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Paramilitares incursionaron en la comunidad de Terraplén y destruyeron todo

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Tomado de Pacocol
Por Camilo Raigozo - Notimundo


La Comisión de Interlocución del Sur de Bolívar, Centro y Sur del Cesar y otras organizaciones,  denunciaron con urgencia que el pasado 2 de junio a las 11 de la noche paramilitares que inicialmente se identificaron como guerrilleros de las FARC EP, pero que luego aceptaron ser paramilitares ingresaron a los playones de la Ciénaga La Torcoroma donde se encuentran los campesinos y pescadores.


Como en los mejores tiempos del régimen de terror de Uribe, los criminales llegaron gritando: “donde están Evaristo, Jimi y Emilio para matarlos”. Evaristo Simanca Sosa es vocero de la Comisión de Interlocución del Sur de Bolívar, Centro y Sur del Cesar, mientras que Emilio Guevara y Jimi Rojas, son líderes y voceros de la comunidad, los cuales ya han sido amenazados por los ‘paras’.


Los campesinos y pescadores fueron amarrados, golpeados y  torturados con machetes armas de fuego. Igualmente fueron insultados y agredidos verbalmente. Los criminales los mantuvieron secuestrados por varias. Entre las víctimas había mujeres, ancianos y hombres. La denuncia no menciona si allí se encontraban niños.


El grupo de delincuentes mal llamados “autodefensas campesinas” destruyó los ranchos, las cámaras de video, fotográficas, utensilios de cocina, botaron los alimentos al caño, lo mismo que las semillas de maíz, frijol, yuca, plátano, patilla y ahuyama, fumigadoras, herbicidas y abonos.


Así mismo se llevaron las banderas pertenecientes a las organizaciones sociales, entre ellas la del Congreso de los Pueblos, como prueba de haber hecho la acción y en cumplimiento a las órdenes de su patrón, el presunto jefe paramilitar Alirio Díaz.


El Ejército y la Policía hicieron presencia en el lugar de los hechos horas después cuando los paras ya habían huido. Sin embargo uno de los criminales fue hallado en posesión de un arma de fuego y una caja de municiones.


El sujeto fue identificado por las víctimas como uno de los agresores de la noche anterior y quien ha amenazado y agredido en varias ocasiones a los labriegos y pescadores. El bandido ha amenazado a la comunidad con que “estoy esperando la orden del patrón para matar a unos cuantos".

Según la denuncia este sujeto hace parte del grupo paramilitar que se encuentra al servicio de Alirio Díaz.


El Ejército y la Policía del lado de los delincuentes


Igualmente las comunidades afectadas y sus organizaciones sociales denunciaron que “la fuerza pública en cabeza del sargento Ibarra, quien llegó el día de hoy y en forma agresiva se dirigió a los líderes manifestando su molestia por las denuncias hechas en días pasados”.


Según el sargento Ibarra, dichas denuncias fueron publicadas en “medios dudosos”, refiriéndose y estigmatizando a la prensa alternativa y las organizaciones sociales y de derechos humanos que difundieron dichas denuncias sobre los atropellos de los ‘paras’ y la Fuerza Pública.


Después de la agresión la comunidad se concentró en los alrededores de la finca Las Flores, propiedad de Alirio Díaz, donde se encontraban escondidos los paramilitares.


Por presión de la comunidad la propiedad de Díaz fue allanada y se logró la captura de 14 paramilitares y un buen lote de armamento.


El pasado 28 de mayo los “trabajadores” de Alirio Díaz, condujeron al ganado hacia los terrenos de cultivo de los campesinos y agredieron físicamente a un pescador. “El hecho constituye una clara agresión a la comunidad, ya que la incursión del ganado a los playones destruye los cultivos de patilla, melón, maíz, ahuyama, plátano y yuca sembrados por la comunidad”, dicen las víctimas.


Al día siguiente,  29 de mayo en horas de la mañana, Sigifredo Camargo, otro de los “trabajadores” de Alirio Díaz, amenazó con desbaratar el rancho de la comunidad. Luego como a las 10:30 de la mañana el sujeto intentó nuevamente de manera infructuosa meter el ganado en los cultivos.


Ante la resistencia de los campesinos para que sus cultivos no fueran destruidos los “trabajadores” de Díaz destruyeron el rancho, botaron la madera al río y picaron el plástico de los techos a punta de machete. Ese mismo día la Policía de San Martín ingreso a la Finca Las Flores, según versiones de la comunidad llamados por Alirio Díaz para que le brindara protección.


Ante los atropellos la comunidad acudió a la inspección de policía para instaurar la denuncia. Sin embargo el inspector del corregimiento Marvin Mejía se negó a recibir la denuncia aduciendo que no tenía tiempo.


Les dijo a los campesinos que tenían que esperar a que él citara a los “trabajadores” de Alirio Díaz para hacer un careo, porque el terrateniente también tendría derecho sobre los playones.


Los pobladores hicieron valer sus derechos y le recordaron al inepto funcionario sus obligaciones constitucionales y legales. Igualmente le enseñaron que las leyes indican claramente que el uso prioritario de los playones es para pequeños campesinos y pescadores, que tampoco se pueden privatizar como lo pretende hacer el presunto bandido Alirio Díaz.


Quien es Alirio Díaz


Según la denuncia, este sujeto es un político, terrateniente del Cesar que fue elegido como concejal del municipio de San Martin con apoyo económico y militar de los paramilitares. Así lo han denunciado ante las autoridades judiciales cabecillas ‘paras’, entre estos Juan Francisco Prada, alias “juancho prada”.


De acuerdo con las versiones libres de varios paramilitares, “miembros del ‘frente héctor julio peinado becerra participaron en las elecciones de los cargos públicos del orden local, departamental y nacional, en los municipios de San Martín, San Alberto, Aguachica, Gamarra, Río de Oro, Ocaña y Abrego”.


Por ejemplo, en la versión libre de Javier Antonio Coronel, alias “pica pica”, el 14 de diciembre del 2011, manifestó:


“(…) estos son los políticos que por el momento me acuerdo que recibieron el apoyo de la Organización: (…); Alirio Díaz al consejo de Terraplén.


 “(…) ellos los candidatos recibían apoyo militar de nosotros. ‘Se lanzó de alcalde fulano de tal’, a nosotros nos mandaban de a tres o cuatro muchachos paramilitares por caserío y nosotros le decíamos a la gente es que tiene que votar por este político; o en el tiempo de la campaña, este alcalde o concejal, nosotros le prestábamos seguridad”.


Por qué hay conflicto par la tierra


La comunidad de Terraplén hace más de un mes decidió regresar a los playones comunales y la ciénaga La Torcorama, ante la inoperancia del Incoder para culminar el proceso de deslinde y delimitación iniciado en el año 2011.


En junio de 2014, la comunidad fue desplazada forzadamente por el terrateniente Alirio Díaz, quien con el fin de sembrar palma aceitera, se ha apoderado de la ciénaga de La Torcoroma, secándola mediante el uso de murallas y diques, dragado y ganado que afectan el ecosistema del rio Lebrija.


Esto ha afectado gravemente a más de 700 familias cuya existencia depende de la pesca y de los cultivos de pancoger que se han dejado de sembrar.


La Corporación Autónoma Regional del Cesar, Corpocesar, inició procedimiento sancionatorio ambiental contra Darío Daza, Raúl Flórez, Elber Flórez, Alonso Flórez, Luis García y Alirio Díaz.


Así  mismo ordenó la suspensión de las actividades de pastoreo de ganado, la destrucción de murallas, jarillones, excavaciones o trabajo en el complejo cenagoso, con los cuales se estaba extrayendo material de arrastre.


Sin embargo a la fecha se puede observar las murallas, los jarillones y el ganado pastando, sin que se haya cumplido la orden impartida por la corporación ambiental.


La comunidad manifiesta preocupación  por la situación y la demora de las instituciones encargadas en dar solución a la problemática, y mientras tanto  cada vez se pierden más espejos de agua, se incrementa la siembra de palma, se rellenan los playones y se incrementa la presencia de paramilitares.


Las comunidades han sido víctimas en forma reiterada de desplazamiento y se encuentran expuestas a constantes amenazas, señalamientos, presiones y hostigamientos, por parte de Alirio Díaz y los hombres armados que tiene a su servicio ante la mirada cómplice de las autoridades.



Foto suministrada por la fuente

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