La tierra en Colombia sigue en manos de los despojadores: Masacre de niños en Caquetá

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Tomado de ANNCOL

Por Radio Macondo

El país se indigno y conmovió esta semana por el asesinato de los cuatro menores de edad entre los 4 y los 17 años, en una humilde vivienda en la zona rural El Cóndor, a 45 minutos de Florencia, capital del Caquetá.

Los menores fueron asesinados a tiros por desconocidos el miércoles cuando se encontraban solos.

Un quinto menor de la misma familia escapó herido de la casa donde fue perpetrada la matanza y junto con un vecino dio aviso a las autoridades, según informó la Defensoría del Pueblo.

El menor que logró escapar narró que los hombres llegaron buscando a los adultos y al no encontrarlos procedieron a dispararles.

El viernes desde Cúcuta el presidente Juan Manuel Santos aseguró que la matanza de los cuatro hermanos menores de edad en el departamento del Caquetá no se quedara en la impunidad.

Santos agregó que dio “instrucciones precisas” al director de Investigación Criminal e Interpol (Dijin) de la Policía, general Jorge Enrique Rodríguez Peralta, para esclarecer los hechos, y a la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Cristina Plazas, para acompañar a la familia.

Por su parte El director de la Policía, general Rodolfo Palomino, aseguró que las autoridades están tras la búsqueda de los autores de la matanza que, según las informaciones recibidas, fue ejecutada por dos sujetos que llegaron a la vivienda en una motocicleta, el oficial confirmó que la Policía ofreció una recompensa de hasta 50 millones de pesos por información sobre los asesinos que, según Medicina Legal, dispararon a los cuatro hermanos en la cabeza.

Lo cierto es que en torno al asesinato habría de por medio una retaliación por la tierra, una situación que se presenta a lo largo y ancho de país.

El año pasado Amnistía Internacional presentó un informe sobre la restitución de tierras en Colombia, la ONG aseguró que la ley de restitución de tierras que se aplica en Colombia corre un “riesgo de fracaso”, por la “lentitud” del proceso y la persistencia de la violencia armada en las zonas rurales del país, el informe advierte que de las ocho millones de hectáreas abandonadas o despojadas durante el conflicto, solo se han devuelto 30.000 hectáreas

El documento provocó la reacción del gobierno, quien mediante un comunicado por parte del ejecutivo afirmó que, “Colombia es el único país que asumió el reto de restituir tierras en medio del conflicto” y destaca que “la comunidad internacional reconoce y destaca el esfuerzo del Gobierno colombiano por devolver las tierras a sus legítimos dueños. La ONU, El Departamento de Estado de los Estados Unidos, la Comisión Nacional de Tierras de Kenia, la Unión Europea, por nombrar los ejemplos más recientes, han resaltado la labor de Colombia como país ejemplar en la implementación de la restitución a campesinos y comunidades étnicas”.

Lo cierto es que en muchas regiones del país los directos beneficiarios del paramilitarismo siguen ocupando las tierras campesinas, recientemente Luz Ofelia Duque Agudelo, reclamante de tierras del consejo comunitario de Apartodocito, Curvaradó fue amenazada de muerte para evitar que exija sus derechos territoriales.

Hace un par de semanas unos hombres ingresaron hasta su lugar de residencia en donde vive en condición de desplazada en el municipio de Apartadó, y pintaron amenazas de muerte en la pared.

El esposo de Ofelia, Libardo López, fue asesinado en el 2005 por paramilitares. En ese atentado su hijo de 6 años resultó gravemente herido.

Pocos meses después del crimen de su esposo, el hacendado ganadero, Gerardo Osorio Echaverry, la estafó y pretendió legalizar la compra ilegal de tierras. Los bienes que ofreció el empresario en pago en Medellín y Caucasia nunca pudieron ser usados.

Adicionalmente, como lo señala el informe del Incoder sobre ventas fraudulentas, la propiedad familiar no podía ser comprada, en razón que hace parte del título colectivo del Curvaradó.

En 2010 otro hijo de Ofelia fue asesinado por la misma razón que asesinaron a su esposo, Ofelia y sus sobrevivientes vienen reclamando la propiedad familiar dentro del territorio colectivo razón por la cual han sido asesinados miembros de su familia y los sobrevivientes siguen amenazados.

El 17 de noviembre del año pasado, fue asesinado el campesino Gildardo Padilla. Once miembros de su familia, entre los que se encuentran sus padres, han sido asesinados en los últimos años, por reclamar sus derechos sobre la finca La Gardenia y cinco hectáreas más en el corregimiento de Macondo, ambas fincas ubicadas en Urabá, región fronteriza con Panamá.

En esta misma región y en el mismo periodo, han sido asesinados por reclamar sus tierras, Juan Jimenez Vertel, Benigno Gil, Jaime Gaviria, Albeiro Valdés, Hernando Pérez, David Goez, Ana Isabel Gómez, Alejandro Pino, Manuel Ruiz y Samir Ruiz. Por estos hechos solo un comandante paramilitar ha sido condenado, los responsables del patrocinio y financiación de grupos paramilitares siguen en la impunidad.

Esta familia junto con otras, fueron obligadas a dejar sus tierras. El clima de violencia generalizado, tras el asesinato de 15.000 personas en Urabá, propició el desplazamiento masivo de 216.346 personas.

Entre 1995 y 2007 fue popular la frase: “o vende usted o vende la viuda”, los despojadores también se valieron de la falsificación de documentos públicos, mientras los paramilitares amenazaban y asesinaban, sus testaferros y empresarios compraban a muy bajo costo los territorios, mientras los funcionarios públicos legalizaban el despojo a cambio de dinero o favores políticos.

La violencia generada por el despojo de tierras en Colombia aun no se detiene y solo el 0,01% de las tierras a restituir han regresado a los campesinos, hasta el momento, el proceso de restitución es lánguido entre otras cosas porque es el Ministerio de Defensa el que autoriza, finalmente en donde se hace restitución de tierras aduciendo razones de seguridad.

Algo que también hace lento el proceso de restitución es la falta de claridad en las órdenes judiciales, lo que dificulta su cumplimiento, el 76,6 % de las órdenes no disponen de plazo de ejecución y hay un deficit institucional que impide el cumplimiento.

La tierra, el botín de guerra más preciado en el largo derramamiento de sangre de los conflictos sociales del país, sigue en manos de los despojadores, los señores feudales de siempre y las multinacionales.