El fallido control estatal del territorio y la expansión de la territorialidad de la resistencia en Colombia

Análisis

Tomado de ANNCOL

Por Jimmy Ríos

Pero si bien la política de control territorial fracasó, eso no niega su participación directa en la victimización masiva de la población. Es más: la victimización es una muestra del fracaso. Dicho de otra manera, el correlato de la ejecución de estos planes fue el crecimiento cuantitativo de las víctimas.

El fallido control estatal del territorio y la expansión de la territorialidad de la resistencia en Colombia

1. El control estatal del territorio fue priorizado entre los objetivos superiores de las políticas de defensa y los planes de guerra, especialmente durante los últimos treinta años, consecuencia de los apuros espaciales del capital. En tal sentido, el imperialismo y la oligarquía ejecutaron un gran esfuerzo militar y paramilitar generando millones de víctimas y agravando aún más su ilegitimidad. Han pretendido construir Estado donde no lo tienen o donde simulan tenerlo representado en una delimitación ficticia del territorio. El mapa oficial sigue sin representar la realidad territorial pues hay muchos factores no coincidentes con el territorio tal y como lo representa el Estado de la oligarquía. Ganaron espacio pero no el territorio ya que tampoco lograron anular procesos históricos y culturales de la resistencia, a pesar del terror generado contra el Pueblo.

Al no lograr el control estatal del territorio, pero sobre todo con la prolongación y expansión geográfica de la resistencia armada, ya no se sostiene la afirmación que animó por décadas la discusión sobre el ordenamiento territorial, según la cual la fragmentación territorial es un “mal endémico” de Colombia. El asunto ya es más complejo porque el proceso de formación de las FARC le plantea serios cuestionamientos a los rasgos más distintivos de lo que hoy identificamos con el concepto de Estado colombiano. Es el caso de la incapacidad de controlar todo el territorio lo cual tiene serias implicaciones. Una por ejemplo, es la obligación de construir nuevo derecho en la justicia transicional, pero también en la distribución del poder, del espacio y de las FFAA como producto de la salida política al conflicto armado.

2. El universo de teorías sobre la cuestión del Estado se construye sobre un sistema categorial que incluye soberanía, centralización del poder, monopolio de las armas y la producción y aplicación de las leyes, capacidad de recaudar impuestos, la población, la legitimidad. El proceso de formación del Estado también incluye la perspectiva histórica y cultural. Y estas categorías se reflejan en las constituciones políticas, en la tecnología estatal y en la regulación internacional, las cuales a su vez reconocen como Estado a quienes logren ejecutar en la práctica los postulados teóricos.

Estas categorías cobran rango constitucional y aparecen en los títulos y en el articulado de las constituciones políticas a manera de funciones de los diferentes poderes (ejecutivo, legislativo, judicial) y de manera más concreta, funciones del presidente, de las FFAA y de las instituciones de justicia. En esos términos se puede decir que en Colombia ni el presidente puede conservar el orden público en todo el territorio y restablecerlo donde fuere turbado, según le ordena la constitución de 1991. Tampoco las Fuerzas Militares logran su finalidad primordial, a saber: la defensa de la soberanía, la integridad del territorio nacional y del orden constitucional. Y mucho menos el Fiscal General de la Nación y sus delegados tienen competencia en todo el territorio nacional.

3. Del mismo modo debemos concluir con la evaluación de los objetivos de la Política de Seguridad Democrática del gobierno de Álvaro Uribe, aunque de esta no se pueden desvincular los antecedentes desde 1998 con la IV reforma de las FFMM y el Plan Colombia, así como su continuidad con la Política Integral de Seguridad y Defensa para la Prosperidad de Juan Manuel Santos. El punto es que civiles y militares reconocen en la PSD una verdadera voluntad política gubernamental para ganar la guerra. Así lo reconocen varios textos escritos por militares que por años la reclamaron. La realidad actual entonces, indica el fracaso de las “Estrategias de la política de defensa para el territorio”, pues no lograron el objetivo. Y lo más importante: esto tiene serias implicaciones si observamos el proceso en la larga duración.

Dicho con las palabras utilizadas en los objetivos de la PSD, el Estado colombiano no reforzó y por ende no garantiza el Estado de Derecho en todo el territorio; no fortaleció la autoridad, ni el libre ejercicio de la autoridad de las instituciones, ni el imperio de la ley. No se logró el objetivo estratégico de la Consolidación del control estatal del territorio. Lo cual significa que fracasó la recuperación gradual de la presencia de la Fuerza Pública en todos los municipios, el incremento de la judicialización de delitos de alto impacto social, la extensión y fortalecimiento de la administración de justicia y de las instituciones del Estado. Recuperación y consolidación del territorio son palabras engañosas pues no se recupera lo que no se tenía. En cambio sí aumentaron las denuncias por violación de los derechos Humanos. El objetivo de la PSD era la disminución de las denuncias: no la reducción de la violación a los DDHH, razón por la cual hasta hoy se afanan con el fuero militar. El intento de control estatal del territorio se convirtió en un baño de sangre.

4. Sumado a lo anterior, en la práctica se verifica también el fracaso del Sector Defensa que es en último término, el protagonista encargado de la ejecución de esta política de control territorial. El Sector realiza su planeamiento estratégico y define algunas estrategias con las cuales se alinea con el planteamiento de la política del gobierno. No logró el control y dominio del territorio nacional por parte de la Fuerza Pública y no aseguró la infraestructura económica a la cual destinan, en términos oficiales, 90 mil unidades. Fracasó el crecimiento de las FFAA al punto de contar con 500 mil integrantes y con el gasto militar más alto de la Región, en términos de porcentaje del PIB. Crearon la segunda flota de helicópteros Black Hawk en América y la cuarta en el mundo con propósitos de movilidad justificada con el control territorial y fracasaron. Al fracaso de la Cuarta Reforma a las FFMM y del Plan Colombia se le suma el del Plan Patriota, el Plan Consolidación y el Plan Espada de Honor en sus dos versiones.

Pero si bien la política de control territorial fracasó, eso no niega su participación directa en la victimización masiva de la población. Es más: la victimización es una muestra del fracaso. Dicho de otra manera, el correlato de la ejecución de estos planes fue el crecimiento cuantitativo de las víctimas. La cronología de la guerra indica que los cambios en la doctrina, en las tácticas de guerra así como el despliegue de las fuerzas, sumado al aumento del apoyo de los Estados Unidos, del endeudamiento externo para las FFMM, de los impuestos de guerra, todo lo cual incrementó significativamente el presupuesto del sector defensa permitiendo el crecimiento del pie de fuerza y la adquisición de armamento, en la medida de todo éste crecimiento fueron expandiéndose los hechos victimizantes y las víctimas.

5. Aunque los capitalistas se frotan las manos con el tal posconflicto, saben muy bien que todavía no pueden explotar la tierra prometida. Les prometieron control estatal del territorio para expandir geográficamente sus negocios y les han incumplido. Los políticos y militares les prometieron territorio con seguridad y paz burguesa a manera de condiciones de producción favorables a los ricos de aquí y de allá. Las nuevas inversiones en agricultura, minas y energía siguen aplazadas muy a su pesar. La oligarquía y el imperialismo necesitan más espacio y más territorio. Todo el terror fue desplegado como producto de los apuros espaciales del neoliberalismo el cual requiere de más Estado en los espacios con potencial económico.

Los capitalistas tienen planes de inversión y ganancias con la tierra y el territorio cuya ejecución se encuentra aplazada debido a las resistencias populares por toda la geografía, oponiéndose a la ocupación militarista y al desarrollo extractivista imperialista. La última Asamblea de la Asociación Nacional de Industriales (ANDI) concluyó con la afirmación según la cual el “futuro está en la agroindustria”. Ya hay recomendaciones tipo “la banca tiene que mirar al campo”. Y el gobierno pretende un PIB donde el sector agropecuario represente el 10%. Sin duda tenían otras expectativas para la segunda década del Siglo XXI. Habían realizado trabajos de prospectiva y creación de escenarios en los cuales no se contemplaba una férrea oposición a su proyecto desarrollista, especialmente la resistencia armada del Ejército del Pueblo.

Y es que el discurso de la competitividad diseña una nueva ocupación, un nuevo esquema de ordenamiento territorial utilitarista de la perspectiva histórica y del interés regional (como han abusado del interés nacional), pero los beneficios de sus productos no quedan en manos de los pobladores históricos de la región. Con las transformaciones espaciales actuales, la tecnocracia neoliberal viene utilizando de nuevo la historia y la cultura regional, en búsqueda de una cohesión favorable a la competitividad y al mercado. Con ello se demuestra el interés por una nueva escala de acumulación: la región. Y un nuevo discurso de legitimación: “la conciencia regional”.

6. En el centro de la explicación del fracaso del control territorial del Estado de la oligarquía están las FARC. El Ejército del Pueblo le compite al Estado, para citar un concepto de Norbert Elías en el análisis del proceso de formación del Estado. Por esta razón, las FARC no pueden ser entendidas solo como una organización más en el espectro político y de manera particular en la izquierda. Es una organización política cualitativamente muy distinta. Su presencia histórica, cultural, militar, política y económica la ubica en otros conceptos con serias implicaciones en una eventual salida al conflicto armado. El proceso de formación de las FARC impide el control estatal de todo el territorio y en consecuencia es una seria oposición a la expansión geográfica del capitalismo. El territorio de la resistencia está superpuesto en algunos casos, pero en otros la resistencia es soberana, donde la ocupación y la administración del territorio no es la del Estado de la oligarquía. La oligarquía y el imperialismo quisieron integrar territorios por vía militar y terrorista y se encontraron con la territorialidad de la resistencia.

En esta situación, en la cual la protagonista continua siendo la dialéctica de integración, desintegración, inclusión y exclusión, se producen otras territorialidades al interior de Colombia, a saber, la construcción territorial de la resistencia. Existe una territorialidad beligerante con niveles de institucionalización y mejor aún, reconocida por un número importante de habitantes. Este punto es el lugar para recordar la investigadora y profesora María Teresa Uribe, cuando afirma que las “territorialidades y macroregiones bélicas subvirtieron, en la práctica, la división políticoadministrativa del país, organizada en torno a municipios y departamentos y con base en la cual se desarrollaban los servicios de gestión, administración y seguridad públicas. Se configuró, por esta vía, un nuevo mapa de Colombia y unas nuevas realidades regionales que desvertebraron los viejos departamentos y los referentes territoriales locales, cambiando, de esta forma, los meridianos y los paralelos de la geografía y la demografía de la Nación”. (1999).