Desarrollo del punto 4 propuestas mínimas "Víctimas del conflicto" - Primera parte

Comunicado

Por Delegación de Paz de las FARC-EP

4. Responsabilidad sistémica, responsabilidad principal del Estado y responsabilidades múltiples, incluidas las responsabilidades guerrilleras, frente a las víctimas del conflicto

En desarrollo de las propuestas mínimas sobre Derechos integrales de las víctimas para la paz y la reconciliación nacional, las FARC-EP presentamos el siguiente conjunto de 4 iniciativas de 10 correspondientes al punto 4 de “Responsabilidad sistémica, responsabilidad principal del Estado y responsabilidades múltiples, incluidas las responsabilidades guerrilleras, frente a las víctimas del conflicto”:

4.1. Reconocimiento de la responsabilidad sistémica. Se hará un reconocimiento de la responsabilidad sistémica y del orden de relaciones sociales capitalistas existentes, a fin de explicar las razones más generales y abstractas de los procesos de victimización. Se admitirá, por tanto, que el origen y la reproducción de la violencia del sistema, que ocasiona procesos de victimización sistemática, se encuentra en las condiciones estructurales, políticas, económicas, sociales y culturales, de dominación y explotación, de desigualdad, pobreza y miseria, de exclusión e inequidad, prevalecientes en el país, así como en el diseño e implementación de políticas encaminadas a la preservación y prolongación del régimen imperante. Todo ello produce y reproduce de manera incesante el conflicto social y de clases; desata fuerzas, formas de organización, mecanismos y dispositivos de preservación del poder y del régimen de privilegios por parte de las clases dominantes, incluyendo el recurso de violencia, que es intrínseca e inherente al sistema. Asimismo, provoca diversas formas de respuesta social y popular, incluida la subversión y la rebelión armada, que debe comprenderse legítima, como derecho de los pueblos, y en procura de un nuevo orden social que supere los fundamentos del ya existente. Superar de forma definitiva el orden de victimización presume superar el orden de relaciones sociales existentes.

4.2. Reconocimiento de responsabilidad general y principal del Estado. El Estado y su institucionalidad, entendidos como expresión organizada del poder constituido y predominante, asumirán la responsabilidad general y principal frente a los procesos y hechos de victimización sistemática que han generado millones de víctimas a lo largo del conflicto. La responsabilidad del Estado debe ser definida considerando múltiples dimensiones y ámbitos, entre otros, teniendo en cuenta:

a. La implantación de modelos económicos y de medidas y acciones de política económica que reproducen y acentúan la desigualdad socioeconómica, estimulan la concentración y centralización de la riqueza y de la propiedad, favorecen  a latifundistas, grupos económicos y poderes corporativos transnacionales, precarizan el trabajo y promueven la informalidad, ceden la soberanía económica a favor de organismos multilaterales y propician la expansión de economías ilícitas, especialmente del negocio transnacional del narcotráfico mediante la desregulación financiera;  

b. El cierre del sistema político y de representación, la inexistencia de garantías para el ejercicio de la oposición política y social y la materialización del derecho a ser alternativa política frente al régimen existente;

c. La activación en diferentes momentos del conflicto de dispositivos de terrorismo de Estado y la puesta en marcha de una política de militarización de la vida política, económica, social, cultural, y de la comunicación, que somete el conjunto de las relaciones sociales a lógicas de confrontación y control social según parámetros castrenses;

d. El diseño e implementación de una política de seguridad y defensa inspirada en la doctrina de la “seguridad nacional”, el intervencionismo imperialista, la cesión de la soberanía nacional y la instalación de bases militares estadounidenses.

e. El diseño y la movilización de la administración de justicia en función de los propósitos de la guerra, lo cual ha incluido la implementación de una política criminal que además de eliminar el delito político y el derecho a la rebelión, persigue, estigmatiza y criminaliza la oposición política y social, se inspira en el “derecho penal del enemigo” y ha erigido la extradición de insurgentes en arma de guerra;

f. La activación reiterada del poder legislativo para promover en diferentes momentos de la historia del conflicto una legislación favorable al escalamiento y la intensificación de la guerra, incluida la financiación expansiva del gasto militar;

g. La promoción de pactos de impunidad, de total desconocimiento de las víctimas, como los casos del Frente Nacional y de la supuesta desmovilización del paramilitarismo en el gobierno de Uribe Vélez.

h. Todo ello ha conducido a demostradas violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario.

La responsabilidad general y principal del Estado no se encubrirá con la figura de la responsabilidad de “agentes estatales”, sin perjuicio desde luego de las individualizaciones a que haya lugar.

4.3. Reconocimiento especial de responsabilidad de las Fuerzas militares y de policía. Se hará un reconocimiento especial de la responsabilidad de las Fuerzas militares y de policía, así como de los organismos de inteligencia en la generación de procesos de victimización sistemática contra la población, en desarrollo de la doctrina de la “seguridad nacional”, del combate al “enemigo interno”, y de la contención del “enemigo comunista”. Se reconocerá que para la materialización de dichos propósitos se diseñaron los correspondientes marcos jurídico-institucionales, se propició el menoscabo del propio orden del derecho en el que afirma sustentarse el Estado a través de diversas modalidades de la “guerra sucia”, y se dispusieron los correspondientes recursos de presupuesto.

4.4. Reconocimiento especial de responsabilidad estatal en la conformación de estructuras paramilitares y de contrainsurgencia. Se hará un reconocimiento especial de la responsabilidad del Estado en el diseño, la conformación, financiación y operación de estructuras paramilitares y de contrainsurgencia, con la función esencial de combatir, debilitar y liquidar múltiples expresiones organizadas de oposición política y social y de alternativa política, preservar el régimen de dominación y explotación, y concentrar y acrecentar la propiedad, el ingreso y la riqueza. Se admitirá que a través de esas estructuras, legalizadas incluso en diversos momentos del conflicto, se ha adelantado y continúa adelantando una guerra sistemática contra el pueblo, ocasionando desplazamiento, despojo, terror y muerte en forma masiva y selectiva. Se reconocerá que tal política de combate al “enemigo subversivo” devino en la conformación de un bloque de poder contrainsurgente, como lo demuestran investigaciones académicas, en el que concurren poderes políticos, económicos, de latifundistas y terratenientes, empresas nacionales y transnacionales, fuerzas militares y de policía, y poderes narcotraficantes, dotado por una dirección política y un brazo militar de mercenarismo contrainsurgente. Dicho bloque de poder es responsable directo del desarrollo de maquinarias de destrucción y técnicas de muerte, con evidentes rasgos fascistas, que se han activado a lo largo del conflicto.

DELEGACIÓN DE PAZ DE LAS FARC-EP