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Tomado de REMA
REMA - ACPP (Red de Medios Alternativos - Agencia Colombiana de Prensa Popular)
En estos momentos, los campesinos de la Macarena Meta, se encuentran reunidos con las autoridades civiles del municipio. Los delegados campesinos están colocando en conocimiento del gobernador del Meta Alan Jara, los motivos de la movilización y denunciando los abusos del ejército nacional en la región, además denuncian que durante los días de movilización el ejército nacional en la Macarena, continuó violando el Derecho Internacional Humanitario.
El gobernador Alan Jara, asegura que se encuentra en comunicación con el el ministro del interior y que éste último afirma que dicho ministerio no ha llegado a ningún compromiso con los campesinos, en relación con la comisión de verificación que estará en la Macarena este próximo 27 de noviembre.
Sin embargo se encuentra el material gráfico que da fe de la reunión realizada en Bogotá el jueves 20, en el cual Juan Carlos Bernal encargado de la Dirección de Derechos Humanos del ministerio del interior, se reunió con una delegación de La Mesa de Unidad Cívico Agrario y Popular del Oriente Colombiano MUCAPOC.
El ministro del interior y el señor Alan Jara niegan que voceros de los campesinos, hayan radicado en el ministerio del interior el 20 de noviembre el pliego de exigencias y que sostuvieran una reunión de aproximadamente dos horas con el señor Bernal, quien firmó el pliego y se comprometió a conformar una mesa de verificación por las denuncias de violación a los derechos humanos en el sur del Meta y norte del Guaviare.
El ministerio del interior se comprometió a que en dicha mesa estaría una delegación de la MUCAPOC, el ministerio del interior, dos delegados de los 9 municipios movilizados, un representante de la dirección de derechos humanos del ministerio de defensa, un representante de la ONU y la defensoría del pueblo. Para los integrantes de la MUCAPOC, no es extraño que el gobernador del Meta y el ministro del interior afirmen que nada de esto se dio, ya que es histórica la falta de voluntad y compromiso por parte del estado colombiano para solucionar los problemas de los campesinos y sobre todo cuando se trata de violación a los derechos humanos por parte de la fuerza pública, ya que como aseguran los mismos dirigentes campesinos movilizados, estas infracciones son una política de Estado.
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