El Inpec entorpece juicio contra militares involucrados en asesinato de campesino

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Tomado de Pacocol

Por Humanidad Vigente

Desde el mes de julio de 2012 se encuentran interrumpidas las audiencias públicas de juicio oral que se adelantan actualmente en el juzgado primero penal especializado de Antioquia en contra de 5 militares por el asesinato a sangre fría del campesino Aicardo Antonio Ortiz Tobón.

Las últimas audiencias programadas para los días 27, 28, 29, y 30 de abril de 2015 fueron canceladas en virtud a que nuevamente el INPEC, no realizó el traslado de los procesados que se encuentran recluidos de manera irregular y arbitraria en la guarnición Militar Cantón Sur de la ciudad de Bogotá. Los militares fueron trasladados del batallón Pedro Nel Gómez Ospina ubicado en el municipio de Bello Antioquia, al parecer por solicitud de los procesados los cuales en un oficio dirigido al Juez del caso, le señalaban querer estar en Bogotá para las fiestas navideñas de 2014 junto a sus familias, ante lo cual el funcionario judicial oficio respuesta de manera negativa para los solicitantes y ordenó de manera explícita que lo procesados permanecieran detenidos en el Batallón Pedro Nel Gómez Ospina a fin de que pudieran comparecer de manera oportuna a las audiencias de juicio que se adelantan en su contra.

Sin embargo, esta orden del Juez no fue acatada, por lo cual el Juez que conoce del proceso, en octubre de 2014, ordena al director del Centro de Reclusión Militar ubicado en el batallón Pedro Nel Gómez Ospina, explicar de manera inmediata la razón del traslado de estos internos a la ciudad de Bogotá, so pena de compulsación de copias para que sea investigado de manera disciplinaria. Sin embargo, hasta la fecha de la fallida audiencia del 27 de abril, no habían explicaciones por parte del director del centro de reclusión militar, pero tampoco se habían compulsados las respectivas copias.

Quien si compareció a la audiencia fue él soldado profesional Ever Luis Mendoza Ruiz, quien se encuentra también procesado por la ejecución extrajudicial del campesino y el cual se encuentra detenido en el centro de reclusión militar Pedro Nel Ospina. Él soldado llegó a la audiencia vistiendo las prendas del ejército nacional de Colombia, sin ninguna medida de seguridad y manifestando que se encuentra en servicio activo a pesar de que sobre este recae una medida de privación de la libertad por su presunta responsabilidad en esta grave violación de derechos humanos, que a la luz del Derecho Internacional Humanitario, constituye un crimen de lesa humanidad, lo que para las víctimas es una burla no solo a sus derechos sino a la administración de justicia.

Una vez más, por cuenta de la negligencia del INPEC se entorpece el curso del proceso judicial que se adelanta contra los militares que participaron en la ejecución extrajudicial del humilde campesino, y lo que llama la atención es que el INPEC señala como razón reiterada para no trasladar a los procesados desde las guarniciones militares, no contar con recursos económicos para la compra de los tiquetes aéreos para el respectivo traslado de los militares, no obstante, si tiene los recursos para trasladar a otro de los procesados que se encuentra recluido en la cárcel de máxima seguridad de Combita.

Estas situaciones que a toda luz resultan irregulares, son además vulneratorias de los derechos de las víctimas, las cuales llevan 6 años esperando y exigiendo verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición por la ejecución extrajudicial de del campesino ocurrida la madrugada del 8 de julio de 2008 en la Vereda el Jabonal Alto Corregimiento San Francisco del Municipio de Yondó Antioquia.

Es de tener en cuenta que el pasado 20 de febrero de 2015, un abogado de la DEMIL solicitó la libertad para dos de los cinco soldados procesados por el crimen del campesino, dicha solicitud fue negada por una juez penal municipal con funciones de control de garantías de la ciudad de Medellín, evitando así la evasiva de los procesados para enfrentar este proceso judicial en el que ya existen tres condenas: La del Teniente Flórez Maestre a 28 años de prisión, la del soldado Castaño Bolaños a 21 años de prisión, (éstas en virtud de preacuerdos realizados con la fiscalía) y otra contra él civil Jhonatan Andrés Coronado Prada quien sirvió de guía al ejército a 40 años de prisión. Ni el coronel Wilson Ramírez Cedeño quien era el que presionaba a sus subalternos diciéndoles que "en este momento la guerra se mide por litros de sangre" para exigir resultados operacionales en el Calibío, ni otros mandos superiores al teniente se encuentran vinculados a este juicio.

Humanidad Vigente, organización representante de las victimas exige al ministerio público y al Consejo Superior de la Judicatura que se realice vigilancia especial sobre este proceso judicial dadas las dilaciones y situaciones irregulares que se han venido presentando las cuales afectan gravemente los derechos de las víctimas.