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Por REMA – ACPP – Redacción (Red de Medios Alternativos – Agencia Colombiana de Prensa Popular)
"Los sujetos procedieron a chantajear a la señora Angélica Muñoz Díaz a trabajar con ellos como informante ya que de lo contrario terminarían con la vida de su esposo"
De acuerdo a denuncia pública de la Fundación por la Defensa de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario del Oriente y Centro de Colombia DHOC, miembros de la SIJIN de la Policía Nacional, amenazaron y hostigaron a dos campesinos provenientes del municipio de Puerto Rico – Meta. Los hechos ocurrieron el 11 de diciembre del 2014 en la ciudad de Villavicencio, donde los agentes hostigaron a los campesinos Angélica Muños Díaz y Héctor Hernán Gómez.
Según la denuncia la señora Angélica Muñoz Díaz, había sido llamada a una cita médica falsa el día 11 de diciembre del 2014 en el Hospital Departamental de Villavicencio, lugar en el cual fue fotografiada por un agente de la SIJIN. Al salir camino hacia la clínica con el fin de preguntar dónde era la cita fue abordada junto con su esposo por dos miembros de la policía nacional que les exigieron documentos de identidad.
Asegura la denuncia d que el señor Héctor Hernán Gómez y la señora Angélica Muñoz Díaz fueron abordados vía Catama frente al Cementerio Central en la ciudad de Villavicencio, por un hombre que les llamó por su nombre, manifestándoles que necesitaba hablar con ellos. Seguidamente cuando los campesinos intentaban evadir al sujeto, fueron cerrados por otro hombre que les ordenó sentarse, de acuerdo a la denuncia los hombres portaban armas de fuego, y “nos acusaron de ser colaboradores de la guerrilla, que trabajábamos para ellos, que transportábamos cosas, que tenemos encuentros y comunicación con ellos, además a mí se me acusa como compañera sentimental de alias “Humberto” y me muestran un papel donde dicen que es escrito por él con palabras de afecto”
Los sujetos procedieron a chantajear a la señora Angélica Muñoz Díaz a trabajar con ellos como informante ya que de lo contrario terminarían con la vida de su esposo Héctor Hernán Gómez identificado con numero de cedula 86085045 de Villavicencio, señor con el que convive hace 6 años, la señora Muñoz.
Los campesinos fueron amenazados y presionados con el supuesto testimonio de dos reinsertados identificados como alias “Calet y Morroco ”seguidamente nos advirtieron que “saben dónde vivimos, dónde viven nuestras familias, que tenemos dos hijas y que nos las va a quitar y se las van a entregar al Bienestar Familiar, que tenemos cuatro procesos delictivos”. Los dos sujetos miembros de la SIJIN les aseguraron que por tal motivo tenían que trabajar para ellos como informantes.
Los hechos ocurrieron por espacio de dos horas y les aseguraron que les daban a cambio de trabajar para ellos la vida, libertad y seguridad para su familia. Los hombres se identificaron como trabajadores del gobierno y les aseguraron que ellos no les servían en la cárcel sino como infiltrados.
De acuerdo a la denuncia “Por el temor de ser asesinados o maltratados físicamente o de nuestras familias” los campesinos procedieron a pedirles un número telefónico por medio del cual pudieran comunicarles la decisión tomada, los hombres les dieron el número de celular 314 691 44 17 y un plazo hasta el día siguiente, no sin antes advertirles que contaban con la información sobre la cita médica que ella requería. Según el testimonio de la señora Angélica Muñoz Díaz,en vista de las amenazas y por seguridad de ellos y su familia, decidieron viajar esa misma noche hacia el municipio de Sogamoso – Boyacá.
Por esta razón los afectados solicitaron la intervención de la organización de derechos humanos para aclarar lo sucedido, de igual manera afirmaron “si la justicia nos requiere, nos presentaremos cuando lo indiquen”.
La Fundación DHOC por su parte responsabilizó al gobierno nacional en cabeza del presidente de la republica Juan Manuel Santos, a la Policía Nacional, al comandante de la policía del departamento del Meta y exigió al gobierno nacional que garantice los derechos humanos y la seguridad de los familiares de los prisioneros políticos, y exige a la Policía Nacional y a la SIJIN detener el hostigamiento y persecución contra los denunciantes y sus familias.
La Fundación solicita a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas Para los Derechos Humanos (OACNUDH) “prestar toda su gestión para que las actuaciones del Estado Colombiano se apeguen a las normas internas se ha comprometido a respetar”. De igual formasolicitan a las organizaciones defensoras de derechos humanos nacionales e internacionales a solidarizarse con las víctimas de violaciones a los derechos humanos.
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