uno al lado del otro, y con un pie de foto que señalaba que ellos dos, como cabezas de las delegaciones de las partes, harían parte del cuerpo a crear, en compañía de otros de los miembros de sus delegaciones.  Llama la atención que hasta ahora, ninguno de los acuciosos entrevistadores de la prensa colombiana ha tenido la delicadeza de preguntarles a los miembros de la Delegación de Paz de las FARC su opinión al respecto.

Volvemos a encontrar aquí una situación muy semejante a la que se presentó dos años atrás, cuando el gobierno nacional anunció con bombos y platillos su intención de presentar ante el Congreso su proyecto sobre el Referendo como mecanismo de refrendación de los acuerdos. Claro, en aquel momento no se hallaba el proceso en el estado en que se encuentra hoy, razón por la cual el gobierno nacional debiera pensar mucho mejor las consecuencias de poner a andar sus repentinas ocurrencias, sin que hayan sido el producto del acuerdo entre las partes.

Siempre nos ha llamado la atención que los voceros del gobierno se refieran a los cinco puntos de la Agenda, a que ya hay acuerdo sobre tres de ellos, restando apenas los de víctimas y fin del conflicto, como si la discusión sobre el punto 6 estuviera fuera de cualquier consideración, como si no se tratara también de un tema de debate y además de profundo debate, pues es sabido que en la visión de las FARC-EP la participación popular en el proceso, y, particularmente, el mecanismo de la Asamblea Nacional Constituyente, ocupan el centro de sus aspiraciones.

Los pasos que está dando el gobierno con miras a obtener en plazos precisos la aprobación de la comisión legislativa especial, o como se la denomine al final, se corresponden con su única y exclusiva idea acerca del modo como se debe producir la refrendación de los acuerdos, su implementación y verificación. Debe quedar absolutamente claro para todos que esa no es la posición de las FARC-EP, que el gobierno nacional procede otra vez de modo unilateral, movido por sus propias aspiraciones y urgencias.

No quisiéramos arriesgar aquí consideraciones o especulaciones en torno a las motivaciones para obrar de ese modo. Lo que uno escucha o lee es la necesidad de contar con todos los mecanismos aceitados para una rápida validación de los acuerdos finales. Pero no se puede desconocer la coincidencia de este comportamiento con otras acciones como el plazo de cuatro meses, que ya se ha reducido a tres, para valorar los avances conseguidos en la Mesa, unilateralmente decretado por el Presidente Santos, como una especie de espada de Damocles sobre la continuidad del proceso de paz. Afirma ahora el Presidente que la Comisión Legislativa se ocupará, entre otros asuntos, de la creación de un tribunal especial, que la prensa corre a decir juzgará a los máximos responsables de las FARC por los delitos atroces, cuando se trata de cuestiones relacionadas con el tema de justicia, en este momento en manos de la subcomisión jurídica, y sobre el cual no se ha producido una definición que implique la propuesta de creación de instancias como esa.

Es como si se les estuviera diciendo a las FARC que nos restan tres meses para llegar a acuerdos sobre los temas pendientes, pero que esos acuerdos no pueden ser otros distintos que los que el gobierno nacional está dando por sentados con los proyectos que pretende presentar desde ya al Congreso. Y de remate, que si no nos mostramos suficientemente voluntariosos en la firma de lo que se nos presenta, corremos el riesgo de que el Presidente considere que el proceso debe terminar por falta de voluntad de paz de nuestra  parte. Claro, y con esta noticia sobre Congresito o Comisión Legislativa, se nos achacará además haberle hecho conejo al país, porque embarcamos al Congreso en una carrera al cronómetro, para luego salir con evasivas y excusas.

Lo repetimos una vez más. Santos o sus consejeros sabrán qué persiguen realmente con todo esto, pero que quede claro, nada se ha pactado en La Mesa al respecto, no hay acuerdos previos distintos a los publicados formalmente, las FARC-EP no hemos renunciado en ningún momento a nuestras aspiraciones expresadas en forma pública y reiterada. No estamos dispuestos a cargar en nuestras espaldas responsabilidades que nunca hemos asumido. No podrá existir un solo punto en el Acuerdo Final que no sea el producto del más amplio consenso entre las dos partes.

Montañas de Colombia, 22 de agosto de 2015.