Comunicado
La Habana, Cuba, sede de los diálogos de paz, mayo 31 de 2015
El paramilitarismo sigue existiendo en Colombia, se extiende nuevamente por todo el país y actúa impunemente.
Según el Sistema de Información sobre Agresiones contra Defensores de Derechos Humanos (Siaddhh), desde que se inició la presidencia de Juan Manuel Santos, se registraron 1.762 agresiones contra defensores de derechos humanos: 1.128 amenazas, 283 homicidios y 171 atentados. La Fiscalía solo está investigando 442 de estos casos, sin mayores avances. En 2014 -durante los Diálogos de Paz- se incrementaron las amenazas en un 133%, siendo asesinados 55 defensores. La mayoría eran líderes indígenas, adscritos a juntas de acción comunal o campesinos, es decir, población del campo colombiano.
Según Naciones Unidas en el primer trimestre de 2015 más de 25 líderes sociales, políticos y defensores de Derechos Humanos fueron asesinados. Desde el inicio de los Diálogos de La Habana han sido exterminados más de 100 militantes de Marcha Patriótica. La Unidad Nacional de Protección (UNP) reportó que entre 2012 y 2015 recibió 37.444 solicitudes de protección. Apenas atendió la mitad.
Se trata de agresiones sistemáticas, con patrones de ataque y existencia de trabas en las investigaciones en estos casos. Los responsables de estos crímenes son en su inmensa mayoría paramilitares, existiendo en Colombia más de 80 estructuras de estos grupos. Las Águilas Negras encabezan la lista, aunque las autoridades -en una actitud claramente negacionista- sostienen que los grupos paramilitares dejaron de existir. El listado de grupos paramilitares responsables continúa con los Rastrojos, el clan Úsuga y el Erpac.
Las FARC EP hemos propuesto en la Mesa de Diálogos la puesta en marcha de un mecanismo para el esclarecimiento del fenómeno del paramilitarismo, tal y como se establece en el apartado 7 del punto 3, del Acuerdo General de La Habana. Igualmente, pedimos el desmantelamiento efectivo del paramilitarismo, única forma de cumplir con lo establecido en el apartado 6, “Garantías de Seguridad”, del punto 3 del Acuerdo.
Todas las colombianas y los colombianos sabemos que el paramilitarismo es una grave realidad en nuestro país, y sin su desaparición no podrá haber paz efectiva y duradera. No es realista pensar que un fenómeno de tal magnitud puede ser extinguido simplemente con las conclusiones que en su caso alcanzará en el futuro la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad y No Repetición, que actualmente discutimos en la Mesa. Nadie en su sano juicio aceptaría en Colombia que las garantías de “seguridad” para los firmantes del acuerdo de Paz consistan en tener una supuesta protección personal, en lugar de acabar con el mayor de los factores de riesgo para la vida, la integridad y la paz: el paramilitarismo.
La falta de voluntad en acabar efectivamente con el paramilitarismo solo puede leerse por la sociedad colombiana como falta de voluntad para construir la paz.
La Comisión que se ponga en marcha para cumplir con el compromiso establecido en el Acuerdo General sobre esclarecimiento y desmantelamiento del paramilitarismo, debe aclarar la historia y la actual situación de dichas estructuras en el país: cuerpos paramilitares, estructuras parapolíticas, grupos de mercenarios así, como sus formas de operación, conducción, vínculos con entidades o agentes del Estado y fuentes de financiamiento. Es obligación del Estado procesar eficazmente la información que, procedente de esa Comisión, llegue a su conocimiento, con el fin de desmantelar las estructuras paramilitares y parapolíticas, las bandas criminales, casas de pique o los grupos de mercenarios que subsistan en el país, antes de la firma de los acuerdos de paz.
Deben aprobarse nuevas leyes y políticas públicas para erradicar estas estructuras, así como para prevenir definitivamente su reaparición. Debe evitarse que en el futuro y como ha venido ocurriendo a lo largo de nuestra historia, el Estado, sus agencias o sus agentes puedan crear, apoyar o mantener relaciones con estructuras paramilitares o mercenarias. En la Nueva Colombia que surja tras la firma de un Acuerdo de Paz, solamente el Estado democrático puede ser titular del monopolio de la fuerza y el uso de las armas, y ello con la única finalidad de salvaguardar la soberanía nacional y los derechos fundamentales del pueblo colombiano.
Si ello no es así, con toda seguridad se repetirá el genocidio político ya padecido por la Unión Patriótica, y todos sabemos que ningún dispositivo de protección individual, estará en condiciones de evitarlo.
DELEGACIÓN DE PAZ DE LAS FARC EP
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