LA LUCHA POR LA TIERRA, CAUSA DEL CONFLICTO EN EL CAUCA

Análisis

Tomado de FARC-EP

Por Walter Mendoza – INTEGRANTE DEL ESTADO MAYOR DE LAS FARC EP

Si hay una región donde se manifiesta con más intensidad el conflicto por la tierra en Colombia, es en el departamento del Cauca. Indígenas y terratenientes; desposeídos y usurpadores; y en la “mediación” la fuerza pública que tercia, como lo dijo la Senadora Paloma Valencia, a favor de los “legítimos dueños”: hacendados y agroindustriales; y por los lados, como hienas, las multinacionales de la tierra.

Las tierras que ayer fueron habitadas por los ancestros de los pueblos Guambiano y Nasa, hoy están en manos de los herederos de la Corona española, la burguesía terrateniente y gamonal de los departamentos del Cauca y Valle del cauca. Tierras arrebatadas violentamente a las comunidades, que han sido arrojadas a zonas alejadas y estériles de la cordillera central en donde siguen expuestos al sufrimiento, enclaustrados en sus propios territorios.

Son miles las familias indígenas, afros y campesinas que hoy reclaman sus parientes que, por reclamar la tierra donde nacieron, han sido asesinados por la furia latifundista. El conflicto social en el norte del Cauca es reflejo de la usurpación cotidiana de la tierra por una casta latifundista, violenta y excluyente, y el poder del Estado que gobierna según los intereses de los potentados.

Los acuerdos adquiridos por la población indígena del Cauca -y que hoy reclaman amparados en el decreto 982 de 1999- donde el Gobierno Nacional se comprometió a devolver las tierras a las comunidades indígenas en una cantidad de 20.000 hectáreas, es el detonante de la protesta que ya arroja la cifra de 70 comuneros heridos y dos muertos a manos del ESMAD.

El compromiso del Gobierno de entregarles esa cantidad de tierra a los indígenas corresponde a la indemnización por la masacre de El Nilo, ocurrida el 16 de diciembre de 1.991, en Caloto Cauca. En esa ocasión fueron 19 los indígenas asesinados cuando se dirigían a dialogar con los terratenientes.

Veinticuatro años después, la lista de masacres es larga, el incumplimiento de los compromisos del Estado, evidente, y la impunidad, más perversa que el fusilamiento de aquella noche.

La paz no llegará a los campos de Colombia si la propiedad feudal sobre la tierra se atraviesa como mula muerta en el camino de la democratización del agro. Es un imperativo que el gobierno de Juan Manuel Santos, en aras de la reconciliación nacional, adelante políticas en el sentido de los Acuerdos, devolviendo las tierras a sus verdaderos propietarios: las Comunidades Indígenas.

El conflicto agrario en el país se acrecienta, a pesar de lo acordado en la Mesa de Conversaciones de La Habana. Es evidente que el Plan Nacional de Desarrollo en concordancia con el presupuesto nacional, castiga ferozmente la producción agrícola nacional, incentiva la importación de alimentos, rezaga la implementación de la maltrecha Ley de Víctimas y Restitución de Tierras y además le da la estocada final al agro con la presentación al Congreso de la República del proyecto de ley 133, o ley de baldíos.

Simultáneo con el acuerdo parcial, “política de desarrollo agrario integral”, – esperanza nacional para lograr una futura democratización del campo-, la nefasta Ley de Baldíos se erige como la base de la contrarreforma agraria y puerta de entrada para la extranjerización de la propiedad sobre la tierra.

El panorama no puede ser más sombrío si aceptamos que el conflicto armado colombiano hunde sus raíces en el problema de la tierra.

Las FARC-EP nos solidarizamos con la justa protesta de los indígenas del Cauca. Ahora, cuando el cañón del fusil pide descanso y la preponderancia del diálogo le gana la partida a la pólvora y las bombas, gritamos ¡Sí a la Paz! Pero que se resuelva la causa principal del alzamiento: el despojo de la tierra a sangre y fuego.

La Habana Cuba, Marzo 11 de 2015.