“La protesta, para que sea tal, siempre supone una interrupción de la rutina y de la vida cotidiana de los otros”

Entrevista

Tomada de Rebelión

Por Fernanda Sánchez Jaramillo - Prensa Reiniciar

La criminalización de la protesta social se debe, en parte, a que la fuerza pública y las élites se estancaron en la Guerra Fría y esto sataniza cualquier expresión de descontento.

Entrevista a Edwin Cruz, politólogo y candidato a Doctor en estudios políticos de la Universidad Nacional, e integrante del equipo editorial de Palabras al Margen.

R. ¿Si la ley ciudadana prohíbe parar el tráfico, cuál espacio le queda a la comunidad para construir y mostrar sus repertorios de acción colectiva? ¿No es la calle el escenario exclusivo para la expresión y despliegue de éstos?

EC: El problema de fondo es el concepto de protesta al que nos referimos. El gobierno nacional parece tener una concepción propia de la “psicología de masas”, una tendencia teórica de fines del siglo XIX que aún hoy se enseña a los agentes del ESMAD, y que homologa las protestas con “disturbios”, “motines” y “desórdenes”. Los medios de comunicación generalmente hacen eco de esa concepción negativa y conservadora, para la que la protesta social es una patología social y no la expresión de un derecho. La protesta, para que sea tal, siempre supone una interrupción de la rutina y de la vida cotidiana de los otros. En nuestra cultura política, por diversas razones, el bloqueo del tráfico es una forma de protesta privilegiada, sobre todo porque es eficaz en llamar la atención. Generalmente, antes de implementar este repertorio quienes protestan han recurrido a todas las formas posibles para hacerse oír por las autoridades públicas sin conseguir resultados.

Los repertorios de protesta son tipos de acción con un significado compartido, es decir, cuando alguien bloquea una vía tanto el que bloquea como las y los afectadas saben que se trata de una “protesta”. Así, si bien potencialmente existen otras formas protestar, éstas se desarrollan en la “larga duración”, no se pueden cambiar de un día para otro porque están acendradas en la cultura política. Por ejemplo, un manifestante puede hacer algo fuera de lo normal como forma de protesta, pero si no genera algo de incomodidad no tendrá la misma efectividad porque no será interpretado por los demás como protesta. Con todo, universalmente es aceptado el bloqueo de vías públicas como un repertorio de protesta. De forma que lo que está detrás de ese tipo de legislación es una prohibición tácita de la misma.

R. Las vías de hecho son diferentes de los abrazatones y a las besatones, pero también son repertorios de acción colectiva. ¿Por qué satanizarlos si los bloqueos pueden ser pacíficos, pues aunque generan incomodidad, no hay violencia sino cuando éstos son reprimidos por el Gobierno y los manifestantes responden?

EC: La represión y criminalización de la protesta, particularmente de las “vías de hecho”, se explica por llamarlo de algún modo por unas “constantes” que tienen que ver, por ejemplo, con el hecho de que en la mentalidad de nuestras élites y de la fuerza pública nuestro país no ha salido de la Guerra Fría, lo que termina por satanizar cualquier expresión de descontento como algo proclive a la subversión armada, cuando no manipulada por ella.

Sin embargo, también hay factores variables en la represión. Durante las protestas estudiantiles de 2011, las organizaciones de estudiantes llegaron a ciertos acuerdos con la entonces alcaldesa encargada, Clara López, para evitar la represión.

Aunque hubo represión, ésta se presentó más en universidades de las regiones donde tales hechos no tenían tanta visibilidad, en un país centralista como Colombia y en el cual los medios de comunicación presentan todo lo que sucede en Bogotá como lo “nacional”. Otra fue la situación del paro cafetero y del paro agrario en 2013: parajes solitarios se prestan para distintas formas de represión de los bloqueos. En todo esto tienen que ver mucho los medios de comunicación, pues actúan como lo hacen cuando informan sobre la situación venezolana. Aquí parece que la verdad fuera revelada por los funcionarios de turno, muy pocas veces se les pregunta a los manifestantes; allá la verdad les es revelada por la denominada oposición.

R. ¿Durante los años de gobierno de Santos, has estudiado nuevos repertorios de acción, surgidos precisamente a raíz de la represión de la protesta social y como una forma de suprimirla?

EC: Realmente no se trata de nuevos repertorios. Los abrazatones o los besatones han sido prácticas de vieja data en el movimiento estudiantil y del movimiento LGBTI. La popularidad y el impacto de ese tipo de repertorios obedecen a que se encontró a la opinión pública desprevenida. Me atrevo a pensar que si hubiesen sabido las consecuencias de hacerlo, muchos medios de comunicación no habrían publicitado tanto la fotografía del estudiante abrazando al policía en noviembre de 2011.

El punto es que en este momento esas prácticas son reconocidas como repertorios de protesta. La próxima vez que un estudiante intente abrazar al policía, las fuerzas de contención de la protesta (policía, medios de comunicación, etc.) ya sabrán que se trata de una protesta, que puede tener significado político y actuarán en consecuencia, no necesariamente reprimiendo pero sí evitando que tenga impacto público. Por tanto, en mi opinión, en adelante esas formas de protesta no llamarán tanto la atención. No obstante, todo eso deja una enseñanza: innovar en los repertorios de acción, ya sea para evitar la represión o para tener mayor impacto público, le da ventajas a los manifestantes.

R. El gobierno de Santos ha utilizado dos formas para manejar estos escenarios: negarse a escuchar y esperar que las protestas sea insostenibles, y esperar el desgaste de los manifestantes. ¿Cuáles son los costos políticos y sociales de esas estrategias?

EC: El costo político es un déficit de democracia y de legitimidad del sistema político. Cuando los canales institucionales (partidos, representantes, elecciones, etc.) no funcionan adecuadamente para que la ciudadanía tramite sus demandas ante el Estado, ese vacío es llenado por los movimientos sociales. Pero si estos no son escuchados, son reprimidos o se incumplen los acuerdos que el gobierno adquiere con ellos, el Estado pierde sensibilidad frente a las necesidades de la gente, con lo que se vuelve cada vez más ineficaz y la ciudadanía, a su vez, termina por dejar de creer en la política.

R. ¿Qué beneficios le generan la represión y criminalización de la protesta al Estado?

EC: Para el Estado cero, como acabamos de decir. Pero para las élites o actores que temporalmente ocupan el lugar del poder puede ser ganancioso según las circunstancias, dejar de escuchar las demandas de un grupo para dedicarse a responder las de su clientela política.

R. ¿Qué impacto tiene la represión en la construcción de las identidades colectivas de quienes protestan. Por ejemplo, los cocaleros, en los 90, los campesinos y los jóvenes estudiantes?

EC: Yo diría que el impacto es grande. En nuestro país, a diferencia de los países “desarrollados” la mayoría de las personas no ven al Estado y, más en general, lo público, como algo que importa y que pertenece todos, sino como algo que pertenece a una oligarquía. Para los movimientos sociales en nuestro país, desarrollar una identidad colectiva ha requerido, entre otras cosas, producir un antagonismo, que prácticamente siempre se expresa contra esa oligarquía. La represión, entonces, parece verificar empíricamente la lectura que muchos movimientos hacen de su realidad política. [1]

R. ¿Qué papel ocupan la MIA y la Cumbre Agraria en los procesos organizativos?

EC: Son procesos organizativos relevantes pero quizás las principales organizaciones del movimiento social hoy, por razones de cohesión, de plataforma discursiva, entre otros aspectos son El Congreso de Los Pueblos y La Marcha Patriótica. Me parece que la MIA y la Cumbre son esfuerzos de articulación e interlocución entre organizaciones del movimiento social.

R. ¿Además de los marcos de acción que identificó en un estudio suyo previo, como las dignidades han surgido los defensores y defensoras de derechos humanos, los objetores de conciencia y los agrodescendientes. ¿Qué importancia tienen para una sociedad y para un Estado Social de Derecho, como el nuestro, el nacimiento de estos marcos de acción y sus respectivos discursos?

EC: Es muy importante, sobre todo pensando en el contexto de negociaciones de paz y eventual “posconflicto”, que las y los ciudadanos organizados generen plataformas discursivas las cuales les permitan articularse y actuar colectivamente, y que resignifiquen -de acuerdo a sus intereses- conceptos como el de los derechos. Entre otras cosas, eso ha permitido de alguna manera hacer frente a lo que en algún momento se denominó la “crisis” de los idearios de izquierda y, en general, del campo popular.