Análisis
Tomado de ANNCOL
Por Revista Insurrección, órgano del ELN
Hace dos años, el pueblo colombiano se tomó las principales ciudades del país, protestando y echando atrás la descarada Reforma a la Justicia, en la que parlamentarios y magistrados se auto indultaban.
Como si el pueblo no tuviera memoria, ahora, con algunos retoques, la elite gobernante vuelve a resucitar ese Proyecto de reforma constitucional, con el llamativo nombre de “equilibrio de poderes”, que ya fue aprobado en primer debate, en la Comisión Primera del Senado.
El presidente Santos inicialmente sustentó el Proyecto, para abolir la reelección presidencial, luego incluyeron a la Procuraduría, la Contraloría y la Fiscalía; hasta sumar 36 artículos, que fueron presentados al Congreso, para ser aprobados en 8 debates, durante los cuales le irán agregando toda suerte de conveniencias, para satisfacer la multitud de intereses de los socios del régimen.
Éste es un Proyecto Mondongo, por la revoltura de temas políticos y judiciales que contiene. Le han agregado asuntos como un Tribunal para juzgar a los funcionarios con fueros especiales, la edad de retiro de los magistrados, la conformación del Senado, el formato de las listas de candidatos a elecciones populares, los premios de consolación para los candidatos no elegidos a cargos del poder ejecutivo, el levantamiento de algunas inhabilidades que tienen los parlamentarios, etc.
El Proyecto de Reforma busca eliminar el voto preferente e impone votar por listas cerradas, con lo que garantizan el monopolio electoral de los grandes partidos e impiden que los grupos minoritarios puedan elegir sus candidatos.
El gobierno y sus aliados argumentan que el voto preferente facilita el ingreso de las mafias a los partidos políticos, pero las pasadas elecciones demostraron cómo todas las mafias de la narco parapolítica, se redistribuyeron en los partidos de la derecha e ingresaron al Congreso, a pesar que sus capos se encuentran en la cárcel.
El ejemplo más elocuente de la anti democracia de las listas cerradas, es el partido del ex presidente Uribe; en donde éste era la única figura que arrastraba la votación y el resto de figurones de la lista, aparecían en ella sólo por ser incondicionales de su jefe. Si hubiera habido una persona con mérito propio en esa lista, con el voto preferente, cualquier ciudadano habría votado por ella, sin estar obligado a votar por el resto personajes de extrema derecha, que la integraron.
El colmo de anti democracia de ésta Reforma es la imposición del Voto Obligatorio, porque obligar a votar es propio de dictaduras, que coartan la libertad y la autonomía del ciudadano. El que no vota expresa una opinión política, crítica o de indiferencia al régimen dominante, con lo que protesta y ejerce un acto de desobediencia civil.
Imponer el Voto Obligatorio para acabar con la abstención del 60 por ciento, es “buscar el ahogado río arriba”. La gente no vota, porque los gobiernos no solucionan los problemas que se padecen y porque “la política” se degradó hasta ser un negocio asqueroso, donde los elegidos vuelven plata de bolsillo los bienes públicos. Ese régimen corrupto y corruptor es lo que se debe cambiar, para que el pueblo vuelva a votar.
Muchos de los 15 millones de colombianos que votan, lo hacen obligados por las necesidades de subsistencia; ellos venden su voto por un bulto de cemento, unas hojas de zinc, unos ladrillos, la promesa de un puesto o de una beca. A los funcionarios públicos y empleados de la economía formal les toca votar por los gamonales políticos, para que no los despidan del trabajo.
Los narco paramilitares se transformaron en importante empresas electorales, con el voto cautivo que impusieron con la ley metálica de “la plata o el plomo”: quien no vende el voto se muere. Así, se adueñaron de varias regiones del país e impusieron la reelección de Uribe.
Ahora, a las anteriores expresiones del Voto Obligatorio, el régimen pretende sumar los 20 millones de colombianos abstencionistas. Y al incrementar la oferta en el mercado electoral, abaratará el precio del voto. En conclusión, el Voto Obligatorio aumentará la corrupción electoral.
Éste Proyecto Mondongo no pasará, como ocurrió con la Reforma a la justicia de 2012, porque de llegarse a aprobar profundizaría la antidemocracia que impera en Colombia y otorgaría mayores privilegios a legisladores, magistrados y gobernantes.
Los movimientos de protesta social y la opinión democrática, que vienen creciendo en los últimos años, son los llamados a liderar la movilización de la sociedad colombiana, para atajar esta Reforma dictatorial y luchar por la democratización del país. Como hace dos años, toda Colombia debe sensibilizarse y salir a la calle.
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