Todo el poder para el pueblo

Análisis

Tomado de Frente Antonio Nariño

Por: Sergio Marín - Guerrillero BCJB FARC- EP

 

Digámoslo de forma directa, clara y sencilla: la responsabilidad de más de 50 años de guerra en Colombia es de la oligarquía colombiana.

Oligarquía llamamos a la alianza entre la burguesía industrial, comercial y financiera con los terratenientes y latifundistas, que utiliza de forma consuetudinaria  la violencia terrorista del Estado contra los trabajadores, y  subordina de forma absoluta los intereses nacionales a los intereses extranjeros.

Este concubinato sellado con motosierra y cocaína entre el imperialismo, la lumpemburguesía criolla y las elites politiqueras, ha determinado un régimen político caracterizado por la exclusión de los sectores populares de cualquier decisión que afecte el futuro del país.

Es precisamente el carácter terrorista del régimen político el principal responsable del alzamiento armado en nuestra patria. En la medida en que históricamente cualquier intento de reformar y transformar el actual estado de cosas ha sido reprimido por el Estado, y todas las formas de paraestados y paramilitares a su servicio, el pueblo se ha visto obligado a recurrir a la lucha armada para defender, primero la vida, y posteriormente desarrollar una política revolucionaria hecha desde abajo.

La negación de la potestad soberana y constituyente del pueblo ha tenido como objetivo y resultado la consolidación de un régimen dictatorial con un claro sello de clase de contenido antipopular y antinacional; esto tiene que cambiar si de verdad existe voluntad de avanzar en un proceso de paz democrática con justicia social.

Precisamente el segundo punto de la AGENDA DEL ACUERDO GENERAL PARA LA TERMINACIÓN DEL CONFLICTO Y LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PAZ ESTABLE Y DURADERA que guía las conversaciones que se desarrollan actualmente en La Habana, Cuba, entre las FARC-EP y el Gobierno colombiano, versa sobre ese importantísimo asunto: La participación política.

Para las FARC-EP dicha participación hay que entenderla no solo como la posibilidad de desarrollar la acción política por parte de la insurgencia concluida la guerra, sino como las condiciones necesarias para que todos los sectores históricamente excluidos de nuestro pueblo puedan impulsar los cambios, transformaciones y reformas revolucionarias que Colombia demanda, sin tener que recurrir al uso de las armas.

Avanzar en acuerdos en torno a los derechos y garantías para el ejercicio de la oposición política, el acceso a medios de comunicación, mecanismos democráticos de participación ciudadana, incluidos los de participación directa, todo tendiente a generar medidas efectivas para promover la mayor participación popular en la política nacional, regional y local de todos los sectores en igualdad de condiciones y con garantías de seguridad, es impostergable. Lo logrado hasta ahora con la firma de un acuerdo parcial titulado: “PARTICIPACION POLITICA: APERTURA DEMOCRATICA PARA CONSTRUIR LA PAZ” que contiene aspectos relacionados con los anteriores ítems es importante pero insuficiente.

El establecimiento de las bases de la justicia social y la democracia verdadera es la única manera de construir la paz. Lo anterior solo se logra con la más amplia participación social y popular en los asuntos estratégicos que determinan el futuro de nuestra patria: modelo y políticas  económicas y sociales; reordenamiento territorial; reestructuración y reforma profunda y democrática del Estado entre otros. Nada de esto podrá hacerse realidad sin contar con el fortalecimiento de las organizaciones y los movimientos políticos y sociales partiendo además de su reconocimiento explícito y con todas las garantías de seguridad por parte del Estado.

Entendemos que el acuerdo final para la terminación del conflicto armado con el que estamos comprometidos, y cuya materialización depende de que las clases dominantes lo posibiliten, es nuestro aporte insurgente al proceso constituyente abierto por distintos sectores, organizaciones, movimientos y expresiones democráticas del pueblo colombiano.

Comprendemos la potencia transformadora del actual momento histórico, y trabajamos intensamente en el sentido de impulsar un proceso constituyente capaz de producir y encarnar en la práctica la fuerza social que se requiere para conquistar la democracia y la justicia social, e impedir con su lucha, una recomposición  del actual régimen dominante.

Hacemos parte del movimiento general transformador hacia la democracia real, y en este sentido, entendemos la ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE como una estación necesaria en esta brega, y como un espacio que entre otros, posibilitaría la refrendación de los acuerdos a los que se llegue en La Habana, permitiría encontrarle salidas a las salvedades o puntos no resueltos de este, y sería el escenario idóneo para concertar un nuevo marco jurídico-político para la organización del Estado y de la economía de forma  democrática, es decir, como un verdadero tratado de paz en el sentido estricto del término.

Una nueva constitución es una necesidad histórica pero no nos limitamos a eso. Llamamos a un proceso constituyente abierto, este NO culmina en la A.N.C, pero la instrumentaliza para potenciar nuestros objetivos y aspiraciones.

Nuestro objetivo siempre ha sido la construcción del socialismo en Colombia, esta es la base estratégica sobre la que se sustenta nuestra propuesta y plataforma bolivariana de edificar una sociedad democrática con espíritu anticapitalista, basada en superar las desigualdades, democratizar la vida social, transformar sustancialmente el Estado, reestablecer la soberanía, insertarnos en los procesos de cambio en Nuestra América y garantizar el bienestar y el buen vivir de nuestro pueblo.

La democracia en el actual contexto la entendemos como un sistema político en el que las aspiraciones de todos los sectores, y en particular de las mayorías trabajadoras de nuestro país, tengan los espacios y garantías para ser expresados y satisfechos.

Estamos convencidos con Bolívar en que: “la soberanía del pueblo es la única autoridad legítima de las naciones”. Entendemos por pueblo al conjunto de las clases y sectores de clase y sociales que objetivamente están interesados en el desarrollo y el progreso de nuestra patria, partiendo de alcanzar la segunda y definitiva independencia. Es por ello que invitamos a los trabajadores del campo y la ciudad, a los obreros, campesinos, estudiantes, intelectuales progresistas, pequeños y medianos propietarios víctimas de los TLC´s, comunidades negras y pueblos indígenas, a los creyentes de todas las religiones que honran con su práctica a la justicia y la solidaridad, y a los jóvenes y a las mujeres de la patria, a que se organicen, luchen, y reclamen su derecho legítimo a ejercer la potestad soberana, a exigir y ejercer todo el poder para el pueblo, todo.