El rol de los altos mandos en falsos positivos. Informe Completo

Informe

Por Human Rights Watch

Resultado de imagen para falsos positivos

Evidencias de responsabilidad de generales y coroneles del Ejército colombiano por ejecuciones de civiles

Resumen

Evidencias contra comandantes específicos

Evidencias de que más comandantes sabían o deberían haber sabido de los crímenes

Para que hubiera falsos positivos fueron necesarias acciones de comandantes

Las circunstancias poco plausibles de las muertes en combate informadas

Denuncias públicas creíbles sobre falsos positivos

Brigadas y batallones específicos involucrados en falsos positivos

Obstáculos a la rendición de cuentas

Jurisdicción militar

Deficiencias en el ámbito de la Fiscalía

Obligaciones de Colombia y la Corte Penal Internacional

Recomendaciones

Al Presidente Juan Manuel Santos

Al Fiscal General de la Nación

Al Gobierno de Estados Unidos

A la Fiscalía de la Corte Penal Internacional

Metodología

I. Responsabilidad de mando por falsos positivos

Hechos a gran escala

Carácter sistemático

Modus operandi

Perfil de las víctimas

Organización, planificación y coordinación logística necesarias para las ejecuciones

Motivos comunes: presiones para incrementar el número de bajas y premios

Para que hubiera falsos positivos fueron necesarias acciones de comandantes de brigadas y unidades tácticas

Documentación oficial

Autorización para movilizar soldados

Autorización de pagos y premios

Las circunstancias poco plausibles de las supuestas muertes en combate

Tipos de armas supuestamente encontradas junto a las víctimas

Ubicación y función de la unidad militar

Cientos de delincuentes comunes informados como muertos en operaciones militares

Un caso representativo

Ejecuciones habituales a lo largo de un período de siete años

Denuncias públicas creíbles sobre falsos positivos

II. Perfiles de brigadas y comandantes específicos implicados en falsos positivos

Cuarta Brigada

Batallón Pedro Nel Ospina

Batallón Jorge Eduardo Sánchez (Bajes)

Batallón Pedro Justo Berrío

Agrupación de Fuerzas Especiales Antiterroristas Urbanas (Afeur) N.º 5

Décima Cuarta Brigada

Batallón Calibío

Décima Primera Brigada

BCG N.º 10

Fuerza de Tarea Conjunta de Sucre (FTCS)

Gaula Córdoba

Décima Sexta Brigada

Gaula Casanare

Batallón Birno

Séptima Brigada

Batallón Pantano de Vargas

Brigada Móvil N.º 12

BCG N.º 83

Vigésima Octava Brigada

Batallón Rojas

Octava Brigada

BCG N.º 57

Novena Brigada

Batallón Pigoanza

Batallón Magdalena

Décima Brigada

Batallón Popa

Brigada Móvil N.º 15

Testimonios contra militares en posiciones superiores al nivel de brigada

III. Obstáculos a la rendición de cuentas

Falta de cooperación de autoridades militares con las investigaciones

Represalias contra testigos clave

Asesinato de Nixón de Jesús Cárcamo

Amenazas y hostigamiento a Carlos Eduardo Mora

Violación sexual de la esposa de un testigo clave

Otras agresiones contra testigos

Apoyo al Teniente Coronel González del Río

Contratos militares y otros fondos del Ejército

Automóviles y alojamiento para la defensa de González del Río, y otros obsequios

La Justicia Penal Militar

Ausencia de investigación de falsos positivos

Presunto rol de jueces militares en el encubrimiento de falsos positivos

Expectativas de impunidad

Falta de credibilidad e independencia

Tácticas dilatorias de abogados defensores

Deficiencias en el ámbito de la Fiscalía General de la Nación

Volumen de casos

Distribución ineficaz de los casos

Falta de coordinación efectiva entre unidades de la Fiscalía

Agradecimientos

Anexo 1:

Lista de comandantes de las 11 brigadas analizadas en este informe

Resumen

Entre 2002 y 2008, la ejecución de civiles por brigadas del Ejército fue una práctica habitual en toda Colombia. Soldados y oficiales, presionados por superiores para que demostraran resultados “positivos” e incrementaran el número de bajas en la guerra contra la guerrilla, se llevaban por la fuerza a sus víctimas o las citaban en parajes remotos con promesas falsas, como ofertas de empleo, para luego asesinarlas, colocar armas junto a los cuerpos e informar que se trataba de combatientes enemigos muertos en enfrentamientos. Estos casos de “falsos positivos”, cometidos a gran escala durante siete años, constituyen uno de los episodios más nefastos de atrocidades masivas ocurridos en el hemisferio occidental en las últimas décadas.

En septiembre de 2008, el escándalo mediático sobre la ejecución por soldados de hombres jóvenes y adolescentes de Soacha, un suburbio de Bogotá, influyó en que el gobierno se viera obligado a adoptar medidas serias para frenar estos delitos, incluido el pase a retiro de tres generales del Ejército. La Fiscalía General de la Nación investiga actualmente más de 3.000 presuntos casos de falsos positivos atribuidos a militares. Más de 800 miembros del Ejército, en su mayoría soldados de rangos inferiores, han sido condenados por ejecuciones extrajudiciales perpetradas entre 2002 y 2008. Entre los condenados hubo unos pocos ex comandantes de batallones y de otras unidades tácticas, pero ningún oficial al frente de brigadas o que ocupara una posición superior en la línea de mando al momento de los delitos. De los 16 generales del Ejército activos y retirados que están siendo investigados, ninguno ha sido acusado formalmente.

El presente informe ofrece la descripción más detallada que se haya publicado hasta el momento sobre investigaciones penales de tropas de numerosas brigadas y batallones específicos responsables de gran cantidad de presuntos falsos positivos, expone las evidencias—ahora sustanciales—de que altos oficiales del Ejército serían responsables por muchas de las ejecuciones y evalúa los obstáculos que hasta el momento han impedido que tales oficiales rindan cuentas por su actuación. El informe se elaboró a partir de nuestra extensa consulta de expedientes penales, sentencias judiciales y datos relativos a investigaciones de la Fiscalía sobre falsos positivos; testimonios de testigos que en gran parte no habían sido previamente publicados; y entrevistas que mantuvimos con más de 40 fiscales, testigos, familiares de víctimas y abogados, entre otros.

Nuestro análisis del trabajo impulsado por la Fiscalía muestra que fiscales han identificado más de 180 batallones y otras unidades tácticas, adscritos a 41 brigadas, que operaban bajo el mando de las siete divisiones que tenía entonces el Ejército, y que presuntamente cometieron ejecuciones extrajudiciales entre 2002 y 2008. En estos casos, los patrones sugieren de manera convincente que comandantes de unidades tácticas y brigadas responsables de una cantidad significativa de falsos positivos, al menos sabían o deberían haber sabido sobre las ejecuciones, y por lo tanto podrían ser penalmente imputables debido a su responsabilidad de mando.

El presente informe analiza a 11 de estas brigadas y muchas de las unidades tácticas específicas que operaban como parte de estas y estuvieron implicadas en las ejecuciones.

Algunos de los comandantes de esas 11 brigadas posteriormente ascendieron a los niveles más altos de la línea de mando militar. Por ejemplo, datos de la Fiscalía indican que fiscales estarían investigando [1] :

Al menos 44 presuntas ejecuciones extrajudiciales perpetradas por soldados de la Cuarta Brigada durante el período en el cual el General retirado Mario Montoya estuvo al mando. Montoya fue comandante del Ejército Nacional de 2006 a 2008;
Al menos 113 presuntas ejecuciones extrajudiciales perpetradas por soldados de la CuartaBrigada durante el período en el cual el General (r) Óscar González Peña estuvo al mando. González Peña fue comandante del Ejército Nacional de 2008 a 2010;
Al menos 28 presuntas ejecuciones extrajudiciales perpetradas por soldados de la Cuarta Brigada durante el período en el cual el General Juan Pablo Rodríguez Barragán estuvo al mando. Como actual comandante general de las Fuerzas Militares, Rodríguez Barragán es ahora el oficial militar de mayor jerarquía en Colombia, y supervisa los tres cuerpos de estas fuerzas, incluido el Ejército; y
Al menos 48 presuntas ejecuciones extrajudiciales perpetradas por soldados de la NovenaBrigada durante el período en el cual el General Jaime Lasprilla Villamizar estuvo al mando. Lasprilla Villamizar es ahora comandante del Ejército Nacional.

Human Rights Watch también identificó testimonios de testigos y expedientes de fiscales donde se nombraba a tres de estos oficiales de alto rango, además de otros generales y coroneles, que supuestamente sabían de, planificaron, ordenaron o facilitaron de otro modo los falsos positivos. Sus posiciones jerárquicas en el momento de los delitos incluían las de comandantes de batallones, brigadas y divisiones, así como un comandante del Ejército Nacional. Efectivamente, las ejecuciones extrajudiciales aparentemente generalizadas y sistemáticas cometidas por soldados de casi la totalidad de las brigadas en cada división de Colombia abonan la conclusión de que los más altos niveles de mando del Ejército deberían, al menos, haber sabido de las ejecuciones, e incluso podrían haberlas ordenado o facilitado activamente su comisión.

Nuestra investigación demuestra asimismo que los fiscales que investigan casos de falsos positivos enfrentan graves obstáculos, que van desde la falta de cooperación con las investigaciones por parte de autoridades militares hasta amenazas y ataques a testigos clave. A su vez, numerosos casos siguen bajo la jurisdicción de la Justicia Penal Militar. Esto atenta contra la posibilidad de justicia, ya que tradicionalmente el personal de la Justicia Penal Militar ha garantizado la impunidad para estos delitos, y hasta hoy carece de independencia y credibilidad.

También se han producido deficiencias dentro de la Fiscalía, incluido un volumen de expedientes que algunos fiscales han calificado como abrumador. Asimismo, los casos correspondientes a la misma unidad del Ejército en general se distribuyen entre distintos

fiscales, lo cual impide que puedan llevar adelante el tipo de investigación contextualizada y sistemática que resulta necesaria para identificar a los responsables de alto rango. Funcionarios de la Fiscalía indicaron que han comenzado a adoptar medidas para resolver estos problemas internos.

A siete años de que trascendiera el escándalo sobre los falsos positivos, existen abundantes evidencias que indican que son muchos los oficiales de alto rango del Ejército que tienen responsabilidad por lo sucedido, y es vital que el gobierno realice acciones más enérgicas para asegurar que rindan cuentas. Algunos pasos importantes son disponer que las autoridades militares cooperen con investigaciones sobre falsos positivos, asignar suficientes fiscales para que impulsen tales investigaciones, proteger a testigos y sus familiares, y asegurar que cualquier legislación sobre justicia transicional que se implemente como parte de un futuro acuerdo de paz con la guerrilla no impida la posibilidad de que se haga justicia con respecto a estos delitos. Llevar ante la justicia a los máximos responsables de uno de los capítulos más oscuros del conflicto colombiano no será fácil, pero es una tarea irrenunciable y completamente factible para el gobierno.

Evidencias contra comandantes específicos

Human Rights Watch examinó testimonios de testigos y documentos de fiscales que contenían señalamientos de que ex comandantes de unidades tácticas, brigadas, divisiones y del Ejército Nacional—entre otros mandos militares—sabían de o planificaron, ordenaron o de otro modo facilitaron o intentaron facilitar los falsos positivos. La mayoría de estos oficiales están siendo investigados, algunos han sido procesados y tres ya han recibido condena. Entre los ejemplos de oficiales implicados que actualmente tienen el rango de generales se incluyen los siguientes:

Un ex comandante de tropas de la Décima Sexta Brigada ha declarado a la Fiscalía y ante un juez que su comandante de brigada, el General Henry William Torres Escalante, ordenó, planificó y encubrió falsos positivos. Al menos 66 presuntas ejecuciones extrajudiciales perpetradas por soldados de la Décima Sexta Brigada mientras Torres Escalante estuvo al mando están siendo investigadas por la Fiscalía.
Un alto oficial del Ejército que comandó fuerzas adscritas a la Décima Primera Brigada y que ha admitido responsabilidad por falsos positivos indicó a la Fiscalía que comandantes de su brigada y división, entre otros superiores, tenían conocimiento de los delitos. (Pudimos consultar el testimonio con la condición de que no publicáramos el nombre del testigo ni de los oficiales implicados).
El testimonio prestado por varios soldados y oficiales a la Fiscalía involucra al General (r) Óscar González Peña, al señalar que, como mínimo, tuvo conocimiento de los falsos positivos mientras fue comandante de la Cuarta Brigada, y posteriormente como jefe del Comando Conjunto del Caribe. En 2009, el inspector general del Ejército Nacional indicó a la Embajada de Estados Unidos en Bogotá que González Peña, entonces comandante del Ejército Nacional, estaba intentando obstaculizar sus investigaciones sobre falsos positivos, y era uno de los oficiales militares que había estado “involucrado” en las ejecuciones o que las había “aprobado tácitamente”, según se señala en un cable de la embajada que fue divulgado por Wikileaks.
El Teniente Coronel (r) Robinson González del Río, que ha admitido en forma pública tener responsabilidad en al menos 27 casos de falsos positivos, declaró a la Fiscalía que varios generales sabían de, autorizaron y/o encubrieron estos delitos cometidos por sus tropas. Esto incluye al General Juan Pablo Rodríguez Barragán, entonces comandante de la Cuarta Brigada y, como se señaló antes, actual comandante general de las Fuerzas Militares, y al General (r) Hernando Pérez Molina, entonces comandante de la Tercera División, entre otros. El testimonio de González del Río, que por primera vez se describe públicamente de una manera detallada en este documento, permitió a la Fiscalía iniciar investigaciones contra los generales.
González del Río también contó a fiscales que el General (r) Mario Montoya, comandante del Ejército Nacional entre febrero de 2006 y noviembre de 2008, presionó a comandantes subordinados para que incrementaran las estadísticas de muertes en combate (bajas), los sancionó cuando no lo hacían y fue el principal “motivador” de los falsos positivos. En un testimonio ofrecido a la Fiscalía, otro alto oficial del Ejército que ha confesado su participación en falsos positivos identificó como causa de estas muertes la “política” de Montoya que exigía que hubiera muertos en combate. De manera similar, en 2009, el inspector general del Ejército Nacional informó a la Embajada de Estados Unidos que un factor clave detrás de los falsos positivos era la “constante presión de Montoya para [producir] bajas”, y manifestó que era uno de los oficiales que estuvieron “involucrados” en los crímenes o que los “aprobaron tácitamente”, según el cable de la embajada. Conforme a datos de la Fiscalía, los casos de ejecuciones extrajudiciales perpetradas por soldados alcanzaron un nivel máximo durante los tres años en los cuales Montoya estuvo al frente del Ejército, y se están investigando más de 1.100 presuntas ejecuciones ilegales cometidas por agentes del Estado solamente en 2007, que se atribuyen en su gran mayoría a miembros del Ejército. Montoya renunció a su comandancia del Ejército inmediatamente después de que se conociera el escándalo de los falsos positivos de Soacha.

Evidencias de que más comandantes sabían o deberían haber sabido de los crímenes

El derecho internacional prevé la imputabilidad penal de los superiores en función de su responsabilidad de mando cuando estos sabían o deberían haber sabido que subordinados efectivamente bajo su control estaban cometiendo un delito, pero no adoptaron las medidas razonables y necesarias para prevenir o castigar estos actos. Los máximos tribunales de Colombia han emitido pronunciamientos en los cuales indicaron que la responsabilidad de mando puede aplicarse a comandantes militares en casos de graves violaciones de derechos humanos, y la Fiscalía afirma estar evaluando este tipo de responsabilidad en sus investigaciones sobre falsos positivos.

Cuanto mayor es la cantidad de delitos y más parecen haber respondido a un plan y a un método, más difícil resulta creer que los superiores no tenían conocimiento de ellos. Por ejemplo, el Tribunal Penal Internacional para Ruanda reconoció que los indicios relevantes para determinar si un superior debe haber sabido sobre delitos cometidos por subordinados incluyen, entre otros, la cantidad de actos ilícitos, la magnitud de estos actos, los aspectos logísticos que estos supusieron, la ubicación geográfica de los actos, si se trató de actos generalizados y el modus operandi de actos ilícitos similares. Al aplicar estos criterios a los casos de falsos positivos, es difícil evitar la conclusión de que, en muchos casos, altos comandantes militares deben haber sabido de ellos.

Hay cada vez más evidencias de que los casos de falsos positivos fueron cometidos a gran escala por numerosas brigadas y unidades tácticas en toda Colombia. La Fiscalía está investigando más de 3.700 ejecuciones extrajudiciales cometidas por agentes estatales entre 2002 y 2008. Altos funcionarios de la Fiscalía indicaron que la gran mayoría son casos de falsos positivos perpetrados por miembros del Ejército. Entre 2002 y 2008, más de 180 unidades tácticas adscritas a prácticamente la totalidad de las brigadas del Ejército, que operaban bajo cada una de las divisiones, presuntamente cometieron ejecuciones extrajudiciales en 27 de los 32 departamentos de Colombia, según datos de la Fiscalía.

Nuestro análisis de casos de distintas regiones de Colombia mostró que en los falsos positivos había similitudes en los perfiles de víctimas, el modus operandi y el móvil, que principalmente fue una fuerte presión para incrementar el número de bajas, sumada a beneficios otorgados por las muertes en combate informadas. El modus operandi implicó una considerable planificación y coordinación, que incluía desde llevar a las víctimas a sitios remotos hasta asegurar que en cada caso hubiera documentación oficial que certificara que se trataba de muertes legítimas en combate.

Human Rights Watch obtuvo testimonios de miembros del Ejército, que describían cómo en las unidades tácticas y brigadas a las cuales pertenecían había sistemas establecidos para cometer los falsos positivos. Por ejemplo, dos ex oficiales de un batallón nos dijeron que, durante un período de más de un año, se reunían con el comandante del batallón semanalmente para planificar falsos positivos. Señalaron que en gran cantidad de casos utilizaban un método similar, que incluía persuadir a las víctimas para que acudieran a un sitio donde habría soldados esperándolas, quienes las ejecutaban y les colocaban armas, y que luego el comandante premiaba a los soldados con días de vacaciones.

Según aseveraron los ex oficiales, la mayoría de las otras unidades tácticas adscritas a su brigada llevaban a cabo la misma práctica, y usaban para ello a los mismos reclutadores. “Eso era un modus operandi, un sistema”, expresó uno de ellos [2] . Dijo que más adelante, cuando fue transferido a otra brigada en una región distinta, advirtió que sus soldados también estaban perpetrando falsos positivos, e inmediatamente participó en la planificación de dos de estas ejecuciones junto con miembros de batallones allí.

Para que hubiera falsos positivos fueron necesarias acciones de comandantes

Los expedientes y las entrevistas con testigos y fiscales también sugieren de manera persuasiva que el modus operandi en los casos de falsos positivos requería que los comandantes de unidades tácticas y brigadas realizaran una serie de acciones, sin las cuales las ejecuciones no habrían sido posibles.

En prácticamente todos los casos de falsos positivos, los comandantes de brigadas y/o unidades tácticas expidieron documentos oficiales que autorizaban las supuestas operaciones en las cuales, según se aseveraba, se había dado muerte a las víctimas. Los documentos, conocidos como “órdenes de operaciones” y “misiones tácticas”, otorgaron una apariencia de legalidad a las ejecuciones extrajudiciales. Sin tales documentos, las ejecuciones no podrían haber sido informadas como bajas ocurridas durante combates en el marco de operaciones militares legítimas. Otras acciones realizadas por comandantes que fueron indispensables para las ejecuciones incluyen desde autorizar verbalmente el movimiento de tropas durante supuestos operativos, hasta autorizar pagos a falsos informantes y otorgar permisos y otros premios a soldados por presuntas muertes en combate, lo cual contribuía a generar incentivos para estos crímenes.

Ninguno de estos actos constituyen delitos perse. Los comandantes pueden afirmar que, al realizarlos, estaban siendo engañados reiteradamente por subordinados, quienes les hacían creer que estaban exigiendo, autorizando y premiando bajas legítimas de combatientes enemigos. Sin embargo, que estos actos hayan sido esenciales para que se cometieran falsos positivos muestra que fueron varias las etapas del proceso de comisión de estos delitos en las cuales los comandantes de batallones y brigadas tomaron conocimiento de la supuesta muerte en combate, y tuvieron oportunidad de detectar que se trató en verdad de una ejecución. Asimismo, si a esto se suman otros fuertes indicios de que los comandantes sabían o deberían haber sabido que sus soldados estaban cometiendo falsos positivos, los hechos pierden la apariencia de acciones lícitas orientadas a generar bajas legítimas en combate, y cobra fuerza el argumento de que se trata de actos deliberados para facilitar que hubiera falsos positivos.

Las circunstancias poco plausibles de las muertes en combate informadas

En todos los casos de falsos positivos, las supuestas muertes en combate se informaban inmediatamente a los superiores en la línea de mando, incluidos comandantes de unidades tácticas, brigadas, divisiones y posiblemente instancias de mayor jerarquía, según señalaron fiscales y testigos. En muchos casos, las circunstancias de las muertes que se informaban oficialmente a los comandantes deberían haber alertado a estos para que detectaran irregularidades y sospecharan de que las víctimas podían haber sido ejecutadas ilegalmente. Human Rights Watch examinó casos de falsos positivos de distintas regiones en los cuales se informaba que las víctimas llevaban armas cortas—incluso algunas que no funcionaban—en vez de armas de combate típicas; se indicaba que delincuentes comunes que portaban armas livianas habían iniciado ataques contra soldados fuertemente armados; y numerosas muertes en combate eran informadas por unidades que normalmente no participaban en operativos de combate, o en zonas donde no había presencia de guerrillas.

Algunos militares que han reconocido su responsabilidad en casos de falsos positivos han señalado que las irregularidades eran absolutamente obvias, y que también deberían haberlo sido para los superiores. Por ejemplo, un ex teniente de la Décima Sexta Brigada declaró que “en el grado de un coronel y con la experiencia que puede tener en ese grado no es nada oculto a lo que la tropa... [estaba] matando gente inocente que no tenía nada que ver en el conflicto y eran reportadas con armas la cual la guerrilla no se enfrenta a uno”.

Asimismo, la gran cantidad de delincuentes comunes que se informaron como muertos en combate debería haber despertado sospechas, ya que, a diferencia de los combatientes de la guerrilla que participaban en el conflicto, la fuerza pública solamente podía aplicar contra ellos la fuerza letal en una serie muy acotada de circunstancias, como por ejemplo cuando esto es indispensable para proteger una vida. El número de delincuentes comunes que el Ejército informó como muertos en operaciones militares aumentó de 27 en 2004, a 325 en 2007, y descendió posteriormente a un promedio anual de 5 desde 2009, luego de que el gobierno adoptara medidas para detener los casos de falsos positivos.

La habitualidad de estas ejecuciones significa que, incluso si un militar solamente estuvo al frente de un batallón, brigada o división durante un año, habría tenido numerosas oportunidades de detectar circunstancias inverosímiles. Quienes ocuparon múltiples puestos de mando entre 2002 y 2008, como el General (r) Montoya y el General (r) González Peña, habrían tenido muchos años para detectar estos casos.

Denuncias públicas creíbles sobre falsos positivos

Por último, las denuncias públicas sobre falsos positivos deberían haber contribuido a que

los comandantes advirtieran estas ejecuciones, y haberlos instado a escudriñar con más detalle las supuestas bajas en combate que les eran informadas. Como fue señalado por la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI), la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos denunció presuntos falsos positivos en todos los informes anuales sobre Colombia emitidos entre 2004 y 2007. Por ejemplo, en su informe de 2005 señaló que se había producido un aumento de las ejecuciones realizadas por miembros del Ejército y que la mayoría de las víctimas habían sido informadas como guerrilleros muertos en combate. El informe concluyó que la negación de los crímenes por parte de las autoridades y la falta de sanciones a los autores “plantean la eventual responsabilidad de los superiores jerárquicos”.

Brigadas y batallones específicos involucrados en falsos positivos

Como se señaló antes, el examen de Human Rights Watch de datos relativos a investigaciones de la Fiscalía sugiere que miembros de al menos 41 brigadas y brigadas móviles han estado implicados en ejecuciones extrajudiciales cometidas entre 2002 y 2008, lo cual representa casi la totalidad de las brigadas del Ejército Nacional de Colombia.

El presente informe expone información detallada de investigaciones en curso sobre 11 brigadas adscritas a seis de las siete divisiones que entonces integraban el Ejército Nacional (en 2009 se añadieron otras dos divisiones). Elegimos estas 11 brigadas debido a

que han estado implicadas en una cantidad significativa de casos de falsos positivos, y a que obtuvimos información adicional que corrobora casos en los cuales tuvieron participación. Es importante destacar que hay otras brigadas que no se tratan en este documento, cuyos miembros también son investigados por cantidades significativas de casos.

Las brigadas que se abordan en el presente documento son:

La Cuarta Brigada (con sede en el departamento de Antioquia), cuyos miembros están siendo investigados en relación con al menos 412 presuntas ejecuciones extrajudiciales ocurridas entre 2002 y 2008;
La Séptima Brigada (Meta), en relación con al menos 66 ejecuciones ocurridas entre 2002 y 2008;
La Octava Brigada (Quindío), en relación con al menos 56 ejecuciones ocurridas entre 2003 y 2008;
La Novena Brigada (Huila), en relación con al menos 119 ejecuciones ocurridas entre 2004 y 2008;
La Décima Brigada (Cesar), en relación con al menos 146 ejecuciones ocurridas entre 2004 y 2008;
La Décima Primera Brigada (Córdoba), en relación con al menos 214 ejecuciones ocurridas entre 2004 y 2008;
La Brigada Móvil N.º 12 (Meta), en relación con al menos 27 ejecuciones ocurridas entre 2005 y 2007;
La Décima Cuarta Brigada (Antioquia), en relación con al menos 51 ejecuciones ocurridas entre 2006 y 2008;
La Brigada Móvil N.º 15 (Norte de Santander), en relación con al menos 38 ejecuciones ocurridas entre 2006 y 2008;
La Décima Sexta Brigada (Casanare), en relación con al menos 113 ejecuciones ocurridas entre 2004 y 2008; y
La Vigésima Octava Brigada (Vichada), en relación con al menos 45 ejecuciones ocurridas entre 2006 y 2008.

Human Rights Watch también analizó la cantidad anual de ejecuciones atribuidas a los batallones y otras unidades tácticas adscritas a cada una de las 11 brigadas. Por ejemplo, para la Cuarta Brigada—sobre la cual los fiscales están investigando más casos de falsos positivos que respecto a cualquiera de las demás brigadas que consideramos—las cifras son las siguientes:

Presuntas ejecuciones extrajudiciales atribuidas a la Cuarta Brigada que están siendo

investigadas:

Unidad	‘02	‘03	‘04	‘05	‘06	‘07	‘08	Total
Batallón Pedro Nel Ospina	0	1	6	7	25	8	0	47
Batallón Pedro Justo Berrío	0	3	6	15	14	5	0	43
Batallón Juan de Corral	0	0	8	9	0	7	0	24
Afeur N.º 5	0	0	8	6	4	3	0	21
Batallón Bajes	4	10	31	21	10	19	0	95
Gaula Antioquia	3	2	0	2	4	7	4	22
Gaula Rural Oriente Antioqueño	0	0	2	5	6	6	0	19
Batallón Atanasio Girardot	3	5	4	9	23	22	5	71
Una combinación de unidades tácticas de la Cuarta Brigada	0	0	3	1	6	0	0	10
Otras unidades tácticas/unidades tácticas no identificadas de la Cuarta Brigada	9	4	6	6	13	14	5	57
Una combinación de unidades tácticas de la Cuarta Brigada y otras brigadas (contabilizadas una única vez aquí)	0	0	0	3	0	0	0	3
Total de la Cuarta Brigada	19	25	74	84	105	91	14	412

Hay motivos sustanciales para creer que miembros de estas 11 brigadas pueden ser responsables de muchos más casos de falsos positivos que no están incluidos en las estadísticas anteriores. En numerosos casos de ejecuciones extrajudiciales que están siendo investigados, los fiscales no han identificado o registrado de manera interna cuál es la unidad del Ejército presuntamente responsable. Asimismo, muchos—posiblemente cientos—de otros casos siguen a cargo de jueces de la Justicia Penal Militar, conforme señalaron diversos fiscales [3] .

Obstáculos a la rendición de cuentas

Los fiscales a cargo de casos de falsos positivos enfrentan graves obstáculos interpuestos por diversos actores, incluidos oficiales del Ejército, jueces militares, abogados defensores

que emplean tácticas dilatorias y los autores de amenazas y ataques contra testigos clave. Hay también fallas en la Fiscalía que frenan la posibilidad de avances en los casos.

Diversos fiscales dijeron a Human Rights Watch que es común que militares se resistan a remitir expedientes del Ejército que son trascendentales para sus investigaciones, como “órdenes de operaciones” y documentos donde constan pagos a informantes en casos de falsos positivos. Cuando los fiscales envían a investigadores a brigadas y batallones para obtener estas posibles evidencias, a veces los soldados aseveran que la persona a cargo de los archivos no está presente en ese momento, o los obligan a esperar varias horas antes de permitirles consultar los documentos. En otros casos, militares han argumentado sin ningún fundamento que la información era confidencial, y se han negado a proporcionarla, según señalaron varios fiscales.

Otro obstáculo sustancial es que los soldados que declaran contra sus superiores a menudo sufren represalias, como hostigamiento y estigmatización por parte de militares de alto rango, así como amenazas de muerte y agresiones contra ellos y sus familiares. Estos abusos disuaden a los testigos de declarar o impiden que lo hagan, y envían un mensaje contundente a otros soldados de que serán castigados si cuentan lo que saben. A continuación se presentan tres ejemplos representativos de abusos contra testigos clave y sus familiares:

El 27 de octubre de 2014, Nixón de Jesús Cárcamo fue asesinado en el centro de reclusión militar de la Décima Primera Brigada, donde permanecía detenido en relación con casos de falsos positivos. Cárcamo había aportado información a fiscales sobre el presunto rol de sus superiores en las ejecuciones. Once días antes de su muerte, dijo a la Fiscalía: “En el sitio de reclusión hay rumores que peligra mi vida porque estoy colaborando con la justicia... [en] el caso de sucederme algo declaro responsables a las personas que estoy señalando en estos casos”.
Existen evidencias serias de que, en 2013, la esposa de un soldado fue violada sexualmente por hombres no identificados en represalia por la negativa del soldado a retractarse de su testimonio, en el cual acusaba a un coronel en relación con falsos positivos.
El testimonio del Sargento Carlos Eduardo Mora ha contribuido a la condena de un teniente coronel y numerosos soldados por falsos positivos. En represalia, ha recibido amenazas de muerte, y ha sido hostigado y sufrido intentos de estigmatización por superiores en el Ejército. Indicó que, en 2013, funcionarios del Ejército intentaron ingresarlo contra su voluntad en una clínica psiquiátrica, presuntamente con la intención de desacreditarlo, y que en 2014 un general hizo declaraciones frente a él y un grupo numeroso de integrantes de contrainteligencia del Ejército en las cuales insinuaba fuertemente que era un “traidor”.

La experiencia de estos tres testigos clave se distingue radicalmente de la vivida por el Teniente Coronel (r) Robinson González del Río durante el período en el cual se abstuvo de prestar declaraciones que comprometieran a sus superiores, tras ser detenido por falsos positivos en agosto de 2012. En febrero de 2014, la revista Semana, uno de los principales medios de Colombia, publicó decenas de grabaciones de audio ordenadas judicialmente y efectuadas por la Fiscalía entre octubre de 2012 y abril de 2013, correspondientes a conversaciones mantenidas por González del Río a través de su teléfono celular. Las grabaciones mostraban que pasó gran parte del tiempo fuera del centro de reclusión militar, y parecía contar con soldados a disposición suya y de su familia en forma permanente. Las grabaciones también indicaban que hablaba habitualmente con coroneles y generales del Ejército, que parecían ayudarlo de distintas maneras, como darle fondos tomados de sus presupuestos institucionales, y permitir que su equipo de defensa jurídica utilizara vehículos y alojamientos militares. En conversaciones con un presunto socio comercial, González del Río también aseveró que estaba recibiendo ayuda de generales para conseguir la adjudicación de contratos militares. Solamente después de que Semana publicara las grabaciones de audio de las conversaciones, González del Río comenzó a cooperar con la Fiscalía y testificar sobre generales presuntamente involucrados en falsos positivos.

Human Rights Watch analizó miles de grabaciones de audio adicionales de González del Río ordenadas judicialmente luego de su detención, que aún no han sido difundidas al público. Las grabaciones contienen muchos otros ejemplos en los cuales militares de alto rango aparentemente prestan apoyo a González del Río. Algunos de los militares que, según aseveró González del Río, le estaban haciendo favores, o que hablaban directamente con él, son generales a quienes posteriormente implicó en casos de falsos positivos, o que estuvieron al mando de unidades militares presuntamente responsables de muchos de estos delitos.

No estamos en condiciones de determinar los motivos por los cuales oficiales del Ejército prestaron apoyo a González del Río tras su detención. No obstante, con independencia de cuál sea el motivo, sería esperable que otros militares implicados en falsos positivos, al ver el trato especial que recibió González del Río, concluyan que serán recompensados si guardan silencio. Los privilegios que tenía González del Río no eran un secreto para otros militares: tiene que haber sido claro para otros soldados que salía del centro de reclusión militar cuando lo deseaba, y tenía soldados y vehículos del Ejército a su disposición; también dijo expresamente a subordinados y otros oficiales que podía obtener favores de superiores.

Jurisdicción militar

Asimismo, a pesar de que la Corte Constitucional y la Corte Interamericana de Derechos Humanos han instado en reiterados pronunciamientos a que las violaciones de derechos humanos sean investigadas y juzgadas exclusivamente por autoridades de la justicia penal

ordinaria, diversos fiscales dijeron a Human Rights Watch que muchos casos de falsos positivos (posiblemente cientos) continúan en la Justicia Penal Militar.

Que la Justicia Penal Militar siga interviniendo en numerosos casos de falsos positivos constituye, por muchos motivos, un grave impedimento para que se haga justicia en estas investigaciones. Existen evidencias convincentes de que la Justicia Penal Militar fue clave para permitir que ocurrieran los falsos positivos, ya que en general no adoptó medidas básicas para investigar los casos cuando estuvieron bajo su jurisdicción. Asimismo, lo relatado por los testigos y las entrevistas con los fiscales indican que al menos algunos jueces militares ayudaron activamente a las tropas a encubrir los delitos, incluso dándoles indicaciones sobre cómo hacer para que parezca que hubo un combate en el lugar del crimen.

Human Rights Watch halló evidencias de que, en los últimos años, persistió la falta de independencia y credibilidad de miembros de la Justicia Penal Militar. Por ejemplo, entre 2008 y 2010, el Coronel (r) Édgar Emilio Ávila Doria se desempeñó como director interino de la Justicia Penal Militar, y también como “Coordinador del Ejército” para esta, una función que implica prestar asesoramiento directo al director. Este año se libró una orden de captura contra él en relación con falsos positivos en los cuales estuvo implicado el batallón que comandó entre fines de 2005 y 2007. Las grabaciones de audio de conversaciones mantenidas por González del Río permiten dudar de la credibilidad de otro alto oficial que presuntamente estaría vinculado con la oficina del Coordinador del Ejército de la Justicia Penal Militar. En una llamada telefónica efectuada el 26 de diciembre de 2012 desde la oficina del Coordinador del Ejército al teléfono celular de González del Río, un hombre a quien este llama “coronel” parece ofrecer ayuda para que su caso se remita de la justicia ordinaria a la Justicia Penal Militar, y manifiesta su esperanza de que pronto concluya su detención.

Human Rights Watch también examinó conversaciones telefónicas entre González del Río y un juez militar que aparentemente tenía a su cargo casos de supuestas muertes en combate atribuidas a soldados de González del Río. En una de las llamadas, el juez parece referirse a sus esfuerzos para ayudar a que González del Río obtuviera una salida temporal

del centro de reclusión, y señala: “Registre mi número… por si alguna vaina, hermano, me timbra, usted sabe que yo estoy QAP las 24”.

Las grabaciones de conversaciones de González del Río también indican que él y otros oficiales creían que remitir su caso a la Justicia Penal Militar le aseguraría un trato más favorable. Aparentemente confiado de que su caso sería transferido en forma inminente a la justicia militar, González del Río indicó en una llamada grabada al General Jorge Enrique Navarrette que ya había sido trasladado, y en la llamada se escucha que el general le responde: “¡Qué verraquera hombre! Me alegro, hombre… Me alegra… que haya solucionado su problema”. González del Río indicó al general que esperaba ser liberado en menos de una semana. (Finalmente, su caso no fue remitido a la Justicia Penal Militar ni tampoco fue liberado).

Debido a los distintos problemas que existen en la Justicia Penal Militar, fue particularmente alarmante que entre 2011 y 2015 el gobierno colombiano procurara aprobar una serie de reformas constitucionales y otras leyes que habrían ampliado la competencia de los tribunales militares respecto de violaciones de derechos humanos, incluidos falsos positivos. Cabe reconocer que, en abril de 2015, el gobierno desistió de los aspectos más alarmantes de su propuesta más reciente de modificar la Constitución para ampliar la jurisdicción militar. A fin de asegurar que haya justicia en casos de falsos positivos, el gobierno debería abstenerse de impulsar medidas similares en el futuro.

Deficiencias en el ámbito de la Fiscalía

Muchos de los fiscales que entrevistamos calificaron al volumen de casos a su cargo como abrumador. Esto se debe en parte a que, en 2012, la Fiscalía quitó a 12 fiscales de la Unidad de Derechos Humanos que habían estado trabajando en casos de falsos positivos.

A su vez, en general los casos no se distribuyen entre los fiscales en función de cuál es la unidad militar responsable, y esto les impide detectar patrones delictivos que podrían facilitar la identificación de responsables de alto rango. Por ejemplo, 19 presuntas ejecuciones extrajudiciales perpetradas por el Batallón Magdalena en 2007 estarían repartidas entre al menos seis fiscales distintos, y un fiscal en Bogotá tiene a su cargo ejecuciones ilegales cometidas por 11 unidades tácticas adscritas a seis brigadas. Hay algunas excepciones importantes: en Medellín, por ejemplo, los fiscales han repartido los casos en función del batallón responsable, y a comienzos de 2015 obtuvieron órdenes de captura contra cinco coroneles que anteriormente habían estado al frente de una de esas unidades. Funcionarios de la Fiscalía indicaron que tienen previsto aplicar este modelo exitoso en los distintos despachos de fiscales que trabajan principalmente en casos de falsos positivos.

Otra preocupación seria es la aparente falta de coordinación e intercambio de información entre los fiscales que investigan la gran mayoría de casos de falsos positivos, y un grupo reducido de “fiscales delegados ante la Corte Suprema” que investigan exclusivamente la responsabilidad de generales por estos delitos. (Los generales acusados de delitos solamente pueden ser juzgados en la Corte Suprema; en estos casos, intervienen fiscales a quienes el Fiscal General delega el ejercicio de la acción penal ante este tribunal, y que se denominan aquí “fiscales delegados ante la Corte Suprema”). Varios fiscales indicaron que cuando remitieron evidencias sobre generales a fiscales delegados ante la Corte Suprema y solicitaron que iniciaran investigaciones, algunas veces no se han vuelto a poner en contacto para efectuar un seguimiento.

Por ejemplo, un fiscal dijo a Human Rights Watch que, una vez que envían pruebas a los fiscales delegados ante la Corte Suprema, estos “no vienen a revisar los casos; no inspeccionan los casos; no contestan; no preguntan… Para nosotros es desmotivante porque sacamos el pecho, llegamos al coronel, pero de ahí no pasa nada”.

En 2015, la Fiscalía incrementó la cantidad de fiscales a cargo de investigaciones sobre generales, y designó a un funcionario como punto de contacto entre ellos y los fiscales que impulsan la mayoría de las investigaciones de miembros del Ejército de otros rangos en relación con falsos positivos. Ambas medidas deberían contribuir a abordar los problemas señalados anteriormente.

Obligaciones de Colombia y la Corte Penal Internacional

Los falsos positivos —básicamente ejecuciones extrajudiciales y asesinatos— constituyen graves violaciones de derechos humanos. Son además graves violaciones del derecho internacional humanitario aplicable en conflictos no internacionales y, como tales, constituyen crímenes de guerra.

Cuando se comete como parte de un ataque generalizado y sistemático contra una población civil, el asesinato puede comportar un crimen de lesa humanidad. Evidencias abundantes descriptas en este informe indican que numerosos incidentes de falsos positivos constituyen crímenes de lesa humanidad. Colombia ha asumido conforme al derecho internacional las obligaciones jurídicas de investigar, juzgar y sancionar a los responsables de graves violaciones de derechos humanos, crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad.

En 2012, Colombia promulgó el Marco Jurídico para la Paz, una reforma constitucional que posibilita la impunidad de atrocidades cometidas por guerrillas, paramilitares y militares en caso de que se alcance un acuerdo de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). La reforma habilita al Congreso a limitar el juzgamiento de atrocidades a quienes se identifique como sus “máximos responsables” y ofrecer inmunidad legal a todos los demás implicados; eximir a crímenes de guerra de la posibilidad de investigación penal cuando no se determine que hayan sido sistemáticos; y aplicar “penas alternativas” a todos los condenados.

Es crucial que Colombia no implemente el Marco Jurídico para la Paz, ni otras posibles leyes sobre justicia transicional, de un modo que atente contra la posibilidad de que se haga justicia por falsos positivos. Sin embargo, si lo hace, las víctimas podrían igualmente intentar obtener justicia ante la Corte Penal Internacional (CPI), que podría ejercer su competencia respecto de delitos de lesa humanidad cometidos en Colombia desde noviembre de 2002 y crímenes de guerra ocurridos allí desde noviembre de 2009. La Fiscalía de la CPI está analizando si una serie de presuntos delitos cometidos en Colombia quedarían alcanzados por su competencia, y ha concluido que existen fundamentos razonables para creer que los falsos positivos constituyen delitos de lesa humanidad. Como tribunal de última instancia, estos casos solamente serían admisibles ante la CPI si las autoridades nacionales no se muestran dispuestas a investigarlos o juzgarlos, o realmente no pueden hacerlo. La Fiscalía de la CPI ha señalado específicamente con respecto al Marco Jurídico para la Paz que una condena que fuera severamente o manifiestamente inadecuada “viciaría el carácter genuino” del procedimiento. Es decir, podría dar lugar a una investigación de la CPI.

Recomendaciones

Al Presidente Juan Manuel Santos

Asegurar que el efectivo procesamiento penal de los casos de falsos positivos sea un criterio fundamental del éxito de su gobierno.
Dar instrucciones a las autoridades militares para que cooperen plenamente con las investigaciones de la Fiscalía sobre falsos positivos, lo cual incluye proporcionar oportunamente los documentos que estos soliciten.
Asegurar que funcionarios gubernamentales no realicen declaraciones públicas en las cuales se cuestione la legitimidad de la actuación de los fiscales en casos de falsos positivos, ni estigmaticen a víctimas y sus representantes.
No promover proyectos legislativos destinados a ampliar la competencia de la Justicia Penal Militar respecto de casos de derechos humanos.
Asegurar que los testigos en casos de falsos positivos no sean hostigados ni estigmatizados por oficiales militares, y que los testigos, sus familias y los familiares de víctimas en estos casos reciban protección adecuada cuando haya amenazas creíbles a su seguridad.
Asegurar que cualquier ley reglamentaria que se adopte en el futuro para el Marco Jurídico para la Paz—una reforma constitucional promulgada en julio de 2012— no exima de investigación o persecución penal a las personas responsables de falsos positivos, ni posibilite que las condenas impuestas a estas sean manifiestamente inadecuadas.

Al Fiscal General de la Nación

Realizar investigaciones expeditivas y exhaustivas sobre la potencial responsabilidad de ex comandantes de todas las brigadas y unidades tácticas que cometieron una cantidad significativa de falsos positivos. Las investigaciones deberían examinar asimismo la potencial responsabilidad de oficiales en instancias superiores de la línea de mando.
Incrementar la cantidad de fiscales e investigadores en la Unidad de Derechos Humanos, a fin de que puedan llevar adelante los casos de falsos positivos de manera expeditiva y exhaustiva.
Reconsiderar el enfoque aplicado para asignar los casos de falsos positivos entre los fiscales, a fin de asegurar que se puedan identificar e indagar de manera eficiente patrones y nexos entre delitos atribuidos a unidades tácticas y brigadas específicas.

Al Gobierno de Estados Unidos

Exigir el cumplimiento de los requisitos de derechos humanos a los cuales se supedita la asistencia militar a Colombia, incluida la exigencia de que los casos de derechos humanos estén “sujetos únicamente a la jurisdicción penal ordinaria”, y que los militares cooperen con los fiscales en estos casos. En vista de la evidencia de que numerosos falsos positivos permanecen en la Justicia Penal Militar y que las autoridades militares no han cooperado en forma plena ni oportuna con las investigaciones, Estados Unidos debería suspender la parte de la ayuda militar que depende de que Colombia cumpla los requisitos en materia de derechos humanos.

A la Fiscalía de la Corte Penal Internacional

Continuar un seguimiento riguroso de los procedimientos vinculados con casos de falsos positivos y cualquier implementación futura de la reforma constitucional conocida como Marco Jurídico para la Paz.

Metodología

Como parte de la investigación para este informe, Human Rights Watch entrevistó a más de 40 fiscales, funcionarios de la Fiscalía, familiares de víctimas y sus abogados, y testigos, entre otras personas. La gran mayoría de las entrevistas se llevaron a cabo en Bogotá, Medellín y en Villavicencio entre diciembre de 2014 y marzo de 2015, si bien también se realizaron algunas de forma telefónica.

Numerosos entrevistados accedieron a dialogar con nosotros a condición de que no publicáramos sus nombres u otra información que pudiera identificarlos. Se preservó la confidencialidad de información sobre personas, así como las fechas y el lugar de las entrevistas, en los casos en que fue solicitado, y cuando Human Rights Watch consideró que la información podía poner en riesgo a una persona o a su trabajo.

La investigación de Human Rights Watch empleó estadísticas de la Fiscalía General de la Nación, expedientes de causas penales, sentencias judiciales, grabaciones de audio de audiencias judiciales y testimonios de testigos, grabaciones de audio ordenadas judicialmente sobre conversaciones mantenidas a través del teléfono celular por el Teniente Coronel (r) Robinson González del Río y registradas por la Fiscalía, informes oficiales y no gubernamentales, y artículos de prensa, entre otros tipos de evidencias.

En este informe, el término “falsos positivos” hace referencia a casos de ejecuciones ilegales en los cuales militares simularon que se trataba de muertes legítimas ocurridas en combates con guerrilleros, paramilitares o delincuentes, y los informaron oficialmente como tales. La gran mayoría de víctimas eran civiles, si bien en algunos casos excepcionales hay evidencias de que se trataba de miembros de guerrillas asesinados en situaciones que no fueron de combate, como por ejemplo luego de rendirse.

En este informe, el término “unidad táctica” hace referencia a unidades que operan directamente bajo el mando de brigadas del Ejército, como, por ejemplo, batallones, grupos antisecuestro y antiextorsión (Gaula), y “Grupos de Caballería”.

Los rangos, así como la condición de activo o retirado, de los militares que se indican en el informe hacen referencia a los rangos y condiciones más recientes sobre los cuales Human Rights Watch encontró información, a menos que se indique algo distinto.

El informe analiza en particular casos de falsos positivos ocurridos entre 2002 y 2008, debido a que la escala y la frecuencia de estas ejecuciones aumentaron sustancialmente en ese período. No obstante, conforme fue señalado por el Relator Especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, hay ejemplos de casos incluso de la década de 1980. También hay denuncias de algunos incidentes nuevos posteriores a 2008.

I. Responsabilidad de mando por falsos positivos

Existen motivos de peso para creer que numerosos oficiales de alto rango del Ejército tuvieron participación o responsabilidad en casos de falsos positivos. En el próximo capítulo se ofrecen varios ejemplos de evidencias que implican de manera directa a algunos comandantes. Este capítulo aborda aspectos relativos a falsos positivos que sugieren que podrían ser muchos más los comandantes con responsabilidad legal por estos casos.

Conforme al derecho internacional, existe responsabilidad de mando cuando los superiores sabían o deberían haber sabido que subordinados bajo su efectivo control estaban cometiendo un delito, pero no adoptaron las medidas necesarias y razonables para prevenir o castigar estos actos [4] . Los más altos tribunales de Colombia han dictado sentencias en las cuales, básicamente, equiparan esta doctrina internacional a la responsabilidad penal por omisión, que está prevista en el Código Penal del país. Las sentencias indican que la responsabilidad de mando puede ser aplicable a comandantes militares en casos de graves violaciones de derechos humanos, y fiscales señalan estar examinando este tipo de responsabilidad en sus investigaciones sobre falsos positivos [5].

Hay varios motivos para concluir que numerosos comandantes de unidades tácticas y brigadas—y posiblemente oficiales en posiciones superiores de la línea de mando—sabían o tenían razones para saber sobre los falsos positivos y, por ende, podrían tener responsabilidad de mando. Si bien el hecho que un superior haya efectivamente tenido conocimiento puede demostrarse a través de evidencia directa, también puede ser probado por medio de evidencia circunstancial, como la cantidad, el tipo y la magnitud de los ilícitos ocurridos, si los hechos sucedieron de manera generalizada, el modus operandi en ilícitos similares, la cantidad y el tipo de soldados implicados y los aspectos logísticos involucrados [6] .

El estándar “tenía motivos para saber” exige únicamente información general sobre la posibilidad de delitos, y no un conocimiento preciso sobre incidentes individuales [7] . Las evidencias de ambos tipos de conocimiento en casos de falsos positivos incluyen:

Evidencias sustanciales de que los falsos positivos no fueron obra de unas “manzanas podridas”, sino que fueron cometidos por la gran mayoría de las brigadas en distintas regiones de Colombia a lo largo de varios años. Cuanto mayor es la cantidad de asesinatos y más parecen responder a un patrón sistemático de ataques, menor es la probabilidad de que los superiores no supieran sobre ellos.
El modus operandi general de los falsos positivos implicó que los comandantes de unidades tácticas y brigadas debieran realizar una serie de acciones, como emitir “órdenes de operaciones” y otros documentos oficiales para autorizar las supuestas operaciones.
Todos los falsos positivos fueron informados oficialmente a comandantes de unidades tácticas, brigadas y divisiones como muertes en combate, y las circunstancias frecuentemente poco verosímiles de los incidentes informados sugieren que estos deberían haber detectado irregularidades.
Desde 2004, o tal vez incluso antes, se difundieron versiones creíbles sobre falsos positivos, y esto puso a los comandantes en conocimiento de la posibilidad de los crímenes.

Human Rights Watch no tiene conocimiento de evidencias que demuestren que comandantes militares hayan adoptado medidas para prevenir o sancionar los falsos positivos hasta 2007. En ese año, el comando general de las Fuerzas Militares y el Ministerio de Defensa emitieron varias directivas nuevas, incluida una de noviembre de 2007 que otorgó más prioridad a las desmovilizaciones y detenciones que a las muertes en combate [8] . No resulta claro en qué medida—si acaso—los comandantes del Ejército revirtieron sus prácticas en función de estas medidas. Es claro que las acciones no fueron suficientes para detener los falsos positivos: la Fiscalía está investigando más de 550 presuntas ejecuciones extrajudiciales cometidas en 2008 por agentes del Estado, en su mayoría miembros del Ejército. Los crímenes recién comenzaron a frenarse cuando el gobierno destituyó a 27 oficiales y soldados del Ejército luego del escándalo de Soacha a fines de 2008 [9] .

Si bien el presente capítulo analiza la potencial responsabilidad de mando de oficiales militares, gran parte de la evidencia examinada aquí también sustenta la conclusión de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI), según la cual hay motivos razonables para creer que los falsos positivos fueron cometidos “conforme a una política adoptada al menos a nivel de ciertas brigadas” [10] . La existencia de tal política indicaría que algunos comandantes, al menos en el ámbito de las brigadas, no sólo podrían ser responsables de no haber tomado medidas para que cesaran los delitos, sino además de haber directamente ordenado, planificado o facilitado de otro modo estos hechos.

Hechos a gran escala

Hay evidencias convincentes de que numerosas unidades tácticas y brigadas fueron individualmente responsables de casos de falsos positivos cometidos a gran escala. Algunos ejemplos son la Décima Primera Brigada, cuyos soldados están siendo investigados en relación con al menos 214 presuntas ejecuciones extrajudiciales ocurridas entre 2004 y 2008, y el Batallón Juan José Rondón, de la Décima Brigada, cuyos soldados están siendo investigados en relación con al menos 60 presuntas ejecuciones extrajudiciales ocurridas entre 2003 y 2008 [11] .

Los casos generalizados de falsos positivos atribuibles a unidades individuales formaron parte de un patrón mucho más amplio—y también generalizado—de delitos de este tipo perpetrados por miembros del Ejército en toda Colombia. La Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía está investigando más de 3.700 presuntas ejecuciones extrajudiciales cometidas por agentes del Estado entre 2002 y 2008. La amplia mayoría de estos casos son ejecuciones cometidas bajo la modalidad de falsos positivos que son atribuidas a miembros del Ejército, según señalaron altos funcionarios de la Fiscalía [12] . Las ejecuciones extrajudiciales a manos de tropas del Ejército del período entre 2002 y 2008 se produjeron en 27 de los 32 departamentos de Colombia [13], y son presuntamente imputables a más de 180 unidades tácticas [14] adscritas a casi la totalidad de las brigadas del Ejército [15] , que operaban dentro de cada una de las siete divisiones que existían en ese entonces[16] .

En 2015, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos informó que la cantidad total de víctimas de falsos positivos podían ser incluso de 5.000 [17] .

Carácter sistemático

Existen amplias evidencias de que, en el ámbito de las unidades tácticas, brigadas y a nivel nacional, tropas del Ejército cometieron falsos positivos de manera sistemática. En casos en distintas regiones del país, había similitudes en los tipos de víctimas y un modus operandi común, para lo cual debió haber sido necesario un alto grado de coordinación y planificación. Soldados y oficiales involucrados en falsos positivos han admitido que sus unidades habían establecido métodos para perpetrar las ejecuciones. También se han referido a dos motivos comunes: las presiones de superiores para aumentar artificialmente las estadísticas de bajas en combate, y los premios otorgados a soldados y oficiales por las ejecuciones.

Modus operandi

El Relator Especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, la Fiscalía de la CPI y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, entre otros, se han referido a un modus operandi común en los casos de falsos positivos [18] . Los dos aspectos más elementales del modus operandi son que los soldados 1) ejecutaban a víctimas en situaciones que no eran de combate, y 2) las informaban oficialmente como miembros de guerrillas, paramilitares o delincuentes muertos en combate.

En muchos casos, soldados o reclutadores civiles engañaban a las víctimas con falsos pretextos—como promesas de empleo—para que acudieran a algún sitio, donde luego eran asesinadas por las tropas. En otros casos, miembros del Ejército secuestraron a víctimas de sus viviendas o las aprehendieron en lugares públicos y las trasladaron al lugar donde fueron ejecutadas. También hubo numerosos incidentes en los cuales las víctimas fueron entregadas por grupos paramilitares a los soldados.

Según la descripción del Relator Especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, luego de asesinar a las víctimas, “las fuerzas militares organizan un montaje de la escena, con distintos grados de habilidad, para que parezca un homicidio legítimo ocurrido en combate. El montaje puede entrañar, entre otras cosas, poner armas en manos de las víctimas; disparar armas de las manos de las víctimas; cambiar su ropa por indumentaria de combate u otras prendas asociadas con los guerrilleros; o calzarlas con botas de combate” [19] . A menudo, los soldados quitaban a las víctimas sus documentos de identidad y otras pertenencias.

Posteriormente, los miembros del Ejército informaban las muertes a sus superiores en la línea de mando, y con frecuenta también las anunciaban a la prensa. En muchos casos, los superiores otorgaban a los soldados días de vacaciones y otros premios, y autorizaban pagos falsos a informantes civiles, que en realidad eran entregados a soldados o reclutadores. Oficiales del Ejército confeccionaban gran cantidad de documentos oficiales para acreditar la afirmación de que las muertes se habían producido en el contexto de combates.

Perfil de las víctimas

Conforme fue determinado por la Fiscalía de la CPI, los falsos positivos fueron ataques “dirigidos contra civiles que residían en zonas alejadas y eran considerados miembros de sectores marginados de la población” [20] . Entre las víctimas se encontraban agricultores, menores, personas desempleadas, indigentes, personas con adicción a las drogas, personas con discapacidad mental, líderes comunitarios, personas con antecedentes penales o que habían cometido delitos menores, guerrilleros o paramilitares desmovilizados y, en algunos casos, presuntos colaboradores de la guerrilla o guerrilleros que habían sido detenidos o se habían rendido [21].

Organización, planificación y coordinación logística necesarias para las ejecuciones

Conforme se evidencia en la descripción anterior sobre el modus operandi de los casos de falsos positivos, para estos crímenes fue necesaria una organización, planificación y coordinación logística sustancial por parte de oficiales militares y soldados. Esto incluyó identificar primero a la víctima; secuestrarla o reclutarla de otro modo para lograr que acuda a un lugar remoto; con frecuencia transportarla en vehículos militares entre distintos municipios o departamentos; obtener armas, indumentaria de tipo militar y otros equipos militares que se colocaban a la víctima; y asegurar que en cada caso hubiera documentos militares oficiales que avalaran su supuesta legalidad. También el personal militar debió coordinar su actuación, para asegurarse de proporcionar a las autoridades judiciales un relato coincidente sobre las supuestas bajas en combate.

Distintos soldados involucrados en falsos positivos han relatado que las unidades militares a las cuales pertenecían habían adoptado métodos (básicamente, sistemas) para cometer estos delitos. Por ejemplo:

En una audiencia de noviembre de 2014, la Fiscalía acusó formalmente a dos ex oficiales de inteligencia del Batallón Pedro Nel Ospina (CuartaBrigada) en relación con 24 falsos positivos ocurridos entre enero de 2006 y junio de 2007. En un caso, el fiscal se refirió a un hombre que había sido engañado para trasladarse a Antioquia desde una ciudad cercana y luego fue ejecutado por soldados, quienes a continuación le colocaron una pistola e informaron que se trataba de una baja en combate. El fiscal indicó después que, según uno de los acusados, que al momento del hecho era oficial de inteligencia del batallón, en 2006 y 2007 “fueron 72 víctimas que de la misma manera fueron presentadas por los miembros del Batallón Pedro Nel Ospina como muertos en combate, sin corresponder esto a la realidad porque en ningún momento se encontraban combatiendo y además de eso fueron llevados bajo engaño a los diferentes lugares donde se dieron las bajas, con el conocimiento de los comandantes de dicho batallón” (énfasis agregado) [22] .
El Coronel (r) Luis Fernando Borja ha confesado numerosos casos de falsos positivos cometidos mientras estuvo al mando de la Fuerza de Tarea Conjunta en Sucre (Décima Primera Brigada), y ha sido condenado por estos hechos. Según informó a los fiscales, cuando asumió el mando de las tropas, ya había un método para ejecutar a falsos positivos: “el propio mayor Céspedes me dijo cómo era el verdadero modo de las bajas ilegales, y que los comandantes de escuadra ya sabían lo que tenían que hacer… [que] hay unos soldados que son los encargados de conseguir a los muchachos o víctimas, y las armas que se le iban a colocar a esas víctimas” [23] . Borja dijo asimismo que “ya esto estaba organizado cuando yo llegué” [24] .

Motivos comunes: presiones para incrementar el número de bajas y premios

Existen abundantes evidencias de que los responsables de falsos positivos en toda Colombia tenían dos motivos principales, como se indicó precedentemente: mostrar “resultados” en la lucha contra la guerrilla y la delincuencia, y obtener beneficios por supuestas muertes en combate [25] .

Presiones para producir bajas

El testimonio de miembros del Ejército que han reconocido su responsabilidad en relación con falsos positivos sugiere, de manera contundente, que los comandantes medían el éxito en función de las bajas en combate informadas, y presionaban a los subordinados para que incrementaran estas estadísticas. Esta presión parece haber estado presente en toda la línea de mando del Ejército, desde al menos un comandante del Ejército Nacional, el General (r) Mario Montoya, hasta comandantes de brigadas y batallones, así como todos los escalafones inferiores hasta los soldados que llevaron a cabo las ejecuciones. Existe evidencia de que superiores habrían amenazado con sancionar a subordinados que no produjeran bajas en combate para informar, organizaron competencias entre unidades militares para determinar cuál reportaba mayor cantidad de muertes en combate e incluso indicaban a subordinados cuotas mínimas de bajas que debían cumplir.

Varios oficiales del Ejército han señalado que el General (r) Montoya presionaba a las tropas para que subiera el número de bajas mientras estuvo al frente del Ejército (2006-2008). Por ejemplo:

El Teniente Coronel (r) Robinson González del Río, quien ha admitido responsabilidad por numerosos casos de falsos positivos ocurridos mientras estuvo al mando de unidades tácticas entre 2006 y 2008 [26] , señaló a la Fiscalía:

A usted lo evaluaban… por bajas…. Esto de las bajas es una política que venía implementando el Señor General Mario Montoya… las diez mejores unidades del país, todos los lunes eran resaltadas por él. Pero esas unidades eran evaluadas por bajas. Porque le pongo un ejemplo: si un batallón ha hecho 40 desmovilizados, y lleva nada más una baja, pero otro batallón llevaba 1 desmovilizado y 4 bajas, estaba por encima el que llevaba las 4 bajas… [En] programas radiales…él le preguntaba a muchas unidades, “¿Cuánto lleva usted sin resultados operacionales?”. [Ellos respondían] “Mi General el día de ayer se hicieron dos capturas”. [Y Montoya replicaba] “No, no, no hermano, resultados operacionales, somos un ejército en guerra, aquí lo que vale son las bajas”. Los días que eran el miércoles a domingo los comandantes de las brigadas y de los batallones entraban en crisis porque sabían que el día lunes había que reportar bajas. Si no reportaban bajas, el comandante del Ejército los iba a vaciar, los iba a llamar a atención, los amenazaba con relevarlos[27].

González del Río aseveró que la presión descendía a lo largo de la línea de mando: “La presión era desde el mando del Ejército que era en ese tiempo, el General Montoya, de ahí para abajo todos los comandantes de brigada y de división eran los responsable de hacer esa presión”[28]. (Consultar más información sobre el General (r) Montoya, incluidos señalamientos de que ejercía presión sobre las tropas para que aumentaran las estadísticas de bajas, en la sección “Testimonios contra militares en posiciones superiores al nivel de brigada”).

Diversos soldados responsables de falsos positivos también han señalado como causa de los delitos la presión ejercida dentro de sus batallones y brigadas para generar bajas en combate. Por ejemplo:

Dos ex oficiales del Batallón Pedro Nel Ospina acusados en relación con falsos positivos se refirieron a la presión de los comandantes de su batallón como una causa común detrás de estos crímenes. En relación con una ejecución en particular, el acusado “señal[ó] que para este hecho fue presionado por el Mayor [José] Zanguña [Duarte], ya que si no daban resultados lo podían retirar del Ejército, pues estaba en período de prueba”, según indica la Fiscalía [29] . (A comienzos de 2015, José Zanguña Duarte, actualmente coronel, fue detenido en relación por falsos positivos cometidos por el Batallón Pedro Nel Ospina) [30] .
En declaraciones a la Fiscalía, un soldado llamado Nixón de Jesús Cárcamo atribuyó los casos de falsos positivos que ejecutó mientras formó parte de la Décima Primera Brigada a presiones de sus comandantes para elevar el número de bajas: “ellos le decían a uno que había que dar bajas y bajas, no se hablaba más que de matar” [31] .
Edgar Iván Flórez Maestre, un ex teniente del Batallón Calibío (Décima Cuarta Brigada), señaló: “Para el mes de febrero de 2008 tuvimos una reunión en el COT (centro de operaciones tácticas) del batallón, en esa reunión estaba mi coronel Ramírez el nuevo comandante de Batallón… [quien] nos dijo... ‘cada comandante de compañía me debe responder por un muerto en combate cada mes y la sección segunda me debe responder por tres muertos al mes... [E]n este momento la guerra se mide por litros de sangre, el comandante que no tenga resultados de muertos por mes, tendrá la sanción correspondiente” [32] .

Premios

La presión para que hubiera resultados estuvo complementada por incentivos establecidos en unidades militares de distintas regiones de Colombia, que recompensaban las muertes en combate con días de vacaciones (permisos), ascensos, medallas, cursos de formación y felicitaciones de superiores, entre otros premios. Diversos soldados han explicado cómo estos incentivos habían motivado casos de falsos positivos. Por ejemplo:

Un ex oficial del Batallón Pedro Justo Berrío (Cuarta Brigada) indicó que luego de que su unidad cometiera varios falsos positivos en 2005, los soldados recibieron 35 días de permiso. Señaló que “cada uno busca su beneficio personal, [los soldados] saben que por cada caso hay unos días de permiso, entonces ninguno se opuso” [33] .
Un soldado del Batallón Rifles (Décima Primera Brigada)indicó que el factor que impulsó a que su unidad ejecutara como falso positivo a su hermano en abril de 2007 fue que los soldados deseaban tener días libres para festejar el Día de la Madre: “[E]l Día de la Madre estaba cerca y los altos mandos empezaron a preocuparse porque no teníamos resultado para mostrar, ni méritos para que nos dieran los días y poder salir a visitar a las familias. Entonces se empezó a hablar de ‘legalizar’ a alguien. Es decir, de matar a una persona para hacerla pasar por guerrillero y así ganarse el permiso para salir. No me sorprendió del todo, pues las ‘legalizaciones’ son un asunto cotidiano” [34] .
Cuando la Fiscalía le preguntó qué beneficios recibió por los falsos positivos, el Teniente (r) Marco Fabián García, ex comandante de tropas adscritas al Batallón de Contraguerrillas N.º 65 (Décima Sexta Brigada) respondió: “Yo fui candidato para obtener la medalla a orden público, me mandaron a hacer cursos de fuerzas especiales que eso es un honor, yo lo hice porque a mí me premiaron con eso” [35] .

Existen evidencias de que, al menos en algunos casos, el lucro económico fue otro incentivo para que los soldados participaran en falsos positivos[36]. Diversos fiscales y militares se han referido a una práctica similar en distintas unidades militares: tras las ejecuciones, los comandantes efectuaban pagos oficiales con fondos del Ejército a supuestos civiles informantes que, según se indicaba, habían aportado información que posibilitó la baja en combate. A veces los militares tomaban gran parte del pago en vez de entregar la totalidad al supuesto informante. En otros, los comandantes firmaban para autorizar el pago a una persona que no estaba al tanto de haber sido indicada como informante, y entregaban todos los fondos a las tropas[37]. Por ejemplo:

El Coronel (r) Luis Fernando Borja, de la Fuerza de Tarea Conjunta en Sucre (Décima Primera Brigada) declaró al respecto: “[E]n algunas oportunidades por estos homicidios se daba dinero a los comandos de patrullas. Era el dinero que el Estado daba por inteligencia, mensual. Todos pagos ficticios. Colocaban a una persona ficticia o real que nunca recibía dinero y este iba para el C2 (inteligencia) y se administraba a mi orden” [38] .
La acusación formal de la Fiscalía contra el Teniente Coronel (r) Henry Acosta Pardo, ex comandante del Batallón Birno (Décima Sexta Brigada), por el homicidio de tres trabajadores en julio de 2007, indica que al cometer falsos positivos, obtuvo “prebendas tanto personales como económicas, bajo la modalidad de pago de información” [39] .

Para que hubiera falsos positivos fueron necesarias acciones de comandantes de brigadas y unidades tácticas

Human Rights Watch examinó expedientes penales, declaraciones de testigos y otras evidencias que mostraban que para que los soldados cometieran falsos positivos, los comandantes de brigadas, batallones y otras unidades tácticas necesitaban adoptar una serie de acciones concretas, sin las cuales estos crímenes no habrían sido posibles. Esto demuestra que hubo varias instancias del proceso de ejecución de falsos positivos en las cuales tales comandantes tomaron conocimiento de información que podría—y con frecuencia debería—haber causado que detectaran que las supuestas muertes en combate eran, en verdad, ejecuciones. Cuando los comandantes ya sabían que sus soldados estaban cometiendo falsos positivos, estas acciones podrían ser interpretadas por sí solas como actos criminales que formaron parte de un plan delictivo más amplio.

Documentación oficial

En casi todos los casos de falsos positivos, los comandantes de brigadas o unidades tácticas emitieron “órdenes de operaciones” [40] . Se trata de documentos del Ejército donde se autorizan operaciones militares y se da instrucciones a las tropas con respecto a dónde, cómo y contra quiénes ejecutarlas [41] . En numerosos casos de falsos positivos, los comandantes emitieron además documentos denominados “misiones tácticas” y órdenes de operaciones “fragmentarias”, que están basados en “órdenes de operaciones” y contienen instrucciones más detalladas sobre cómo llevar a cabo operaciones específicas.

Las órdenes de operaciones y las misiones tácticas fueron esenciales para que hubiera casos de falsos positivos, debido a que proveían el fundamento para que los soldados se movilizaran hasta las zonas donde cometieron las ejecuciones, y daban sustento al señalamiento de que las ejecuciones ocurrieron en el marco de una operación dispuesta legalmente.

Los fiscales han confirmado el rol clave que tuvieron estos documentos en la comisión de falsos positivos [42] . Por ejemplo, en un caso donde tuvo participación el Batallón Pedro Nel Ospina, el fiscal señaló que la “orden de operaciones” fue emitida por el comandante del batallón y funcionó como “el soporte jurídico para que las tropas estuvieran presentes en el lugar” [43] . En un caso de un falso positivo en el cual estuvo implicado el Batallón de Contraguerrillas (BCG) N.º 23, adscrito a la Décima Sexta Brigada, el fiscal determinó que la “misión táctica” firmada por el comandante del batallón, era un “artilugi[o] bien concebid[o] para justificar un acto ilegal: la muerte de tres personas” [44] .

Autorización para movilizar soldados

Para que hubiera falsos positivos fue necesario una importante movilización de los soldados, primero para detener o reclutar a las víctimas, y luego para ejecutarlas en otros sitios. El testimonio aportado por miembros del Ejército y otras evidencias sugieren de manera contundente que, en numerosas instancias, para la movilización de soldados fue necesaria la autorización de los comandantes de unidades tácticas y/o brigadas.Por ejemplo:

Un soldado y operador de radio que admitió haber participado en operativos en los cuales el Batallón Efraín Rojas Acevedo (Vigésimo Octava Brigada) ejecutó a falsos positivos declaró que, cuando perpetraron los delitos, los soldados no podían trasladarse sin la autorización del entonces comandante del batallón, el Coronel Óscar Orlando Gómez Cifuentes [45] .
El Teniente Coronel (r) González del Río indicó a la Fiscalía que cuando él estuvo al mando de unidades tácticas adscritas a la Cuarta y Octava Brigadas, y sus tropas intervenían en operativos para llevar a cabo las ejecuciones, el desplazamiento de los soldados requería la autorización de los comandantes de brigadas. “Yo no p[odía] mover un soldado a hacer una operación sin que el comandante de brigada me autori[zara]”, dijo con respecto al período en el cual estuvo en la Octava Brigada [46] .

Según explicó un funcionario judicial a Human Rights Watch, los comandantes de brigadas debían ser informados sobre los movimientos operativos de las distintas unidades tácticas bajo su mando, para asegurar que no se cruzaran involuntariamente en el terreno [47] .

Autorización de pagos y premios

Diversos testimonios de testigos, investigaciones judiciales y documentos militares sugieren de manera convincente que los pagos efectuados a informantes en casos de falsos positivos exigían la autorización de comandantes de brigadas y batallones. Como se explicó antes, estos pagos en ocasiones se asignaban a las tropas responsables de las ejecuciones y, por ende, servían como incentivos para casos de falsos positivos. Asimismo, los fondos también parecen haber sido usados para efectuar pagos a reclutadores, al menos en algunos casos [48] . Entre las evidencias de que los comandantes autorizaron los pagos se incluyen:

El 17 de marzo de 2008, el entonces comandante de la Octava Brigada, el General Emiro José Barrios; el entonces segundo comandante de la brigada, el General Jorge Enrique Navarrete Jadeth; y el entonces comandante de la BCG N.º 57, el Mayor Josué Linares, firmaron todos un documento en el cual certificaban el pago de 2 millones de pesos (USD 1.000) a un informante por “la muerte en combate de dos (02) terroristas” [49] . La Fiscalía posteriormente demostró que los “terroristas” eran en verdad civiles que no estaban armados y que habían sido reclutados en una ciudad cercana [50] .
Según señaló la Fiscalía, los comandantes de la Cuarta Brigada y del Batallón Pedro Nel Ospina firmaron un documento que autorizaba el pago de 1 millón de pesos (USD 500) a un supuesto informante en relación con el falso positivo de un hombre que había sido secuestrado de su vivienda, y que fue posteriormente ejecutado [51] . Un ex oficial de inteligencia del batallón indicó a la Fiscalía que siempre que la unidad cometía casos de falsos positivos, el comandante del batallón autorizaba pagos a presuntos informantes [52] .

Además de autorizar pagos a falsos informantes, algunos comandantes de batallones y brigadas también parecen haber estado involucrados en el otorgamiento de premios, como días de vacaciones o cursos de capacitación, a cambio de presuntas muertes en combate. Por ejemplo, González del Río indicó a la Fiscalía que el comandante de su brigada lo autorizaba a conceder días de vacaciones a los soldados por supuestas bajas en combate. También aseveró que el jefe del Ejército, el General (r) Montoya, les decía a los comandantes que dieran días de descanso a los soldados por bajas en combate [53] . De manera similar, un hombre que participó como guía en una operación llevada a cabo por el Ejército en marzo de 2006 en el departamento de Meta, durante el cual los soldados habrían cometido dos ejecuciones, dijo a la Fiscalía que poco después de las muertes, escuchó al comandante del batallón cuando felicitaba a los soldados por radio, y les decía que serían recompensados con un viaje al exterior [54] .

Las circunstancias poco plausibles de las supuestas muertes en combate

En los casos de falsos positivos, las supuestas muertes en combate se informaban inmediatamente a los superiores en la línea de mando, incluidos comandantes de unidades tácticas, brigadas y divisiones, y posiblemente instancias de mayor jerarquía, según señalaron diversos fiscales y conforme surge del testimonio de miembros del Ejército responsables de estos delitos [55] . Como se explicó precedentemente, los comandantes también tomaron conocimiento de los incidentes a raíz de la autorización de los correspondientes desplazamientos de tropas y pagos.

Hay evidencias persuasivas de que, en numerosos casos de falsos positivos, las circunstancias de las ejecuciones que se informaron oficialmente a los comandantes deberían haberles permitido advertir irregularidades en los presuntos operativos y sospechar que se trató de ejecuciones extrajudiciales.

Tipos de armas supuestamente encontradas junto a las víctimas

Las armas que los soldados declararon haber hallado en poder de las víctimas con frecuencia no eran del tipo que los grupos armados utilizan habitualmente contra la fuerza pública (como por ejemplo, pistolas y revólveres), e incluso armas que ni siquiera funcionaban, conforme indicaron fiscales y se expresa en el testimonio ofrecido por autores de estos hechos. Por ejemplo:

Un ex comandante de tropas adscritas a la Décima Sexta Brigada declaró en su testimonio: “en el grado de un coronel y con la experiencia que puede tener en ese grado no es nada oculto a lo que la tropa... [estaba] matando gente inocente que no tenía nada que ver en el conflicto y eran reportadas con armas la cual la guerrilla no se enfrenta a uno” [56] .
En la acusación formal de la Fiscalía contra el Teniente Coronel (r) Henry Acosta Pardo, ex comandante del Batallón Birno (Décima Sexta Brigada), por tres falsos positivos en julio de 2007, la Fiscalía señala: “Resulta increíble que avezados delincuentes, como aquellos que se dedican a las actividades del narcotráfico, resulten portando armas obsoletas, corroídas por el óxido, deterioradas, como una pistola y dos revólveres y que llevando granadas consigo, no sean accionadas; pero mucho más inverosímil resulta, que vayan a participar en un combate armado, con una pistola INSERVIBLE” [57] .
El “Informe Suárez”, un documento confeccionado por una comisión militar de alto nivel creada transitoriamente en octubre de 2008 para llevar a cabo una investigación interna de denuncias de falsos positivos, describe cinco casos de presuntas muertes en combate causadas por el Batallón Bomboná (Décima Cuarta Brigada) en 2007, en los cuales los soldados indicaron haber usado una cantidad “exagerada” de municiones. En un caso, las tropas informaron haber utilizado 16 granadas y 200 cartuchos de municiones de calibre 5,56 mm, pero indicaron que solamente hallaron un revólver en poder del supuesto combatiente enemigo muerto en acción [58] .

En numerosos casos, que se informara que habían sido las víctimas quienes iniciaron el ataque contra soldados fuertemente armados debería haber bastado para que resultara particularmente inverosímil que sólo llevaran armas cortas u otras armas básicas, en vez de fusiles u otras armas de combate. Por ejemplo, un fiscal señaló que en 17 incidentes de falsos positivos, por los cuales estaban siendo imputados dos ex oficiales del Batallón Pedro Nel Ospina, se informó que la totalidad de las 24 víctimas afectadas habían atacado a los soldados. Sin embargo, salvo un caso, las únicas armas halladas en las víctimas fueron revólveres, pistolas, escopetas, o changones [59] .

Ubicación y función de la unidad militar

En el caso de algunas unidades tácticas, debido a la ubicación donde operaban y su función establecida dentro del Ejército, resulta inverosímil que generaran números elevados de muertes en combate. Por ejemplo:

Un ex oficial del Batallón Pedro Nel Ospina señaló que era “extraño” que el batallón presentara la mayor cantidad de muertos en combate del país, a pesar de que se suponía que debían trabajar específicamente en “control de área” y proyectos de ingeniería, en vez de ser un batallón de choque [60] . Según se publicó en el sitio web de investigación La Silla Vacía, el batallón informó 86 muertes en combate en 2006, a pesar de estar “especializado en la construcción de obras como puentes y alumbrados para los civiles, no en operaciones de combate” [61] .
González del Río dijo que uno de los motivos por los cuales era “fácilmente palpable para un comandante saber” sobre los falsos positivos era que, aunque sus tropas operaban en una zona del departamento de Caldas donde no había presencia de grupos armados, igualmente tenía que informar muertes en combate[62] .
El “Informe Suárez” indicó que el número de muertes en combate atribuidas al Batallón Cacique Pipatón (Décima Cuarta Brigada) aumentó repentinamente entre 2006 y 2008, a pesar de que la unidad no operaba en una zona de conflicto y “este batallón e[ra] exclusivamente urbano y la responsabilidad del área urbana es de la policía nacional”[63].

Cientos de delincuentes comunes informados como muertos en operaciones militares

Dentro de la fuerza pública colombiana, es la Policía, antes que las Fuerzas Militares, el cuerpo que desarrolla actividades básicas de seguridad pública, incluida la captura de delincuentes comunes. Los agentes del Estado únicamente pueden aplicar la fuerza letal contra civiles, incluidos delincuentes comunes, en una serie de circunstancias muy acotadas, como por ejemplo cuando esto es absolutamente necesario para proteger una vida. No obstante, en numerosos casos de falsos positivos, las tropas informaban que las víctimas habían sido delincuentes comunes, como extorsionistas, muertos en combate. Las estadísticas oficiales muestran que, entre 2004 y 2007, la cantidad informada de delincuentes comunes muertos en operaciones militares a manos del Ejército aumentó un 1.200 por ciento, y ascendió a 325 muertes. Llamativamente, en 2007 el Ejército informó casi 100 casos más de muertes en combate de delincuentes comunes que de miembros del Ejército de Liberación Nacional (ELN), la segunda guerrilla más numerosa de Colombia.

Muertes en combate informadas por el Ejército [64]

Año	‘04	‘05	‘06	‘07	‘08	‘09	‘10	‘11	‘12	‘13	‘14
Delincuencia	27	44	207	325	112	7	3	5	4	6	0
FARC	303	1252	1647	1752	975	473	437	307	344	258	153
ELN	106	329	298	239	173	34	30	22	33	50	26
BACRIM	155	283	195	629	378	34	30	24	27	13	12
Otros grupos armados / Narcotráfico	9	44	52	38	7	5	0	0	2	1	0

Un caso representativo

El testimonio de un soldado en particular constituye un ejemplo impactante de diversas circunstancias implausibles que coincidieron en un único incidente [65] .

El soldado dijo que su compañía, que estaba adscrita a un batallón de contraguerrillas que operaba como parte de una brigada móvil, secuestró a cinco civiles de un pueblo en el departamento de Guaviare donde estaba instalada, y los retuvo en una finca durante aproximadamente dos semanas. El día de la ejecución, un teniente que estaba al mando de la compañía hizo que cuatro de las víctimas se sentaran en torno a una mesa en la finca. Todas habían sido vestidas con prendas de tipo militar. Luego el teniente ordenó a los soldados que les dispararan, según contó el soldado, quien afirmó que se encontraba aproximadamente a 50 metros de distancia. El teniente regresó a la cocina, vio los “rostros destrozados” y dijo “uy jueputa la cagamos”. El testimonio del soldado indica que creía que el teniente estaba preocupado debido a que todas las víctimas habían recibido los disparos en el rostro, lo cual parecía incongruente con el tipo de combate que tenían previsto informar.

Luego las tropas ejecutaron a la quinta víctima e informaron al “puesto de mando” que se habían enfrentado en combate con 20 guerrilleros, y habían matado a cinco, según dijo el soldado. El soldado señaló que las tropas colocaban armas “muy dañadas” a las víctimas, lo cual resultaba poco realista para él, dado que el frente de las FARC con presencia en la región contaba con armas de gran calidad.

El soldado dijo que, posteriormente esa tarde, los jefes del batallón, la brigada y la Fuerza de Tarea Conjunta OMEGA [66] llegaron en helicópteros militares que habían sido movilizados para llevarse los cuerpos, y recompensaron inmediatamente a los soldados: “Nos llevaron pollo, cigarrillos, nos felicitaron. Se fueron y la buena noticia era que nos íbamos de permiso 45 días”.

Según el soldado, la guerrilla tenía una presencia mínima en la zona donde operaba la compañía. Indicó que, al día siguiente a que llegara el teniente para asumir el comando de la compañía, a fines de 2004, este reunió a sus tropas y les dijo que la compañía “estaba muy caída ante los ojos de la Brigada por falta de resultados”. En el término de tres meses, la compañía informó 10 muertos en combate, a pesar de que, en realidad, sólo mantuvo un único combate con la guerrilla durante todo el tiempo en que el teniente estuvo al mando, y en el cual no hubo muertes. Esto indica que hubo circunstancias adicionales que podrían haber levantado la sospecha de los comandantes: en una zona donde la presencia de la guerrilla era mínima, llegó a una compañía un nuevo comandante con el mensaje de que la brigada estaba disconforme con la falta de “resultados” de la unidad, y entonces rápidamente la unidad incrementó la cantidad de muertes en combate informadas.

Ejecuciones habituales a lo largo de un período de siete años

A lo largo de siete años, fueron habituales los falsos positivos en Colombia. No hubo solamente un comandante que tuvo oportunidad de detectar las circunstancias inverosímiles descriptas precedentemente en las cuales se informaron las muertes en combate. Hubo cientos de comandantes de unidades tácticas y brigadas que, en general, tuvieron múltiples oportunidades de detectar falsos positivos mientras estuvieron al mando de unidades militares, a menudo por períodos superiores a un año a la vez. Algunos comandantes que ocuparon varias posiciones de mando entre 2002 y 2008 tuvieron la posibilidad de detectar una cantidad incluso mayor de falsos positivos. Este es el caso del General (r) Montoya, quien comenzó como comandante de la Cuarta Brigada en 2001 y 2003, estuvo al frente de la Primera División y del Comando Conjunto del Caribe entre 2004 y comienzos del 2006, y llegó a ser comandante del Ejército Nacional entre febrero de 2006 y noviembre de 2008. (Para ampliar la información sobre Montoya, ver la sección, “Testimonios contra militares en posiciones superiores al nivel de brigada”).

Parece improbable que soldados rasos puedan haber engañado en forma reiterada a tantos comandantes, y en tantos casos, durante un período tan prolongado.

Denuncias públicas creíbles sobre falsos positivos

Hubo denuncias públicas creíbles de falsos positivos varios años antes de que se desatara el escándalo de Soacha a fines de 2008. Conforme fue señalado por la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) al analizar la eventual “responsabilidad de esferas superiores” dentro de las Fuerzas Militares, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos se refirió a presuntos falsos positivos en cada uno de sus informes anuales sobre Colombia entre 2004 y 2007 [67] . El informe de 2005 de la Alta Comisionada, por ejemplo, denunció un incremento en los señalamientos de ejecuciones extrajudiciales por soldados del Ejército, y señaló al respecto que “[l]a mayoría de estas ejecuciones ha sido presentada por las autoridades como muertes de guerrilleros en combate, con alteraciones de la escena del crimen...” [68] . El informe indicó que la negación de los delitos por algunas autoridades y la falta de sanciones a los autores “plantean la eventual responsabilidad de los superiores jerárquicos” [69] .

Christian Salazar Volkmann, representante de la Alta Comisionada en Colombia entre 2009 y 2011, indicó que cuando el escándalo sobre falsos positivos en Soacha cobró público conocimiento, “el tipo de delitos del Ejército... no era desconocido, ni para los jefes militares, ni para el ministro de defensa, ni para el presidente del país, Álvaro Uribe Vélez” [70] . Según Salazar, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) había alertado varias veces al gobierno y a las autoridades militares sobre las ejecuciones al menos desde 2003, e incluso había manifestado al presidente Uribe estas preocupaciones en 2003 y 2004, pero “[s]i bien había señales de alerta, el presidente aparentemente prefirió creer en las negativas militares e ignoró la información que se le proporcionó” [71] . Conforme señaló Salazar, “no se adoptó ninguna medida” [72] .

Un ejemplo de que altos oficiales del Ejército aparentemente conocían las denuncias creíbles de falsos positivos se evidencia en un artículo del 6 de mayo de 2006 que contiene una entrevista a un vocero de la Séptima División del Ejército, que supervisa varias brigadas en el norte de Colombia, incluida la Cuarta Brigada [73] . El artículo, publicado en el periódico El Tiempo, señala que autoridades del departamento de Antioquia y también la ONU habían denunciado 24 posibles ejecuciones ilegales de personas que habían sido presentadas por militares como muertas en combate en distintas zonas de Antioquia, en algunos casos luego de que su desaparición hubiera sido informada por familiares. Autoridades de la ONU y de Antioquia plantearon este tema durante una reunión con Francisco Santos, entonces vicepresidente de Colombia. El artículo recoge las expresiones de un vocero no identificado de la Séptima División, quien afirma que “ellos” (refiriéndose presuntamente a las autoridades militares de la Séptima División) “conocen sobre las denuncias del año pasado”. En las citas, el vocero resta gravedad a las denuncias: “Si hay [algún caso] aislado la investigación lo determinará. Los familiares tienen derecho a decir lo que quieran y se imaginen” (énfasis agregado). También expresó: “De los casos que conozco puedo estar tranquilo” [74] .

Un mes después, El Tiempo publicó un artículo de Sergio Jaramillo, quien se desempeñó como asesor de la ministra de defensa en 2002 y 2003, en el cual advertía que la “insaciable presión por bajas” ejercida por altos mandos del Ejército podía estar provocando ejecuciones ilegales. Jaramillo observó que “resultan verosímiles las afirmaciones de que no todas las bajas de la IV Brigada han sido hombres con fusil” [75] .

II. Perfiles de brigadas y comandantes específicos implicados en falsos positivos

En este capítulo se analizan 11 brigadas—adscritas a seis de las siete divisiones que entonces integraban el Ejército Nacional—en las cuales los numerosos casos de presuntos falsos positivos apuntan a la posible responsabilidad de comandantes de brigadas y unidades tácticas. Las cantidades de presuntas ejecuciones extrajudiciales que atribuimos a brigadas y unidades tácticas específicas se basan en el análisis que efectuamos de datos de la Fiscalía General de la Nación. Mencionamos concretamente a algunos de los oficiales que estaban al mando de las brigadas al momento de las presuntas ejecuciones. Con respecto a varios de estos oficiales—así como algunos ex comandantes de unidades tácticas—también exponemos señalamientos creíbles sobre su participación en casos de falsos positivos o su conocimiento de estos, basados en declaraciones de testigos y expedientes penales.

Las brigadas descritas en este capítulo son la Cuarta, Séptima, Octava, Novena, Décima, Décima Primera, Décima Cuarta, Décima Sexta y la Vigésima Octava, así como las brigadas móviles 12 y 15.

Esta descripción no tiene por objeto ofrecer una lista exhaustiva de brigadas o casos: hay otras brigadas con cantidades importantes de presuntos casos de falsos positivos, y es probable que muchas de las brigadas presentadas aquí hayan cometido falsos positivos no incluidos en nuestros recuentos. Las cifras a continuación incluyen únicamente presuntas ejecuciones extrajudiciales respecto de las cuales fiscales de la Unidad de Derechos Humanos han identificado y registrado internamente a la unidad militar responsable. Los fiscales señalan que son muchos los casos en los cuales aún no lo han hecho y que otros cientos de casos de falsos positivos están a cargo de fiscales locales o la Justicia Penal Militar, y no de la Unidad de Derechos Humanos[76] .

En conjunto, los perfiles de las diferentes brigadas refuerzan las evidencias de la naturaleza sistemática y generalizada de falsos positivos en Colombia durante el período comprendido entre 2002 y 2008. Esto plantea serios interrogantes sobre si comandantes en posiciones superiores al nivel de brigada—desde comandantes de divisiones hasta el comandante del Ejército Nacional—al menos sabían o deberían haber sabido de los crímenes, o podrían incluso haberlos ordenado o facilitado activamente su comisión. El capítulo concluye con testimonios que señalan la posible responsabilidad de algunos comandantes superiores al nivel de brigada.

Cuarta Brigada

La Cuarta Brigada, adscrita a la Séptima División, opera en gran parte de Antioquia, y en partes de Caldas y Chocó [77] . La Unidad de Derechos Humanos investiga en la actualidad 412 ejecuciones extrajudiciales presuntamente cometidas entre 2002 y 2008 por al menos 11 de las unidades tácticas de la brigada [78] .

Presuntas ejecuciones extrajudiciales atribuidas a la Cuarta Brigada que son investigadas por la Unidad de Derechos Humanos

Unidad	‘02	‘03	‘04	‘05	‘06	‘07	‘08	Total
Batallón Pedro Nel Ospina	0	1	6	7	25	8	0	47
Batallón Pedro Justo Berrío	0	3	6	15	14	5	0	43
Batallón Juan de Corral	0	0	8	9	0	7	0	24
Afeur N.º 5	0	0	8	6	4	3	0	21
Batallón Bajes	4	10	31	21	10	19	0	95
Gaula Antioquia	3	2	0	2	4	7	4	22
Gaula Rural Oriente Antioqueño	0	0	2	5	6	6	0	19
Batallón Atanasio Girardot	3	5	4	9	23	22	5	71
Una combinación de unidades tácticas de la Cuarta Brigada	0	0	3	1	6	0	0	10
Otras unidades tácticas/unidades tácticas no identificadas de la Cuarta Brigada	9	4	6	6	13	14	5	57
Una combinación de unidades tácticas de la Cuarta Brigada y otras brigadas (contabilizadas una única vez aquí)	0	0	0	3	0	0	0	3
Total de la Cuarta Brigada	19	25	74	84	105	91	14	412

Comandantes de la brigada: General (r) Mario Montoya (del 28 de diciembre de 2001 al 15 de diciembre de 2003; 44 presuntas ejecuciones); General (r) Óscar González Peña (del 16 de diciembre de 2003 al 16 de julio de 2005; 113 presuntas ejecuciones); General (r) Luis Roberto Pico [79] (del 16 de julio de 2005 al 16 de octubre de 2006; 124 presuntas ejecuciones); General Jorge Ernesto Rodríguez Clavijo [80] (del 17 de octubre de 2006 hasta, por lo menos, el 8 de mayo de 2007; 79 presuntas ejecuciones); General Juan Carlos Piza Gaviria (al menos parte de octubre y noviembre de 2007); General Juan Pablo Rodríguez Barragán (del 13 de noviembre de 2007 al 28 de noviembre de 2009; 28 presuntas ejecuciones) [81] .

La Fiscalía investiga en la actualidad al menos 113 presuntas ejecuciones extrajudiciales perpetradas por tropas de la Cuarta Brigada mientras el General (r) González Peña estuvo al mando de esta, entre 2003 y 2005. Asimismo, dos ex miembros de la Cuarta Brigada acusados de falsos positivos ocurridos en el período indicaron a la Fiscalía que el entonces comandante de la brigada, González Peña, visitaba a los soldados que habían sido detenidos y les daba instrucciones sobre lo que debían decir a las autoridades judiciales [82] . Según un documento de la Fiscalía, varios soldados indicaron que González Peña “tuvo conocimiento de lo realmente acontecido, es decir, que no existió ningún combate con grupo subversivo y sin embargo los presionó para que continuaran asegurando a la Fiscalía que tal enfrentamiento sucedió” [83] . (Para ampliar la información sobre González Peña, ver la sección “Testimonios contra militares en posiciones superiores al nivel de brigadas”).

La Fiscalía investiga en la actualidad al menos 28 presuntas ejecuciones extrajudiciales cometidas por la Cuarta Brigada mientras el General Rodríguez Barragán estuvo al mando. (Rodríguez Barragán es ahora comandante general de las Fuerzas Militares). Asimismo, el Teniente Coronel (r) González del Río ha dado declaraciones a la Fiscalía que sugieren que Rodríguez Barragán podría haber sabido de, autorizado y ayudado a encubrir falsos positivos cuando estuvo al mando de la brigada [84] . González del Río estuvo al mando del Gaula Antioquia entre diciembre de 2007 y agosto de 2008. Informó que, durante ese tiempo, en reiteradas ocasiones sus soldados habían engañado a presuntos delincuentes comunes para que se trasladaran a sitios remotos con la falsa promesa de que participarían allí en algún tipo de actividad ilícita, como extorsión. Cuando llegaban, eran asesinados por disparos de soldados que los estaban esperando. Según González del Río, si la víctima no traía consigo algún arma, los soldados le colocaban alguna. Contó que él planificaba estas operaciones con la intención de matar —y no de capturar— a las víctimas.

González del Río informó que, para cada operación, obtenía la aprobación previa de Rodríguez Barragán. Declaró que Rodríguez Barragán no le pedía detalles de la operación planificada, y que no sabía cómo se engañaría y trasladaría a la víctima hasta el área del falso combate, ni que podrían colocarle armas. En vez, dijo que la participación de Rodríguez Barragán en la planificación consistía en indicarle que diera de baja, en lugar de arrestar, a individuos que, según se le había explicado, participaban en delitos comunes, como extorsión. Según González del Río, Rodríguez Barragán le advertía: “A mí no me vaya a salir con cuentos de que no pudieron [darlos de baja]. Hay que dar bajas”.

Ante la pregunta de si el General Rodríguez Barragán estaba informado de que sus soldados fueran a cometer un “falso positivo” cuando autorizaba las operaciones, González del Río respondió a la Fiscalía: “Yo le explicaba… mire, mi General, vienen 3, 4 sujetos con armas cortas, al parecer van a llegar a este punto a hacer una extorsión... Él, lo único que le decía a uno era… ‘no [inaudible] porque los capturaron o que no fueron capaz o que se les volaron. Lo que necesitamos son bajas, y hay que hacer bajas’”. González del Río dijo que interpretó esto como una orden.

González del Río indicó que la presión de Rodríguez Barragán para que hubiera muertes en combate motivaba las ejecuciones: “¿Y por qué se montaron esas operaciones? Producto de que…él todos los días venía pidiendo bajas… Para él [las capturas] no eran resultados; para él los resultados eran bajas”.

González del Río también señaló que Rodríguez Barragán contrató a un investigador policial para que “hiciera la acomodación en la escena” del supuesto combate antes de que llegaran los investigadores de la Fiscalía para reunir pruebas. Esto sugiere que Rodríguez Barragán podría haber intentado encubrir las ejecuciones. Asimismo, como manifestó González del Río, también indica que podría haber tenido conocimiento de las irregularidades asociadas con las muertes: “Si las bajas son tan claras y son tan transparentes, ¿por qué el comandante de la brigada tiene que contratar un funcionario de policía judicial para que fuera a verificar la escena?”.

Al momento de la redacción de este documento, las autoridades judiciales se encuentran verificando el testimonio de González del Río, incluida su aseveración de que las víctimas eran delincuentes comunes que pensaron que iban a cometer un delito. Incluso si las víctimas creían equivocadamente que iban a cometer un delito, su ejecución premeditada por soldados en las circunstancias señaladas por González del Río equivaldría de todos modos a una ejecución extrajudicial, dado que se trataba de civiles y no de combatientes que participaban en un conflicto armado. (Los subordinados de González del Río en el Gaula Antioquia han confirmado que la unidad ejecutaba a víctimas tan pronto llegaban al lugar donde las estaban esperando soldados, sin que hubiera ocurrido ningún enfrentamiento con armas [85] ). En función del testimonio de González del Río, la Fiscalía inició una investigación preliminar contra Rodríguez Barragán por falsos positivos [86] .

Batallón Pedro Nel Ospina

La Fiscalía está investigando al menos 47 ejecuciones extrajudiciales presuntamente cometidas por el Batallón Pedro Nel Ospina entre 2003 y 2007. Existen pruebas de que el batallón cometió muchos más falsos positivos, además de estos 47 casos, y que lo hizo de manera sistemática, con la participación de comandantes de la unidad.

Un fiscal que presentó cargos contra dos ex oficiales del batallón señaló que uno de los acusados (un teniente retirado) había calculado que, mientras fue oficial de inteligencia del batallón en 2006 y 2007, soldados de ese batallón habían perpetrado 72 falsos positivos “con el conocimiento de los comandantes de dicho batallón”. Sobre los 24 falsos positivos por los cuales se presentaron cargos contra los dos acusados, el fiscal señaló: “[hemos visto] en el relato de todos y cada uno de estos hechos cómo estas dos personas en compañía de los miembros del Batallón Pedro Nel Ospina, desde sus máximos comandantes hasta los comandantes del pelotón, se reunían… [y] acordaban el que se entregaran éstas víctimas para darles muerte y para que fueran presentadas como resultados operacionales” [87] .

Un ejemplo de esto es el asesinato de Julio César Castañeda Velásquez ocurrido en Bello, Antioquia, el 3 de marzo de 2006. Uno de los acusados, con rango de sargento, involucró directamente en el caso al Coronel (r) Édgar Emilio Ávila Doria, quien fue comandante del batallón entre fines de 2005 y junio de 2007 [88] . Indicó que Ávila había inducido a un soldado a que reclutara a la víctima ofreciéndole para ello días de descanso, había coordinado la ejecución y había autorizado la compra del arma que los soldados colocaron junto al cuerpo de la víctima [89] . La Fiscalía investiga decenas de presuntos falsos positivos que habrían sido cometidos por soldados del Batallón Pedro Nel Ospina mientras Ávila estuvo al frente de la unidad. (Consultar mayor información sobre Ávila, incluida la orden de captura emitida recientemente en su contra, en la sección “La Justicia Penal Militar”).

Batallón Jorge Eduardo Sánchez (Bajes)

La Unidad de Derechos Humanos investiga actualmente 95 presuntas ejecuciones extrajudiciales cometidas por el Batallón Bajes entre 2002 y 2007. Funcionarios judiciales que investigan estos casos señalaron que la unidad cometió ejecuciones de falsos positivos en forma sistemática [90] . Un fiscal dijo que en lugar de reclutar víctimas en zonas urbanas, el batallón directamente ejecutaba a campesinos de zonas rurales donde tenían presencia, e informaba que se trataba de guerrilleros muertos en combate.

Un ex oficial y un ex soldado del Batallón Bajes indicaron a la Fiscalía que los soldados recibían presiones para que hubiera más bajas [91] . El soldado contó que su compañía detuvo y ejecutó a dos hombres un día de 2004, y que les “dieron permiso de cinco días por cada muerto, porque el coronel Barreara (sic) daba cinco días de permiso por cada muerto[,] eso ya todos los sabíamos” [92] . El Coronel (r) Juan Carlos Barrera Jurado estuvo al mando del Batallón Bajes al menos durante parte de 2004, año en el cual el batallón presuntamente cometió 31 ejecuciones extrajudiciales, y luego fue comandante de la Décima Cuarta Brigada entre noviembre de 2007 y octubre de 2008, un período durante el cual la unidad habría cometido, al menos, 12 ejecuciones extrajudiciales[93] . (Para ampliar la información sobre Barrera, ver la sección Décima Cuarta Brigada, más adelante).

Batallón Pedro Justo Berrío

La Unidad de Derechos Humanos investiga en la actualidad 43 ejecuciones extrajudiciales presuntamente cometidas por el Batallón Pedro Justo Berrío entre 2003 y 2007. Un oficial del Ejército, que anteriormente estuvo adscrito al batallón, ha acusado al entonces comandante de la unidad de haber ordenado tres falsos positivos perpetrados en un único incidente, en mayo de 2005. El oficial dijo a la Fiscalía que cuando informó al comandante del batallón que había capturado a tres presuntos milicianos de la guerrilla en una zona rural, el comandante le dijo que tenía que “bajarlos”. Según el oficial, esto significaba que debía matar a esas tres personas, y los soldados cumplieron la instrucción. Contó que los cuerpos de las víctimas fueron llevados a Medellín “porque estaban los medios, para mostrar que la Cuarta Brigada había dado baja en diferentes sitios de Antioquia”. El oficial dijo además que los soldados luego recibieron 35 días de permiso [94] . Según señaló un fiscal, las tres víctimas eran campesinos [95] .

Agrupación de Fuerzas Especiales Antiterroristas Urbanas (Afeur) N.º 5

La Unidad de Derechos Humanos investiga en la actualidad 21 ejecuciones extrajudiciales presuntamente cometidas por la Afeur N.º 5 entre 2004 y 2007. Un suboficial retirado informó a la Fiscalía sobre siete falsos positivos en los cuales participó o de los cuales tuvo conocimiento mientras formó parte de la Afeur N.º 5. En un caso de mediados de 2005, indicó que uno de sus comandantes que ordenó la ejecución había recibido presiones del General (r) González Peña, entonces comandante de la Cuarta Brigada, para que mostrara “resultados”. El suboficial dijo al respecto: “El comandante de la brigada general González Peña le había dicho que lo iba a relevar por que (sic) no había hecho ningún resultado… [El comandante] me llamó y me dijo… que le tenía que dar un resultado esa misma noche…. Esa noche buscaron un muchacho que supuestamente era un delincuente y resultó siendo un vendedor de aguacate... lo subieron por un camino y le dispararon” [96] .

El suboficial retirado dijo que paramilitares en Medellín entregaban mensualmente víctimas a la Afeur N.º 5[97] . También informó a las autoridades que los soldados recibían permisos por las ejecuciones, y que los falsos positivos de la unidad eran “como una política, porque de ahí se derivaban los beneficios para mí, para el comandante y para los soldados” [98] .

Décima Cuarta Brigada

Con sede en Puerto Berrío, Antioquia, y adscrita a la Séptima División, la Décima Cuarta Brigada tiene jurisdicción en el nordeste antioqueño y la región del Magdalena Medio de Antioquia, Boyacá y Santander [99] . Los fiscales de la Unidad de Derechos Humanos investigan en la actualidad 51 ejecuciones extrajudiciales presuntamente cometidas entre 2006 y 2008 por al menos cuatro unidades tácticas adscritas a la Décima Cuarta Brigada.

Presuntas ejecuciones extrajudiciales atribuidas a la Décima Cuarta Brigada que son investigadas por la Unidad de Derechos Humanos

Unidad	‘06	‘07	‘08	Total
Batallón Calibío	0	2	6	8
Batallón Bomboná	2	23	0	25
Batallón Mario Serpa Cuesto	4	6	3	13
Otras unidades tácticas/unidades tácticas no identificadas de la Décima Cuarta Brigada	0	4	1	5
Total de la Décima Cuarta Brigada	6	35	10	51

Comandantes de la brigada: General Jorge A. Segura Manonegra (de febrero de 2006 al 31 de octubre de 2007; 39 presuntas ejecuciones); Coronel (r) Juan Carlos Barrera Jurado (del 31 de octubre de 2007 al 30 de octubre de 2008; 12 presuntas ejecuciones).

De los 27 oficiales y soldados que el gobierno pasó a retiro en octubre de 2008, tras la investigación militar interna de denuncias de falsos positivos, 11 pertenecían a la Décima Cuarta Brigada, incluido quien era su comandante en ese momento, el Coronel (r) Juan Carlos Barrera Jurado [100] . Edgar Iván Flórez Maestre, un ex teniente del Batallón Calibío adscrito a la Décima Cuarta Brigada, alegó que Barrera presionaba a las tropas para elevar el número de bajas: “Cuando tomó el mando de la brigada el Coronel Juan Carlos Barrera, en un programa radial le dijo a los comandantes de batallón que el batallón que en noventa (90) días no tuviera bajas o combates hacía echar del Ejército al comandante... en ese momento la presión se empezó a poner cada vez más dura, hasta un nivel que nos contaban los días que llevábamos sin combatir” [101] . Flórez dijo que Barrera organizó un concurso entre los pelotones sobre el número de muertes en combate informadas anualmente.

Batallón Calibío

La Unidad de Derechos Humanos investiga actualmente ocho presuntas ejecuciones extrajudiciales cometidas por el Batallón Calibío en 2007 y en la primera mitad de 2008. Algunos soldados han señalado que ex comandantes del batallón, como mínimo, tuvieron conocimiento de falsos positivos.

El “informe Suárez” de las Fuerzas Militares describe en detalle seis casos de muertes en combate reportadas por el Batallón Calibío entre agosto de 2007 y julio de 2008 en las cuales familiares y/o miembros de la comunidad, entre otros, afirmaron que la víctima había sido ejecutada. Uno de esos incidentes es el asesinato del campesino y líder comunitario Aicardo Ortiz, de 58 años, ocurrida en una vereda de Yondó, Antioquia, el 8 de julio de 2008. El batallón informó que Ortiz era un presunto miembro de las FARC a quien habían disparado y matado después de que este abriera fuego primero contra ellos, mientras realizaban un operativo. Indicaron haberle encontrado un revólver, una granada y una radio, entre otros elementos de guerra [102] .

En contraposición con esto, los vecinos sostuvieron que, temprano por la mañana, un grupo de soldados golpearon la puerta de Ortiz, ingresaron por la fuerza en su vivienda, le dispararon, sacaron su cuerpo afuera y le colocaron armas, según consta en el informe Suárez [103] . Edgar Iván Flórez Maestre, el ex teniente del Batallón Calibío citado anteriormente, también dijo que los soldados orquestaron la ejecución para que pareciera una muerte en combate. Informó a la Procuraduría que él había estado cuando mataron a Ortiz y que se había comunicado con el comandante del batallón, el “Coronel Ramírez”, quien le dijo que un sargento traería un “paquete”. Flórez contó que el sargento llegó más tarde con una bolsa que contenía uniformes, elementos de las FARC y una radio, y que los soldados los pusieron en el lugar del hecho [104] . (El Teniente Coronel Ramírez Cedeño fue comandante del Batallón Calibío durante al menos parte de 2008, y es uno de los 27 militares que el gobierno pasó a retiro en octubre de ese año. Fue arrestado en 2009 en relación con dos ejecuciones extrajudiciales que supuestamente habrían cometido soldados del batallón en enero de 2008 [105]).

Ortiz resultó ser el padre de un soldado que había pertenecido hasta poco tiempo antes al Batallón Calibío. Al enterarse de que su padre había sido asesinado, el hijo, Jhon Fredy Ortiz, decidió revelar a las autoridades otros homicidios que la unidad había cometido. Entre otras cosas, informó a la Procuraduría que el 7 de agosto de 2005, había participado en una operación con el Batallón Calibío en la cual un grupo de soldados se llevaron por la fuerza de su vivienda a un civil de nombre Wilsifredo, lo ejecutaron, le colocaron un arma, la accionaron con su mano sin vida e informaron que se trataba de una muerte en combate [106] . Jhon Fredy Ortiz contó que el entonces comandante del batallón luego le dio instrucciones sobre lo que debía decir a la Justicia Penal Militar acerca de la muerte [107] .

Jhon Fredy Ortiz informó además a las autoridades sobre un incidente posterior, en el cual un oficial del Batallón Calibío, a quien se refiere como “Coronel Ramírez”, le propuso que reclutara víctimas para un falso positivo [108] . Flórez, el teniente cuyo testimonio también se mencionó precedentemente, dijo asimismo a las autoridades que el Batallón Calibío reclutaba a víctimas. Indicó que había un soldado que iba a Medellín con 300.000 pesos colombianos (USD 150), buscaba allí a “vendedores ambulantes o por ahí personas que no tuvieran familias”, les compraba ropa y les ofrecía trabajo en una finca en Puerto Berrío. Las tropas interceptaban a las víctimas en el camino a Puerto Berrío, y el oficial de inteligencia y el comandante de la compañía hablaban con el comandante del batallón “para que diera el aval de la operación”,dijo Flórez [109] .

Décima Primera Brigada

La Décima Primera Brigada, adscrita a la Séptima División, opera en Córdoba y en partes de Antioquia y Sucre[110] . La Unidad de Derechos Humanos investiga en la actualidad 214 ejecuciones extrajudiciales presuntamente cometidas entre 2004 y 2008 por varias unidades adscritas a esta brigada.

Presuntas ejecuciones extrajudiciales atribuidas a la Décima Primera Brigada que son investigadas por la Unidad de Derechos Humanos

Unidad	‘04	‘05	‘06	‘07	‘08	Total
Fuerza de Tarea Conjunta de Sucre	0	0	7	31	2	40
Batallón Junín	0	5	8	13	0	26
Batallón Rifles	1	6	14	5	5	31
BCG N.º 10	3	0	9	9	0	21
Gaula Córdoba	0	0	2	50	2	54
Batallón Juan José Reyes Patria	2	2	9	3	0	16
Una combinación de unidades tácticas de la Décima Primera Brigada	2	0	4	14	2	22
Otras unidades/unidades no identificadas de la Décima Primera Brigada	1	1	0	0	2	4
Total de la Décima Primera Brigada	9	14	53	125	13	214

Comandantes de la brigada: General (r) Luis Roberto Pico (al menos parte de 2004); General Javier Fernández Leal [111] (al menos parte de 2005 y 2006); Coronel William Hernán Peña Forero (al menos parte de 2006 y 2007); General Jorge Arturo Salgado Restrepo (al menos parte de 2007 y 2008).

Un alto oficial del Ejército que comandó tropas adscritas a la Décima Primera Brigada informó a la Fiscalía que todas las unidades de la brigada participaban en falsos positivos. Se refirió a estos casos como una modalidad de actuación dentro de la brigada en 2007 y 2008, y acusó a los comandantes de la brigada de haber tenido conocimiento de las ejecuciones en ese momento [112] .

El ex comandante contó que, en tres ocasiones, el comandante de su brigada le pidió que generara una muerte en combate en el término de un día, para que pudiera alcanzar la cuota mensual. También se refirió a un incidente en el cual manifestó su preocupación al comandante de su brigada por las ejecuciones, y el comandante le contestó que no debía preocuparse porque iría a la cárcel con él. Según el ex comandante, un nuevo comandante de brigada le pidió más adelante que continuara asegurando tres muertes en combate por mes, y en distintas reuniones también pedía a comandantes de otras unidades que produjeran muertes en combate [113] .

Un fiscal que investiga falsos positivos por parte de tres unidades adscritas a la Décima Primera Brigada dijo que todas tenían un modus operandi similar y que apuntaban a un perfil de víctimas parecido: personas de bajos recursos, miembros de comunidades indígenas, trabajadores informales, recolectores de hojas de coca, personas con adicción a las drogas y ladrones. El fiscal informó que los soldados normalmente engañaban a las víctimas para que acudieran a otro municipio con la promesa de darles trabajo o dinero, y luego las ejecutaban e informaban que eran muertes en combate [114] .

BCG N.º 10

La Unidad de Derechos Humanos investiga en la actualidad 21 ejecuciones extrajudiciales presuntamente cometidas por el BCG N.º 10 entre 2004 y 2007. Nixón de Jesús Cárcamo, un soldado que perteneció a la unidad, informó a la Fiscalía que participó en un caso de junio de 2007, en el cual varios soldados se llevaron por la fuerza de su vivienda a un hombre, lo obligaron a ponerse botas y una camisa de tipo militar, lo ejecutaron y luego hicieron otros disparos para “armar el montaje que se estaba haciendo de combate”. Cárcamo dijo que, más tarde ese día, el comandante de la unidad “nos dio la mano, nos felicitó… y nos mandó cinco días de permiso para la casa” [115] .

Fuerza de Tarea Conjunta de Sucre (FTCS)

La Unidad de Derechos Humanos investiga en la actualidad 40 ejecuciones extrajudiciales presuntamente cometidas por la FTCS entre 2006 y 2008. El Coronel (r) Luis Fernando Borja, quien estuvo al mando de la FTCS en 2007 y 2008, habría admitido su responsabilidad por 57 falsos positivos [116] . Una sentencia judicial dictada en 2011, que lo condenó en relación con un falso positivo ocurrido el 3 de noviembre de 2007 en San Benito Abad, Sucre, describe la naturaleza sistemática de los crímenes perpetrados por la FTCS en los siguientes términos:

Se creó o estructuró toda una industria criminal, en la que obtenían la materia prima de humildes pobladores desempleados y sin un porvenir definido, con la proclama de producir en forma urgente los mal llamados “falsos positivos” para incrementar falsamente las estadísticas operacionales de las fuerzas militares.... En dicha empresa criminal cada miembro tenía un determinado rol... unos debían encargarse de seleccionar las potenciales y seguras victimas... otros de transportarlas y entregarlas al personal militar, unos de amortizar o retribuir económicamente y otros los encargados de ejecutarla [la misión]… La labor que cumplió [el Coronel Borja] fue la de actuar como uno de los organizadores y promotores de la industria criminal [117] .

Gaula Córdoba

La Unidad de Derechos Humanos investiga en la actualidad 54 ejecuciones extrajudiciales presuntamente cometidas por el Gaula Córdoba entre 2006 y 2008. El Capitán (r) Antonio Rozo Valbuena formó parte del Gaula Córdoba en 2006 y 2007, y ha admitido a la Fiscalía que la unidad cometió numerosos falsos positivos durante ese período [118] . Habría aseverado que oficiales del Ejército medían el éxito en términos de muertes en combate, y que los superiores daban órdenes de “no me reporte nada sino bajas”. Informó a la Fiscalía que, en marzo de 2006, el comandante del Gaula Córdoba ordenó las ejecuciones de cinco personas para destacarse en ocasión de la visita del entonces Presidente Álvaro Uribe a la región, según el periódico El Espectador, que tuvo acceso a su testimonio [119] . Según El Espectador, Rozo dijo que varios “altos oficiales” —cuyos nombres el periódico no publicó— “entregaban armas, coordinaban la logística, repartían dinero y en coordinación con otros agentes del Estado simulaban combates, acomodaban las escenas de los crímenes, plantaban armas a las víctimas y cobraban los méritos y las recompensas” [120] .

Décima Sexta Brigada

La Décima Sexta Brigada, adscrita a la Cuarta División en la época en que tuvieron lugar la mayoría de las ejecuciones, tiene jurisdicción sobre el departamento de Casanare y en partes de Boyacá [121] . La Unidad de Derechos Humanos investiga actualmente 113 ejecuciones extrajudiciales presuntamente cometidas entre 2004 y 2008 por varias unidades tácticas de la brigada.

Presuntas ejecuciones extrajudiciales atribuidas a la Décima Sexta Brigada que son investigadas por la Unidad de Derechos Humanos

Unidades	‘04	‘05	‘06	‘07	‘08	Total
Gaula Casanare	2	0	2	16	0	20
Batallón Birno	1	0	5	21	0	27
BCG N.º 65	0	1	7	9	0	17
Grupo de Caballería Mecanizado 16	11	0	1	3	0	15
Una combinación de unidades tácticas de la Décima Sexta Brigada	0	6	2	2	0	10
Otras unidades/unidades no identificadas de la Décima Sexta Brigada	2	1	8	12	1	24
Total de la Décima Sexta Brigada	16	8	25	63	1	113

Comandantes de la brigada: General Henry William Torres Escalante (al menos, de enero de 2006 al 8 de junio de 2007; 66 presuntas ejecuciones); Coronel Cipriano Peña Chivatá (al menos parte de 2007).

Varios fiscales que llevan casos de falsos positivos en Casanare informaron que, en función de sus investigaciones, resulta evidente que la Décima Sexta Brigada cometía estos crímenes de manera sistemática[122] .

La Unidad de Derechos Humanos investiga en la actualidad al menos 66 presuntas ejecuciones extrajudiciales cometidas por tropas de la Décima Sexta Brigada durante la época en que el General Henry William Torres Escalante estuvo al mando. Asimismo, el Teniente (r) Marco Fabián García, ex comandante de un grupo Delta adscrito a la Décima Sexta Brigada, ha declarado que Torres Escalante ordenó, planificó y encubrió falsos positivos mientras estuvo al mando de la brigada. Un ejemplo es la ejecución, el 16 de marzo de 2007, de un padre y su hijo de 16 años que, según indica la sentencia judicial que condenó a García, eran campesinos y no estaban armados [123] . García dijo que, al planificar la operación, Torres Escalante aseveró que los dos hombres pertenecían a la guerrilla y dio “la orden directa” de matarlos [124] . García contó que él y sus soldados posteriormente acudieron a la vivienda del padre, lo ejecutaron junto a su hijo, les colocaron armas, comunicaron a Torres Escalante que las tropas habían “cumplido con la misión”, y García le informó que había colocado armas a las víctimas debido a que no estaban armadas. García dijo que Torres Escalante lo felicitó por la “buena labor” [125] .

García también implicó a Torres Escalante en la ejecución del líder comunitario Alcides Castillo, que tuvo lugar el 2 de mayo de 2007. Dijo que poco antes de la ejecución, informó a Torres Escalante que sus soldados habían encontrado elementos y documentos del ELN [126] . Torres Escalante supuestamente le ordenó que conservara el material para “poder utilizarlo” y le dijo que debía “dar resultados”. García afirmó que recibió la orden de matar a Castillo esa misma noche. Poco después, sus soldados detuvieron a Castillo, lo ejecutaron y le colocaron armas y los documentos del ELN. García dijo que informó sobre la muerte de Castillo a Torres Escalante, y que este lo felicitó [127] . “Yo era el héroe por ese resultado”, expresó García.

García también informó a las autoridades judiciales que Torres Escalante tenía conocimiento de otros falsos positivos que él había cometido [128] . En función del testimonio de García y de otras evidencias, la Fiscalía y al menos un juez han solicitado que fiscales con competencia respecto de generales investiguen el presunto rol de Torres Escalante en los falsos positivos [129] . Actualmente, está siendo investigado en relación con presuntos falsos positivos [130] .

Gaula Casanare

La Unidad de Derechos Humanos investiga en la actualidad 20 ejecuciones extrajudiciales presuntamente cometidas por el Gaula Casanare entre 2004 y 2007. En una acusación formal contra un reclutador civil que colaboró con las ejecuciones de dos hombres perpetradas en octubre de 2006 por el Gaula Casanare, un fiscal sostuvo que el incidente fue “un caso más de eventos criminales en los que se vieron incursos varios de los integrantes del Gaula Casanare, en cuyo interior se constituyó una empresa criminal dedicados a cegar la vida de personas…para demostrar resultados ‘positivos’ a sus superiores y la sociedad y de esta manera lograr prebendas como felicitaciones y permisos entre otros” [131] .

El Mayor Gustavo Enrique Soto Bracamonte, quien fue comandante del Gaula Casanare al menos en 2007, ha sido condenado por falsos positivos [132] . Un reclutador civil que la unidad utilizó en los casos contó a la Fiscalía que Soto Bracamonte seleccionaba a las víctimas y organizaba las ejecuciones [133] .

Batallón Birno

La Unidad de Derechos Humanos investiga en la actualidad 27 ejecuciones extrajudiciales presuntamente cometidas por el Batallón Birno entre 2004 y 2007. Por ejemplo, la Fiscalía ha acusado formalmente al Teniente Coronel (r) Henry Hernán Acosta Pardo, entonces comandante del Batallón Birno, en relación con el asesinato, perpetrado el 27 de julio de 2007, de tres jóvenes trabajadores de una fábrica de ladrillos, que fueron secuestrados por miembros de la unidad, trasladados a una zona remota, ejecutados e informados como delincuentes muertos en combate. Según la Fiscalía, las víctimas fueron ejecutadas “cumpliendo las precisas instrucciones” de Acosta Pardo, y no eran delincuentes, sino “honorables trabajadores honestos, y de sanas costumbres” [134] .

Séptima Brigada

La Séptima Brigada, adscrita a la Cuarta División, tiene sede en Villavicencio, departamento de Meta [135] . La Unidad de Derechos Humanos investiga en la actualidad 66 ejecuciones ilegales presuntamente cometidas entre 2002 y 2008 por varias de sus unidades tácticas.

Presuntas ejecuciones extrajudiciales atribuidas a la Séptima Brigada que son investigadas por la Unidad de Derechos Humanos

Unidad	‘02	‘03	‘04	‘05	‘06	‘07	‘08	Total
Batallón Pantano de Vargas	2	20	5	2	5	7	0	41
Gaula Meta	0	0	0	0	3	14	0	17
Otras unidades tácticas/unidades tácticas no identificadas de la Séptima Brigada	0	0	1	0	2	3	2	8
Total de la Séptima Brigada	2	20	6	2	10	24	2	66

Comandantes de la brigada: General (r) Luis Antonio Coronado León (al menos parte de 2004 y 2005); General Francisco Ardila Uribe (al menos parte de 2005, 2006, y 2007).

Batallón Pantano de Vargas

La Unidad de Derechos Humanos investiga en la actualidad 41 ejecuciones extrajudiciales presuntamente cometidas por el Batallón Pantano de Vargas entre 2002 y 2007. El batallón ejecutó falsos positivos de manera sistemática, aplicando un modus operandi común que consistía en utilizar paramilitares para que les entregaran las víctimas, según indica la Fiscalía [136] . Por ejemplo, un documento de la Fiscalía señala que la “sistematicidad” de la connivencia del batallón con paramilitares resulta evidente en 15 casos de ejecuciones extrajudiciales, que involucran a 23 víctimas, y que un fiscal está llevando adelante contra miembros de la unidad. Todos los casos compartían “similares circunstancias de tiempo, modo y lugar”, e involucraban tanto a militares como paramilitares, y que “cada uno de ellos fueron encargados de realizar su tarea, los unos de entregar las [víctimas] en total estado de indefensión y los otros presentándolas como muertos en combate”[137] .

Al menos un paramilitar y un soldado han informado a la Fiscalía que el Teniente Coronel (r) Héctor Alejandro Cabuya de León, comandante del Batallón Pantano de Vargas en 2002 y 2003, planificó y ordenó falsos positivos [138] . En 2011, la Fiscalía emitió una orden de captura contra Cabuya de León por supuestos vínculos con paramilitares [139] .

Brigada Móvil N.º 12

Creada en 2005, la Brigada Móvil N.º 12 operaba en los departamentos de Meta y Guaviare [140] . La Unidad de Derechos Humanos investiga actualmente 27 ejecuciones extrajudiciales presuntamente cometidas entre 2005 y 2007 por varias unidades tácticas de la brigada.

Presuntas ejecuciones extrajudiciales atribuidas a la Brigada Móvil N.º 12 que son investigadas por la Unidad de Derechos Humanos

Unidad	‘05	‘06	‘07	Total
BCG N.º 86	0	0	6	6
BCG N.º 85	0	2	5	7
BCG N.º 84	1	1	2	4
BCG N.º 83	0	3	2	5
Otras unidades tácticas/unidades tácticas no identificadas en la Brigada Móvil N.º 12	2	0	3	5
Total de la Brigada Móvil N.º 12	3	6	18	27

Comandantes de la brigada: Coronel (r) Carlos Hugo Ramírez Zuluaga (al menos parte de 2005 y 2006); Coronel Cipriano Peña Chivatá (al menos parte de 2007).

BCG N.º 83

La Unidad de Derechos Humanos investiga actualmente cinco ejecuciones extrajudiciales presuntamente cometidas por soldados del BCG N.º 83 en 2006 y 2007. El Teniente Coronel Miguel Antonio Beltrán Chacón está siendo procesado por haber presuntamente ordenado la ejecución de tres hombres en Vista Hermosa, Meta, mientras se desempeñó como comandante del batallón. El incidente comenzó el 26 de octubre de 2006, cuando las tropas informaron a Beltrán Chacón que habían encontrado armas en un automóvil, según indicó la Fiscalía. Un guía civil que acompañaba a las tropas informó a la Fiscalía que escuchó cuando Beltrán Chacón le decía a un teniente por radio que capturara “tres personas para legalizarlas como guerrilleros” con las armas[141] . Al día siguiente, los soldados se llevaron por la fuerza a tres civiles que no estaban armados mientras transitaban a pie por un camino, los ejecutaron, los vistieron con indumentaria de tipo militar, les colocaron armas y les quitaron sus documentos de identidad [142] .

Beltrán Chacón emitió de inmediato un “informe de patrullaje” oficial, donde indicaba que con “valor, coraje y decisión” sus soldados habían matado a tres “terroristas” en combate [143] . A la semana siguiente, la Brigada Móvil N.º 12 emitió su boletín semanal, en el cual “felicit[ó] de manera especial” a Beltrán Chacón y otros soldados por los “resultados operacionales”, al haber matado a los tres hombres [144] .

Vigésima Octava Brigada

La Vigésima Octava Brigada, que estaba adscrita a la Cuarta División al momento de las ejecuciones, opera en Vichada y en partes de Guainía y Meta [145] . La Unidad de Derechos Humanos investiga actualmente 45 ejecuciones ilegales presuntamente cometidas entre 2006 y 2007 por el Batallón Efraín Rojas Acevedo (Batallón Rojas) que operaba bajo el mando de la brigada.

Presuntas ejecuciones extrajudiciales atribuidas a la Vigésima Octava Brigada que son investigadas por la Unidad de Derechos Humanos

Unidad	‘06	‘07	‘08	Total
Batallón Rojas	21	20	2	43
Otras unidades/unidades no identificadas de la Vigésima Octava Brigada	0	0	2	2
Total de la Vigésima Octava Brigada	21	20	4	45

Comandantes del brigada: Human Rights Watch no pudo identificar información sobre los ex comandantes de la Vigésima Octava Brigada.

Batallón Rojas

El Coronel Óscar Orlando Gómez Cifuentes, comandante del Batallón Rojas en 2006 y 2007, está siendo juzgado en relación con falsos positivos. Un soldado que operaba una radio para el Batallón Rojas ha declarado con respecto a por lo menos 10 falsos positivos que fueron presuntamente ordenados y/u organizados por Gómez Cifuentes en 2006 y 2007, a veces con la colaboración de paramilitares. Por ejemplo, el soldado declaró que un día de diciembre de 2006, escuchó que su teniente y Gómez Cifuentes hablaban por radio satelital acerca de que un cabo estaba llevando dos “regalos” en un camión, y que Gómez Cifuentes ordenó al teniente que los informara como muertos en combate. Aproximadamente una hora después, los dos hombres, que no estaban armados, fueron ejecutados por soldados, quienes les pusieron armas y los informaron como muertos en combate [146] .

Octava Brigada

La Octava Brigada, que estaba adscrita a la Tercera División en el momento en que se produjeron la mayoría de las presuntas ejecuciones, tiene jurisdicción en zonas de Quindío, Risaralda, Caldas y Valle del Cauca [147] . La Unidad de Derechos Humanos investiga actualmente 56 ejecuciones extrajudiciales presuntamente cometidas entre 2003 y 2008 por varias de sus unidades tácticas.

Presuntas ejecuciones extrajudiciales atribuidas a la Octava Brigada que son investigadas por la Unidad de Derechos Humanos

Unidad	‘03	‘04	‘05	‘06	‘07	‘08	Total
BCG N.º 57	0	0	0	0	2	8	10
Batallón Ayacucho	1	0	1	3	2	3	10
Batallón Cisneros	0	0	0	0	7	0	7
Una combinación de unidades de la Octava Brigada y otras brigadas (contabilizadas sólo una vez)	0	0	0	0	4	0	4
Otras unidades tácticas/unidades tácticas no identificadas de la Octava Brigada	0	3	2	6	6	8	25
Total de la Octava Brigada	1	3	3	9	21	19	56

Comandantes de la brigada: General Jairo Herazo Marzola (al menos parte de 2006 y 2007); General Emiro José Barrios (al menos parte de 2007, 2008 y 2009).

BCG N.º 57

La Unidad de Derechos Humanos investiga actualmente 10 ejecuciones extrajudiciales presuntamente cometidas por el BCG N.º 57 en 2007 y 2008. El Teniente Coronel (r) González del Río estuvo al mando del BCG N.º 57 en 2006 y 2007 [148] . Indicó a la Fiscalía que, cuando estuvo al mando de la unidad, sus soldados persuadían a delincuentes comunes para que se trasladaran a sitios remotos, ofreciéndoles participar en hechos ilícitos, como extorsión [149] . Los soldados esperaban a las víctimas en el lugar y les disparaban al llegar, para luego informar que se trataba de muertes en combate [150] .

El BCG N.º 57 continuó cometiendo falsos positivos en 2008, luego de que González del Río se fuera de la unidad para quedar al mando del Gaula Antioquia. Por ejemplo, un teniente, un cabo y tres soldados fueron condenados en un caso de febrero de 2008, en el cual un reclutador engañó a tres hombres de una ciudad próxima a Manizales, supuestamente con un falso ofrecimiento de participar en un robo. Mientras los hombres, que no estaban armados, se dirigían a Manizales en un automóvil, fueron interceptados por soldados, que ejecutaron a dos de ellos y los informaron como muertos en combate. El tercer hombre logró escapar [151] . (Ver información relativa a la autorización, emitida por comandantes de la brigada y el batallón, para que se efectuara un pago a un supuesto informante en el caso, en la sección “Autorización de pagos y premios”).

Una de las víctimas resultó ser el primo de un soldado que había estado en el BCG N.º 57 desde 2004, pero que no participó en la operación. Tras el homicidio de su primo, el soldado dijo a la Fiscalía que la mayoría de las muertes en combate informadas por el batallón eran ilegales. Contó que, por lo general, la unidad utilizaba a un reclutador, y que después de matar a los “reclutados” a “mansalva”, los soldados colocaban armas en las manos de las víctimas y las gatillaban para aparentar que se había producido un combate. Según señaló el soldado, el problema de los falsos positivos en la unidad comenzó con la llegada de González del Río como comandante. Dijo que González del Río preguntaba a las tropas si preferían pasar tiempo en las montañas o “relajados en la casa”, presuntamente refiriéndose a los días de vacaciones que se otorgaban como recompensa por muertes en combate [152] .

Novena Brigada

La Novena Brigada, adscrita a la Quinta División, opera en el departamento de Huila [153] . La Unidad de Derechos Humanos investiga actualmente 119 ejecuciones extrajudiciales presuntamente cometidas entre 2004 y 2008 por varias unidades bajo el mando de la Novena Brigada.

Presuntas ejecuciones extrajudiciales atribuidas a la Novena Brigada que son investigadas por la Unidad de Derechos Humanos

Unidad	‘04	‘05	‘06	‘07	‘08	Total
Batallón Pigoanza	0	4	11	17	13	45
Batallón Magdalena	0	3	7	19	18	47
Otras unidades tácticas/unidades tácticas no identificadas en la Novena Brigada	5	0	3	5	14	27
Total de la Novena Brigada	5	7	21	41	45	119

Comandantes del brigada: General Jaime Alfonso Lasprilla Villamizar (al menos del 10 de julio de 2006 al 23 de julio de 2007; 48 presuntas ejecuciones); General William Fernando Pérez Laiseca (al menos parte de 2007).

Batallón Pigoanza

La Unidad de Derechos Humanos investiga en la actualidad 45 ejecuciones ilegales presuntamente cometidas por el Batallón Pigonaza entre 2005 y 2008. Entre ellas se incluye la ejecución, el 15 de diciembre de 2006, de Otoniel Oviedo en Gigante, Huila, en relación con la cual la Fiscalía ha ordenado la captura de un teniente y cuatro soldados [154] . Los soldados habían informado que Oviedo era un miembro de las FARC muerto en combate; sin embargo, la investigación del fiscal determinó que la víctima era en realidad un campesino y líder comunitario [155] .

Batallón Magdalena

La Unidad de Derechos Humanos investiga en la actualidad 47 ejecuciones ilegales presuntamente cometidas por el Batallón Magdalena entre 2005 y 2008. Esto incluye la ejecución de Albeiro Hernández Cerón en Isnos, Huila, el 15 de agosto de 2007. Otro hombre fue engañado y detenido junto con Hernández en el mismo incidente, pero logró sobrevivir[156]. El hombre contó que a él y a Hernández les habían ofrecido un trabajo temporal en una finca, pero que cuando estaban siendo llevados al lugar, los soldados detuvieron el automóvil y los ataron. Tras recibir un disparo en la clavícula, echó a correr y pudo escapar. Dijo que también recibió disparos en los testículos mientras huía[157].

Décima Brigada

La Décima Brigada, adscrita a la Primera División, tiene jurisdicción en los departamentos de Cesar y Guajira[158] . Fiscales de la Unidad de Derechos Humanos investigan en la actualidad 146 ejecuciones extrajudiciales presuntamente cometidas por soldados de la brigada entre el momento en que esta se creó, en agosto de 2004, y 2008 [159] . Se cree que al menos ocho unidades tácticas serían responsables, incluidos el Batallón Popa y el Batallón Juan José Rondón, que también operaban antes de la creación de la brigada.

Presuntas ejecuciones extrajudiciales atribuidas a la Décima Brigada que son investigadas por la Unidad de Derechos Humanos

Bridgada	n/a	n/a	n/a	100	100	100	100	100	100
Unidad	‘02	‘03	1/04 -13/8/04	14/8/04-31/12/04	‘05	‘06	‘07	‘08	Total
Batallón Popa	27	20	5	6	15	11	16	7	107
Batallón Juan José Rondón	0	7	9	5	5	25	8	1	60
Una combinación de unidades tácticas de la Décima Brigada	0	0	0	0	2	5	3	0	10
Otras unidades tácticas/unidades tácticas no identificadas de la Décima Brigada	4	0	2	1	0	22	10	0	39
Una combinación de unidades tácticas de la Décima Brigada y otras brigadas (contabilizadas una única vez aquí)	0	0	0	0	0	4	0	0	4
Total Décima Brigada[160]	n/a	n/a	n/a	12	22	67	37	8	146

Comandantes de la brigada: General Hernán Giraldo Restrepo (al menos parte de 2004 y 2005); General (r) Fabricio Cabrera Ortiz (al menos parte de 2006).

Batallón Popa

La Unidad de Derechos Humanos investiga en la actualidad 107 ejecuciones extrajudiciales presuntamente cometidas por el Batallón Popa entre 2002 y 2008, incluidos 55 casos desde la creación de la Décima Brigada en agosto de 2004. Por ejemplo, soldados del Batallón Popa mataron a Frank Enrique Martínez y a Claudino Manuel Olmedo Arlante el 14 de mayo de 2005 en el municipio de La Paz, departamento Cesar, e informaron que se trataba de miembros de las FARC muertos en combate. Martínez, un joven de 17 años con discapacidad mental, había desaparecido varios días antes [161] . Según la Fiscalía, ambas víctimas vivían en la ciudad de Valledupar, no pertenecían a las FARC y no murieron en situación de combate [162] . Un tribunal administrativo dispuso que el Batallón Popa debía ofrecer disculpas públicamente por la muerte de Martínez; sin embargo, según se informa, su madre se rehusó a aceptar las disculpas y dijo al respecto: “Nada me va a devolver a mi muchacho” [163] .

Brigada Móvil N.º 15

La Brigada Móvil N.º 15 operó en el departamento de Norte de Santander dentro de la Segunda División entre 2006 y principios de 2009, cuando fue cerrada tras el escándalo de los falsos positivos de Soacha. La Unidad de Derechos Humanos investiga en la actualidad 38 ejecuciones extrajudiciales presuntamente cometidas entre 2006 y 2008 por varias de las unidades de la brigada.

Presuntas ejecuciones extrajudiciales atribuidas a la Brigada Móvil N.º 15 que son investigadas por la Unidad de Derechos Humanos

Unidad	‘06	‘07	‘08	Total
BCG N.º 98	0	8	5	13
BCG N.º 96	1	6	0	7
BCG N.º 95	5	6	0	11
Una combinación de unidades de la Brigada Móvil N.º 15	0	3	0	3
Unidades no identificadas/otras unidades de la Brigada Móvil N.º 15	0	0	4	4
Total de la Brigada Móvil N.º 15	6	23	9	38

Comandante de la brigada: Coronel (r) Santiago Herrera Fajardo (al menos durante parte de 2006 y 2007).

La Brigada Móvil N.º 15 fue responsable de los falsos positivos de jóvenes y adolescentes que, con falsas ofertas de trabajo, fueron llevados engañados de sus casas en Soacha y luego ejecutados en Ocaña, Norte de Santander. Tras la repercusión mediática de estas muertes, el gobierno pasó a retiro al Coronel Rubén Darío Castro y al Coronel Santiago Herrera Fajardo, entonces comandante y ex comandante de la Brigada Móvil N.º 15, respectivamente, así como al Teniente Coronel Gabriel de Jesús Rincón Amado, jefe de operaciones de la brigada[164].

Herrera está siendo procesado—y Rincón Amado ya ha sido condenado—por el asesinato, en abril de 2007, de un conductor de mototaxi que fue ejecutado por soldados, los cuales informaron que se trataba de una muerte en combate. En la condena a Rincón Amado se cita el testimonio de un soldado y un paramilitar que acusan tanto a él como a Herrera de haber organizado los falsos positivos atribuidos a la brigada [165] .

Testimonios contra militares en posiciones superiores al nivel de brigada

Human Rights Watch examinó transcripciones o grabaciones de testimonios prestados a la Fiscalía, en los cuales se acusa de manera directa a varios militares que eran entonces comandantes de división, al entonces jefe del Comando Conjunto del Caribe, General (r) González Peña, y al entonces comandante del Ejército Nacional, el General (r) Mario Montoya, de haber tenido conocimiento de falsos positivos, o de haberlos planificado o intentado facilitar su comisión, mientras ocuparon estos cargos. Por ejemplo:

González del Río indicó a la Fiscalía que, entre junio de 2006 y mediados de 2007, estuvo al mando del BCG N.º 57 y que reportaba directamente al General (r) Hernando Pérez Molina, entonces comandante de la Tercera División [166] . Indicó que recibía presiones constantes de Pérez Molina para que informara muertes en combate, y que este participaba en la planificación de operaciones en las cuales tropas del BCG N.º 57 engañaban a presuntos delincuentes comunes para que acudieran a sitios con falsos pretextos, y cuando llegaban allí los asesinaban. Se refirió a un caso de febrero de 2007, en el cual un supuesto extorsionista “mediante engaño” fue llevado a Romelia, Cauca, “con el objetivo de nosotros realizar la neutralización”. Dijo que sus tropas habían planeado matar al hombre desde un primer momento y que “a nivel de comandante de división… estaban enterados de que se realizaría esa baja porque ellos sabían que necesitaban ese resultado por la presión que ejercía en esa época Montoya, comandante del Ejército” [167] . El testimonio de González permitió a la Fiscalía iniciar una investigación preliminar contra Pérez Molina[168] . (La Unidad de Derechos Humanos investiga actualmente ejecuciones extrajudiciales presuntamente cometidas por más de una decena de unidades tácticas adscritas a distintas brigadas que operaban dentro de la Tercera División durante la época en que Pérez Molina estuvo al mando [169] ).
Un alto oficial del Ejército que comandó tropas adscritas a la Décima Primera Brigada, bajo la Séptima División, indicó a la Fiscalía que el comandante de la división sabía que sus tropas y otras estaban cometiendo falsos positivos. Como indicio de que el comandante de la división estaba al tanto de lo que ocurría, dijo que en una ocasión, después de informar que sus tropas habían matado a dos delincuentes comunes, el comandante de la división le ordenó que modificara el informe para que dijera que las víctimas eran guerrilleros, a pesar de que le explicó al comandante que no se trataba de insurgentes [170] .
El Comando Conjunto del Caribe comenzó a operar en 2005 y tenía jurisdicción en toda la costa norte de Colombia y en los departamentos de Antioquia y Chocó, incluso sobre la Segunda, Cuarta, Décima, Décima Primera y Décima Séptima Brigadas, así como elementos de la Fuerza Aérea y la Armada [171] . El General (r) González Peña estuvo al frente del Comando Conjunto del Caribe entre principios de 2006 y noviembre de 2008, cuando fue designado comandante del Ejército Nacional [172] . Tropas de brigadas bajo la jurisdicción del Comando Conjunto del Caribe están siendo investigadas por cientos de ejecuciones extrajudiciales en ese período. El Teniente Coronel (r) González del Río dio una declaración ante la Fiscalía que indica que cuando comandó el Gaula Antioquia (Cuarta Brigada), González Peña, entonces comandante del Comando Conjunto del Caribe, le habría sugerido que trabajara con organizaciones criminales para cometer falsos positivos [173] . (Para ampliar la información sobre González Peña, ver la sección “Cuarta Brigada” [174] ).
Un oficial de alto rango en el Ejército que ha admitido responsabilidad por falsos positivos señaló a la Fiscalía que el General (r) Mario Montoya sabía de las ejecuciones mientras fue comandante del Ejército Nacional. (Montoya estuvo al mando del Ejército entre febrero de 2006 y noviembre de 2008). Dijo que las ejecuciones se debían a la “política” de Montoya de exigir muertes en combate en lugar de capturas [175] . En este mismo sentido, González del Río dijo a la Fiscalía que mientras fue comandante del Ejército Nacional, Montoya presionaba a comandantes subordinados para que elevaran el número de bajas y los castigaba si no lo hacían, y que era el principal “motivador” de los falsos positivos [176] .

No se trata de las primeras acusaciones de esta índole contra Montoya, quien está siendo investigado por la Fiscalía en relación con su posible responsabilidad por falsos positivos mientras fue comandante del Ejército Nacional[177]. En 2009, el inspector general del Ejército, que entonces estaba investigando casos de falsos positivos, informó a la Embajada de Estados Unidos en Bogotá que la presión constante ejercida por Montoya para que hubiera muertes en combate era uno de los factores principales detrás de las ejecuciones, según se indica en un cable de la embajada divulgado por Wikileaks. En el cable también se señalaba que, según el inspector general, Montoya había “iniciado la práctica” de los falsos positivos mientras comandó la Cuarta Brigada en 2002 y 2003, y era uno de los oficiales del Ejército que estuvo “involucrado” en casos de falsos positivos o que los “aprobó tácitamente”[178]. La Unidad de Derechos Humanos investiga actualmente 806, 1.161 y 559 presuntas ejecuciones extrajudiciales cometidas por agentes del Estado en 2006, 2007 y 2008, respectivamente, los tres años en que estuvo al mando de Ejército. Estos representan, por lejos, los tres totales anuales más elevados que haya habido en cualquier año desde 1985, el primer año sobre el cual hay datos disponibles[179]. (Se puede ampliar la información sobre Montoya en las secciones “Motivos comunes: Presiones para incrementar el número de bajas y premios” y “Ejecuciones habituales a lo largo de un período de siete años”)[180].

III. Obstáculos a la rendición de cuentas

Los fiscales que intervienen en casos de falsos positivos enfrentan graves obstáculos:

Cuando los fiscales solicitan archivos a batallones y brigadas del Ejército, es común que el personal militar no los proporcione oportunamente.
Los soldados que declaran contra sus superiores a menudo sufren represalias, como estigmatización por parte de altos mandos del Ejército, así como amenazas de muerte y agresiones.
Los soldados que se abstienen de denunciar lo sucedido—si se considera como antecedente a la experiencia del Teniente Coronel (r) González del Río en los meses siguientes a su detención—tienen motivos para creer que podrían obtener privilegios y apoyo de oficiales del Ejército.
Numerosos casos de falsos positivos todavía están en el ámbito de la Justicia Penal Militar, a pesar de que el derecho colombiano y el derecho internacional disponen que los casos de violaciones de derechos humanos deberían estar a cargo de autoridades de la justicia penal ordinaria.
Con frecuencia, los abogados defensores recurren a tácticas dilatorias para extender los procedimientos en el tiempo.
Asimismo, hay problemas dentro del ámbito de la Fiscalía, incluido un volumen de expedientes que algunos fiscales han calificado como abrumador, y la ausencia del tipo de investigaciones contextualizadas y sistemáticas que permitirían identificar a responsables de alto rango.

Estos obstáculos se analizan en secciones separadas más adelante.

Falta de cooperación de autoridades militares con las investigaciones

Los fiscales a cargo de casos de falsos positivos indican que, con frecuencia, miembros del Ejército interponen obstáculos al acceso a archivos que son cruciales para sus investigaciones, como “órdenes de operaciones” y documentos donde se autorizan pagos a informantes [181] . Afirman que cuando envían a investigadores a brigadas y batallones para obtener posibles evidencias, a veces les anuncian que el oficial a cargo de los archivos no se encuentra presente, a pesar de haber avisado con anticipación sobre la visita, u otras veces los militares presentes obligan a los investigadores a esperar horas antes de permitirles consultar la información. Algunos fiscales también señalan que, en ocasiones, las autoridades militares aseveran de manera irrazonable que la información es reservada, o demoran meses en responder a pedidos de información básicos. “Es una manera de entorpecer” las investigaciones, expresó un fiscal [182] .

En una comunicación oficial enviada en junio de 2014, un fiscal que estaba investigando falsos positivos planteó esta situación al titular de la Jefatura de Derechos Humanos del Ejército. En el reclamo se indica que “en general” los militares:

No permiten el acceso a la documentación requerida y el acceso a los archivos de inteligencia lo restringen, es decir, no se puede realizar la diligencia de inspección judicial, toda vez que aducen reserva de la información. En otros casos, no se encuentra la persona que presuntamente atenderá la diligencia…[o] [l]a información la suministran, pero el servidor de policía judicial debe suscribir un acta de compromiso sobre la Reserva de la Información… [183].

Represalias contra testigos clave

Los miembros del Ejército que declaran contra superiores con frecuencia sufren represalias, que incluyen desde agresiones y amenazas de muerte contra ellos y sus familiares, hasta hostigamiento y estigmatización por parte de altos oficiales del Ejército. Los abusos sirven de advertencia a otros posibles testigos, de que podrían ser castigados si deciden contar lo que saben.

Asesinato de Nixón de Jesús Cárcamo

El 27 de octubre de 2014, Nixón de Jesús Cárcamo fue hallado muerto en un centro de reclusión militar en la Décima Primera Brigada del Ejército en Montería, Córdoba, donde se encontraba detenido por su presunta responsabilidad en casos de falsos positivos. La autopsia determinó que su muerte había sido un “homicidio por asfixia” [184] . Cárcamo había declarado antes a la Fiscalía sobre el presunto rol de oficiales y soldados del Ejército en varios casos de falsos positivos en los cuales él había participado mientras formó parte de la Décima Primera Brigada [185] . Once días antes de su homicidio, advirtió a la Fiscalía que temía por su vida en los siguientes términos: “En el sitio de reclusión hay rumores que peligra mi vida porque estoy colaborando con la justicia... [Y]o siento mucho miedo. Dejo constancia que... el caso de sucederme algo declaro responsables a las personas que estoy señalando en estos casos...” [186] .

Según un fiscal, de los cuatro soldados que reconocieron su responsabilidad en la ejecución de un falso positivo en 2007, Cárcamo era “quien siempre manifestó mayores detalles en cuanto a la conducta de tenientes, capitanes, y comandantes” del batallón [187] .

Varios fiscales se mostraron profundamente consternados por el efecto amedrentador que el asesinato de Cárcamo podría tener para otros soldados que consideraran la posibilidad de declarar contra sus superiores[188] . Algunos miembros del Ejército que cooperan con investigaciones contra altos mandos militares de otras regiones dijeron a Human Rights Watch que la noticia del homicidio los atemorizaba [189] .

Amenazas y hostigamiento a Carlos Eduardo Mora

Mientras estuvo asignado a la Brigada Móvil N.º 15 en 2007, el Sargento Carlos Eduardo Mora presenció la estrecha colaboración entre miembros del Ejército y paramilitares para cometer falsos positivos. Mora se negó a participar en los crímenes e intentó denunciarlos, pero sus superiores lo amenazaron para que guardara silencio. En 2008, Mora comenzó a prestar su testimonio a la Fiscalía en relación con casos de falsos positivos. Las evidencias que aportó ya han permitido a la Fiscalía conseguir que se condenara a un teniente coronel y a varios oficiales y soldados, y es además testigo en otras causas en curso, incluida una contra un ex comandante de la Brigada Móvil N.º 15 [190] .

Mora indica que el 30 de agosto de 2013, presuntamente con la intención de desacreditarlo, funcionarios del Ejército intentaron ingresarlo en una clínica psiquiátrica contra su voluntad. En octubre de 2013, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares a favor de Mora y su familia, y señaló que estaban en peligro y que las amenazas e intimidaciones que había denunciado parecían ser “una retaliación” debido a su rol como testigo [191] .

Tras las medidas cautelares, las autoridades colombianas le asignaron escoltas. No obstante, Mora afirma que fue ulteriormente objeto de hostigamiento e intimidación por parte de generales del Ejército. Asevera que el 14 de marzo de 2014, cuatro días después de que la justicia condenara a un teniente coronel contra quien había prestado su testimonio, un general del Ejército realizó declaraciones frente a él y a un grupo numeroso de soldados, insinuando claramente que Mora era un “traidor” [192] . Según Mora, durante el encuentro semanal en la oficina de contrainteligencia donde trabajaba, el general dijo que “el ejército viene siendo blanco de una campaña de desprestigio mediático” y que las “personas que hablen mal de la institución son unos traidores son unos traidores (sic) son judas y me imagino que nadie quiere ser un judas”. Luego caminó hasta donde estaba Mora, le puso su mano en el hombro, y le dijo “¿No es así mi Cabo Mora?” [193] .

El 19 de marzo de 2014, Human Rights Watch envió una carta al Presidente Santos, en la cual solicitó que el Ejército transfiriera a Mora y a su familia a un sitio fuera de Colombia para garantizar su seguridad [194] . Mora señaló que la comunicación se remitió al comando del Ejército y que, poco después, un general que está al frente de la Jefatura de Derechos Humanos del Ejército lo convocó a una reunión y le dijo que había perdido su “espíritu de soldado” y que debería pensar en los soldados que están detenidos por falsos positivos y en sus familias. Según contó Mora, el general agregó que el Ejército no iba a reconocer los falsos positivos y que tendría que encontrar la forma de “defenderse” de sus declaraciones [195] .

La presión ejercida sobre Mora está teniendo efecto [196] . Afirma que cuando otros militares le confiesan que también tienen información sobre delitos en los cuales han estado implicados miembros del Ejército, él les advierte sobre el altísimo costo que ha tenido para él denunciar lo sucedido. [197]

Violación sexual de la esposa de un testigo clave

Existen evidencias serias de que, en 2013, hombres no identificados violaron sexualmente a Julia (seudónimo), la esposa de un soldado, como represalia debido a que el soldado había declarado contra un coronel del Ejército[198] . El soldado, que también ha recibido amenazas de muerte, es un testigo clave en procesos sobre falsos positivos contra el coronel en cuestión y otros oficiales y soldados [199] . Julia contó que, aproximadamente una semana antes de la violación, se había reunido con el coronel en el centro de reclusión militar donde este se encontraba detenido y se negó a aceptar un ofrecimiento de soborno para que su esposo se retractara de su declaración. Al concluir el encuentro, le dijo “dígale a su marido saludos y que gracias por sapo desleal”. Julia señaló que durante la violación sexual, los agresores se referían a ella como la esposa del “sapo” [200] .

Otras agresiones contra testigos

El 12 de agosto de 2012, en Soacha, al menos un hombre armado no identificado disparó y mató al testigo Jhon Fredy Garces, quien había dado su testimonio a la Fiscalía con respecto al caso de un falso positivo por el cual sería responsable una unidad militar donde se había desempeñado como guía civil [201] . El proceso estaba a punto de ir a juicio, y dos semanas antes del asesinato, Garces había llamado a un fiscal para informarle que algunos militares lo habían visitado [202] . Sobre la base de las evidencias disponibles, Human Rights Watch no pudo determinar el móvil del asesinato, pero debido a las circunstancias del caso es importante que se investigue si la muerte de Garces estuvo vinculada a su rol como testigo [203] .

Apoyo al Teniente Coronel González del Río

Los abusos padecidos por los testigos que se describieron precedentemente contrastan radicalmente con el trato impartido por oficiales del Ejército al Teniente Coronel (r) González del Río en los meses inmediatamente posteriores a su detención en relación con falsos positivos, durante los cuales se abstuvo de declarar sobre la presunta participación de superiores.

En febrero de 2014, la revista Semana publicó decenas de grabaciones ordenadas judicialmente y efectuadas por la Fiscalía, correspondientes a conversaciones mantenidas por González del Río a través de su teléfono celular entre octubre de 2012 (poco después de su detención) y abril de 2013 [204] . Según se informó en Semana, las decenas de grabaciones—al igual que otras a las cuales la revista tuvo acceso pero no publicó— indican que González del Río pasó gran parte del tiempo fuera del centro de reclusión militar, haciendo recados y ocupándose de otros asuntos personales; contó con soldados activos a disposición suya y de su familia a tiempo completo; y hablaba habitualmente con coroneles y generales del Ejército, que parecen haberle dado obsequios y fondos oficiales del Ejército, y haberle permitido el uso de alojamiento y vehículos militares, entre otros favores. Asimismo, en conversaciones con un presunto socio comercial, González del Río también aseveró que estaba recibiendo ayuda de altos oficiales del Ejército para conseguir la adjudicación de lucrativos contratos militares[205] . (González del Río negó inmediatamente numerosos aspectos del informe de Semana, y aseveró que nunca había hablado con los generales que nombraba el informe y que ninguno de los contratos mencionados en las grabaciones de audio se había concretado finalmente [206] ).

Dos días después del informe de Semana, el Ministerio de Defensa anunció que cinco generales saldrían del servicio activo, entre ellos el entonces comandante general de las Fuerzas Militares, el General Leonardo Barrero, quien confirmó la autenticidad de una grabación de una llamada telefónica, en la cual le decía a González del Río que “hagan una mafia” para denunciar a fiscales [207] .

Human Rights Watch ha analizado las grabaciones publicadas por Semana y también ha obtenido y examinado copias de miles de otras grabaciones ordenadas judicialmente, correspondientes a conversaciones mantenidas por González del Río a través de su teléfono celular, las cuales fueron registradas por la Fiscalía entre octubre de 2012 y abril de 2013, y que todavía no se han difundido al público. Las conversaciones contienen otros numerosos ejemplos de apoyo aparentemente prestado a González del Río por coroneles y generales, algunos de los cuales no fueron nombrados en el informe de Semana.

Aunque hubiera explicaciones inocentes con respecto al trato privilegiado recibido por González del Río, sería esperable que los soldados lo interpreten como un mensaje de que quienes guarden silencio serán recompensados.

A continuación se exponen algunos ejemplos de los privilegios y el apoyo que aparentemente recibió González del Río antes de que se difundieran las grabaciones, y él empezara a denunciar el presunto rol que habrían tenido superiores suyos en relación con falsos positivos.

Contratos militares y otros fondos del Ejército

Semana publicó una conversación telefónica en la cual González del Río y un presunto socio comercial llamado “Eduardo” discuten sobre el supuesto apoyo que el General Fabricio Cabrera Ortiz [208] habría ofrecido para conseguir la adjudicación de contratos de la División de Aviación de Asalto Aéreo del Ejército. La grabación indica que esperaban recibir por lo menos una parte de un contrato por valor de 3.000 millones de pesos (USD 1,2 millones), pero que otro general, al cual se refieren como el “General Mejía”, dispuso que el contrato fuera asignado a otro oficial del Ejército, que también estaba detenido en un centro de reclusión militar [209] .

En una grabación del 8 de enero de 2013, González del Río indicó a otro presunto socio comercial que, durante las dos semanas que estuvo fuera del centro de reclusión durante las vacaciones, se había reunido con Cabrera Ortiz para conversar sobre la posibilidad de proveer equipos a la División de Aviación de Asalto Aéreo del Ejército: “Le hablé de algunos materiales que vamos a traer para Asalto Aéreo… le hablé del equipo de nosotros, que ese equipo… da más flotabilidad, más liviano… entonces él me dice que, pues, que lo mostremos en equipo, para él poderlo dar entrada por División de Asalto Aéreo... Me dijo, ‘Güevón, lo que usted necesite, yo le colaboro aquí’” [210] .

El 14 de noviembre de 2012, González del Río recibió una llamada de un hombre que sería un oficial en una escuela de entrenamiento del Ejército en la base Tolemaida. González del Río indicó al hombre que debería haber recibido 2 millones de pesos (USD 1.000) en viáticos, ante lo cual el hombre respondió que le enviaría inmediatamente los fondos [211] .

Automóviles y alojamiento para la defensa de González del Río, y otros obsequios

Según surge de las conversaciones, cuando González del Río, sus abogados e investigadores privados se trasladaron a Manizales para asistir a audiencias judiciales y participar de otras actividades relacionadas con su defensa, el comandante del batallón local del Ejército (con la aparente autorización de su comandante de brigada), aceptó poner a su disposición alojamiento, un vehículo militar y conductores.

Por ejemplo, durante una llamada telefónica mantenida el 15 de enero de 2013 con el Coronel Juan Carlos Galán Galán, entonces comandante del Batallón Ayacucho, González del Río le comentó que dos de sus investigadores pasarían una semana en la zona y le preguntó si podían quedarse en el club de suboficiales del batallón y utilizar un vehículo de la unidad [212] . Galán aceptó y dijo “a la orden por acá”. Una semana más tarde, González del Río se comunicó por teléfono con el coronel Marcos Evangelista Pinto, entonces comandante de la Octava Brigada, a la cual está adscrito el Batallón Ayacucho. González del Río le manifestó al comandante de brigada que tenía una audiencia judicial programada en Manizales y que en ella solicitaría que su caso fuera remitido a la Justicia Penal Militar. Pinto dijo a González del Río que indicaría a Galán que le prestara un automóvil y lo escoltara [213] .

El 19 de noviembre de 2012, González del Río dijo a un hombre a quien se dirigía como “general” que estaba “agradecido mi general por el detalle que llegó a la casa el día de hoy”. El general respondió: “No hermano, le pido excusas. Demorado pero es en nombre de todos los directores que se unieron para tener un detalle chiquitico, hermano”. Luego le dijo a González del Río: “lo más importante es que salga de allá, hermano”, aparentemente en referencia a su detención. Semana identificó al interlocutor como el General Fernando Pineda[214] .

La Justicia Penal Militar

De acuerdo con fiscales que investigan falsos positivos en distintas regiones, muchos de estos casos—si no cientos—continúan en la Justicia Penal Militar, a pesar de los reiterados pronunciamientos de la Corte Constitucional de Colombia y la Corte Interamericana de Derechos Humanos que indican que todas las presuntas violaciones de derechos humanos deberían investigarse y ser impulsadas por las autoridades de la justicia penal ordinaria [215] .

Por ejemplo, un fiscal comentó que se está preparando para solicitar la competencia sobre más de 30 casos que considera que se trata de falsos positivos y que han estado archivados en la Justicia Penal Militar desde 2004. Otra fiscal manifestó que los soldados que han aceptado responsabilidad por falsos positivos le habían informado sobre, por lo menos, otros 15 casos en los cuales habían participado y que se encuentran actualmente en el ámbito de la Justicia Penal Militar. Esta misma fiscal estima que, en general, la mayoría de los casos de falsos positivos están archivados en la Justicia Penal Militar. Un funcionario judicial con amplia experiencia en la investigación de falsos positivos en toda Colombia también cree que pueden ser miles los casos que están en dicho sistema [216] .

Son varios los motivos por los cuales la jurisdicción militar en esos casos representa un obstáculo sustancial para la posibilidad de justicia. Entre ellos se incluyen los antecedentes de impunidad de casos de derechos humanos en la Justicia Penal Militar, que esta no adoptó medidas básicas para investigar falsos positivos cuando la mayoría de los casos se encontraban bajo su jurisdicción, y las grabaciones de conversaciones telefónicas mantenidas por González del Río con un juez militar y un hombre que parece ser un coronel vinculado con una oficina de alto nivel dentro de la Justicia Penal Militar, quienes en ambos casos ofrecen a González del Río su ayuda, lo cual aporta mayores evidencias sobre la falta de independencia y de credibilidad del sistema.

Debido a estos problemas, que se analizan en los apartados a continuación, resultó particularmente alarmante que entre 2011 y 2015 el gobierno colombiano procurara aprobar una serie de leyes para ampliar la jurisdicción de la Justicia Penal Militar, lo cual habría causado que los casos de falsos positivos se transfieran de los fiscales de la justicia ordinaria a los tribunales militares [217] . Cabe reconocer que, en abril de 2015, el gobierno eliminó las disposiciones más problemáticas de su proyecto de reforma constitucional más reciente, las cuales hubieran ampliado la jurisdicción militar y provocado tal remisión de casos [218] .

Ausencia de investigación de falsos positivos

Informados como bajas de combate, en general los casos de falsos positivos fueron investigados en un primer momento por jueces militares. Recién alrededor de 2008, la Justicia Penal Militar comenzó a transferir masivamente los casos a los fiscales de la justicia ordinaria. La actuación que tuvo la Justicia Penal Militar en esos primeros años otorga un importante motivo para asegurarse de que todos los casos sean transferidos a la justicia ordinaria.

Los fiscales que actualmente se ocupan de investigaciones de falsos positivos de distintas regiones manifestaron que, según surge de los expedientes que ahora están a su cargo, hubo jueces militares que omitieron pasos básicos en la investigación de los delitos mientras las causas estuvieron bajo su jurisdicción[219] . Según expresaron, el patrón general es que los jueces militares entrevistaban a soldados que participaron en combates simulados y luego cerraban el caso, a menudo aunque existieran claras irregularidades en las ejecuciones. Entre esas irregularidades puede mencionarse que las armas que supuestamente empuñaban las víctimas no funcionaban, las evidencias forenses que mostraban que las víctimas habían recibido disparos a quemarropa y contradicciones en los testimonios de los soldados. Además, cuando los jueces militares sí tomaban declaración a familiares de las víctimas, en general las desestimaban alegando que no eran creíbles[220] .

Un fiscal a cargo de más de 50 falsos positivos expresó que “a pesar de la prueba técnica de disparo a corta distancia, o que el arma no funciona, [los jueces militares] proceden a archivar [el caso]… Fue sistemático que cerraban casos sin investigar nada” [221] .

Los fiscales han destacado una grave falla en la investigación: que los jueces militares no adoptaban medidas para verificar la identidad de las víctimas, a quienes los soldados a menudo quitaban sus documentos de identidad, para conseguir que sus delitos quedaran impunes. (Resultaba más sencillo hacer pasar por guerrilleros a víctimas que no tenían identificación). Un fiscal señaló que, si bien los jueces militares no identificaron a víctimas durante los varios años en que los casos estuvieron a su cargo (a veces, hasta siete años), la Fiscalía pudo determinar sus identidades al cabo de algunas semanas. En un caso de falsos positivos en el cual soldados ejecutaron a dos hombres en 2004, la Fiscalía observó que el juez militar archivó la investigación en menos de cinco meses, “sin hacerse el más mínimo esfuerzo en averiguar por la identidad de los occisos” [222] .

En algunos casos, la Fiscalía incluso ha solicitado que se inicien investigaciones contra jueces militares por actuación negligente en relación con falsos positivos [223] .

Presunto rol de jueces militares en el encubrimiento de falsos positivos

Existen además evidencias de que algunos jueces militares ayudaron activamente a las tropas a encubrir falsos positivos.

Una fiscal manifestó que tenía conocimiento de dos jueces militares que habrían dado instrucciones a soldados sobre cómo manipular las escenas del crimen en casos de falsos positivos, para que parecieran muertes en combate [224] .

Un suboficial retirado contó a la Fiscalía que cuando su unidad en Antioquia ejecutaba falsos positivos, una jueza militar acudía a la escena del supuesto combate y asesoraba a los soldados sobre qué debían decir a los investigadores de la Fiscalía[225]. También dijo que siempre que debía declarar en la Justicia Penal Militar, la jueza lo orientaba acerca de qué tenía que decir para encubrir los delitos.

Un sargento del Ejército perteneciente al Batallón Pedro Nel Ospina contó a la Fiscalía un incidente de falsos positivos que había presenciado, en el cual una jueza militar se apersonó en la escena del crimen inmediatamente después de que las tropas informaran a su comandante cuatro bajas en combate simuladas. Luego de que llegara la jueza, una de las víctimas heridas, a quien se había dado por muerta, recobró el conocimiento y comenzó a gritar. Según el testigo, los soldados lo ejecutaron y la jueza dijo “Yo no he visto ni he escuchado nada”[226].

Expectativas de impunidad

En octubre de 2013, la prensa colombiana divulgó transcripciones de las conversaciones mantenidas por González del Río a través de un teléfono celular, las cuales demostraban que, después de haber sido detenido en relación con falsos positivos, mantuvo comunicación en forma reiterada con Henry Villarraga, entonces magistrado del Consejo Superior de la Judicatura, que interviene en conflictos de competencia entre la Justicia Penal Militar y la justicia ordinaria [227] . Según surge de las grabaciones, mientras González del Río estuvo detenido, los dos se encontraban personalmente y hablaban por teléfono sobre la posibilidad de remitir el caso a la justicia militar, donde, como se señaló en un informe del Departamento de Estado de 2014, González del Río “consideraba que podía recibir un trato más favorable” [228] .

Nuestra revisión de miles de otras grabaciones de González del Río, que fueron ordenadas judicialmente y que no fueron publicadas, también demuestra que realizó esfuerzos sustanciales para que su caso y el de otros subordinados por falsos positivos se remitieran a tribunales militares, donde creía que su impunidad estaría garantizada [229] .

Una llamada de abril de 2013 con el General Jorge Enrique Navarrete indica que el general también era de la opinión que remitir el caso a la Justicia Penal Militar garantizaría un trato más favorable. Creyendo, aparentemente, que la decisión inminente del Consejo Superior de la Judicatura sobre el conflicto de competencia se resolvería de manera favorable, González del Río llamó a Navarrete y le dijo: “Logramos plantear la colisión de competencias y resolver a favor y devolvieron los procesos a la Justicia Penal Militar”. Navarrete respondió complacido: “¡Qué verraquera hombre! Me alegra hombre… me alegra, hermano, que haya solucionado su problema”. González del Río dijo al General Navarrete que sería puesto en libertad en una semana [230] . (Consultar más información relativa al General Navarrete en la sección “Autorización de pagos y premios”).

Falta de credibilidad e independencia

Las grabaciones de audio de conversaciones de González del Río indican que, luego de su detención, se comunicó con un alto funcionario de la Justicia Penal Militar y con jueces militares, quienes se ofrecieron a ayudarlo en varias procesos en su contra.

Una de las grabaciones sugiere de manera persuasiva que un coronel presuntamente vinculado con la oficina del “Coordinador del Ejército” de la Justicia Penal Militar, que asesora de manera directa al director ejecutivo de este fuero, llamó a González del Río y habló con él sobre esfuerzos conjuntos para que su causa fuera remitida de la justicia ordinaria a la justicia militar [231] . González del Río recibió la llamada el 26 de diciembre de 2012, desde el número (1) 283-2861, según el registro oficial de llamadas correspondiente a las grabaciones. En documentos del Ejército, este número aparece como perteneciente a la línea de la oficina del “coordinador” de la Justicia Penal Militar [232] . Human Rights Watch llamó al número y confirmó que se trata de la línea de la oficina de “Coordinación del Ejército” de la Justicia Penal Militar. (El Coronel (r) Edgar Emilio Ávila Doria, cuya detención se ordenó en 2015 en relación con falsos positivos, se desempeñó como “Coordinador del Ejército” de la Justicia Penal Militar entre 2008 y 2010 [233] . Se puede ampliar la información sobre él en el apartado “Batallón Pedro Nel Ospina”).

En la llamada del 26 de diciembre de 2012, el coronel expresó que tenía la esperanza de que González del Río fuera liberado próximamente y recomendó que se contactara con el magistrado auxiliar de Henry Villarraga, un magistrado del Consejo Superior de la Judicatura, que resuelve conflictos de competencia. A continuación, se presentan algunos extractos de la conversación:

González del Río: ¿A mi Coronel, cómo ha estado?

Coronel: Cómo le ha ido hermano feliz navidad, hermano…

González del Río: ...Oiga mi Coronel, pero muy agradecido por su apoyo.

Coronel: No, no marica, no es nada güevón... Esto no es nada comparado con lo que ustedes necesitan…

González del Río: …Necesito hablar con usted personalmente… Esta semana busco o mi Coronel me dirá cuándo para poder hablar personalmente para poderle decir a los jueces [militares] que me planteen la colisión de competencias…

Coronel: Sí.

González del Río: Listo mi coronel, yo estoy muy agradecido con usted, de verdad…

Coronel: Ojala hijueputa salga rápido usted de ahí marica…

González del Río: No, tengo mucha fe mi coronel con esa colisión de competencias… si la planteamos como es, ya los magistrados me dijeron listo…

Coronel: …Esto de [el magistrado del Consejo Superior de la Judicatura] Villarraga… ¿usted ya tomó contacto con el magistrado auxiliar?

González del Río: No.

Coronel: Que es el que le hace todo el trabajo de él que es un teniente de nosotros…. Mejor dicho cuando hablemos personalmente le cuento todo. Y yo le timbro al teniente y le comunico todo, marica… [234] .

Posteriormente, González del Río mantuvo una serie de llamadas con un único número de celular, en las cuales el interlocutor parece ser el mismo coronel vinculado con la oficina del Coordinador del Ejército. Al igual que en la primera comunicación, González del Río llamaba a este hombre “coronel”, tenía una voz muy parecida y ofreció asesoramiento y ayuda en temas relativos a la Justicia Penal Militar [235] .

González del Río también mantuvo varias conversaciones telefónicas con un juez militar del Juzgado 52 de Instrucción Penal Militar en Palmira, Valle del Cauca. Según el testimonio que González del Río prestó a la Fiscalía, ese tribunal militar está a cargo de varias investigaciones archivadas sobre casos de supuestas bajas en combate del BCG N.º 57, ocurridas en la época en que este era comandado por González del Río[236]. El juez mantuvo un trato informal y cordial con González del Río, y se ofreció a ayudarlo. El 2 de noviembre de 2012, por ejemplo, llamó a González del Río, se identificó como el juez del Juzgado 52, habló sobre un fax que le había enviado a un coronel (aparentemente para ayudar a que concedieran a González del Río un permiso temporal para salir del centro de reclusión) y concluyó la conversación con las siguientes palabras: “Registre mi número… por si alguna vaina, hermano, me timbra. Usted sabe que yo estoy QAP las 24 [horas del día], güevón …Un abrazo, mi hermano. Cuídate”[237].

Tácticas dilatorias de abogados defensores

Casi todos los fiscales a cargo de casos de falsos positivos con quienes hablamos dijeron que las tácticas dilatorias empleadas por abogados defensores representan un gran obstáculo para que haya avances en sus casos. Según señalaron, los abogados defensores cancelan habitualmente audiencias invocando excusas aparentemente falsas (como que su vuelo no llegó a tiempo, que tienen una cita médica o que se enfermaron a último momento) o presentan, a los efectos de demorar los procedimientos, recursos manifiestamente infundados. Un fiscal contó que, en un caso, durante más de un año no pudo celebrar una audiencia preliminar debido a ese tipo de tácticas empleadas por abogados defensores [238] .

En mayo de 2011, la ex Fiscal General Viviane Morales envió una carta al presidente del Consejo Superior de la Judicatura, en la cual solicitaba a ese organismo que adoptara medidas para poner freno al uso de tácticas dilatorias en casos de falsos positivos. La entonces Fiscal General Morales escribió que era “costumbre” que los acusados en casos de falsos positivos “acud[ieran] al cambio reiterado y sistemático de defensores para dilatar el procedimiento” [239] .

Son varias las formas en que las tácticas dilatorias podrían beneficiar a los acusados y frustrar su procesamiento. Cuando las causas se prolongan innecesariamente—y cuando los fiscales se trasladan para asistir a audiencias que se cancelan a último momento—, se desperdicia tiempo que podrían destinar a los muchos otros casos de falsos positivos que tienen a su cargo. Según los fiscales, los abogados defensores también han empleado tácticas dilatorias para contribuir a que los acusados sean puestos en libertad debido al vencimiento de términos de la detención preventiva y con la esperanza de demorar la resolución de los casos en la justicia penal ordinaria, a fin de beneficiarse con la eventual aprobación de proyectos legislativos de ampliación de la jurisdicción de la Justicia Penal Militar.

Deficiencias en el ámbito de la Fiscalía General de la Nación

En 2012, la Fiscalía redujo la cantidad de fiscales de la Unidad de Derechos Humanos asignados a casos de falsos positivos. Los fiscales de esa unidad aseveran que, en la actualidad, la cantidad de expedientes a su cargo es abrumadora. La situación se ve agravada debido a que la unidad en general no ha distribuido los casos entre los fiscales en función de la unidad militar responsable, lo cual impide que los fiscales puedan llevar adelante el tipo de investigaciones sistemáticas y contextualizadas que resultan necesarias para identificar y procesar a responsables en grados más altos de la jerarquía militar.

Otro aspecto preocupante es que la Unidad de Derechos Humanos y el grupo de fiscales que investigan a generales en relación con falsos positivos no parecen haber compartido información y coordinado sus investigaciones de manera efectiva. (Los generales acusados de delitos solamente pueden ser juzgados en la Corte Suprema; en estos casos, intervienen fiscales a quienes el Fiscal General delega el ejercicio de la acción penal ante este tribunal, y que se denominan aquí “fiscales delegados ante la Corte Suprema”).

En 2015, la Fiscalía adoptó medidas para abordar algunos de estos problemas. Incrementó la cantidad de fiscales e investigadores que impulsan casos contra generales, y designó a un funcionario como punto de contacto entre ellos y la Unidad de Derechos Humanos. Asimismo, funcionarios de la Fiscalía también señalaron que prevén incrementar la cantidad de fiscales de la Unidad de Derechos Humanos que investigan falsos positivos y empezar a distribuir los casos entre ellos en función de la unidad militar responsable.

Volumen de casos

Muchos fiscales con quienes dialogó Human Rights Watch manifestaron que tienen a su cargo un volumen de casos inmanejable, y que debido a esto se ven obligados a concentrarse en algunos casos de falsos positivos y a desatender otros casi por completo [240] . Por ejemplo, un fiscal contó que cuando la sede regional a la cual pertenece fue creada dentro de la Unidad de Derechos Humanos, el objetivo era que cada fiscal tuviera a su cargo alrededor de 40 casos, pero que ahora el promedio es de más del doble. Dijo que, en el último año, se ha concentrado exclusivamente en un batallón, y que esto implicó que no trabajara en ninguno de los casos que lleva de otra brigada [241] .

En vez de aumentar la cantidad de fiscales de la Unidad de Derechos Humanos dedicados a falsos positivos, la Fiscalía de hecho redujo este número en los últimos años. En 2012, 12 fiscales que trabajaban en casos de falsos positivos fueron separados de la Unidad de Derechos Humanos y destinados a integrar la recién creada Unidad Nacional de Análisis y Contextos (UNAC) y trabajar en las investigaciones que esta impulsa sobre diversas violaciones de derechos humanos cometidas por todo tipo de actores armados. Otros 25 cargos vacantes de fiscales, de los cuales estaba previsto que al menos algunos se dedicaran a casos de falsos positivos, también fueron eliminados de la Unidad de Derechos Humanos [242] .

Al principio, la UNAC, adonde se reubicó a los fiscales de la Unidad de Derechos Humanos, asignó una cantidad significativa de fiscales y otros miembros del personal a la investigación de generales del Ejército en relación con casos de falsos positivos. El primer director de la unidad era un fiscal delegado ante la Corte Suprema y, por lo tanto, tenía jurisdicción sobre generales. A partir de 2013, encabezó un equipo dedicado exclusivamente a investigar a cuatro generales por falsos positivos. El equipo estaba conformado por otros siete fiscales, dos asistentes de fiscales, once analistas y ocho policías judiciales [243] .

Sin embargo, el primer director de la UNAC renunció repentinamente a principios de 2014 y, cinco meses después, el 10 de julio de 2014, el nuevo director firmó una resolución que redujo en más del 80 por ciento la cantidad de integrantes del equipo dedicado a investigar a generales. Por efecto de la resolución de julio, el equipo quedó integrado con dos fiscales de apoyo, un asistente de fiscal y dos investigadores, que colaboraban con el único fiscal delegado ante la Corte Suprema al frente de las investigaciones [244] .

A fines de 2014 y mediados de 2015, ante el aumento en la cantidad de generales investigados por falsos positivos, la Fiscalía destinó más personal a estos casos. Para mayo de 2015, un total de 3 fiscales delegados ante la Corte Suprema, 6 fiscales de apoyo, 10 investigadores y 10 analistas investigaban a 16 generales por casos de falsos positivos [245] . Por consiguiente, hay, en total, apenas algunos fiscales, investigadores y analistas más dedicados a investigar a generales por casos de falsos positivos que a principios de 2014, cuando únicamente investigaban a cuatro generales.

Al menos dos de los tres fiscales delegados dividen su atención entre casos de falsos positivos y otros casos de gran envergadura. Uno está investigando el denominado “carrusel de la contratación”, uno de los más resonados casos de corrupción en la historia colombiana reciente. El otro impulsa el procesamiento por desapariciones vinculadas con la toma del Palacio de Justicia en 1985, uno de los casos de derechos humanos más significativas de Colombia [246] .

Distribución ineficaz de los casos

Varios fiscales de la Unidad de Derechos Humanos indicaron a Human Rights Watch que la manera más efectiva de investigar casos de falsos positivos sería dividirlos entre los fiscales en función de cuál es el batallón y/o la brigada presuntamente responsable de los delitos. Esto les permitiría detectar patrones en la comisión de delitos por parte de una unidad militar específica, lo cual los ayudaría a identificar a todos los responsables, incluidos los comandantes. A pesar de la conveniencia de este enfoque, la mayoría de los casos de falsos positivos de la Unidad de Derechos Humanos actualmente no se distribuyen entre los fiscales según la unidad militar responsable [247] .

Distintos fiscales de la Unidad de Derechos Humanos reconocieron este problema. Por ejemplo, uno de ellos dijo que está investigando 90 casos de falsos positivos de diversos batallones y que, como sólo examina casos aislados de estas unidades, sin poder apreciar el espectro total de casos atribuidos a cada una, “es difícil estructurar la responsabilidad de un coronel o general” [248] .

Entre los ejemplos de la distribución ineficaz de casos se incluyen los siguientes:

Seis fiscales distintos están a cargo de 19 presuntas ejecuciones extrajudiciales cometidas en 2007 por el Batallón Magdalena;
Cuatro fiscales distintos están a cargo de 33 presuntas ejecuciones extrajudiciales cometidas en 2006 y 2007 por el Batallón Juan José Rondón;
Un fiscal en Bogotá está a cargo de ejecuciones extrajudiciales presuntamente cometidas entre 2005 y 2008 por 11 unidades tácticas adscritas a 6 brigadas distintas [249] .

Algunas de las sedes regionales de la Unidad de Derechos Humanos han comenzado a dividir los casos entre sus fiscales según la unidad militar responsable. En Medellín, por ejemplo, los fiscales han conseguido avances sustanciales aplicando este enfoque. A principios de 2015, fiscales de Medellín dispusieron la captura de cinco coroneles que anteriormente habían estado al frente del Batallón Pedro Nel Ospina [250] .

Funcionarios de la Fiscalía reconocieron las virtudes del modelo de la oficina de Medellín para la distribución de casos, y dijeron que tienen previsto implementarlo en toda la Unidad de Derechos Humanos [251] .

Falta de coordinación efectiva entre unidades de la Fiscalía

Los fiscales de la Unidad de Derechos Humanos han acumulado un volumen importante de evidencias que podría resultar de vital utilidad para los fiscales delegados ante la Corte Suprema que están investigando a generales. Los primeros están investigando la gran mayoría de los incidentes de falsos positivos y como parte de esto han recabado testimonios de testigos contra comandantes, han obtenido documentación militar oficial relativa a los delitos y, en muchos casos, han adquirido un profundo conocimiento del modus operandi de los autores.

Los fiscales delegados ante la Corte Suprema no parecen haber procurado obtener esta información efectivamente. En febrero de 2015, una de estas fiscales comentó que había inspeccionado apenas 10 expedientes a cargo de la Unidad de Derechos Humanos [252] . Además, algunos fiscales de la Unidad de Derechos Humanos expresaron que, en ciertas oportunidades en que enviaron evidencias sobre generales a los fiscales delegados ante la Corte Suprema y les solicitaron que abrieran investigaciones, los fiscales a veces no respondían ni enviaban a investigadores para consultar los expedientes en cuestión [253] .

Un fiscal de la Unidad de Derechos Humanos expresó que, tras remitir evidencias a fiscales delegados ante la Corte Suprema, “no vienen a revisar los casos; no inspeccionan los casos; no contestan; no preguntan… Para nosotros es desmotivante porque sacamos el pecho, llegamos al coronel, pero de ahí no pasa nada” [254] .

Agradecimientos

La investigación y la redacción de este informe estuvieron a cargo de Max Schoening, experto sobre Colombia de Human Rights Watch. El informe fue editado por José Miguel Vivanco, director ejecutivo de la división de las Américas, Joe Saunders, subdirector de programas, y Aisling Reidy, asesora legal sénior. Alex Merchant, experto de la división de las Américas, Dana Brown, consultora de investigación, y los pasantes Hope McKenney, Christine White y Joseph Epstein colaboraron de manera sustancial con la investigación. Nina Elizondo, asociada en la división de las Américas, contribuyó con aspectos de logística y producción. El mapa incluido en el informe fue preparado por Grace Choi. Fitzroy Hepkins colaboró con la producción. El informe fue traducido al español por Gabriela Haymes.

Human Rights Watch desea agradecer a la Fundación Ford por su generoso aporte para nuestro trabajo en Colombia.

Deseamos expresar nuestro profundo agradecimiento a los familiares de víctimas, abogados, testigos y fiscales que aceptaron hablar con nosotros. Muchos de ellos persisten en su reclamo de justicia en casos de falsos positivos a pesar de los riesgos para su propia seguridad.

Anexo 1: Lista de comandantes de las 11 brigadas analizadas en este informe

La siguiente lista de comandantes de brigadas incluye únicamente los nombres de comandantes sobre quienes Human Rights Watch pudo confirmar que se desempeñaron durante el período de los presuntos delitos. No se trata de una lista exhaustiva de los comandantes de las 11 brigadas durante el período. Indicamos la cantidad de presuntas ejecuciones extrajudiciales ocurridas durante el período de mando con respecto a oficiales sobre quienes encontramos datos creíbles de las fechas exactas en que estuvieron al mando de la brigada, o cuando pudimos determinar con bastante aproximación el período en función de las primeras y últimas noticias o informes del Ejército que lo mencionan como comandante de la brigada. La cantidad de presuntas ejecuciones extrajudiciales se basa en nuestro análisis de datos de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía.

Comandantes de la Cuarta Brigada

Comandante	Período de mando informado	Cantidad de presuntas ejecuciones durante el período bajo investigación
General (r) Mario Montoya	28.12.2001 – 15.12.2003 [255]	44
General (r) Óscar González Peña	16.12.2003 – 16.07.2005 [256]	113
General (r) Luis Roberto Pico	16.07.2005 – 16.10.2006 [257]	124
General Jorge Ernesto Rodríguez Clavijo	17.10.2006 – por lo menos 8 de mayo de 2007 [258]	79
General Juan Carlos Piza Gaviria	Al menos parte de octubre y noviembre de 2007[259]	N/A
General Juan Pablo Rodríguez Barragán	13.11.2007 – 28.11.2009 [260]	28 (casos únicamente hasta ‘08)

Comandantes de la Décima Cuarta Brigada

Comandante	Período de mando informado	Cantidad de presuntas ejecuciones durante el período bajo investigación
General Jorge A. Segura Manonegra	febrero de 2006 - 31 de octubre de 2007 [261]	39 (esto contabiliza todo el mes de febrero de 2006)
Coronel (r) Juan Carlos Barrera Jurado	31 de octubre de 2007 – 30 de octubre de 2008 [262]	12

Comandantes de la Décima Primera Brigada

Comandante	Período de mando informado	Cantidad de presuntas ejecuciones durante el período bajo investigación
General (r) Luis Roberto Pico	Al menos parte de 2004[263]	N/A
General Javier Fernández Leal	Al menos parte de 2005 y 2006[264]	N/A
Coronel William Hernán Peña Forero	Al menos parte de 2006 y 2007[265]	N/A
General Jorge Arturo Salgado Restrepo	Al menos parte de 2007 y 2008[266]	N/A

Comandantes de la Décima Sexta Brigada

Comandante	Período de mando informado	Cantidad de presuntas ejecuciones durante el período bajo investigación
General Henry William Torres Escalante	Al menos enero de 2006 - 8 de junio de 2007[267]	66
Coronel Cipriano Peña Chivatá	Al menos parte de 2007[268]	N/A

Comandantes de la Séptima Brigada

Comandante	Período de mando informado	Cantidad de presuntas ejecuciones durante el período bajo investigación
General (r) Luis Antonio Coronado León	Al menos parte de 2004 y 2005[269]	N/A
General Francisco Ardila Uribe	Al menos parte de 2005, 2006 y 2007[270]	N/A

Comandantes de la Brigada Móvil N.º 12

Comandante	Período de mando informado	Cantidad de presuntas ejecuciones durante el período bajo investigación
Coronel (r) Carlos Hugo Ramírez Zuluaga	Al menos parte de 2005 y 2006[271]	N/A
Coronel Cipriano Peña Chivatá	Al menos parte de 2007[272]	N/A

Comandantes de la Vigésima Octava Brigada

Comandante	Período de mando informado	Cantidad de presuntas ejecuciones durante el período bajo investigación
Human Rights Watch no pudo identificar información sobre los anteriores comandantes de la Vigésima Octava Brigada.	N/A	N/A

Comandantes de la Octava Brigada

Comandantes	Período de mando informado	Cantidad de presuntas ejecuciones durante el período bajo investigación
General (r) Jairo Herazo Marzola	Al menos parte de 2006 y 2007[273]	N/A
General José Emiro Barrios	Al menos parte de 2007, 2008 y 2009[274]	N/A

Comandantes de la Novena Brigada

Comandante	Período de mando informado	Cantidad de presuntas ejecuciones durante el período bajo investigación
General Jaime Alfonso Lasprilla Villamizar	Al menos10 de julio de 2006 – 23.10.2007[275]	48
General William Fernando Pérez Laiseca	Al menos parte de 2007[276]	N/A

Comandantes de la Décima Brigada

Comandante	Período de mando informado	Cantidad de presuntas ejecuciones durante el período bajo investigación
General Hernán Giraldo Restrepo	Al menos parte de 2004 y 2005[277]	N/A
General (r) Fabricio Cabrera Ortiz	Al menos parte de2006[278]	N/A

Comandantes de la Brigada Móvil N.º 15

Comandante	Período de mando informado	Cantidad de presuntas ejecuciones durante el período bajo investigación
Coronel (r) Santiago Herrera Fajardo	Al menos parte de 2006 y 2007[279]	N/A

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