"Como puede ver, Señor Presidente, todos los argumentos de sus subalternos para negarse a acatar la sentencia quedan pulverizados ante los fundamentos tan nítidos de la Corte"
Comunicado
Bogotá, 0ctubre 14 de 2014
Doctor
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
Presidente de la República
Ciudad
Ref:
Rad: EXT10-00099660 – Noviembre 3/2010
Rad: EXT11-000006335 – Enero 24/2011
Rad: EXT11-00014231 – Febrero 13/2011
OFI11-00007596 / JMSC 33020 – Enero 21/2011
OFI11-00014392 / JMSC 33020 – Febrero 15/ 2011
OFI11-00019116 / JMSC 33020 – Febrero 25/ 2011
Rad: EXT11-00034960 – Abril 11 /2011
OFI11-00036328 / JMSC 33020 – Abril 11 / 2011
Rad: EXT11-00061811 – Junio 28 / 2011
Rad: EXT11-00109596 - Noviembre 15 / 2011
Rad: EXT12-00064927 -Agosto 2 /2012
Rad: EXT12-00089778 –Octubre 17 / 2012
Rad: EXT13-00009186- Febrero 2 / 2013
Rad: EXT13-00035.864 - Abril 16/ 2013
Rad: DPG13-00003398 – Septiembre 17 / 2013
Rad: DPG13-00006189 – Octubre 17 / 2013
Rad: DPG14-00006705 – Marzo 14 / 2014
De toda consideración.
En los tres últimos derechos de petición (septiembre 17/13; octubre 17/13 y marzo 14/14) le supliqué, Señor Presidente, poner fin a la desaparición forzada del joven BUENAVENTURA HOYOS HERNÁNDEZ, desaparecido forzadamente el 31 de agosto de 2013 en la vereda La Hoz de San José de Apartadó por paramilitares que actuaban en estrecha coordinación con efectivos del Batallón Vélez de la Brigada XVII del Ejército, caso que fue objeto de las medidas cautelares No. 301-13 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Le relaté, Señor Presidente, la peregrinación efectuada por miembros de la Comunidad de Paz acompañados de organizaciones solidarias de varios países y de otras regiones de Colombia y de medios de comunicación, peregrinación de 150 personas en la cual pudimos comprobar la presencia de fuertes contingentes de paramilitares en la zona cuyos dormitorios estaban a pocos metros del campamento militar del Batallón Vélez. También le reclamé por las vergonzosas respuestas de su gobierno a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, afirmando que estaban buscando al desaparecido en numerosos lugares donde cualquiera sabe que no lo van a encontrar y en cambio no lo buscaban en los sitios donde todas las autoridades saben que acampan, desde hace muchos años, sus desaparecedores. Fue inútil también la reunión realizada en Medellín en diciembre de 2013, entre varios Magistrados de la Corte Constitucional con el Gobernador de Antioquia, Sr. Sergio Fajardo, su Secretario de Gobierno y varias personalidades de Medellín, para exigirles actuar y poner fin a esa desaparición forzada, logrando sólo una respuesta evasiva del Gobernador, quien remitía el problema a la fuerza pública, es decir, a los mismos desaparecedores, mostrando absoluta insensibilidad y decisión de no actuar ante un crimen de lesa humanidad perpetrado de manera tan cínica en su propio departamento, por agentes del Estado.
Meses después la Comunidad tuvo noticia de que Buenaventura fue dejado en libertad de manera clandestina; tuvo que ocultarse en una zona rural lejana a su vivienda y trabajo anterior; ha optado por esconderse de cualquiera que pueda preguntarle detalles de su desaparición y revela síntomas de agudo traumatismo sin que haya posibilidades de brindarle un apoyo sicológico para su rehabilitación. ¿Cree Usted, Señor Presidente, que esa es una actuación legítima de un gobierno que se dice “democrático”? ¿Dónde están, Señor Presidente, la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición frente a un crimen de lesa humanidad? ¿Acaso es posible que su Gobierno ignore que las estructuras paramilitares que perpetraron el crimen siguen actuando en la zona en estrecha coordinación con la Brigada XVII? ¿Ignora, Señor Presidente, que esa estructura paramilitar construyó posteriormente una carretera entre Nuevo Antioquia y Rodoxalí a la vista de todo el mundo y con pleno respaldo y protección de la Brigada XVII y que actualmente está construyendo casas en Rodoxalí para tener un control total de los pobladores del lugar? La ausencia de toda investigación y de toda medida administrativa correctiva a la Brigada XVII y al Batallón Vélez por este crimen, ¿significa, Señor Presidente que Usted respalda, con medidas prácticas y omisivas que son las más eficaces, el crimen de la desaparición forzada, y que protege con su silencio y omisión el que se busquen soluciones clandestinas y de plena impunidad para acallar la acción de organismos internacionales?
Invocando el derecho constitucional de petición, le ruego, Señor Presidente, que le dé una explicación coherente de este caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a la sociedad colombiana y a la comunidad internacional.
También le he solicitado ya muchas veces, Señor Presidente, poner fin al desacato a la Sentencia T-1025/07 de la Corte Constitucional, en la cual se le ordena entregar los nombres, códigos institucionales, unidades de pertenencia y líneas de mando de los miembros de la fuerza pública que estuvieron presentes en los días, sitios y horas en que fueron gravemente violados los derechos fundamentales de los ciudadanos y/o perpetrados crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra.
En el último derecho de petición analicé minuciosamente las respuestas últimas que han dado sus subalternos, invocando una “reserva” que legalmente no existe para ese tipo de información y que llevaría a conclusiones extremada absurdas y graves.
Los argumentos jurisprudenciales de la Corte Constitucional siguen siendo absolutamente nítidos e incontrovertibles y a lo único que llevan es a comprobar reiterativamente que aquí se da un desacato presidencial a la más alta Corte del Estado, dejando en la ciudadanía la convicción de que el Estado de Derecho es una ficción.
El entramado lógico jurídico de la Corte Constitucional no puede ser más preciso y claro:
La Corte formuló la pregunta básica a la cual debía responder, así: “¿tienen los ciudadanos el derecho de conocer los nombres, códigos, unidades a las que están adscritos y líneas de mando de los miembros de la Fuerza Pública que participan en determinadas acciones militares o se encuentran en ciertos lugares a determinadas fechas y horas? Y, por tanto, vulneró el Ministerio de Defensa el derecho del actor a acceder a la información que reposa en el Estado, en la medida en que se negó a suministrarle los datos que solicitaba sobre los miembros de la Fuerza Pública que estuvieron presentes en determinadas situaciones no relacionadas con labores de inteligencia?”, a lo cual respondió con la decisión absolutamente clara y contundente de: “REVOCAR la sentencia proferida por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, el 23 de junio de 2006, mediante la cual se negó la acción de tutela” (que originó esta revisión y) “en su lugar se concede la tutela impetrada por violación tanto del derecho de acceso a la información que reposa en el Estado, como por violación del derecho de acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación de los miembros de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó”, decisión que llevaba a la más práctica de: 3: “ORDENA® al Ministerio de Defensa que suministre la información solicitada, y, por lo tanto, indique los nombres de los integrantes de la fuerza pública que se encontraban en los lugares y momentos señalados por el peticionario, así como sus códigos institucionales, las unidades a las cuales están adscritos y su línea de mando”.
Al hacer explícitas las razones y doctrina que sustentan su decisión, la Corte se refiere así a las negativas dadas antes de la revisión, por parte del Ministerio de Defensa: “la decisión del Ministerio comporta una afectación extrema del derecho a acceder a la información, con lo cual se obstaculiza también la realización del derecho de las víctimas a lograr la verdad, la justicia y la reparación, y una garantía de no repetición de los hechos que los afectan. Es decir, independientemente de si son inocentes los agentes de la Fuerza Pública cuyos nombres se solicitan, las víctimas tienen el derecho de indagar sobre las circunstancias y los presuntos autores de los delitos y ello significa que pueden acceder a los nombres de los agentes que ellos consideran que pueden estar implicados”.
La Corte añade que “la determinación del Ministerio de Defensa hace inoperante en este caso el derecho ciudadano a acceder a la información que reposa en las instituciones del Estado” y explica que “la reserva de las investigaciones no se aplica a los nombres de los investigados sino a las diligencias practicadas” y que en el caso de los miembros de la Fuerza Pública “desde el mismo diseño de los uniformes de la Fuerza Pública se parte de la base de que los nombres de sus agentes deben ser visibles y reconocibles para los ciudadanos. Esto significa que la actividad cotidiana de los miembros de la Fuerza Pública entraña que sus identidades sean conocidas, tal como lo solicita el actor de la presente tutela”.
Como puede ver, Señor Presidente, todos los argumentos de sus subalternos para negarse a acatar la sentencia quedan pulverizados ante los fundamentos tan nítidos de la Corte: no se trata de una decisión puntual que lleve a entregar solamente los nombres de la primera petición, sino que se trata de un principio constitucional aplicable sistemáticamente mientras exista la Constitución; no hay reserva aplicable, pues la reserva judicial no cobija los nombres; menos puede haber reserva en caso de la fuerza pública, pues por ley sus nombres deben estar escritos en su mismo uniforme y es ilegal ocultarlos.
Ya van, Señor Presidente, 7 años de desacato de esta sentencia. Mantener en sus puestos al Ministro de Defensa y demás personal castrense que tienen la responsabilidad en este desacato, ¿significa, Señor Presidente, que Usted apoya el desacato? ¿Cómo puede, entonces, afirmar que cumple la Constitución?
Nuevamente le suplico, Señor Presidente, poner fin a este septenio de desacato.
Otro desacato flagrante, Señor Presidente, es el que aún sostiene, en el caserío de San José de Apartadó, el puesto de policía introducido por el ex Presidente Uribe en medio de la población civil y luego la base militar en la misma área de vivienda y trabajo de la población civil. Tanto ante las directivas de la Policía como ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos hemos probado hasta la saciedad que los argumentos esgrimidos por la Policía para mantener el búnker en San José de Apartadó no son válidos. La sentencia T-1206/01 de la Corte Constitucional reafirma el principio según el cual al Estado le está absolutamente vedado “imponer riesgos sobrevinientes a la población civil”. Las jerarquías policiales, en sus alegatos, han recurrido a argumentos que sirvieron para negar algunas tutelas que exigían el retiro de puestos de policía a comienzos de los años 90, pero que, como lo advierte la misma Corte en esta sentencia, quedaron anulados al aprobarse el Protocolo II de los Convenios de Ginebra. La Corte afirma allí tajantemente que la Policía en Colombia es un “cuerpo combatiente” y ubicarla en cercanías de poblaciones civiles es “imponer un riesgo sobreviniente” a la población, lo cual le está absolutamente vedado al Estado. Adicionalmente, tanto ante las directivas de la Policía como ante la Comisión y la Corte Interamericanas de Derechos Humanos y ante Usted, Señor Presidente, en varios derechos de petición, hemos hecho el recuento criminal del puesto de policía de San José de Apartadó, el cual comenzó con el robo a sangre y fuego de una vivienda usurpada a sus propietarios y se prolongó en saqueos, amenazas, apoyo al paramilitarismo y otra multitud de crímenes hasta dejar cerebralmente muerto a quien les reclamaba su vivienda usurpada, provocar la muerte de pobladores mediante bárbaras torturas, desmantelar las casas de los desplazados convirtiendo algunas de ellas en sitios de prostitución para los agentes y otra cantidad de aberraciones. El Auto 164/12 de la Corte Constitucional, en su ORDEN QUINTA, dirigida al Ministerio de Defensa con participación de la Defensoría y de la Procuraduría, exigía “establecer un procedimiento de revisión de la aplicación de los principios del Derecho Internacional Humanitario que faciliten el cumplimiento del deber constitucional de la fuerza pública y el respeto de los derechos de la Comunidad de Paz, para lo cual se debe revisar el mecanismo adoptado conjuntamente entre la Fuerza Pública y la Comunidad de Paz en 1998 como reglamento para las zonas humanitarias”. En la nota 4, la Corte alude a 2 convenios firmados en 1998 y 1999 con comunidades retornadas del desplazamiento en la zona de Urabá, en los cuales se promete que no habrá presencia de fuerza pública en los asentamientos mientras no existan situaciones que la exijan y que se expresen en llamados de las casas de justicia o de las comunidades. No constituye argumento válido para mantener el búnker de la policía en ese sitio, el hecho de que haya costado 1700 millones, y menos la explicación de que ya no es un lote robado puesto que se lo pagaron a la viuda. Luego de revisar los papeles enviados por la Policía, al querer tapar un delito se cometió otro: realizar un acto notarial de enajenación de bien raíz por parte de una persona cerebralmente muerta.
Invocando nuevamente el derecho de petición, le ruego nuevamente, Señor Presidente, poner fin a este grave desacato cuyas consecuencias graves se siguen multiplicando: casi no hay semana del año en que no haya tiroteos en el casco urbano de San José. ¿Cree, Señor Presidente, que es “constitucional” mantener a esa población en un permanente “riesgo sobreviviente”, vedado tan claramente por la más alta Corte del Estado?
Y otro desacato de muchos años es seguir permitiendo que la Brigada XVII viole de manera sistemática los derechos humanos, sea protegida por absoluta impunidad y sea el principal respaldo de las huestes paramilitares que dominan la región perpetrando atrocidades. Hemos denunciado hasta la saciedad que el Gobierno trata de tapar los crímenes de la Brigada simplemente negándolos como si nunca se hubieran producido, mientras a la población de la zona le toca sufrir la barbarie en esa cruda realidad negada. Las respuestas del Gobierno ante los órganos judiciales nacionales e internacionales son vergonzosas: se afirma que las constancias son “abstractas” sin que aporten información sobre circunstancias de tiempo, modo y lugar de los hechos, pero los pobladores se esfuerzan por precisar las fechas, horas, lugares, circunstancias, nombres de las víctimas, detalles de los hechos e identificación posible de unos victimarios que, violando la ley, ocultan siempre sus nombres.
En los últimos meses la situación se ha vuelto aún más trágica por la designación del CORONEL GERMÁN ROJAS DÍAZ como comandante de la Brigada XVII. En años anteriores, cuando comandaba el Batallón Voltígeros, su comportamiento se reveló como un verdadero criminal y todo esto se puso entonces en su conocimiento, Señor Presidente: el 7 de enero de 2009 el CORONEL GERMÁN ROJAS DÍAZ se valió del reconocido paramilitar WILFER HIGUITA para someter a uno de los más viles chantajes a alguien que había sido miembro del Consejo Interno de la Comunidad de Paz. El mismo Coronel le advirtió por teléfono que si no aceptaba colaborarle para destruir la Comunidad de Paz, lo judicializaría como guerrillero y narcotraficante. El 7 de febrero de 2009 el TENIENTE DELGADO, del Batallón Voltígeros comandado por el Coronel ROJAS, le reprochó a la víctima haber denunciado el chantaje del Coronel y lo conminó a presentarse al batallón, pues según él, sólo los militares podían ayudarlo o destruirlo y su suerte estaba en manos de ellos y de nadie más, así denunciara los hechos en otras instancias. El 24 de febrero detuvieron ilegalmente a un hermano de la víctima para enviarle más mensajes intimidatorios. El 26 de agosto los paramilitares de Nuevo Antioquia detuvieron a miembros de la Comunidad de Paz para averiguar por el paradero de la víctima y el 21 de septiembre los militares detuvieron a otros dos miembros de la Comunidad para averiguar por la misma persona. El 18 de octubre del mismo año 2009 los militares detienen nuevamente a la víctima y a familiares suyos y se quejan de que la Comunidad tenga acompañamiento internacional, el cual pronostican que se acabará gracias a su persecución. El 16 de noviembre del mismo año el paramilitar WILFER HIGUITA, brazo derecho del Coronel ROJAS, revela en la vereda Caracolí una lista de gente para matar, entre los cuales está la víctima del chantaje. El 9 de diciembre los paramilitares revelan otra lista para matar en el barrio Policarpa, en la cual figura también la víctima del chantaje. El 4 de agosto de 2010 el CORONEL ROJAS pone una demanda por “amenazas” contra la Comunidad de Paz, por haber protestado contra las tropas que ponían trincheras de guerra en el asentamiento de paz de La Unión y que al tiempo derribaban las vallas de la Comunidad de Paz. El 4 de julio de 2012 los paramilitares incineraron la vivienda de la víctima del chantaje y 3 días después penetraron en el caserío de San José, fuertemente militarizado, para ufanarse de haberla incinerado con la colaboración del ejército. El 7 de marzo de 2013 el CORONEL ROJAS seguía preguntando, vía celulares, por el paradero de la víctima del chantaje. A pesar de que todos estos episodios criminales fueron puestos en conocimiento suyo, Señor Presidente, en los anteriores derechos de petición, y remitidos por la misma Presidencia a todos los órganos de control del Estado y por la Comunidad a los organismos intergubernamentales, el CORONEL GERMÁN ROJAS DÍAZ, en lugar de ser destituido y de ir a prisión, fue ascendido a comandante de la Brigada XVII del Ejército, unidad que tiene en su haber varios millares de crímenes de lesa humanidad contra la Comunidad de Paz y contra la población campesina de su entorno.
Dicho ascenso del Coronel Rojas a la comandancia de la Brigada XVII, ¿significa de su parte, Señor Presidente, un respaldo a dichos comportamientos del Coronel? ¿Habrá otra manera de interpretarlo?
Le refiero enseguida, Señor Presidente, los hechos sufridos por la Comunidad de Paz y la población campesina de su entorno, a partir del último derecho de petición (marzo 14 de 2014):
El lunes 24 de marzo de 2014, en horas de la mañana se escuchó la detonación de un artefacto junto al casco urbano de San José de Apartado, al parecer un grupo de militares detonaron el artefacto junto a los espacios de recreación y deporte en el casco urbano de San José.
El jueves 26 de marzo de 2014, hacia las 16:00 horas, un grupo de militares entraron abusivamente a los espacios de la Comunidad en el asentamiento de San Josecito. A pesar de que se les pidió que se retiraran del lugar, amenazaron a los miembros de la Comunidad diciendo que ellos hacían lo que se les da la gana, que en vano ellos no cargaban el arma, que la autoridad son ellos y no una hp comunidad de paz.
El sábado 28 de marzo de 2014, hacia las 14:00 horas, un grupo de militares detuvo a dos miembros de la Comunidad de Paz, al momento que buscaban algunas bestias en los espacios de cultivos de las familias de la Comunidad. Los uniformados amenazaron a los dos integrantes de la comunidad anunciándoles que si daban un paso más hacia adelante no respondían por sus vidas. La presencia militar en los espacios de trabajo de la Comunidad, no son otra cosa más que una forma de obstaculizar las labores de campo que cotidianamente realizan en los cultivos de pan coger y de subsistencia.
En las últimas semanas de marzo de 2014 se percibió el movimiento de maquinaria y material, el cual tiene como fin la construcción de un mega-colegio escolar en el casco urbano de San José, proyecto dirigido desde el más alto nivel del Gobierno, sin tener en cuenta que dichas instalaciones se vienen construyendo justo al pie de la base militar. Cabe preguntarse hasta cuándo tanto cinismo? Hasta cuándo los niños y niñas, salones escolares y población civil seguirán siendo trincheras y escudos humanos por parte de la fuerza pública? De hecho el casco urbano de San José, la escuela, iglesias y centros de salud han sido campo de batalla para los distintos actores armados.
Por esos mismos días la Comunidad de Paz se enteró de las amenazas de los paramilitares a una familia de apellido MOLINA en la vereda Rodoxalí, vereda del corregimiento de San José, a quienes obligaron a venderles una finca propiedad de la familia. Bajo el terror y las amenazas los paramilitares compraron dicha finca la cual tiene una extensión de aproximadamente 300 hectáreas, a plena vista de las autoridades civiles y militares en la región, quienes no hacen absolutamente nada ante dicha situación. Dicha propiedad era del campesino Ismael Molina Correa quien perdió la vida el lunes 21 de enero de 2013, al pisar una mina en sitios donde constantemente los paramilitares acampaban.
El lunes 14 de abril de 2014, la Comunidad de Paz, recibió comunicación fechada el 20 de febrero de 2014, en la cual el Coronel ERNESTO JOSÉ CORAL ROSERO de la Brigada XVII envía al Señor Coronel RAFAEL ÁVILA SALAS Jefe de Estado Mayor Séptima División, información que ha sido remitida por parte de la Fuerza Pública en diversas ocasiones a distintas comunidades que acompañan a la Comunidad en el país y otras partes del mundo: en dicha carta el Coronel de la Brigada XVII de forma irrespetuosa convierte a las víctimas en victimarios, al afirmar que el grupo de miembros de la Comunidad que acudió en solidaridad con Uber Areiza, les insultó y les rodeó al reclamar a Uber, registrando fotográficamente el hecho como abusivo según el Coronel. No es la primera vez que esto sucede; por más de 17 años la Comunidad ha padecido todo tipo de ultrajes, torturas o crímenes, y luego de víctimas los convierten en victimarios.
El domingo 20 de abril de 2014, hacia las 11:30 horas, a la altura del kilómetro 40 entre la vía Tunja-Bucaramanga, fue interceptado el vehículo en el que se transportaba Arley Tuberquia, miembro del Consejo Interno de la Comunidad de Paz, por una patrulla de la Policía. Al identificarlo como miembro de la Comunidad, lo insultaron e inclusive le cuestionaron el que estuviera transitando por dicho lugar; allí los uniformados lo trataron con palabras soeces argumentando que todos esos HP miembros de esa Comunidad de Paz, eran igualitos, una partida de hp guerrilleros que se camuflaban con los derechos humanos.
El jueves 24 y viernes 25 de abril de 2014, se notó una fuerte presencia de paramilitares en las veredas Las Claras, Murmullo Alto y Alto Joaquín pertenecientes al corregimiento la Osa del Municipio de Tierralta, Córdoba, y donde existen asentamientos de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó.
El miércoles 30 de abril de 2014, hacia las 7:30 horas fue detonado un artefacto explosivo en el casco urbano de San José al momento en el que las puertas de la escuela que allí funciona se iban a abrir. Al parecer dicha explosión fue detonada controladamente por la fuerza pública que hace presencia allí. No sin antes advertir que a pocos metros del lugar donde fue detonado el artefacto se encuentran las instalaciones de dicho centro educativo.
En las últimas semanas de abril de 2014, los paramilitares, con aval de la fuerza pública e instituciones del Estado, vienen construyendo ilegalmente una carretera entre el casco urbano de Nuevo Antioquia y las veredas Rodoxalí y La Hoz, pertenecientes al corregimiento de San José. Todo pasa desapercibido. Hace tan solo unas semanas que la Comunidad denunciaba que el paramilitarismo se está adueñando de las tierras en Rodoxalí y hoy hacen carreteras, todo bajo la protección y el beneplácito de las autoridades.
El martes 6 de mayo de 2014, hacia las 9:45 horas y posteriormente a las 9:55 horas, fueron detonados dos artefactos explosivos, el primero de ellos en el paraje de La Antena, junto a una base militar instalada ilegalmente allí, y el segundo en el casco urbano de San José de Apartadó.
El miércoles 7 de mayo de 2014, fue visto un grupo de paramilitares encapuchados y portando armas largas en los alrededores del sitio Los Mandarinos, en dicha vereda fue asesinado un poblador.
El viernes 9 de mayo de 2014, en el sitio conocido como El Barro, de la vereda Mulatos, perteneciente al corregimiento de San José, se presentó un enfrentamiento entre tropas del Ejército con guerrilleros de las FARC.
El miércoles 14 de mayo de 2014, en la vereda Mulatos fue retenido ilegalmente por tropas del Ejército un miembro de la Comunidad de Paz a quien quisieron obligar a dar información sobre el paradero de la guerrilla, pues, según los militares, la Comunidad tenía conocimientos de los movimientos de la guerrilla. Después de varios minutos y de insultos, lo dejaron en libertad.
El viernes 16 de mayo de 2014, tropas del Ejército que han venido acampando en la vereda Buenos Aires, perteneciente al corregimiento de San José, se ubicaron en un predio de la Comunidad de Paz, en la vereda La Unión, junto a los cultivos de las familias de la comunidad. La presencia de los uniformados ha causado espanto a los animales de corral que allí se tienen. De igual forma han prohibido que miembros de la Comunidad transiten por el lugar.
El sábado 17 de mayo de 2014, hacia las 9:30 horas, se presentó un enfrentamiento entre tropas militares adscritas a la Brigada Móvil 24 y las FARC en la vereda La Esperanza perteneciente al corregimiento de San José. Los militares habían llegado minutos antes a la vivienda del campesino Teodoro López, la cual fue saqueada por ellos robando los animales de corral y otros enseres como víveres de supervivencia de la familia, destruyendo además la ropa de la familia. Los militares allí usaron la vivienda como trinchera y escudo, resultando al final la vivienda averiada por los proyectiles en el intercambio de disparos. Todo esto constituye un crimen de guerra claramente tipificado en el Derecho Internacional Humanitario.
El martes 20 de mayo de 2014, en la vereda La Unión, fue retenido LUIS ARNOLDO DAVID, miembro de la Comunidad de Paz, por tropas del Ejército. Lo obligaron a tenderse en el suelo y lo sometieron a ultrajes físicos y psicológicos, acusándolo de ser un jefe guerrillero que operaba en el departamento de Córdoba.
El miércoles 21 de mayo de 2014, hacia las 11:30 horas, en la vereda La Unión un grupo de miembros de la Comunidad de Paz, con acompañamiento internacional, se acercaron al grupo militar que viene haciendo presencia en cultivos de la Comunidad para exigirles que se retiraran de allí, ya que son lugares de trabajo de la Comunidad, además de ser propiedad privada. Los militares alegaron que estaban allí por órdenes de sus superiores, por lo que no harían caso al llamado de la Comunidad. Cuando se les pidió su identificación, la línea de mando y Brigada a la que pertenecen, respondieron que pertenecían a la Brigada Número 11 del Ejército Nacional, pero otro uniformado afirmó que eran de la Brigada XVII. Dicho comportamiento militar de engaño y mentira, que además ha sido rutinario a lo largo de las pasadas décadas, no es más que una forma de evadir su responsabilidad y sentar bases para obstaculizar toda investigación penal, disciplinaria e internacional sobre sus crímenes y además violatoria de la Constitución y las leyes y adicionalmente un desacato reiterativo a la Sentencia T-1025/07 de la Corte Constitucional.
El jueves 22 de mayo de 2014, tropas del Ejército adscritas a la Brigada Móvil Número 24, hicieron presencia e irrumpieron arbitraria e ilegalmente en las viviendas de la Comunidad de Paz en la vereda La Esperanza.
El sábado 24 de mayo de 2014, hacia las 21:00 horas, se escucharon varios disparos en la base militar de San José. Hay que preguntarse si fueron disparos para amedrentar a la población civil en vísperas de las elecciones presidenciales?
El viernes 30 de mayo de 2014, hacia las 01:20 horas, se registraron varios disparos con arma de largo alcance en inmediaciones del casco urbano de San José de Apartadó. Hace ya mucho tiempo que el caserío está sometido a una constante zozobra por tiroteos y explosiones continuas y muchos de sus pobladores están convencidos de que los disparos y los explosivos provienen de la fuerza pública allí acantonada, impulsada por el afán de justificar su presencia y su accionar violento en el lugar.
El sábado 31 de mayo 2014, paramilitares que han hecho presencia en los últimos días en la vereda Murmullo, del corregimiento de Batata, fortín de los paramilitares, han amenazado a las familias de la Comunidad de Paz que habitan en las veredas Alto Joaquín, Las Claras, Naín o el Guineo y Puerto Nuevo, en el municipio de Tierralta, departamento de Córdoba, anunciando un exterminio total de la Comunidad de Paz, aduciendo que la maquinaria agrícola que la Comunidad ha venido adquiriendo para mantener los retornos colectivos que ha logrado, son maquinarias de la guerrilla y al servicio de esta agrupación insurgente.
El lunes 2 de junio de 2014, hacia las 9:25 horas, fue detonado un artefacto explosivo, y una hora más tarde, exactamente a las 10:35 horas, fue detonado un segundo artefacto en el casco urbano de San José de Apartadó.
El martes 3 de junio de 2014, hacia las 11:20 horas, fueron detonados dos artefactos explosivos en el casco urbano de San José, junto a los espacios e instalaciones de la escuela. En ese instante se realizaban jornadas estudiantiles en la escuela del poblado.
El miércoles 4 de junio de 2014, miembros de la Comunidad de Paz se enteraron de cómo la fuerza pública, a través de una base instalada ilegalmente en el sitio conocido como La Antena, en el corregimiento de San José, han violentado los espacios de trabajo y producción de alimentos de cuatro familias que habitan allí. Como verdaderos saqueadores, los militares han hurtado productos de las familias, han destruido potreros, cultivos de cacao, yuca, maíz y frijol, además de instalar artefactos explosivos en esos lugares, lo que ha impedido que las familias puedan salir a cultivar el campo.
Desde mediados de junio del 2014 la estructura paramilitar que ha continuado activa en Batata (Tierralta, Córdoba) ha venido amenazado de muerte a WALTER CERPA, miembro de la Comunidad de Paz y su coordinador en la vereda Alto Joaquín en Tierralta, Córdoba. Allí los paramilitares han mostrado una lista de personas para asesinar, entre ellas dos personas de la misma vereda. A Walter lo señalan de ser el responsable de coordinar con la guerrilla la utilización de maquinarias agrícolas, pero dichas maquinarias elementales para el sustento alimenticio son las que la Comunidad de Paz adquirió hace varios años para sostener los retornos comunitarios.
El viernes 20 junio de 2014 se registraron varios disparos en la vereda de Arenas Bajas. Según informaciones de los campesinos de la zona, fue visto un grupo de paramilitares patrullando el área.
El lunes 30 de junio de 2014 un grupo de militares ingresó al asentamiento de la Comunidad de Paz en la vereda La Esperanza, violando espacios privados y particularmente espacios de vida y de trabajo de la Comunidad de Paz donde no debe permitirse la presencia de ningún arma.
En el mes de junio de 2014 se produjo un relevo en la comandancia de la Brigada XVII del ejército con sede en Carepa, Antioquia, la cual ejerce jurisdicción militar sobre la mayor parte del territorio de la Comunidad de Paz. Fue designado como comandante el CORONEL GERMÁN ROJAS DÍAZ. Dicho coronel había ejercido años antes como comandante del Batallón Voltígeros adscrito a esa brigada. Todos sus delitos habían sido oportunamente documentados en el escritorio del Presidente Santos:
El jueves 3 de julio de 2014, hacia las 12:00 horas, el reconocido paramilitar OVIDIO TORRES AREIZA ingresó al asentamiento de San Josecito, propiedad privada de la Comunidad de Paz. Durante su paso por el asentamiento se le vio portando un arma corta. Ovidio, quien ha trabajado para la Brigada XVII del Ejército, participó en el hurto del computador de la Comunidad de Paz el 30 de junio de 2006, comprobándose luego que había sido inducido a cometer dicho delito mediante ofertas monetarias por paramilitares vinculados a la Brigada, como Ovidio Cardona Borja y Elkin Tuberquia, quienes le transmitieron el interés de la Brigada en apoderarse del computador, ofreciendo una atractiva remuneración, quedando luego decepcionados al no encontrar allí nada de interés para la elaboración de sus montajes.
El sábado 5 de julio de 2014, hacia las 5:30 horas, se registraron en San José de Apartado fuertes detonaciones de artefactos explosivos seguidas de al menos 30 minutos de disparos y ráfagas. En medio de esa balacera resultó en peligro la vida de un civil en el casco urbano del poblado, dado que un proyectil impactó junto a su cuerpo.
El lunes 7 de julio de 2014, en el casco urbano de San José fue detonado un artefacto explosivo al parecer en forma controlada por los militares. Muchos pobladores del caserío aseguran que dichos explosivos vienen siendo colocados por los mismos militares, pues en varias ocasiones los miembros del ejército han sido observados por los pobladores en momentos en que colocan los explosivos. Este mismo lunes 7 de julio un poblador de San José fue interceptado por un militar, quien en forma airada le anunció que hay un plan del ejército de comprar un terreno al Señor Jaime García para construir una base militar en los linderos del asentamiento principal de la Comunidad de Paz en San Josecito, y que si el Señor García no les vende el lote, entonces será desterrado nuevamente de la región, pues ya en años anteriores había sido obligado a desplazarse. Afirmó el militar que ese terreno lo van a conseguir como sea. Efectivamente en los últimos meses los militares han estado presionando al reconocido campesino Jaime García, para que les venda tierras aledañas al asentamiento de San Josecito, de la Comunidad de Paz, para ampliar la base militar de San José.
En el mes de julio de 2014 la Comunidad de Paz tuvo conocimiento de que El joven BUENAVENTURA HOYOS HERNÁNDEZ, beneficiario de las medidas cautelares MC-301-13 Colombia, a causa de haber sido forzadamente desaparecido el 31 de agosto de 2013 en la vereda La Hoz del corregimiento de San José de Apartadó por miembros de un grupo armado ilegal que a todas luces actúa en connivencia y coordinación con la Brigada XVII del Ejército Nacional, había sido dejado en libertad de manera discreta y silenciosa, al parecer con graves traumatismos que lo han obligado a ocultarse en una zona rural lejana del sitio donde vivía y con temor a hablar con alguien que le pregunte sobre lo sucedido en el cautiverio. La Comunidad de Paz de San José de Apartadó pudo verificar esta información a través de parientes cercanos a Buenaventura, pero no ha podido acceder directamente a tomar su testimonio debido a su repulsa a referirse a su cautiverio, lo que evidencia graves traumatismos psíquicos y secuelas de temor dejadas por su desaparición forzada que se prolongó por muchos meses. Habiendo tenido la convicción de que sus victimarios actuaron en estrecha connivencia con el Ejército y habiendo puesto este crimen en conocimiento de las más altas autoridades del Estado, como el mismo Presidente de la República, a quien se le pidió de manera apremiante y repetidas veces ordenar a sus subordinados poner fin a la desaparición forzada e investigar y sancionar a los responsables, sin haber obtenido respuesta alguna del Jefe del Estado a pesar del prolongado período de desaparición, es evidente que el Estado se ha hecho responsable de una gravísima violación de la Convención Americana de Derechos Humanos y de múltiples tratados internacionales contra la desaparición forzada de personas y de respeto a los derechos humanos fundamentales y debe ser condenado por ello y obligado a sancionar a sus agentes responsables y a reparar los daños sufridos por la víctima, sus familiares y su comunidad y tomar medidas eficaces de no repetición, principalmente mediante el desmonte de la estructura paramilitar que perpetró el crimen, la cual continúa en pleno control de la zona donde fue perpetrado el hecho y donde actualmente ejercen tal dominio de los pobladores que han construido una carretera y un conjunto de viviendas para reforzar los lazos de sumisión de los pobladores a su estructura criminal.
El lunes 7 de julio del 2014, hacia las 9:00 horas, un grupo de militares se estacionó por varios minutos en la entrada al asentamiento de la Comunidad de Paz en San Josecito, espacio de vida y trabajo además de ser propiedad privada de la Comunidad. Cuando los miembros de la Comunidad se percataron de la presencia de los uniformados, la comunidad salió a pedirles que se retiraran de allí, uno de los uniformados quien en su prenda de vestir exhibía el apellido “ROJAS”, en forma descarada y abusiva trató a los miembros de la Comunidad de ser un actor armado igual que ellos, pues “ROJAS” se identificó como “miembro de la Comunidad de Paz” o como “igualito a los miembros de la Comunidad de Paz”. Además de ello, argumentó que estaba allí porque quería saludar a los acompañantes internacionales que estaban allí e intercambiar contactos. La Comunidad de Paz rechazó estas calificaciones del Ejército Nacional a la vez que les recordó que sus espacios privados consagrados en la Constitución y la ley no son áreas de reuniones e intercambio de información con ningún actor armado como lo es la fuerza pública.
El miércoles 9 de julio de 2014, hacia las 16:00 horas y por espacio de 2 horas, un grupo de militares ingresaron en forma irrespetuosa al asentamiento de la Comunidad de Paz en la vereda la Unión. A pesar de que los miembros de la Comunidad les pidieron que se retiraran del lugar ya que es propiedad privada, los uniformados continuaron instalados en las casas. Al pedirles que se identificaran, unos decían que eran de la Brigada Móvil 24 y otros decían que eran de la Brigada Móvil 25. Después de la insistencia de que se retiraran de allí, pues estaban violando e irrespetando la propiedad privada consagrada en la Constitución, varios militares en forma grosera amenazaron que en cualquier momento regresarían con otros, ya que son habitantes de la región. Estas aseveraciones son un claro mensaje de que regresaran en cualquier momento conjuntamente con los paramilitares.
El sábado 19 de julio de 2014, en la edición No. 285 impresa del periódico La Chiva de Urabá, el nuevo Comandante de la Brigada XVII del ejército, GERMÁN ROJAS DÍAZ, afirmó ´´vamos a hacer un trabajo especial en las veredas de San José de Apartadó, para recuperar algunos espacios que se habían perdido``. Según ROJAS, los espacios perdidos son los asentamientos de la Comunidad de Paz. Se entendió este mensaje como una clara manifestación de exterminio contra la Comunidad y su proceso. Germán Rojas, quien en años anteriores fuera el comandante del Batallón Voltígeros, adscrito a la Brigada XVII, ha sido responsable de montajes y persecuciones contra miembros y líderes de la Comunidad de Paz además de ofrecer jugosas recompensas para acabar la Comunidad.
El domingo 20 de julio de 2014, hacia las 19:00 horas, un miembro del Consejo Interno de la Comunidad de Paz, quien se encontraba realizando algunas compras en un establecimiento público en el Terminal del Transporte de Apartadó, fue abordado por una persona vestida de civil, quien en forma airada dijo: ´´HP de gringos, ¿creen que van a estar todo el tiempo acompañándoles?``, luego procedió a patear la canasta que el miembro de la Comunidad de Paz llevaba para la compra de alimentos. El sujeto al salir del establecimiento dijo, ´´escolta``, refiriéndose al acompañante internacional.
El lunes 21 de julio de 2014, hacia las 16:00 horas, en el centro poblado de Apartadó fue abordado un poblador de San José por un hombre de civil quien se identificó como miembro activo del Ejército Nacional y le manifestó que conocía a varios pobladores de San José, afirmando luego que: ´´a esa HP de Comunidad de Paz le llegó la hora; estamos coordinando con los paras el exterminio de esa HP Comunidad de Paz``.
• El jueves 24 de julio de 2014, en horas de la mañana, en medios radiales locales, el Coronel GERMAN ROJAS DÍAZ, comandante de la Brigada XVII del ejército, manifestó públicamente que las medidas Cautelares y Provisionales de la Comisión y de la Corte Interamericanas de Derechos Humanos cobijaban por igual a todo el Corregimiento de San José de Apartadó con sus 32 veredas que la componen, desconociendo los hechos y las causas que llevaron a la comunidad internacional a exigir protección para quienes han sido víctimas de la fuerza pública y de sus brazos paramilitares durante más de 17 años, para evadir toda corrección y no repetición de la criminalidad patrocinada desde el Estado. Unos días antes el mismo Coronel ROJAS había declarado que el ejército tenía que recuperar unos espacios perdidos del corregimiento de San José, alusión que se entendió como supresión de la Comunidad de Paz que por principio ha decidido no convivir con actores armados.
El sábado 25 de julio de 2014, se realizó en el paraje de La Victoria un gran despliegue de actividades cívico militares por parte del Batallón Voltígeros, con el supuesto objetivo de celebrar el retorno de campesinos a la región, pero financiando el transporte de multitud de personas que no eran de la región. Todo daba a entender que dicho batallón impulsaba una propaganda política de respaldo popular, con dineros del erario público, para ocultar sus delitos contra otras franjas de la población.
En las últimas semanas de julio de 2014, los paramilitares citaron a pobladores del corregimiento de San José para sostener reuniones con ellos en la vereda Rodoxalí. A pesar de las denuncias y constancias de la Comunidad de Paz, los paramilitares continúan en control total de la zona. Patrullan, obligan a la población civil a reunirse con ellos, y la fuerza pública les protege.
El sábado 2 de agosto de 2014, hacia las 8:00 horas, y por espacio de una hora, en cabeceras de la vereda la Unión se registró un fuerte combate entre miembros de la Brigada Móvil 24 y guerrilleros de las FARC. En el cruce de disparos resultó muerta la civil YERY MAGALY MUÑOZ, menor de 18 años y madre de un niño de tan solo 1 año, quien el día 2 de agosto había salido desde su vivienda en la vereda Las Nieves con destino a San José, con el propósito de regresar al día siguiente. En dicho enfrentamiento también resultó un guerrillero muerto, al parecer este último fue ultimado con tiros de gracia según las evidencias recogidas en el sitio. Horas más tarde la familia de YERY MAGALY se presentó en el sitio y reconoció a la civil quien fue montada en el helicóptero en traje de civil, pero horas más tarde fue presentada como “guerrillera muerta en combate”, siguiendo todo el libreto del “falso positivo”. El enfrentamiento se registró en la propiedad de un miembro de la Comunidad de Paz, quedando la vivienda totalmente destruida por los impactos de los proyectiles disparados por el Ejército Nacional. Afortunadamente los propietarios no se encontraban allí.
Ese mismo sábado 2 de agosto de 2014, el dueño del predio se acercó al lugar de los hechos, y fueron impedidos por tropas militares quienes no les permitieron llegar a su vivienda, argumentando que el área era insegura ya que había guerrilleros. Los uniformados además manifestaron que no tienen orden para combatir a los paramilitares pues vienen coordinando un plan para la región.
El domingo 3 de agosto de 2014, un grupo de miembros de la Comunidad de Paz, se dirigió a la vivienda donde se presentaron los combates el sábado 2 de agosto, para verificar que no hubieran daños contra enseres de la vivienda y contra los animales; al llegar a la vivienda en su interior se encontraron restos óseos y dentales, y un baño de sangre por toda la vivienda de al menos uno de los muertos el día anterior.
El lunes 4 de agosto de 2014, en varios medios locales radiales e impresos ha salido la noticia de la civil YERY MAGALY MUÑOZ como “guerrillera muerte en combates con el Ejército Nacional”.
El miércoles 6 de agosto de 2014, hacia las 10:30 horas, en el centro poblado de Apartadó fue privada de la libertad la civil LUZ DENIS VALLE VALDERRAMA, de 35 años de edad y madre de 5 niños, por sujetos que se identificaron como funcionarios de la Fiscalía. Minutos más tarde un sujeto quien se hizo pasar como funcionario de la Fiscalía llamó vía telefónica, desde el móvil 3183257082, a la familia de la retenida para informar de su retención. Los familiares de la detenida se acercaron a la Defensoría del Pueblo en Apartadó para solicitar apoyo, a lo que la Defensoría se rehusó a prestar cualquier ayuda, limitándose a enviar a los familiares a las oficinas de la Fiscalía y al Comando de Policía, sin hacer nada más al respeto; al llegar allí, ni en la Fiscalía ni en el Comando de la Policía reportaron el paradero de Luz Denis. Nuevamente se evidenció la inutilidad de una Defensoría que, en lugar de llamarse “Defensoría del Pueblo” debería llamarse “Defensoría de los Militares y de la Policía”, los cuales con sagacidad desaparecen a civiles.
El domingo 10 de agosto de 2014, en el centro poblado de Apartadó, un poblador de San José fue interceptado por un hombre en traje civil, quien probablemente está integrado a las estructuras paramilitares de la zona, el cual le anunció que “tienen una lista de personas para judicializar”. El hombre añadió que todas estas acusaciones han sido confeccionadas por el desmovilizado LUIS ÁNGEL CEBALLOS, alias “Caballo”, quien asesinó a la profesora rural de la vereda Bellavista de San José de Apartadó, FABIOLA PEREA PEREA, el 17 de septiembre de 2012.
En los días en que ocurrió dicho crimen (asesinato de la Profesora Perea), circuló en los medios y en los comentarios de toda la comarca, la versión según la cual la estructura responsable de la ejecución de la Profesora Perea, era la guerrilla de las FARC. No faltaron en aquel entonces explicaciones coherentes, según las cuales, la profesora sería informante del ejército y tomaba fotografías a quienes ella consideraba colaboradores de la guerrilla para entregárselas al ejército. También cuando fue perpetrada la masacre de Mulatos y La Resbalosa (21 de febrero de 2005) la Brigada XVII confeccionó una versión coherente para poder acusar a las FARC: Luis Eduardo Guerra, el líder histórico de la Comunidad de Paz, sería militante de las FARC y estaría pensando en desmovilizarse; por eso las FARC se habrían apresurado a asesinarlo antes de que se desmovilizara, para que no le revelara al Gobierno los secretos de dicha organización insurgente. Serían necesarios varios años y esperar a que las conciencias de muchos de los victimarios –militares y paramilitares- fueran acosadas por extremos remordimientos, para que la verdad saliera a la luz y se conocieran incluso los perversos esfuerzos de la Brigada XVII para confeccionar la monumental mentira. Uno de los falsos testigos reveló incluso cómo el ex General Jaime Ernesto Canal, ya entonces Representante a la Cámara, preparó a los falsos testigos en los sótanos del edificio del Congreso para que sus mentiras tuvieran la apariencia de coherencia durante el debate en la Comisión II de la Cámara. Grupos de congresistas estadounidenses y de magistrados europeos analizarían con lupa, años después, los laberintos de la mentira estatal y la sacarían plenamente a la luz para vergüenza del Estado colombiano. La historia se repite y ahora resulta que la profesora Fabiola Perea no fue asesinada por las FARC sino por un “desmovilizado” domiciliado en la Brigada XVII. Aterra pensar en la magnitud de los costos de la “desmovilización”. Cómo se destruye la conciencia de esas víctimas del chantaje y se hace de sus principios morales un trapo sucio para limpiar hediondeces y luego echarlo a la basura de la historia. Según las revelaciones del pasado domingo, a esa misma piltrafa moral la están utilizando para confeccionar acusaciones falsas contra muchas víctimas de montajes judiciales manejados por la Brigada. Nada ha cambiado en la Brigada XVII. Su podredumbre moral sigue intacta.
En su larga trayectoria de más de 17 años, la Comunidad de Paz, y también el campesinado de su entorno geográfico y social, ha sido víctima de mentiras descomunales y continuadas por parte de las diversas ramas del Estado y del Establecimiento. Desde las experiencias directas de las tragedias sufridas, que absolutamente nadie las puede falsificar o disfrazar ante quienes las sufrieron en su propia vida, los integrantes de la Comunidad de Paz conocen de primera mano la mentira que se difunde en las emisoras radiales, los periódicos y los canales televisivos locales, regionales y nacionales, cuando se refieren a sus propios sufrimientos. Conocen de primera mano las mentiras que redactan en la Brigada XVII y que le hacen firmar a los aterrorizados detenidos, chantajeados por torturas y sobornos, obligándolos a firmarlas y a ratificarlas en juzgados y tribunales para castigar con años de prisión a quienes rechazan las estrategias de sometimiento a los intereses militares. Conocen de primera mano las mentiras descomunales de militares y policías para ocultar la responsabilidad de sus crímenes contra la población inocente. Conocen de primera mano las mentiras de los funcionarios administrativos y de los directorios políticos que buscan estigmatizar a quienes repudian sus campañas y manejos inmorales del poder. Dentro de esa práctica invasiva de la mentira, en muchísimas ocasiones se ha comprobado que crímenes perpetrados por una fuerza se le atribuyen a otra fuerza. Valga recordar cómo, en 2005, una vez perpetrada la horrenda masacre contra líderes de la Comunidad y sus niños, en Mulatos y La Resbalosa, el Coronel Néstor Iván Duque le solicitó al capo narcoparamilitar alias “HH” una suma de dinero para trasladar a Bogotá a dos falsos testigos, con el fin de atribuirle la masacre a las FARC, y cómo se coordinó con el Vicepresidente Francisco Santos para venderle esa enorme mentira, con dichos falsos testigos, al Cuerpo Diplomático. Otras veces la mentira toma la forma de ocultamiento y reserva. Valga recordar cómo los Presidentes Uribe y Santos, con sus Ministros de Defensa y cúpulas militares y policiales, han desacatado las órdenes de la Corte Constitucional que les obliga a entregar los nombres, códigos institucionales, líneas de mando y unidades de pertenencia de los miembros de la fuerza pública que hacían presencia en los sitios, días y horas en que fueron perpetrados los crímenes. Valga recordar también que cuando la Comunidad Internacional ha puesto en evidencia la responsabilidad del Estado en crímenes proscritos por el derecho internacional, como la desaparición forzada de personas, el Gobierno se las arregla para dejarlos en libertad clandestinamente, silenciando con amenazas a las víctimas, pero sin tocar para nada a los responsables y dejando intactas y activas sus estructuras criminales. Así ocurrió en las últimas semanas y meses con el joven BUENAVENTURA HOYOS desaparecido de la vereda La Hoz el 31 de agosto de 2013.
El lunes 11 de agosto de 2014, la comunidad fue enterada del paradero de LUZ DENIS VALLE VALDERRAMA, quien había sido desaparecida el pasado miércoles 6 de agosto por supuestos agentes de la Fiscalía. El procedimiento de detención fue completamente irregular y llevó a pensar en algo similar a lo que ocurrió con Buenaventura Hoyos el pasado mes de agosto (2013) en la vereda La Hoz. Ahora resulta que a Luz Denis la tienen detenida y procesada en Medellín. Si se tiene en cuenta la información recibida el domingo pasado, su caso debe obedecer a las acusaciones falsas del desmovilizado Ceballos, hoy atrapado entre las cadenas de odio que la Brigada profesa contra la Comunidad de Paz y la población campesina de su entorno, lo que le inspira sus sucios montajes judiciales, los que además violan el primer principio de una democracia que es la independencia de poderes. El poder judicial de Urabá es un apéndice de la Brigada XVII frente a la cual no goza de ninguna independencia. Es el poder ejecutivo el que usurpa y manipula el poder judicial.
El sábado 9 de agosto de 2014, hacia las 8:00 horas y por espacio de varios minutos se presentó un fuerte combate entre tropas del Ejército Nacional y Guerrilleros de las FARC, en el casco urbano de San José de Apartadó, colocando en riesgo a la población civil de dicho poblado.
El miércoles 13 de agosto de 2014, hacia las 12:00 horas y por espacio de una hora se presentó un nuevo enfrentamiento entre tropas del Ejército Nacional y Guerrilleros de las FARC, en el casco urbano de San José de Apartadó. En medio del fuego cruzado las actividades escolares se cancelaron y tanto estudiantes como profesores se vieron en la obligación de suspender la jornada escolar. Nuevamente se coloca en grave riesgo no solo a la población civil sino además a todos los niños y maestros de la escuela en el casco Urbano de San José, la cual en varias ocasiones ha sido impactada por proyectiles de arma de fuego.
El lunes 18 de agosto de 2014, hacia el medio día se escucharon varias ráfagas de fusil disparadas desde la Base Militar de San José de Apartadó.
El miércoles 20 de agosto de 2014, un campesino de Rodoxalí fue amenazado por los paramilitares y obligado a vender su finca, pues según el argumento de los paramilitares, vienen comprando terrenos en las veredas Rodoxaly y La Hoz, pertenecientes al Corregimiento de San José de Apartado, todo en coordinación con la Fuerza Pública.
El jueves 21 de agosto de 2014, en horas de la tarde, tropas del Ejército Nacional adscritas a la Brigada XI con sede en Montería, Córdoba, irrumpieron en un espacio de la Comunidad de Paz en la vereda Bellavista, en el corregimiento de San José de Apartadó. A pesar de que miembros de la Comunidad les solicitaron que se retiraran del lugar, ya que estaban en una propiedad privada y que además la presencia de ellos colocaba en riesgo a los civiles, los militares alegaron que ellos podían estar donde les diera la gana.
El viernes 22 de agosto de 2014, hacia las 15:00 horas y por espacio de una hora se presentó un fuerte enfrentamiento entre tropas del Ejército Nacional y Guerrilleros de las FARC en la vereda Bellavista del corregimiento de San José de Apartadó, resultando varias viviendas, entre ellas de miembros de la Comunidad de Paz, afectadas por los impactos de los proyectiles disparados por los militares. También resultó una vaca muerta y otra herida, de igual forma una bestia fue impactada por un artefacto explosivo lanzado por los militares que además afectó al señor Jesús David Correa al momento que la cabalgaba. De igual forma por espacio de dos horas fueron retenidos los civiles y pobladores reconocidos en la región: Jesús David Correa, Luis Adán Guerra George, Antonio Jiménez, Carlos Montoya, Roveiro García, José Apolinar Cataño y el niño Esteban Guerra Jiménez de 8 años, acusándolos de ser “guerrilleros HP”, a quienes no solo los maltrataron verbalmente sino además físicamente. Los Militares utilizaron la escuela y las viviendas de los civiles como trincheras, a pesar de que el jueves 21 de agosto del 2014 miembros de la Comunidad les habían solicitado que se retiraran del lugar ya que la presencia de ellos podía ocasionar riesgo a la población civil.
Ese mismo viernes 22 de agosto de 2014, hacia las 16:00 horas, la Defensoría del Pueblo fue informada de los hechos y de la retención de los civiles, a lo que, como de costumbre, contestó que ya habían realizado las gestiones y que los civiles ya habían sido puestos en libertad por parte de los militares. Esta misma respuesta dieron los mandos de la Brigada XI del Ejercito Nacional, lo que a todas luces contradice la realidad. Las instituciones tanto militares como de la Defensoría del Pueblo se las arreglan para confeccionar una misma versión contraria al sufrimiento de las víctimas civiles, protegiendo así con tal descaro a los victimarios. No es la primera vez que la Defensoría del Pueblo no sabe o no responde, aún algo más grave: se atreven a no hacer absolutamente nada por el campesinado víctima de las agresiones de los agentes del Estado, faltando a su objetivo esencial que les marca la Constitución.
El viernes 22 de agosto de 2014, en el transcurso del día se vio sobrevolar dos avionetas escoltadas por dos helicópteros militares, las cuales estuvieron fumigando en las veredas Mulatos, La Resbalosa, La Esperanza y Las Nieves, allí, las fumigaciones cayeron sobre los cultivos de pan coger de las familias que habitan dichas veredas, inclusive fueron afectados cultivos de pan coger de familias de la Comunidad de Paz, impidiendo de esta manera mantener a las familias, debilitando los retornos que se han logrado mantener.
El sábado 23 de agosto de 2014, hacia las 7:00 horas, varios militares adscritos a la Brigada Móvil XI se acercaron a varias viviendas en la vereda Bellavista, allí amenazaron a ORLANDO GUISAO miembro de la Comunidad de Paz, argumentando que “era un pobre viejo que no se merecía ni un tiro en la cabeza”; de igual forma insultaron y amenazaron de muerte a JULIO GUISAO, miembro del Consejo Interno de la Comunidad de Paz. Ese mismo sábado 23 de agosto de 2014, en horas de la mañana, una comisión humanitaria de la Comunidad de Paz, con acompañamiento internacional, se trasladó a la vereda Bellavista perteneciente al corregimiento de San José de Apartadó, con el objeto de verificar la situación en la que se encontraban varias familias de la Comunidad de Paz y la población civil del entorno, confinadas desde el 22 de agosto de 2014 por parte de los militares quienes les impedían salir o moverse de allí. Al llegar al sitio, se pudieron comprobar los impactos de bala en las viviendas, los cuales fueron disparados en forma indiscriminada por parte de los agentes del Estado, al igual que la muerte de una bestia, una vaca y otra más herida por impacto de bala. También se comprobó la muerte de otra vaca, la cual estaba siendo trasladada por los campesinos JOSÉ APOLINAR CATAÑO y ROVEIRO GARCÍA al momento en que fueron privados de la libertad, impidiendo soltar la res, la cual resultó ahorcada.
El lunes 25 de agosto de 2014, hacia las 10:40 horas, se escucharon detonaciones en el casco urbano de San José. El desacato del Gobierno a las órdenes de las altas Cortes mantiene a la población del caserío en alto riesgo. Ni la Defensoría ni ninguna otra entidad del Estado han hecho presencia para evaluar y verificar los daños ocasionados contra la población civil el pasado 22 de agosto de 2014 en la vereda Bellavista. Con ello se evidencia la ineptitud por parte de las instituciones Estatales.
En la segunda semana de agosto de 2014, en el periódico EL HERALDO, de Apartadó, edición No. 521, el comandante de la Brigada XVII, Coronel GERMÁN ROJAS DÍAZ, afirma haber instaurado una demanda contra la Comunidad de Paz por “persecución” contra él. Además afirma que si la Comunidad de Paz lo ha denunciado, ello “obedece al miedo y al temor que tiene la Comunidad de Paz por el acercamiento que tengo con la población civil y algunos líderes; La Comunidad de Paz se siente temerosa de que vayan perdiendo la poca credibilidad que tienen hoy día ya que a nivel internacional y a nivel regional no creen en ellos”. En el mismo artículo afirma dicho Coronel que “Nunca la Comunidad de Paz y las Fuerza Pública podrán comer en el mismo plato”. También se refiere a la sentencia en la que se ordenaba a la fuerza pública expresar su desagravio a la familia de una niña de 3 años asesinada por el Ejército (sentencia que según Rojas Díaz el ejército cumplió) afirmando que “cuando en diciembre de 2013 el General Rodríguez visitó la población para cumplir una sentencia y pedir perdón, los dejaron con las sillas vacías y le ordenaron a la comunidad no asistir al evento”. La realidad fue otra muy diferente: el ejército incumplió todas las fechas señaladas por el tribunal y acordadas por éste con la comunidad y desechó e hizo caso omiso de las recomendaciones de respeto a una Comunidad de Paz en la implementación de la ceremonia, y además fue a realizar la ceremonia, con gran despliegue militar, en un sitio donde no vivía la familia de la niña ni su comunidad. ¿Afán de evasión, engaño o ficción de acatamiento?
El sábado 23 de agosto de 2014, en horas de la mañana, se registró un hostigamiento contra la base militar y la estación de policía ubicadas en el casco urbano de San José de Apartadó. No se entiende cómo es que el Estado actualmente construye un mega-colegio al pie de las instalaciones de la base militar de San José, poniendo en alto riesgo permanente y prácticamente utilizando como escudos, no sólo a la población del caserío sino que planea utilizar a los niños como carne de cañón. El desacato flagrante y pertinaz del alto Gobierno, al desobedecer las sentencias de las altas Cortes que obligan a no colocar bases militares ni estaciones de policía en medio de la población civil, sigue provocando tragedias.
El lunes 25 de agosto de 2014, hacia las 15:09 horas, el campesino ARLEY CARTAGENA, habitante del centro urbano de San José, recibió un mensaje del móvil 3144676586 de un sujeto quien se identificó como un desmovilizado y que lo amenaza conminándolo a abandonar la región, pues de lo contrario será asesinado. El Coronel Germán Rojas lo había amenazado ya en 2009. Varios pobladores del corregimiento de San José, han manifestado que los soldados de la base militar de San José están ofreciendo 5 millones de pesos para que asesinen a Arley Cartagena.
El martes 26 de agosto de 2014, tropas del ejército acamparon en la propiedad del campesino RUBÉN OQUENDO, junto a la vivienda de la familia, lo que motivó a la familia a pedirles que se retiraran del lugar porque el hecho de acampar ellos allí colocaba en inminente riesgo a los civiles; sin embargo los militares respondieron que no se moverían de allí y que ellos hacían lo que les diera la gana. En los informes que el ejército envía a los organismos intergubernamentales, afirma que a esos soldados les han dado numerosos cursos de derechos humanos e incluso referencian una cartilla con normas de respeto y buen trato a la Comunidad de Paz. (¿ficciones …. engaños?)
El miércoles 27 de agosto de 2014, hacia las 17:00 horas y por espacio de varios minutos se presentó un combate entre tropas del ejército nacional y guerrilleros en la vereda la Cristalina, en la propiedad del campesino RUBÉN OQUENDO. Allí los militares se atrincheraron en la vivienda familiar colocando en alto riesgo a la familia que se encontraba en el interior de la casa.
El lunes 1 de septiembre de 2014, hacia las 10:00 horas y por espacio de varios minutos se registró un hostigamiento a la base militar instalada en el sitio conocido como La Antena, en el corregimiento de San José de Apartadó.
Ese mismo lunes 1 de septiembre de 2014, hacia las 12:20 horas, un sujeto quien se identificó como el “comandante MONTIEL” perteneciente a las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), desde el móvil 3206557225 llamó a la pobladora ISABEL ZAPATA, habitante de la vereda El Cuchillo, en el corregimiento de San José de Apartadó, quien al momento se encontraba en el centro poblado de Apartadó, amenazándola de muerte. Ante esta situación miembros de la Comunidad de Paz se trasladaron a la ciudad para recogerla y proteger su vida. Cuando ella ya se encontraba en un sitio seguro, recibió una llamada del móvil 3126133304 de “alias MONTIEL, quien le manifestó que ya sabía dónde estaba y que no se preocupara que ellos sabían donde vivía, que habían decidido asesinarla o si se escapaba, asesinarían a sus seres queridos.
Ese mismo lunes 1 de septiembre del 2014, hacia las 15:00 horas, un miembro de la Comunidad de Paz fue abordado por un sujeto quien le manifestó que ya sabían que esa HP de Comunidad de Paz había recogido a una persona a quien tenían planeado asesinar, pero que ella no se escaparía, que lo tenían todo planeado, que en la misma vía estaba el ejército para protegerlos a ellos. Más tarde se verificó que efectivamente en el sitio conocido como La Balsa se encontraba una patrulla del ejército.
El martes 2 de septiembre de 2014, un poblador de la vereda Arenas Altas recibió una llamada de alguien que inicialmente se presentó como un guerrillero, para ordenarle participar en una reunión con todos los líderes de la región en San José de Apartadó. Al ver que el campesino no le obedeció, se presentó como un Fiscal, y por último como un paramilitar, anunciando que debían colaborar con ellos a las buenas o a las malas; que todo ya estaba acordado: o la población colabora o se tienen que ir o se mueren.
El miércoles 3 de septiembre de 2014, fue asesinado con arma de fuego JUAN CARDONA, poblador de la vereda Arenas Bajas, de aproximadamente 22 años de edad, al parecer a manos de las FARC. Cardona era un desertor de la guerrilla y había estado domiciliado en los cuarteles de la Brigada XVII del ejército en Carepa, Antioquia.
El jueves 4 de septiembre de 2014, un campesino habitante de la vereda La Unión recibió una llamada de un sujeto quien lo conminó a colaborar con la gestión de reuniones en San José de Apartadó donde los paramilitares iban a dar orientaciones a la población de la zona.
El jueves 4 de septiembre de 2014, el Comandante de la Brigada XVII del ejército remitió una carta a la Red Italiana de Solidaridad, en respuesta a la Acción Urgente que la Red dirigió a autoridades colombianas en el mes de agosto. El Coronel GERMÁN ROJAS DÍAZ afirma allí conocer las sentencias de la Corte Interamericana y de la Corte Constitucional que han exigido la protección de la Comunidad de Paz, sin embargo tal conocimiento no lo demuestra en la práctica, pues todas esas sentencias son desacatadas y pisoteadas en la cotidianidad. También afirma el Coronel Rojas que las tropas hacen presencia en el territorio para garantizar los derechos humanos y que dichas tropas han sido capacitadas en el respeto a los derechos humanos, afirmación que no va más allá del papel de su carta, pues tanto la Presidencia de la República como todos los órganos de control del Estado y las organizaciones intergubernamentales del orden regional e internacional están inundadas de denuncias de crímenes horrendos perpetradas por las tropas de la Brigada XVII y sus brazos paramilitares. A renglón seguido se atreve a afirmar que él mismo tiene una “carrera militar intachable”. Lamentablemente los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra y las violaciones más graves a los derechos y la dignidad humana no “tachan” ni “mancillan” las hojas de vida de los militares colombianos. Cuántos oficiales de alta graduación arrastran en sus hojas de vida centenares de ejecuciones extrajudiciales de inocentes (los llamados “falsos positivos”), desapariciones forzadas, torturas, violaciones, destrucción de aldeas enteras, montajes judiciales, participación en genocidios de movimientos sociales, bombardeos indiscriminados, quemas de cultivos y viviendas, robos de elementos de subsistencia de los pobres, etc. , pero nada de eso les “mancha” sus hojas de vida sino que les merecen felicitaciones, condecoraciones y ascensos, como al mismo Coronel Rojas, quien luego de utilizar los más sucios chantajes para buscar destruir la Comunidad de Paz (en 2009) fue luego ascendido por sus superiores. Por ello, aunque lo afirme a renglón seguido, si el ejército es la institución de “mayor credibilidad”, es sólo gracias a campañas mediáticas de lavado de cerebros, como lo muestra magistralmente el video “Apuntando al Corazón”. Si el Coronel quiere justificar la detención de Luz Denis Valderrama, afirmando que fue la Fiscalía la que la perpetró, hay que invitarlo a examinar cuántos montajes infames ha realizado la Fiscalía en Urabá, muchísimos de ellos minuciosamente documentados en tribunales internacionales. Y que no vuelva a decir que el poder judicial en Urabá es “independiente” de la Brigada; han sido documentado numerosísimos casos en que fiscales, jueces, magistrados e incluso defensores, sólo obedecen órdenes de la Brigada al realizar montajes que no resisten el más mínimo análisis legal. Tampoco puede afirmar el Coronel que el ejército “no tiene territorio vedado”, pues tanto la Constitución como las leyes les señalan las condiciones y circunstancias concretas en que pueden ingresar a propiedades privadas, las cuales ellos siempre violan.
Se queja el Coronel Rojas de que la Comunidad haya interpretado sus declaraciones del 19 de julio en el periódico La Chiva de Urabá, cuando habló de “recuperar espacios perdidos”, como un nuevo atentado contra la Comunidad de Paz. Pero ¿cómo no las iba a interpretar así cuando tenía en la memoria sus objetivos confesos en 2009 de “destruir la Comunidad de Paz”? Algo similar hay que decir de su protesta por haberle creído a un hombre vestido de civil quien se presentó como militar y que el 21 de julio pasado anunció que iban a exterminar la Comunidad. ¿Acaso esto mismo no lo han repetido hasta la saciedad los uniformados de la Brigada XVII en sus incursiones en las veredas, así como sus brazos paramilitares, y acaso el mismo Coronel no lo había explicitado así en 2009? Si él quiere que todas estas denuncias se lleven ante instituciones del Estado con elementos probatorios, se puede preguntarle con sobrada razón: ¿para qué? Acaso ignora el Coronel que hace años, cuando se hacía eso porque se creía en la justicia, no se comprobó que eso lo pedían para poder matar a los denunciantes y testigos, o para obligarlos a desplazarse por amenazas? ¿Ignora el Coronel que los millares de crímenes perpetrados por la fuerza pública contra la Comunidad están en absoluta impunidad? ¿Para qué sirve denunciar? ¿Ignora el Coronel que ningún operador de justicia ha ido a la Brigada a preguntar qué oficiales, suboficiales o soldados estaban presentes en los sitios, fechas y horas en que fueron perpetrados los crímenes, e ignora, además, que la Sentencia T-1025/07 de la Corte Constitucional le ordena al Ministerio de Defensa y a la Brigada entregar esos nombres a los peticionarios y que no lo han hecho, desacatando durante ya 7 años a la más alta Corte del Estado? ¿Y sin embargo se atreven a decir que “cumplen la ley” y que en Colombia existe “un Estado de Derecho”?
El sábado 6 de septiembre de 2014, a las 9:00 horas y hasta las 10:00 horas se presentó un fuerte hostigamiento contra las bases de policía y del ejército en San José. Dicho enfrentamiento interrumpió las jornadas de clases que se desarrollaban en el casco urbano. Ya estos enfrentamientos o detonaciones de explosivos que siembran el pánico en los habitantes del pequeño poblado se han vuelto más que rutinarios. El gobierno sigue desacatando las órdenes de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado en varias de sus sentencias que prohíben ubicar las bases en medio de la población civil. Cada día es más evidente que la fuerza pública no busca proteger a la población civil sino tomar a la población civil como escudo en los ataques que les hace la guerrilla, ataques que son incentivados por la misma presencia militar y policial en el lugar, la que atrae a su enemigo bélico para desatar enfrentamientos. La tesis de las altas Cortes es que el Gobierno no tiene derecho alguno, por el contrario, le está categóricamente prohibido, crear riesgos sobrevinientes a la población civil. A todas luces es un gobierno que pisotea la Constitución y la Ley.
El domingo 7 de septiembre de 2014, hacia las 4:00 horas, un grupo de militares de la base militar de San José, se instalaron en la vivienda de Isabel Zapata en la vereda El Cuchillo del corregimiento de San José. Durante varios minutos la estuvieron llamando e insistiéndole que saliera. Los uniformados permanecieron allí por espacio de tres horas, intentando realizar un empadronamiento de los moradores de dicha vivienda. A pesar de ser orgánicos del Estado, desacataron de manera flagrante los preceptos de la Corte Constitucional que prohíbe los empadronamientos.
El lunes 8 de septiembre de 2014, hacia las 5:30 horas, nuevamente un grupo de militares irrumpió en la vivienda de Isabel Zapata, exigiéndole dar los nombres de todos los moradores de su casa, violando de manera contumaz los preceptos constitucionales.
El martes 9 de septiembre de 2014, hacia las 5:00 horas, efectivos de la base militar de San José hicieron presencia nuevamente en la vivienda de Isabel Zapata tratando de forzarla a dar información de todos sus parientes que residen en la vivienda. Más tarde los uniformados se atrincheraron en los cultivos de cacao de la familia, impidiendo de esta manera las labores de campo. Isabel, había sido amenazada de muerte por parte de los paramilitares el pasado lunes 1 de septiembre de 2014. Ahora los militares han continuado el asedio en su contra, de manera coordinada con los paramilitares quienes afirmaron que habían decidido asesinarla.
El jueves 11 de septiembre de 2014, un reconocido paramilitar de Nuevo Antioquia le anunció a varios pobladores de la región que próximamente vendría una avanzada militar-paramilitar a la zona, ya que el objetivo es continuar la construcción de la carretera que va del poblado de Nuevo Antioquia a la vereda La Esperanza, la cual ya está construida hasta la vereda Playa Larga. Según él, eso les permitirá controlar más la región, socialmente, económicamente, políticamente y militar/paramilitarmente.
El viernes 12 de septiembre de 2014 varios delegados de la Comunidad de Paz se trasladaron a Bogotá para participar en una reunión con algunas instituciones del Estado, como también lo habían hecho el pasado 6 de junio. Atendiendo la invitación de una mediación internacional, el Gobierno había manifestado interés en dialogar en forma directa con la Comunidad “in situ”, pero dado que aún no se ha cumplido ninguna de las condiciones que la Comunidad puso desde 2005 para restablecer la interlocución con el Estado, sólo se aceptó tener un breve encuentro entre delegados en Bogotá para plantear posiciones básicas. A la reunión de junio acudió un delegado de la Presidencia, uno del Ministerio de Defensa y dos del Ministerio del Interior. La presión de las entidades del Gobierno se centró en dejar atrás lo sucedido en el pasado y restablecer, sin condiciones, canales de comunicación permanentes con el gobierno, al tiempo que el Ministerio de Defensa continuaba cerrado a dar explicaciones de los crímenes y negando de manera intransigente el acatamiento a peticiones que se fundamentan en órdenes de la Corte Constitucional. En la reunión del 12 de septiembre, llevada a cabo en la Fiscalía, participó nuevamente el Ministerio de Defensa y la Unidad de Asuntos Constitucionales de la Fiscalía. La petición persistente de la Comunidad, exigiendo explicaciones sobre por qué no hay acatamiento por parte de las entidades del Estado a las órdenes de la Corte Constitucional y por qué el Auto 164/12 de dicha Corte había quedado sin cumplirse, quedó sin respuesta alguna. Se volvió a lugares comunes y no se presentó ninguna solución a la permanente agresión del Estado, principalmente de la fuerza pública, muchos de cuyos últimos episodios fueron ampliamente relatados allí. Además ninguno de los delegados del Estado tenía poder alguno de decisión y ninguno de ellos presentó argumento alguno que demostrara que existe en la realidad, y no sólo en la teoría, un “Estado de Derecho”.
El lunes 15 de septiembre de 2014, tropas militares desembarcaron en la vereda El Porvenir del corregimiento de San José, allí los uniformados amenazaron al propietario del terreno con desplazarlo de la zona ya que esos terrenos “pertenecen al Estado” según los militares. Dijeron que tienen planeado construir una base militar allí, por encima de quien sea.
Desde el lunes 15 al jueves 18 de septiembre de 2014, efectivos de la base militar de San José vienen haciendo presencia nuevamente en la vivienda de la civil Isabel Zapata, en la vereda El Cuchillo de San José de Apartadó. Han intentado de manera persistente realizar un empadronamiento ilegal y continúan con un hostigamiento infame contra dicha familia en estrecha coordinación con los paramilitares que buscan asesinarla.
El miércoles 17 de septiembre de 2014, hacia las 7:00 horas y por espacio de varios minutos, tropas del ejército se ubicaron a la entrada del asentamiento central de San Josecito, sobre la vía que conduce desde Apartadó a San José. Familias de la Comunidad de Paz procedieron a solicitarles que se retiraran, pues ese no es el lugar indicado para permanecer, ya que es lugar de vivienda y trabajo de una Comunidad de Paz que tiene por principio no convivir con actores armados, principio plenamente legitimado en la Constitución Nacional, a lo que el CABO TERCERO SALAZAR, al mando de la tropa, respondió que la presencia de ellos obedecía a una orden de sus superiores de prestar seguridad a otro personal que iba a transitar por el lugar. Dicha respuesta, analizada en el contexto, estaba significando que, en el trayecto de 12 kilómetros que separan a San José de Apartadó, el único sitio donde los personajes que iban a llegar correrían riesgos, sería frente a la Comunidad de Paz; no los correrían por ejemplo en Tierra Amarilla, nido paramilitar donde numerosos integrantes de la Comunidad han sido asesinados, desaparecidos y atacados con armas de fuego; se confirma así que la fuerza pública allí se siente segura y sólo se siente insegura donde la población ha proclamado públicamente no transigir con la violencia. Es un incidente profundamente revelador.
En los últimos días de septiembre la Comunidad de Paz ha sido informada sobre un montaje realizado por la Brigada XVII del Ejército Nacional, consistente en un video en el que se muestran cantidades de camiones que salen de la Comunidad de Paz cargados de cacao rumbo al mercado internacional. No se sabe cómo se las han arreglado para filmar tantos camiones y acomodar sus imágenes en la ficción. Tratan de mostrar que la Comunidad está concentrando la atención de inversiones y capitales extranjeros en la zona y que además lo está haciendo en forma ilegal. No es la primera vez que la Brigada XVII confecciona montajes infames contra la Comunidad de Paz. En sus cuarteles se han redactado numerosas falsas denuncias contra integrantes de la Comunidad, contra la Comunidad como tal y contra muchos campesinos de su entorno, apoyadas en testigos sobornados, torturados o chantajeados e incluso haciéndole firmar papeles a prisioneros llevados allí ilegalmente e invitados a firmar lo que no conocen para poder gozar de libertad. Todo esto se ha documentado ampliamente ante tribunales internacionales. Ahora recurren nuevamente al montaje para calumniar a la Comunidad. El montaje ha sido la especialidad del Coronel Germán Rojas Díaz, nombrado hace pocos meses como comandante de dicha brigada, pasando por encima de todos los crímenes que él perpetró en el pasado.
El jueves 18 de septiembre de 2014, hacia las 10:00 horas, dos hombres y una mujer ingresaron sorpresivamente y sin previa autorización al asentamiento de la Comunidad de Paz en San Josecito, supuestamente con el propósito de entrevistar a los miembros de la Comunidad, argumentando que existía una compañía extranjera que compra el cacao a la Comunidad y que a la vez envía muchísimos recursos para apoyar a la Comunidad en sus proyectos; decían que su presencia en la Comunidad de Paz era parte de una misión encomendada a ellos por parte de la entidad que comercializa el cacao de la Comunidad y de varias ONG europeas. Con la presencia de estos supuestos periodistas se confirma la estrategia de difamación contra la Comunidad que viene haciendo la Brigada XVII del ejército, cuna del crimen en Urabá.
El viernes 19 de septiembre de 2014, militares adscritos a la Brigada XVII del ejército nacional estuvieron en varias viviendas de la vereda El Cuchillo del corregimiento de San José, realizando empadronamiento ilegal a las familias que habitan allí. No vale que la misma Corte Constitucional les prohíba tal ejercicio, pues la fuerza pública se divierte pisoteando la Constitución y la Ley.
El lunes 22 de septiembre de 2014, un habitante del casco Urbano de San José fue abordado por un militar perteneciente a la base militar de San José informándole que la fuerza pública viene realizando un seguimiento a los terrenos que son propiedad de la Comunidad de Paz, con el objetivo de “desterrar a esos HP de guerrilleros que se hacen pasar por Comunidad de Paz”.
El viernes 26 de septiembre de 2014, en horas de la mañana, una camioneta en la que se movilizaban dos hombres y una mujer, se estacionó frente al asentamiento de la Comunidad de Paz en San Josecito; los ocupantes del vehículo manifestaron que venían a
realizar un censo a la Comunidad y que para ello necesitaban investigar qué tierras pertenecían a la Comunidad y qué tipo de cultivos tenía la Comunidad. Miembros de la comunidad les respondieron que la comunidad no suministraba esa clase de información y que además esas indagaciones tenían una gran relación con los últimos hechos que se han generado contra la Comunidad desde la Brigada XVII.
Este mismo viernes 26 de septiembre de 2014, tropas del ejército instaladas en la salida de San José hacia la vereda Buenos Aires, por varios minutos intentaron impedir el paso de Jesús Emilio Tuberquia, miembro del Consejo Interno de nuestra Comunidad de Paz.
El mismo viernes 26 de septiembre de 2014, hacia las 16:40 horas, el ejército bombardeó espacios de población civil en la vereda La Resbalosita de San José de Apartadó, afectando gravemente la vivienda de un campesino de nombre Francisco, la cual quedó destruida. Los explosivos mataron a una de sus vacas. La familia escapó de la muerte por estar en esos momentos fuera de la casa.
El martes 30 de septiembre de 2014 un miembro del Consejo Interno de la Comunidad de Paz, quien se encontraba en la ciudad de Apartadó realizando algunas diligencias, fue perseguido por tres hombres en trajes civiles quienes lo siguieron hasta que entró a un establecimiento comercial donde llegaron acompañantes internacionales a protegerlo.
El viernes 10 de octubre de 2014, campesinos que habitan en varias veredas del corregimiento de Nuevo Antioquia (Turbo, Antioquia, colindante con San José de Apartadó), denunciaron ante integrantes de la Comunidad de Paz que los paramilitares los obligan a colaborar con ellos exigiéndoles suministrar informaciones relacionadas con el orden público en la región. También les han dejado claro que avanzarán en la construcción de la carretera entre Nuevo Antioquia y la vereda La Esperanza, obra que están adelantando los paramilitares con todo el respaldo de las instituciones del Estado, con miras a poder controlar mejor la región y aprovecharse de sus recursos.
El mismo viernes 10 de octubre de 2014, Germán Graciano, integrante del Consejo Interno y Representante Legal de la Comunidad de Paz, mientras se encontraba en Apartadó realizando algunas diligencias fue abordado por miembros de la Policía, luego de observarlo y seguirlo durante un trayecto.
El domingo 12 de octubre de 2014 un poblador de Nuevo Antioquia puso en conocimiento de la Comunidad de Paz la situación que se está viviendo allí debido al estricto control que ejercen los paramilitares en la zona: controlan especialmente el paso de personas desde Nuevo Antioquia a Rodoxalí y a los habitantes de de esta vereda les prohíben desplazarse a otras veredas, como La Hoz, sitio donde la Comunidad comprobó la existencia de dormitorios de paramilitares a pocos metros del campamento militar del Batallón Vélez y donde desaparecieron, en agosto de 2013, al joven Buenaventura Hoyos y dieron muerte a varios pobladores, desplazando a muchos otros.
El domingo 12 de octubre de 2014, en horas de la mañana, en la vereda Miramar, fueron retenidos los civiles Yhon Eider Florez Serna, de aproximadamente 22 años, y Albertano Florez, por tropas de la Brigada Móvil XI, acusándolos de ser guerrilleros. En horas de la tarde y después de 10 horas de estar retenidos, fue puesto en libertad Albertano Florez, después de severas acusaciones contra él, quedando retenido Yhon Eider Florez Serna.
El lunes 13 de octubre de 2014, familiares del civil Yhon Eider Florez Serna, acudieron ante la tropa del ejército con los documentos del campesino para facilitar la liberación, sin embargo no lo dejaron en libertad. A pesar de que la Defensoría Regional estuvo informada del caso, no intervino, tampoco lo hizo la Personería Municipal, entidades previstas para defender a la gente de las arbitrariedades de los mismos agentes del Estado pero que, en vez de gestionar de intervenir directamente, sólo le pidieron a la familia fuera a hacer las gestiones. La Comunidad de Paz decidió enviar una Comisión Humanitaria para exigir la liberación inmediata del reconocido campesino Yhon Eider Flores Serna, quien a pesar de no ser miembro de la Comunidad de Paz, sí hace parte de la población civil de su entorno.
En los últimos días, varias comunicaciones han sido remitidas desde la Gobernación de Antioquia a distintos grupos que acompañan a la Comunidad, argumentando que la relación con la comunidad ya mejoró y que además se ha acordado una agenda de trabajo entre el gobierno y la Comunidad, como producto de una reunión sostenida con la gobernación en diciembre de 2013. La comunidad manifiesta que dicha reunión fue acordada en diciembre de 2013 entre la Gobernación de Antioquia y Magistrados de la Corte Constitucional, con el fin de exigir la aparición con vida del joven Buenaventura Hoyos, desaparecido por militares y paramilitares en la vereda La Hoz de San José de Apartadó y de denunciar la presencia de paramilitares en esa zona. Sin embargo el Gobernador y su Secretario de Gobierno tomaron una posición evasiva, atribuyendo toda la responsabilidad del orden público a los militares, o sea, a los mismos victimarios, desmontándose de todas sus responsabilidades constitucionales.
Recientemente el CORONEL GERMÁN ROJAS DÍAZ, comandante de la Brigada XVII, viene remitiendo cartas de respuesta a los grupos solidarios con la Comunidad de Paz que protestan por todo lo que la Comunidad denuncia en constancias ante la humanidad, en relación a los últimos hechos de violencia de que es víctima. En dichas cartas el Coronel afirma que: “recibe diariamente denuncias contra las tropas militares sin explicar circunstancias de tiempo, modo y lugar… (…) realizando afirmaciones falsas que ponen en tela de juicio la honra e integridad de nuestros uniformados…”. Más adelante señala que “se evidencia que el ejército nacional está siendo estigmatizado por parte de la Comunidad de San José de Apartado…” y por último lanza nuevas estigmatizaciones contra la Comunidad afirmando: “En San José de Apartado hacen injerencia los frentes 5 y 58 de las FARC, grupo armado organizado al margen de la ley quien realiza amenazas, hostigamientos a propias tropas y población civil, narcotráfico, en general crímenes de lesa humanidad, y nunca se ha visto que la Comunidad de San José de Apartado y las ONG que los acompañan denuncien por estos hechos”. Dicho Coronel toma la misma posición del Procurador Ordóñez, para quien una denuncia que refiera fechas, nombres, horas, sitios, víctimas, circunstancias y victimarios, es una denuncia que “carece de información sobre tiempo, modo y lugar” y por tanto no merece ser atendida. Ambos son funcionarios que pertenecen al mismo Estado corrupto, encubridor, protector de los criminales que se cubren con etiquetas orgánicas del Estado, garantes de la impunidad de los crímenes más horrendos contra la población civil indefensa. Nada se puede esperar de ellos.
Desde la llegada del Coronel Rojas a la comandancia de la Brigada XVII la situación de riesgo de la Comunidad de Paz ha aumentado enormemente. Dicho Coronel en 2009 había sometido al más sucio chantaje a un miembro de la Comunidad para que le ayudara a destruir la Comunidad, o de lo contrario le inventaría un proceso penal. Nadie entiende al Presidente Santos ni al Ministro de Defensa, quienes en lugar de destituir y sancionar ejemplarmente posiciones tan criminales, más bien ascienden al delincuente a un cargo más alto. Esto es inaudito y merece el más enérgico repudio de la humanidad.
Cuando el pasado mes de agosto, en su edición No 521 (segunda semana de agosto de 2014) el periódico EL HERALDO de Apartadó le publicó una entrevista al Coronel Rojas, éste afirmó que “La Comunidad de Paz se siente temerosa de que vayan perdiendo la poca credibilidad que tienen hoy día ya que a nivel internacional y a nivel regional no creen en ellos”. En respuesta a estas afirmaciones, un gran número de organizaciones de la Unión Europea le envió un mensaje a la Directora del periódico El Heraldo, el pasado 29 de septiembre, en la cual afirman:
“Asunto: La Comunidad de Paz de San José de Apartadó goza de absoluta credibilidad por parte de las organizaciones internacionales. Solicitud de rectificación de las opiniones del Coronel Rojas Díaz.
Estimada Directora (María Hortensia Castro, El Heraldo, Apartadó, Colombia):
Las organizaciones europeas que suscribimos esta comunicación expresamos nuestra contrariedad por las afirmaciones del Coronel Rojas Díaz, Comandante de la Brigada XVII, publicadas en el artículo “Denunciada la Comunidad de Paz de San José de Apartadó” del periódico de su propiedad. (…) Concretamente las afirmaciones a las que nos referimos son: “La Comunidad de Paz se siente temerosa de que vayan perdiendo la poca credibilidad que tienen hoy día ya que a nivel internacional, y a nivel regional no creen en ellos”.
Le informamos que contrariamente a lo afirmado en el artículo, la Comunidad de Paz de San José de Apartadó goza de absoluta credibilidad a nivel Internacional no solo porque las denuncias y constancias históricas que registran las violaciones de sus derechos siempre se han confirmado, pese a todas las trabas para ello, sino porque los miembros de la Comunidad son modelo de comportamiento pacífico y no violento frente a los actores del conflicto.
Hoy en día, la voz y el testimonio de la Comunidad de San José de Apartadó son referencia a nivel internacional y cuenta con el apoyo de innumerables organizaciones y personas de buena voluntad que trabajan para que en Colombia el respeto de los Derechos Humanos sea una realidad. Prueba de ello fue la postulación de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó al premio Sakharov en el 2011, quienes quedaron en la terna final.
Por ello, le solicitamos comedidamente que su periódico dé el mismo espacio a la voz de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó y a las organizaciones o miembros del Parlamento Europeo que han y siguen apoyando la Comunidad para visibilizar las opiniones de los internacionales que, a diferencia de lo que afirma el Coronel, sí apoyan a la Comunidad de Paz.
Igualmente, le agradecemos que esta comunicación sea publicada como parte de la rectificación.
Organizaciones firmantes y adhesiones personales: AVI Onlus, Associazione Volontariato Insieme, (Montebelluna, Italia) Caravana Internacional de Juristas (Grupo del Reino Unido) Centro per la Pace e la Nonviolenza “Rachel Corrie” (Ovada, Italia) Collettivo Progetto Rebeldia / Municipio dei beni comuni di Pisa
(Pisa, Italia)Centro Immigrazione, Asilo, Cooperazione Internazionale di Parma e Provincia (Parma, Italia) Comité pour le respect des droits humains "DANIEL GILLARD" (Bruselas, Bélgica) EZA Fairer Handel Empresa del Comercio Justo de Austria(Köstendorf, Austria) Internationaler Versöhnungsbund - österreichischer Zweig Fellowship of Reconciliation Austria (Viena, Austria) Associazione Jambo, Commercio Equo e solidale ( Fidenza, Italia)Laboratorio Monteverde. Reti di Pace (Monteverde, Italia) LIBERA. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie (Roma, Italia) Associazione Umanitaria ONLUS Medici contro la tortura (Roma, Italia) Fundación Mundubat(San Sebastián – Donostia, España) Fondazione Neno Zanchetta(Lucca, Italia)Oficina Internacional de Derechos Humanos – Acción ColombiaOidhaco (Bruselas, Bélgica) Pachakuti (Gijón, España) Red Internacional de Derechos Humanos (Suiza) Adhesiones a título personal: Ettore Zerbino, Médico psiquiatra (Italia) Francesco Biagi – Investigador Ciencias Sociales – Universidad de Pisa (Italia) Gaia Capogna, Defensora derechos humanos (Italia) Mauro Castagnaro, Missione Oggimensile di approfondimento ed opinione dei Missionari Saveriani (Italia) Gianni Minà, Director revista LATINOAMERICA E TUTTI I SUD DEL MONDO (Italia) Giuseppe De Marzo, Libera. Responsable nacional Campagna Miseria Ladra, contro e povertà e l’esclusione sociale(Italia)Jürgen Klute, ex parlamentario Unión Europea grupo GUE/ NGL Alemania) Renata Ilari, Docente (Italia) Vittorio Agnoletto, ex parlamentario Unión Europea grupo GUE/NGL (Milano, Italia)Viviana Vieira, Economista y Activista (Francia, Bélgica).
Algo de enorme gravedad que trasciende la Comunidad de Paz de San José de Apartadó y constituye una gravísima alerta para todas las organizaciones defensoras de derechos humanos en Colombia y aún en el exterior, es lo ocurrido con el informe “Falsos Positivos en Colombia y el Papel de la Asistencia Militar de Estados Unidos, 2000-2010”. Dicho informe fue preparado tras largos meses de intenso trabajo investigativo por parte de la organización Fellowship of Reconciliation – FOR – con sede en los Estados Unidos y la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos –CCEEU- que agrupa a 240 organizaciones colombianas de derechos humanos y trabajo social. Se registra allí la responsabilidad de mando de 21 comandantes de brigadas territoriales y 15 de batallones o brigadas móviles en 1309 ejecuciones extrajudiciales con características de “falsos positivos”, refiriendo en cada caso los estudios adelantados por los oficiales en la Escuela de las Américas de Estados Unidos u otros centros de formación militar, así como los niveles de ayuda militar del gobierno de Estados Unidos a esas unidades militares.
El Comandante del Ejército, General JAIME ALFONSO LASPRILLA VILLAMIZAR, le urgió al investigador principal de FOR, Mr. John Lindsay Poland, venir a Colombia prontamente y sostuvo con él una reunión de airada protesta, entre las 5:00 y las 9:00 p. m. del 16 de septiembre de 2014 en el Ministerio de Defensa.[1] En coincidencia con dicha reunión, a las 6:20 p.m., el Coordinador colombiano del Observatorio de Derechos Humanos de la CCEEU, co-autor del informe, Dr. Alberto Yepes Palacio, fue interceptado por dos hombres motorizados con cascos y trajes oscuros similares, quienes empuñando armas semi-ocultas le arrebataron el computador y dos teléfonos celulares de su uso, evidenciando en todo su comportamiento que sabían perfectamente qué aparatos buscaban, fruto de prolongados seguimientos e interceptaciones, sin interesarse por ningún otro objeto de valor. En varias ocasiones anteriores, en momentos en que fueron presentados públicamente informes similares, ocurrió también, el mismo día o al día siguiente, el robo de computadores de los investigadores; así el 30 de mayo de 2012, otro computador le había sido robado a la CCEEU un día después de presentar un informe sobre ejecuciones extrajudiciales con un suplemento confidencial para la Corte Penal Internacional, durante un evento en la Casa España; en mayo de 2011, cuando se presentó el informe sobre desapariciones forzadas, a un integrante de la mesa le fue robado el computador. ¿Sería incorrecto pensar que los agentes que los robaron buscaban las bases más confidenciales de los informes, y quizás los nombres de las víctimas denunciantes para atentar contra ellas?
Al denunciar ante el General Lasprilla el robo del 16 de septiembre, el investigador estadounidense Lindsay-Poland le dice que “los hechos conducen a la sospecha que los atracadores podrían haber sido miembros o ex miembros de la Fuerza Pública que optan por el uso de la fuerza ilegítima, o personas al servicio s de ellos”, a la vez que le pide ejercer control para “frenar posibles planes de otros ataques”. A su vez el General Lasprilla le respondió que: “Este Comando de la manera más respetuosa objeta tal afirmación, por cuanto hasta que no se establezca por parte de las autoridades judiciales respectivas la participación de algún miembro de la Fuerza Pública como autor de los hechos por Ustedes denunciados de conformidad con el debido proceso consagrado en nuestra Constitución Política, no es pertinente efectuar esa clase de señalamientos…” [2]
¿No cree, Señor Presidente, que el más superficial análisis de los hechos lleva a señalar a órganos de inteligencia oficial de este robo, y como parte de la airada reacción del Ejército frente al informe? Hay razones más que claras para concluir que el hecho no fue un atraco ocasional sino algo premeditado, imposible de entender sin un seguimiento prolongado y minucioso del uso del computador y de los celulares, e incluso de los movimientos rutinarios de dichos aparatos en manos de su dueño. Pero, ¿a quién podría interesarle el tipo de información que allí había –pues ninguna otra cosa buscaban- sino a quienes fueron denunciados en el Informe? ¿Encuentra otra lógica explicativa, Señor Presidente?
Esto es demasiado grave, Señor Presidente, no sólo porque pone en máximo riesgo la vida e integridad de importantes defensores de derechos humanos, sino porque confirma sospechas fundadas en infinidad de otros hechos, de que en Colombia los agentes del Estado que han perpetrado crímenes tan horrendos como los “falsos positivos”, siguen incrustados en el Estado y en altas jerarquías de la fuerza pública y siguen defendiendo su imagen con métodos, no solo ilegales, sino de terror.
Le anexo copia del libro-Informe y le solicito, en nombre de la humanidad, una real depuración de quienes “sirven” al Estado y una protección efectiva de los defensores que corren enormes riesgos y están absolutamente desprotegidos. Cualquier atentado contra la vida de los investigadores Alberto Yepes o John Lindsay Poland, o de cualquier otra persona que colaboró en la investigación, o de las víctimas de tales hechos cuyos nombres figuraban en el informe confidencial a la Fiscalía de la CPI, en Colombia o fuera de Colombia, será responsabilidad de su gobierno.
Le reitero, además, Señor Presidente, las peticiones aún no atendidas y otras adicionales que se fundan en las últimas actuaciones criminales de sus subalternos, en flagrante desacato a la Corte Constitucional, que se sustentan en la parte resolutiva de la Sentencia T-1025/07:
· Suministrarme los nombres de los integrantes del Estado Mayor y de las direcciones de operaciones y de inteligencia de las brigadas XI y XVII durante los últimos 7 años.
· Suministrarme los nombres de los oficiales que han tenido el mando de las bases o unidades militares y policiales acantonadas en el corregimiento de Nuevo Antioquia, municipio de Turbo, durante los últimos cinco años, con sus códigos militares.
· Suministrarme el nombre completo, código militar, unidad de pertenencia y línea de mando del Superintendente García, supuestamente adscrito a la base militar de Nuevo Antioquia.
· Suministrarme los nombres, códigos institucionales, unidades de pertenencia y líneas de mando de los miembros del Ejército y la Policía presentes en el caserío de San José de Apartadó los días: 11 de diciembre de 2011; 13 de marzo de 2012 y más específicamente identificar al militar que este día disparó contra la humanidad de John Freddy Úsuga; y entre el 27 y el 30 de mayo de 2012.
· Suministrarme los nombres, códigos militares, unidades de pertenencia y líneas de mando del personal militar presente en el retén de Caracolí los días 15 de diciembre de 2011 y 11 de enero de 20012.
· Suministrarme los nombres, códigos militares, unidades de pertenencia y líneas de mando del personal militar que hizo presencia en la vereda Mulatos de San José de Apartadó los días 28 de enero de 2012; 2 de febrero de 2012; 10 de febrero de 2012 y 20 de febrero de 2012.
· Suministrarme los nombres, códigos institucionales, unidades de pertenencia y líneas de mando del personal militar y policial presente en la vereda La Cristalina de San José de Apartadó, los días 31 de enero de 2012 y 7 de febrero de 2012.
· Suministrarme los nombres, códigos militares, unidades de pertenencia y líneas de mando del personal militar que sostuvo un combate con la guerrilla en la vereda Arenas Bajas el 20 de febrero de 2012 en medio del cual fue asesinada la civil discapacitada Marlobe David Sánchez.
· Suministrarme los nombres, códigos militares, unidades de pertenencia y líneas de mando del personal militar que llegó en helicópteros a la vereda Las Nieves de San José de Apartadó el 24 de julio de 2012.
· Exigirle al Coronel Javier Eduardo Vallejos, Comandante de la Brigada XVII, reparación de sus calumnias contra la Comunidad de Paz o demostrar que las pequeñas donaciones que la Comunidad recibe de grupos solidarios están condicionadas a denuncias que la Comunidad realice contra instituciones del Estado, así como probar al mismo tiempo que los crímenes denunciados por la Comunidad son falsos.
· Suministrarme los nombres, códigos institucionales, unidades de pertenencia y líneas de mando, de los miembros del ejército que hicieron presencia el 7 de agosto de 2012 en la vereda La Resbalosa y que sostuvieron un supuesto combate con insurgentes en el que murió un supuesto guerrillero.
· Suministrarme los nombres, códigos institucionales, unidades de pertenencia y líneas de mando, de los miembros del ejército que hicieron presencia en la vereda La Unión, de San José de Apartadó, el día 14 de agosto de 2012.
· Suministrarme los nombres, códigos institucionales, unidades de pertenencia y líneas de mando, de los miembros del ejército que hicieron presencia en el cerro Chontalito, de San José de Apartadó (entre las veredas Buenos Aires y Mulatos) el día 15 de agosto de 2012.
· Suministrarme los nombres, códigos institucionales, unidades de pertenencia y líneas de mando, de los miembros del ejército que hicieron presencia entre las veredas La Unión y Las Nieves, de San José de Apartadó, el día 18 de agosto de 2012, entre las 8:00 a. m. y las 4:00 p. m.
· Suministrarme los nombres, códigos institucionales, unidades de pertenencia y líneas de mando, de los miembros de la Policía motorizada de la ciudad de Apartadó que condujeron al comando a Germán Graciano el 28 de agosto de 2012 en coordinación con personas en trajes de civil quienes intentaron identificarlo en presencia de la Policía luego de hacerle seguimientos por la ciudad.
· Suministrarme los nombres, códigos institucionales, unidades de pertenencia y líneas de mando, de los miembros de la Policía que mantuvieron un retén en el sitio “La Cabaña” de Apartadó el 29 de agosto de 2012.
· Suministrarme los nombres, códigos institucionales, unidades de pertenencia y líneas de mando, de los miembros del ejército que hicieron presencia en la vereda La Unión, de San José de Apartadó, el 30 de agosto de 2012.
· Suministrarme los nombres, códigos institucionales, unidades de pertenencia y líneas de mando, de los miembros del ejército que hacían presencia en el corregimiento de Piedras Blancas, del municipio de Carepa, el 31 de agosto de 2012.
· Suministrarme los nombres, códigos institucionales, unidades de pertenencia y líneas de mando, de los miembros de la Policía que hacían presencia en el retén del barrio Mangolo, de Apartadó, el 5 de septiembre de 2012.
· Suministrarme los nombres, códigos institucionales, unidades de pertenencia y líneas de mando, de los miembros del ejército que hacían presencia en el corregimiento de Piedras Blancas, del municipio de Carepa, el 5 de septiembre de 2012.
· Suministrarme los nombres, códigos institucionales, unidades de pertenencia y líneas de mando, de los miembros de la Policía que hacían presencia en un retén ubicado entre la ciudad de Santa Fe de Antioquia y el municipio de Cañasgordas, en la noche del 6 de septiembre de 2012. Aunque en este caso la Policía ha enviado una abundante documentación sobre puestos de control en la zona, no es creíble que un atraco a tan poco distancia ni siquiera haya sido registrado.
· Suministrarme los nombres, códigos institucionales, unidades de pertenencia y líneas de mando, de los miembros del ejército que hacían presencia en la base militar de San José de Apartadó (junto al centro urbano del corregimiento) el 13 de septiembre de 2012.
· Suministrarme los nombres, códigos institucionales, unidades de pertenencia y líneas de mando, de los miembros del ejército que hacían presencia de patrullaje en la vereda Miramar, de San José de Apartadó, el 19 de septiembre de 2012.
· Suministrarme los nombres, códigos institucionales, unidades de pertenencia y líneas de mando, de los miembros del ejército y de la policía que hacían presencia en el centro urbano de San José de Apartadó el 27 de septiembre de 2012.
· Suministrarme los nombres, códigos institucionales, unidades de pertenencia y líneas de mando, de los miembros del ejército que hicieron presencia a la entrada de la finca privada La Holandita de San José de Apartadó, el 3 de octubre de 2012.
· Suministrarme los nombres, códigos institucionales, unidades de pertenencia y líneas de mando, de los miembros del ejército que hacían presencia en la base militar de San José de Apartadó, junto a su centro urbano, el 4 de octubre de 2012.
· Suministrarme los nombres, códigos institucionales, unidades de pertenencia y líneas de mando, de los miembros del ejército que dirigían la emisora del ejército en Apartadó el 4 de octubre de 2012.
· Suministrarme los nombres, códigos institucionales, unidades de pertenencia y líneas de mando, de los miembros del ejército y de la policía que hacían presencia en el centro urbano de San José de Apartadó el 6 de octubre de 2012.
· Suministrarme los nombres, códigos institucionales, unidades de pertenencia y líneas de mando, de los miembros del ejército o de la policía, presentes en el caserío de San José de Apartadó, quienes el 12 de octubre de 2012 ingresaron a la vivienda del Señor Jorge Bedoya.
· Suministrarme los nombres, códigos militares, unidades de pertenencia y líneas de mando de los oficiales de la Brigada XVII a cuya responsabilidad estaba asignada la protección de los pobladores de las veredas El Porvenir, La Esperanza y Caraballo, entre 1° y el 16 de diciembre de 2012.
· Suministrarme los nombres, códigos militares, unidades de pertenencia y líneas de mando de quienes comandaban e integraban las unidades militares que llegaron en dos helicópteros a la vereda La Esperanza el 29 de diciembre de 2012.
· Suministrarme los nombres, códigos militares, unidades de pertenencia y líneas de mando del personal militar que hacía presencia en la base militar del centro urbano de San José de Apartadó el 6 de enero de 2013 en horas de la noche.
· Informarme sobre la relación con la fuerza pública del supuesto desmovilizado “Santiago Giraldo”, así como del usuario del celular 311-3422998.
· Suministrarme los nombres, códigos militares, unidades de pertenencia y líneas de mando del personal militar que fumigó los cultivos de pan-coger de la vereda La Resbalosa el 17 de enero de 2013.
· Suministrarme los nombres, códigos militares, unidades de pertenencia y líneas de mando del personal militar de la Brigada XI a cuya responsabilidad estaba asignada la protección de los pobladores de la vereda El Manso del municipio de Tierralta, Córdoba, el 17 de enero de 2013.
· Suministrarme los nombres, códigos militares, unidades de pertenencia y líneas de mando de los integrantes de las patrullas militares y auxiliares civiles que patrullaron la vereda Rodoxalí durante las semanas segunda y tercera de enero de 2013.
· Suministrarme los nombres, códigos militares, unidades de pertenencia y líneas de mando del personal militar a cuyo mando y coordinación han estado y están los hermanos Cardona Borja, paramilitares residenciados en la Brigada XVII del Ejército.
· Suministrarme los nombres, códigos militares, unidades de pertenencia y líneas de mando del personal militar que se encontraba en la vereda Miramar y cercanías de la vereda La Cristalina, entre el 25 y 26 de enero de 2013.
· Suministrarme los nombres, códigos militares, unidades de pertenencia y líneas de mando del personal militar que se encontraba en la base militar de San José de Apartadó el miércoles 30 de enero de 2013.
· Suministrarme los nombres, códigos militares, unidades de pertenencia y líneas de mando de los integrantes de la Brigada Móvil No. 24 que el viernes 1° de febrero de 2013 se encontraban en cercanías de la vereda Arenas Bajas de San José de Apartadó y que el día 2 de febrero ingresaron a la vivienda de la Señora Nolfa Sánchez en la misma vereda, en el punto conocido como La Máquina.
· Suministrarme los nombres, códigos institucionales, unidades de pertenencia y líneas de mando del personal militar y policial que se encontraba en el centro urbano de San José de Apartadó el viernes 8 de febrero y el domingo 10 de febrero de 2013.
· Suministrarme los nombres, códigos institucionales, unidades de pertenencia y líneas de mando del personal militar y policial que en la semana del 11 al 16 de febrero de 2013 se encontraba en el corregimiento de Nuevo Antioquia, en el corregimiento de Piedras Blancas y en la vereda de Zunguito.
· Suministrarme los nombres, códigos militares, unidades de pertenencia y líneas de mando del personal militar que condujo los helicópteros militares que hicieron presencia en cercanías del centro urbano de San José de Apartadó el jueves 14 de febrero de 2013.
· Suministrarme los nombres, códigos militares, unidades de pertenencia y líneas de mando del personal militar que se encontraba en el corregimiento de Piedras Blancas del municipio de Carepa el martes 19 de febrero de 2013.
· Suministrarme los nombres, códigos militares, unidades de pertenencia y líneas de mando del personal militar que se encontraba en el corregimiento de Nuevo Antioquia entre el 21 y 23 de febrero de 2013.
· Suministrarme los nombres, códigos militares, unidades de pertenencia y líneas de mando del personal de la Brigada Móvil No. 24 que el 26 de febrero de 2013 hizo presencia en la vereda La Esperanza, en los espacios de la Comunidad de Paz.
· Suministrarme los nombres, códigos militares, unidades de pertenencia y líneas de mando del personal de la Policía Anti Narcóticos que ha estado fumigando (febrero de 2013) las veredas de La Resbalosa, Mulatos y Las Nieves.
· Suministrarme los nombres, códigos militares, unidades de pertenencia y líneas de mando del personal militar y policial que el 6 de marzo de 2013 a las 04:00 horas de la madrugada allanó ilegalmente la humilde vivienda de Alfredis Rivas en la vereda La Linda de San José de Apartadó y que luego provocó un combate en medio de la población civil poniendo a ésta en alto riesgo.
· Suministrarme los nombres, códigos militares, unidades de pertenencia y líneas de mando del personal militar que se encontraba en la vereda La Hoz el viernes 8 de marzo de 2013, quienes se enfrentaron con un grupo paramilitar dando de baja a varios de ellos pero considerando todo esto un “error” y dejando sin decomisar el armamento que ellos tenían y sin investigar las identidades de los occisos.
· Suministrarme los nombres, códigos militares, unidades de pertenencia y líneas de mando del personal policial que estableció un retén en cercanías del aeropuerto de Carepa , en horas de la mañana, el lunes 11 de marzo de 2013.
· Suministrarme los nombres, códigos militares, unidades de pertenencia y líneas de mando del personal militar que se encontraba en la base militar del centro urbano de San José de Apartadó el viernes 15 de marzo de 2013.
· Suministrarme los nombres, códigos militares, unidades de pertenencia y líneas de mando del personal militar que se encontraba en el corregimiento de Piedras Blancas, municipio de Carepa y en cercanías de la vereda Miramar de San José de Apartadó, el miércoles 27 de marzo de 2013.
· Suministrarme los nombres, códigos militares, unidades de pertenencia y líneas de mando del personal militar que se encontraba en el corregimiento de Nuevo Antioquia el viernes 29 de marzo de 2013 y particularmente del personal militar a cuyo servicio se encuentran los paramilitares Leider Osorio David, alias “Tribilín”, y José Adelmo Osorno, alias “Panelo”.
· Suministrarme los nombres, códigos institucionales, unidades de pertenencia y líneas de mando del personal policial que el 1° de abril de 2013 detuvo ilegalmente en Apartadó a Julio Guisao, miembro del Consejo Interno de la Comunidad de Paz.
· Suministrarme los nombres, códigos militares, unidades de pertenencia y líneas de mando del personal militar que se encontraba en la vereda La Sucia el jueves 4 de abril de 2013 y que provocó un enfrentamiento junto a la vivienda de la Familia Florez causándole daños.
· Suministrarme los nombres, códigos institucionales, unidades de pertenencia y líneas de mando del personal policial que el jueves 4 de abril de 2013 detuvo ilegal y arbitrariamente en Apartadó a Germán Graciano, Representante Legal, y a Julio Guisao, miembro del Consejo Interno de la Comunidad de Paz.
· Suministrarme los nombres, códigos militares, unidades de pertenencia y líneas de mando del personal militar que se encontraba en el centro urbano de San José de Apartadó el 5 de abril de 2013 quienes tomaron como suyo el centro de formación que allí existe, construido por la Comunidad de Paz.
· Suministrarme los nombres, códigos militares, unidades de pertenencia y líneas de mando del personal militar que se encontraba en la vereda La Hoz el viernes 5 de abril de 2013 practicando detenciones ilegales y arbitrarias.
· Suministrarme los nombres, códigos militares, unidades de pertenencia y líneas de mando del personal militar que los días 5 y 6 de abril de 2013 invadieron los lugares de trabajo de familias de la Comunidad de Paz del asentamiento de San Josecito impidiéndoles trabajar en sus labores agrícolas de subsistencia.
· Suministrarme los nombres, códigos militares, unidades de pertenencia y líneas de mando del personal militar que se encontraba entre San Josecito y San José de Apartadó el 6 de abril de 2013 hacia las 18:30 horas, quienes retuvieron ilegal y arbitrariamente al Representante Legal de la Comunidad de Paz y profirieron amenazas e insultos contra la Comunidad.
· Suministrarme los nombres, códigos militares, unidades de pertenencia y líneas de mando del personal militar que se encontraba en inmediaciones de la vereda La Sucia donde fue asesinado el joven campesino Agustín Mora Sucerquia el sábado 6 de abril de 2013.
· Suministrarme los nombres, códigos militares, unidades de pertenencia y líneas de mando del personal militar que se encontraba en cercanías del estadero Caracolí, sobre la carretera que de Apartadó conduce a San José, quienes ejecutaron al joven campesino Carlos Andrés Torres Borja el 9 de abril de 2013 hacia las 16:45 horas.
· Suministrarme los nombres, códigos militares, unidades de pertenencia y líneas de mando del personal militar que se encontraba en la vereda Arenas Altas el martes 9 de abril de 2013 y que presentaron combate en predios de viviendas y cultivos de la Comunidad de Paz.
· Suministrarme los nombres, códigos institucionales, unidades de pertenencia y líneas de mando del personal militar que se encontraba el 13 de abril de 2013 en la vereda Arenas Bajas o en sus cercanías.
· Suministrarme los nombres, códigos institucionales, unidades de pertenencia y líneas de mando del personal militar que se encontraba el 16 de abril de 2013 en la vereda Arenas Altas, al parecer de la Brigada Móvil 24, quienes confesaron ser amigos y departir continuamente con el reconocido paramilitar Dairo de Jesús Rodríguez alias “Lalo” en el centro urbano de San José de Apartadó durante varios años y que este día practicaron detenciones ilegales, malos tratos y amenazas.
· Suministrarme los nombres, códigos institucionales, unidades de pertenencia y líneas de mando del personal que se encontraba en la vereda La Linda de San José de Apartadó el 19 de abril de 2013 en compañía de paramilitares y practicando detenciones ilegales y afrentas y amenazas a los pobladores.
· Suministrarme los nombres, códigos institucionales, unidades de pertenencia y líneas de mando del personal militar que irrumpió en la Aldea de Paz Luis Eduardo Guerra de la vereda Mulatos de San José de Apartadó el 21 de abril de 2013, violando propiedades privadas, impidiendo el trabajo de supervivencia de los pobladores y realizando amenazas, detenciones ilegales y chantajes.
· Suministrarme los nombres de los miembros del Estado Mayor y Dirección Operacional de las Brigadas XVII y Móvil 24, quienes a todas luces han tolerado, permitido y avalado la presencia de grupos criminales paramilitares de cuya coordinación con el ejército no queda duda alguna.
· Suministrarme los nombres, códigos institucionales, unidades de pertenencia y líneas de mando los miembros del personal militar que hizo presencia en la vereda La Linda de San José de Apartadó el 19 de abril de 2013 y que en los días posteriores se comunicó repetidas veces, vía telefónica, con el campesino William Cardona.
· Suministrarme los nombres, códigos institucionales, unidades de pertenencia y líneas de mando del personal militar que hizo presencia en la vereda La Linda de San José de Apartadó el día 23 de abril de 2013.
· Suministrarme los nombres, códigos institucionales, unidades de pertenencia y líneas de mando del personal militar que hizo presencia el 5 de mayo de 2013 en la vereda La Osa del corregimiento de Tierralta, municipio de Tierralta, Córdoba, quienes asesinaron al campesino Manuel Enrique Martínez Cardona.
· Suministrarme los nombres, códigos institucionales, unidades de pertenencia y líneas de mando de los miembros de la Policía Nacional adscritos al comando de Apartadó y a los policías de civil o colaboradores civiles de dicho comando quienes privaron ilegal y arbitrariamente de su libertad a la Sra. Laura Serna y Elvia María Cataño y las sometieron a otros procedimientos ilegales el 14 de mayo de 2013 y les quitaron sus documentos.
· Suministrarme los nombres, códigos institucionales, unidades de pertenencia y líneas de mando del personal militar que hacía presencia en la carretera entre Apartadó y San José de Apartadó el domingo 19 de mayo de 2013, trayecto en el cual fue interceptado un vehículo de servicio público y retenido, amenazado y llevado con intenciones de asesinarlo, el campesino Ángel Eusebio Graciano.
· Suministrarme el nombre completo, códigos institucionales, unidades de pertenencia y líneas de mando del SUBINTENDENTE HERNÉNDEZ, de la Policía, quien hacía presencia en el aeropuerto de Carepa el 19 de mayo de 2013 empadronando a la gente en flagrante violación de preceptos explícitos de la Corte Constitucional y respondiéndole a sus víctimas que no obedecía a la Corte Constitucional porque la Policía podía “hacer lo que le dé la gana” sin someterse a las leyes.
· Suministrarme los nombres, códigos institucionales, unidades de pertenencia y líneas de mando del personal militar que se enfrentó en combate con un grupo guerrillero el 23 de mayo de 2013 en el sitio El Barro de la vereda Mulatos de San José de Apartadó, tomando como trinchera la vivienda de una familia civil, perpetrando así el crimen de guerra de Escudo, proscrito en el Derecho Internacional Humanitario.
· Suministrarme los nombres, códigos institucionales, unidades de pertenencia y líneas de mando del personal militar que detuvo ilegal y arbitrariamente al menor de edad Edilberto Tuberquia, de la Comunidad de Paz, el 25 de mayo de 2013 en la vereda Mulatos, sometiéndolo a insultos y amenazas.
· Suministrarme los nombres, códigos institucionales, unidades de pertenencia y líneas de mando del personal militar que el 27 de mayo de 2013 ocupó una propiedad privada en la vereda La Unión y que el mismo día se enfrentó con un grupo guerrillero junto a otra vivienda de civiles en la vereda Las Claras, cercana a La Unión, poniendo en alto riesgo a la familia.
· Suministrarme los nombres, códigos institucionales, unidades de pertenencia y líneas de mando de los agentes de la Policía que hacían presencia en el aeropuerto de Carepa el lunes 27 de mayo de 2013 a las 14:50 horas, quienes trataron de empadronar ilegalmente, en flagrante violación de normas de la Corte Constitucional, a Jesús Emilio Tuberquia, integrante del Consejo Interno de la Comunidad de Paz.
· Suministrarme los nombres, códigos institucionales, unidades de pertenencia y líneas de mando del personal de la Policía que hacía presencia en el aeropuerto de Carepa el 28 de mayo de 2013 a las 8:40 horas, quienes trataron de empadronar ilegalmente, en abierta violación de normas de la Corte Constitucional, a Arley Tuberquia, miembro del Consejo Interno de la Comunidad de Paz.
· Suministrarme los nombres, códigos institucionales, unidades de pertenencia y líneas de mando del personal de la Policía que el 30 de mayo de 2013 a las 15:00 horas interceptó a los 32 delegados de la Comunidad de Paz que regresaban de Bogotá donde el día anterior el Presidente Santos había anunciado que haría la retractación de las calumnias contra la Comunidad de Paz proferidas por el anterior Presidente, acto que fue incumplido. Los policías sometieron a interrogatorios y requisas a los delegados.
· Suministrarme los nombres, códigos institucionales, unidades de pertenencia y líneas de mando del personal militar que se enfrentó con un grupo de guerrilleros el 30 de mayo de 2013 a las 14:00 horas entre las veredas La Esperanza y Mulatos de San José de Apartadó, haciendo blanco de sus disparos la casa del campesino Reinaldo Cardona, la cual quedó casi destruida, sin reparar que la familia y sus niños se encontraban en su interior.
· Suministrarme los nombres, códigos institucionales, unidades de pertenencia y líneas de mando del personal militar que ingresó ilegal y abusivamente a la propiedad privada Aldea de Paz, de la vereda Mulatos.
· Suministrarme los nombres, códigos institucionales, unidades de pertenencia y líneas de mando del personal militar que el 3 de junio de 2013 hizo presencia en la vereda La Unión y violó propiedades privadas afirmando explícitamente que no les importan las leyes.
· Suministrarme los nombres, códigos institucionales, unidades de pertenencia y líneas de mando del personal militar que acampó en la vereda La Esperanza de San José de Apartadó del 1 al 4 de junio de 2013 violando espacios privados de vida y trabajo.
· Suministrarme los nombres, códigos institucionales, unidades de pertenencia y líneas de mando del personal militar que hizo presencia en la vereda Mulatos el 5 de junio de 2013 que retuvieron ilegal y arbitrariamente a Bernardo Sepúlveda, integrante de la Comunidad de Paz y anunciaron nuevas acciones ilegales contra la Comunidad de Paz.
· Suministrarme los nombres, códigos institucionales, unidades de pertenencia y líneas de mando del personal militar acantonado en la base militar del centro urbano de San José de Apartadó el 7 de junio de 2013 que disparó proyectiles contra las aulas de la escuela del lugar en medio de un enfrentamiento con la guerrilla y que profirió amenazas contra la población civil del caserío ese mismo día.
· Suministrarme los nombres, códigos institucionales, unidades de pertenencia y líneas de mando del personal militar que hacía presencia en el centro urbano de San José de Apartadó el 8 de junio de 2013 que amenazó de muerte al campesino Juan Sánchez mientras atravesaba a caballo el caserío.
· Suministrarme los nombres, códigos institucionales, unidades de pertenencia y líneas de mando del personal militar que hizo presencia en la vereda Mulatos de San José de Apartadó el 9 de junio de 2013 quienes retuvieron ilegalmente al campesino Ramón Isidro Guerra, intentaron robarle su mula, lo amenazaron y anunciaron nuevas agresiones contra la Comunidad de Paz.
· Suministrarme los nombres, códigos institucionales, unidades de pertenencia y líneas de mando del personal militar que se coordinó estrechamente con los grupos paramilitares para rescatar las mulas que la guerrilla le robó a los paramilitares y que proclamaron el 10 y 11 de junio en varias veredas que estaban unidos para rescatar las mulas.
· Suministrarme los nombres, códigos institucionales, unidades de pertenencia y líneas de mando del personal militar que hacía presencia en el centro urbano de San José de Apartadó el 15 de junio de 2013 el cual retuvo ilegal y arbitrariamente a Luis Alberto Correa Borja.
· Suministrarme los nombres, códigos institucionales, unidades de pertenencia y líneas de mando del personal militar que el 13 de julio de 2013 ocupó ilegal y abusivamente la vivienda de un miembro del Consejo Interno de la Comunidad de Paz en la vereda La Unión.
· Suministrarme los nombres, códigos institucionales, unidades de pertenencia y líneas de mando del personal militar y policial que el 22 de julio fumigó y destruyó criminalmente los cultivos de pancoger de la Comunidad de Paz en las veredas Mulatos y La Resbalosa, envenenando las aguas de consumo cotidiano.
· Suministrarme los nombres, códigos institucionales, unidades de pertenencia y líneas de mando del personal militar que hizo presencia en la vereda La Cristalina de San José de Apartadó el 27 de julio de 2013 obligando a desplazarse a una familia del lugar bajo amenazas de muerte.
· Suministrarme los nombres, códigos institucionales, unidades de pertenencia y líneas de mando de los miembros de la Policía que hacían presencia en un retén sobre la carretera entre San José y Apartadó el 29 de julio de 2013 a las 15:20 horas, quienes retuvieron a John Freddy Úsuga y lo amenazaron con una falsa orden de captura.
· Suministrarme los nombres, códigos institucionales, unidades de pertenencia y líneas de mando del personal militar que hizo presencia en la vereda Arenas Altas de San José de Apartadó el 16 de agosto de 2013, quienes apoyaron un censo y empadronamiento ilegal llevado adelante por los paramilitares.
· Suministrarme los nombres, códigos institucionales, unidades de pertenencia y líneas de mando del personal militar que hizo presencia en la vereda La Resbalosa entre el 20 y 25 de agosto de 2013 ingresando ilegalmente a espacios privados de las familias de la Comunidad de Paz, forzando un empadronamiento ilegal y afirmando que no obedecen las leyes sino que hacen lo que les venga en gana, negándose a retirarse de los espacios privados ante peticiones de comisiones de la Comunidad de Paz que se trasladaron al lugar.
· Suministrarme los nombres, códigos institucionales, unidades de pertenencia y líneas de mando del personal militar que el 21 de agosto retuvo ilegalmente al campesino Filinardo Quintero entre las veredas La Unión y Arenas Altas, amenazándolo y anunciando que los paramilitares venían detrás para atentar contra la Comunidad de Paz.
· Suministrarme los nombres, códigos institucionales, unidades de pertenencia y líneas de mando del personal militar que llegó en helicóptero a la vereda Arenas Altas el 26 de agosto en una evidente coordinación logística con los militares que hacían presencia allí mismo desde días antes.
· Suministrarme los nombres, códigos institucionales, unidades de pertenencia y líneas de mando del personal militar que bombardeó una zona de la vereda La Linda el 31 de agosto de 2013, sin reparar en la presencia de población civil.
· Suministrarme los nombres, códigos institucionales, unidades de pertenencia y líneas de mando del personal militar que hacía presencia en la vereda La Hoz de San José de Apartadó el 31 de agosto de 2013, cuando paramilitares desaparecieron forzadamente al joven Buenaventura Hoyos Hernández de 18 años, estando los militares a pocos metros del lugar donde los paramilitares cometieron numerosas vejaciones, obligaron a la mayoría de las familias a desplazarse y saquearon todas las viviendas robando enseres y animales domésticos.
· Suministrarme los nombres, códigos institucionales, unidades de pertenencia y líneas de mando del personal militar que hizo presencia en la vereda La Resbalosa de San José de Apartadó el 31 de agosto de 2013, reteniendo ilegalmente al campesino Walter David y profiriendo amenazas contra la Comunidad de Paz.
· Suministrarme los nombres, códigos institucionales, unidades de pertenencia y líneas de mando del personal militar que rodeó el asentamiento de San Josesito de la Comunidad de Paz en la madrugada del 1 de septiembre de 2013.
· Suministrarme los nombres, códigos institucionales, unidades de pertenencia y líneas de mando del personal militar que hacía presencia en el centro urbano de San José el 5 de septiembre de 2013, el cual se enfrentó con la guerrilla en medio de la población civil en momentos en que atravesaba por el poblado una Comisión Humanitaria de la Comunidad de Paz con acompañamiento internacional, poniendo en alto riesgo la vida de los miembros de la Comisión y de los pobladores del caserío quienes fueron blancos de impactos a dos metros de distancia, estando previamente anunciado a la comandancia de la Brigada el paso de la Comisión.
· Suministrarme los nombres, códigos institucionales, unidades de pertenencia y líneas de mando del personal militar y policial que hacía presencia en el caserío de San José el 10 de septiembre de 2013 quienes retuvieron e intentaron ilegalmente empadronar al miembro del Consejo Interno de la Comunidad de Paz Gildardo Tuberquia.
· Suministrarme los nombres, códigos institucionales, unidades de pertenencia y líneas de mando del personal militar que hacía presencia en la vereda La Resbalosa de San José de Apartadó el 11 de septiembre de 2013 quienes retuvieron ilegalmente y amenazaron al integrante de la Comunidad de Paz Urías Guisao, anunciando nuevas agresiones y crímenes contra la Comunidad de Paz.
· Suministrarme los nombres, códigos institucionales, unidades de pertenencia y líneas de mando del personal militar y policial encargado de la seguridad de la carretera que une a San José con Apartadó en la jornada del 15 de septiembre de 2013, quienes permitieron que en el sitio Tierra Amarilla, multitud de veces denunciado por la presencia allí de estructuras paramilitares, paramilitares amenazaran a los ocupantes de los vehículos anunciando que quienes participaran en la marcha campesina del día siguiente serían asesinados.
· Suministrarme los nombres y códigos institucionales de los oficiales responsables del comando de las Brigadas 17, 11 y Móvil 24, en cuyas jurisdicciones se han movido durante el año 2013 con plena libertad grandes contingentes de paramilitares, quienes en repetidas ocasiones le han asegurado al campesinado que todo lo tienen coordinado con el ejército y que mutuamente se comunican sus rutas de desplazamiento por la zona, manteniendo grandes bases paramilitares de público conocimiento en Nuevo Antioquia, Playa Larga, Sabaleta, Los Mandarinos, Piedras Blancas, Batata y otras sin que haya el más mínimo intento de represión y control contra dichos grupos ilegales.
· Suministrarme los nombres, códigos institucionales, unidades de pertenencia y líneas de mando del personal militar que en la noche del 17 de septiembre de 2013 ingresó ilegalmente a la hacienda privada de San Josecito, de la Comunidad de Paz.
· Suministrarme los nombres, códigos institucionales, unidades de pertenencia y líneas de mando del personal militar que el 18 de septiembre de 2013 a las 5:00 horas del amanecer interceptó y detuvo a miembros de la Comunidad de Paz que se dirigían a Apartadó.
· Suministrarme los nombres, códigos institucionales, unidades de pertenencia y líneas de mando del personal militar que realizó un montaje a la entrada del asentamiento de San Josecito el 18 de septiembre de 2013, sacando fusiles de costales que portaban y fotografiándolos a la entrada del asentamiento, entregándoselas a un sujeto con prendas militares sin insignias de identificación.
· Suministrarme los nombres, códigos institucionales, unidades de pertenencia y líneas de mando del personal militar encargado de la seguridad de las veredas La Nieves, La Esperanza y La Unión el 20 de septiembre de 2013, permitiendo que los paramilitares hicieran retenes, detuvieran a miembros de la Comunidad y a otros campesinos, los ultrajaran y anunciaran masacres y otros atropellos, llevándose consigo al campesino Reinaldo Cardona, fotografiándolo y anunciándole que está en una lista de gente para asesinar.
· Suministrarme los nombres, códigos institucionales, unidades de pertenencia y líneas de mando del personal militar y policial encargado de la seguridad de la vereda Caño Seco de San José de Apartadó el 20 de septiembre de 2013, quienes permitieron que los paramilitares incursionaran allí para presionar a los campesinos a presentarse ante sus jefes en la base paramilitar de Piedras Blancas, ampliamente conocida, tolerada y apoyada por la Brigada XVII, hasta el punto que con los paramilitares iban los hermanos Ovidio, Albeiro y Lubín Cardona Borja, domiciliados en la Brigada por largo tiempo y entregados al Ejército desde diciembre de 2005, aceptando perpetrar masacres y otros crímenes con el personal militar.
· Suministrarme los nombres, códigos institucionales, unidades de pertenencia y líneas de mando del personal militar que permaneció entre el 15 y el 22 de septiembre de 2013 en el área del asentamiento de San Josecito violando la propiedad privada y dañando los cultivos comunitarios y negándose a retirarse por estar supuestamente “cumpliendo órdenes superiores”.
· Suministrarme los nombres, códigos institucionales, unidades de pertenencia y líneas de mando del personal militar que detuvo al miembro del Consejo Interno de la Comunidad de Paz el 22 de septiembre de 2013 en la vereda Chontalito, acusándolo falsamente de llevar remesas para la guerrilla.
· Suministrarme los nombres, códigos institucionales, unidades de pertenencia y líneas de mando del personal militar encargado de la seguridad de la vereda La Esperanza de San José de Apartadó el 23 de septiembre de 2013, quienes permitieron que los paramilitares ocuparan viviendas de la Comunidad de Paz para dormir y afirmaran con toda seguridad ante los campesinos del entorno que ellos actuaban en plena coordinación con la fuerza pública.
· Suministrarme los nombres, códigos institucionales, unidades de pertenencia y líneas de mando del personal militar y policial que hacía presencia en el caserío de San José y en la carretera que de Apartadó conduce a San José el 28 de septiembre de 2013, quienes permitieron que paramilitares armados y motorizados ingresaran al asentamiento de San Josecito y al caserío de San José a repartir volantes de su organización durante la noche.
· Suministrarme los nombres, códigos institucionales, unidades de pertenencia y líneas de mando del personal militar encargado de la seguridad de las veredas Rodoxaly, Sabaleta, las Flores y Las Monas, quienes permitieron que los paramilitares repartieran volantes de su organización sin ser molestados.
· Suministrarme los nombres, códigos institucionales, unidades de pertenencia y líneas de mando del personal militar del Batallón Vélez que hacía presencia en la vereda La Hoz de San José de Apartadó y que fueron cómplices, junto con los paramilitares, de la desaparición forzada del joven BUENAVENTURA HOYOS HERNÁNDEZ, así como del saque y pillaje de las viviendas de dicho asentamiento y del desplazamiento forzado de varias familias allí residentes.
· Suministrarme los nombres, códigos institucionales, unidades de pertenencia y líneas de mando del personal policial que hace presencia en el poblado de Nuevo Antioquia, de Turbo, quienes toleran la presencia de reconocidos paramilitares que se pasean por el poblado, como lo pudo comprobar la peregrinación de 150 personas que llegó allí el 6 de octubre de 2013, y del personal militar del Batallón Vélez que hacía presencia en la vereda La Hoz el 8 de octubre de 2013, quienes dormían a pocos metros de los paramilitares y sin embargo negaban haberlos visto.
· Suministrarme los nombres, códigos institucionales, unidades de pertenencia y líneas de mando del personal militar que los días 10 y 11 de octubre de 2013 sobrevolaron en helicópteros la zona de San José de Apartadó lanzando volantes con falsas acusaciones a campesinos para justificar por anticipado su captura o su muerte como “falsos positivos”.
· Suministrarme los nombres, códigos institucionales, unidades de pertenencia y líneas de mando del personal que se hallaba el 12 de octubre de 2013 en la finca de la familia Molina de la vereda La Hoz de San José de Apartadó, quienes reprimieron y amenazaron con represalias a un soldado que se atrevió a reconocer el apoyo del ejército a los paramilitares.
· Suministrarme los nombres, códigos institucionales, unidades de pertenencia y líneas de mando del personal militar que entre el 28 y el 30 de octubre de 2013 ocuparon las entradas y bordes del asentamiento de San Josecito de la Comunidadde Paz, perturbando las actividades de subsistencia y poniendo en riesgo de ataque de fuerzas contrarias a la población civil.
· Suministrarme los nombres, códigos institucionales, unidades de pertenencia y líneas de mando del personal militar encargado de la seguridad de la vereda Arenas Bajas de San José de Apartadó el 13 de noviembre de 2013, quienes permitieron la presencia violenta y amenazante de los paramilitares allí.
· Suministrarme los nombres, códigos institucionales, unidades de pertenencia y líneas de mando del personal militar y policial encargado de la seguridad de la vereda Arenas Altas y Pueblo Galleta, del corregimiento de Currulao y el área urbana de Turbo, el 18 de noviembre de 2013, quienes permitieron que los paramilitares se llevaran a 6 menores y un adulto, estando 5 de los menores armados por la guerrilla, delegando en los paramilitares abiertamente sus tareas contrainsurgentes y permitiendo además que las familias de los menores y algunas instituciones del Estado se dejaran escoltar por camionetas y otros vehículos de los paramilitares hasta el sitio Pueblo Galleta donde los entregaron y de allí hasta Currulao y Turbo, dejándole la policía el campo libre a los paramilitares en Turbo para que amenazaran de nuevo a los menores y a sus familias y las ultrajaran.
· Suministrarme los nombres, códigos institucionales, unidades de pertenencia y líneas de mando del personal militar que hizo presencia entre el 17 y 19 de noviembre de 2013 en las veredas Mulatos y La Resbalosa, quienes se presentaron ante los campesinos alternativamente como militares y como paramilitares.
· Suministrarme los nombres, códigos institucionales, unidades de pertenencia y líneas de mando del personal policial encargado de la seguridad del corregimiento de Nuevo Antioquia de Turbo, quienes permitieron que los reconocidísimos líderes paramilitares que se pasean diariamente por el caserío, reunieran gente y anunciaran la comisión próxima de diversos crímenes contra miembros de la Comunidad de Paz, pobladores de diversas veredas de San José de Apartadó.
· Suministrarme los nombres, códigos institucionales, unidades de pertenencia y líneas de mando del personal policial que se hallaba en la estación localizada frente al cementerio de San José el 21 de diciembre de 2013 hacia las 10:00 horas, quienes desde su búnker filmaron a los participantes en una ceremonia religiosa que se ofició en el cementerio del corregimiento.
· Suministrarme los nombres, códigos institucionales, unidades de pertenencia y líneas de mando del personal policial encargado de la seguridad de la carretera entre Apartadó y San José el 8 de enero de 2014 a las 14:15 horas, quienes permitieron que los paramilitares portando armas detuvieran un vehículo a la altura de Tierra Amarilla, donde buscaban al Representante Legal de la Comunidad de Paz para asesinarlo.
· Suministrarme los nombres, códigos institucionales, unidades de pertenencia y líneas de mando del personal militar encargado de la seguridad de la vereda Bellavista el 12 de enero de 2014, quienes permitieron el ingreso de 23 paramilitares, entre ellos los hermanos Cardona Borja demasiado familiarizados con la Brigada XVII puesto que han estado domiciliados allí por largos períodos y se han desplazado con los militares perpetrando crímenes en muchos sitios, llegaran a las 3 de la madrugada a amenazar a los pobladores.
· Suministrarme los nombres, códigos institucionales, unidades de pertenencia y líneas de mando del personal militar que hacía presencia en el caserío de San José el 15 de enero de 2014 quienes detuvieron ilegal y arbitrariamente a Huber Areiza de la Comunidad de Paz alegando una falsa orden de captura.
· Suministrarme los nombres, códigos institucionales, unidades de pertenencia y líneas de mando del personal policial que hacía presencia en el área urbana de Nuevo Antioquia el 16 de enero de 2014 quienes permitieron que los paramilitares que viven allí con su tolerancia y apoyo, anunciaran nuevas masacres contra la Comunidad de Paz, reiterando una vez más su total coordinación para ello con la fuerza pública.
· Suministrarme los nombres, códigos institucionales, unidades de pertenencia y líneas de mando del personal militar que el 25 de enero de 2014 ingresó abusivamente a predios privados de la Comunidad de Paz en la vereda Mulatos a robar los productos de pan-coger de las familias.
· Suministrarme los nombres, códigos institucionales, unidades de pertenencia y líneas de mando del personal militar encargado de la seguridad de la vereda Playa Larga de San José de Apartadó el 28 de enero de 2014, donde fueron vistos numerosos paramilitares armados recorriendo la zona.
· Suministrarme los nombres, códigos institucionales, unidades de pertenencia y líneas de mando del personal militar que hacía presencia en la vereda La Unión el 2 de febrero de 2014, quienes dispararon e hicieron estallar explosivos junto a los sitios de cultivos de la Comunidad de Paz, bloqueando el trabajo agrícola de subsistencia.
· Suministrarme los nombres, códigos institucionales, unidades de pertenencia y líneas de mando del personal militar y policial encargado de la seguridad de la carretera entre Apartadó y San José en la primera semana de febrero, quienes permitieron la presencia en Caracolí y La Victoria del reconocido paramilitar Apolinar Guerra, en ocasiones escoltado.
· Suministrarme los nombres, códigos institucionales, unidades de pertenencia y líneas de mando del personal militar que ocupó abusivamente un predio privado en la vereda Mulatos donde la Comunidad de Paz tiene cultivos, el 4 de febrero de 2014, con el fin de construir un helipuerto y un campamento, desafiando de manera altanera y amenazante la protesta de la Comunidad y robando luego productos al salir.
· Suministrarme los nombres, códigos institucionales, unidades de pertenencia y líneas de mando del personal militar que hacía presencia en el caserío de San José el 5 de febrero de 2014 cuando estalló un artefacto que afectó a miembros del ejército, quienes anunciaron vengarse en la Comunidad de Paz mediante acciones de los paramilitares, reiterando una vez más que ejército y paramilitares trabajan juntos y anunciando nuevamente el exterminio de la Comunidad de Paz.
· Suministrarme los nombres, códigos institucionales, unidades de pertenencia y líneas de mando del personal militar y policial que hacía presencia en el caserío de San José el 8 de febrero de 2014, quienes detuvieron ilegal y arbitrariamente a Huber Areiza, trataron de empadronarlo, luego negaron tenerlo detenido y minutos después lo volvieron a detener sometiéndolo a procedimientos ilegales y abusivos.
· Suministrarme los nombres, códigos institucionales, unidades de pertenencia y líneas de mando del personal militar que hacía presencia en San José el 13 de febrero de 2014 quienes abordaron a Diana Higuita y le mostraron fotos de su compañero aduciendo una falsa orden de captura ofreciéndole prebendas si trabaja con ellos como informante.
· Suministrarme los nombres, códigos institucionales, unidades de pertenencia y líneas de mando del personal militar que el 14 de febrero de 2014 hicieron presencia en la vereda La Unión y realizaron pillajes a viviendas de la Comunidad de Paz.
· Suministrarme los nombres, códigos institucionales, unidades de pertenencia y líneas de mando del personal militar que hizo presencia en la vereda Bellavisto de San José de Apartadó el 14 de febrero de 2014 deteniendo abusivamente a un campesino a quien amenazaron y ultrajaron hasta que la comunidad se levantó a exigirles poner fin a su delito.
· Suministrarme los nombres, códigos institucionales, unidades de pertenencia y líneas de mando del personal militar que 21 de febrero de 2014 invadió los alrededores del asentamiento de San Josecito aprovechando laausencia de la mayoría de sus pobladores, quienes conmemoraban la horrenda masacre perpetrada por ejército y paramilitares el 21 de febrero de 2005.
· Suministrarme los nombres, códigos institucionales, unidades de pertenencia y líneas de mando del personal militar que el 22 de febrero de 2014 ocupó varios predios privados de la Comunidad de Paz en los alrededores del asentamiento de San Josesito, a pesar de estar debidamente cercados y con vallas.
· Suministrarme los nombres, códigos institucionales, unidades de pertenencia y líneas de mando del personal militar que hacía presencia en el caserío de San José el 9 de marzo de 2014 hacia las 16:30 horas quienes dispararon contra el poblador de la vereda de Arenas Altas John Góez, impactando a la bestia que él montaba la cual murió inmediatamente.
· Suministrarme los nombres, códigos institucionales, unidades de pertenencia y líneas de mando del personal militar que el 10 de marzo de 2014 persiguió al campesino Norbey Sepúlveda y luego lo contactó por teléfono para chantajearlo ofreciéndole dinero si se convertía en informante.
· Suministrarme los nombres, códigos institucionales, unidades de pertenencia y líneas de mando del personal militar que el 26 de marzo/14 violó los espacios privados del asentamiento de San Josecito afirmando que están por encima de toda ley.
· Suministrarme los nombres, códigos institucionales, unidades de pertenencia y líneas de mando del personal militar que el 28 de marzo/14 detuvo a varios miembros de la Comunidad de Paz mientras buscaban unas bestias en sus propios predios.
· Suministrarme los nombres, códigos institucionales, unidades de pertenencia y líneas de mando del personal de la Policía que el 20 de abril/14, en el kilómetro 40 entre Tunja y Bucaramanga interceptó el vehículo en que se desplazaba Arley Tuberquia, miembro del Consejo Interno de la Comunidad de Paz, insultándolo y amenazándolo y enviando mensajes amenazantes contra la Comunidad de Paz.
· Suministrarme los nombres, códigos institucionales, unidades de pertenencia y líneas de mando del personal militar que el 14 de mayo/14 retuvo a un miembro de la Comunidad en la vereda Mulatos, insultándolo y amenazándolo.
· Suministrarme los nombres, códigos institucionales, unidades de pertenencia y líneas de mando del personal militar que el 16 de mayo/14 ocupó predios de la Comunidad en la vereda La Unión impidiendo el tránsito y el trabajo de subsistencia.
· Suministrarme los nombres, códigos institucionales, unidades de pertenencia y líneas de mando del personal militar que el 17 de mayo/14 saqueó la vivienda del Sr. Teodoro López en La Esperanza, robando animales, alimentos y destruyendo los enseres domésticos.
· Suministrarme los nombres, códigos institucionales, unidades de pertenencia y líneas de mando del personal militar que el 20 de mayo/14 detuvo y sometió a ultrajes al miembro de la Comunidad Luis Arnoldo David en la vereda La Unión.
· Suministrarme los nombres, códigos institucionales, unidades de pertenencia y líneas de mando del personal militar que el 21 de mayo/14 ocupó los espacios de trabajo de la Comunidad en la vereda La Unión afirmando que están por encima de toda ley y ocultando la identidad de la brigada a la cual pertenecían mediante engaños.
· Suministrarme los nombres, códigos institucionales, unidades de pertenencia y líneas de mando del personal militar que el 22 de mayo/14 ocupó las viviendas de las familias de La Esperanza.
· Suministrarme los nombres, códigos institucionales, unidades de pertenencia y líneas de mando del personal militar que el 4 de junio/14 y desde días antes ocupó predios privados de varias familias de la vereda La Antena, robó alimentos, animales y saqueó las pertenencias de las familias.
· Suministrarme los nombres, códigos institucionales, unidades de pertenencia y líneas de mando del personal militar que el 30 de junio/14 violó los espacios privados de las failias de la vereda La Esperanza.
· Suministrarme los nombres, códigos institucionales, unidades de pertenencia y líneas de mando del personal militar que el 7 de julio/14 ocupó los espacios de ingreso al asentamiento de San Josecito e insultó a los miembros de la Comunidad de Paz.
· Suministrarme los nombres, códigos institucionales, unidades de pertenencia y líneas de mando del personal militar que el 9 de julio/14 ocupó el área de las viviendas de la vereda La Unión, amenazando e insultando a sus pobladores.
· Suministrarme los nombres, códigos institucionales, unidades de pertenencia y líneas de mando del militar que en traje civil anunció el exterminio de la Comunidad de Paz en Apartadó.
· Suministrarme los nombres, códigos institucionales, unidades de pertenencia y líneas de mando del personal militar que el 2 de agosto/14 participó en un combate con las FARC en cercanías de la vereda La Unión y que disparó contra la menor YERY MAGALI MUÑOZ presentándola ante los medios como guerrillera muerta en combate.
· Suministrarme los nombres, códigos institucionales, unidades de pertenencia y líneas de mando del personal militar que dijo pertener a la brigada móvil 11 y que el 21 de agosto/14 ocupó los espacios privados de las familias de la vereda Bellavista y dijo estar por encima de toda ley.
· Suministrarme los nombres, códigos institucionales, unidades de pertenencia y líneas de mando del personal militar que el 22 de agosto/14 atacó a las familias de la vereda Bellavista y retuvo a varios civiles maltratándolos y utilizando los espacios civiles como trincheras.
· Suministrarme los nombres, códigos institucionales, unidades de pertenencia y líneas de mando del personal militar que 22 de agosto/14 fumigó los cultivos de pan coger y de subsistencia de las familias de la Comunidad de Paz en las veredas Mulatos, La Resbalosa, La Esperanza y Las Nievas.
· Suministrarme los nombres, códigos institucionales, unidades de pertenencia y líneas de mando del personal militar que dijo pertenecer a la brigada móvil 11 y que el 23 de agosto prorrumpió en atropellos y amenazas contra miembros de la Comunidad de Paz.
· Suministrarme los nombres, códigos institucionales, unidades de pertenencia y líneas de mando del personal militar que en el caserío de San José, el 25 de agosto/14, estuvo ofreciendo hasta 5 millones de pesos a quien matara al líder civil Arley Cartagena.
· Suministrarme los nombres, códigos institucionales, unidades de pertenencia y líneas de mando del personal militar que el 26 de agosto/14 ocupó la propiedad privada del Sr, Rubén Oquendo en la vereda La Cristalina.
· Suministrarme los nombres, códigos institucionales, unidades de pertenencia y líneas de mando del personal militar que el 7 de septiembre/14 ocupó los predios privados de la Señora Isabel Zapata en la vereda El Cuchillo, en estrecha coordinación con los paramilitares que la habían sentenciado a muerte, intentando también un empadronamiento ilegal, volviendo a ocuparlos el 9 de septiembre/14 y entre el 15 y el 18 de septiembre/14.
· Suministrarme los nombres, códigos institucionales, unidades de pertenencia y líneas de mando del personal militar que el 15 de septiembre/14 ocupó los predios privados de familias de El Porvenir lanzando amenazas contra sus pobladores.
· Suministrarme los nombres, códigos institucionales, unidades de pertenencia y líneas de mando del personal militar que el 17 de septiembre/14 ocupó y bloqueó la entrada al asentamiento de San Josecito de la Comunidad de Paz.
· Suministrarme los nombres, códigos institucionales, unidades de pertenencia y líneas de mando del personal militar que el 19 de septiembre/14 ocupó las viviendas de la vereda El Cuchillo intentando un empadronamiento ilegal.
· Suministrarme los nombres, códigos institucionales, unidades de pertenencia y líneas de mando del militar que el 22 de septiembre/14 estuvo anunciando, en el caserío de San José, el despojo de los terrenos pertenecientes a la Comunidad de Paz de San José de Apartadó.
· Suministrarme los nombres, códigos institucionales, unidades de pertenencia y líneas de mando del personal militar que el 26 de septiembre/14 bloqueó el paso por la vereda Buenos Aires a miembros del Consejo de la Comunidad de Paz.
· Suministrarme los nombres, códigos institucionales, unidades de pertenencia y líneas de mando del personal militar que el 26 de septiembre de 2014 sometió a bombardeo indiscriminado la vereda La Resbalosita, afectando gravenmente bienes civiles.
· Suministrarme los nombres, códigos institucionales, unidades de pertenencia y líneas de mando del personal militar que el 12 de octubre de 2014 detuvo ilegal y arbitrariamente a los campesinos Yhon Eider Florez y Albertano Florez en la vereda Miramar de San José de Apartadó.
· Establecer claramente las responsabilidades de mando que desde la Presidencia de la República, el Ministerio de Defensa y las comandancias de Divisiones, Brigadas y Batallones competen por el desacato a las diversas sentencias de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado que ordenan retirar de las cercanías de áreas habitadas por población civil las estaciones de policía y bases militares y que en concreto deben responder por los daños humanos y materiales sufridos en los episodios de combate que han afectado el centro poblado de San José de Apartadó en las fechas señaladas en la cronología: 25 de septiembre/13; 29 de septiembre/13; 5 de octubre/13; 10 de octubre/13; 2 de noviembre/13; 1 de diciembre/13; 8 de diciembre/13; 22 de diciembre/13; 23 de diciembre/13; 5 y 6 de enero/14; 7 de enero/14; 17 de enero/14; 19 de enero/14; 20 de enero/14; 21 de enero/14; 22 de enero/14; 26 de enero/14; 31 de enero/14; 1 de febrero/14; 5 de febrero/14; 11 de febrero/14; 16 de febrero/14; 18 de febrero/14; 6 de marzo/14; 8 de marzo/14; marzo 24/14; abril 30/14; mayo 6/14 en La Antena; mayo 24/14; mayo 30/14; junio 2/14; junio 3 /14; junio 20/14 en Arenas Bajas; julio 5/14; julio 7/14; agosto 9/14; agosto 13/14; agosto 18/14; agosto 23/14; agosto 25/14; agosto 27/14 en la Cristalina; septiembre 1/14 en la Antena; septiembre 6/14.
· Establecer además la responsabilidad precisa en órganos o personas de la Brigada XVII de planes criminales contra la Comunidad de Paz: despojo de terrenos; montajes sobre un supuesto mercadeo ilegal del cacao; exterminio de la Comunidad de Paz; conversión de las legítimas denuncias o constancias de los crímenes de lesa humanidad perpetrados por el personal de la Brigada en “persecuciones de la Comunidad contra la Brigada”; campaña nacional e internacional de “falta de credibilidad de la Comunidad de Paz”.
El desacato a la Sentencia T-1025/07 de la Corte Constitucional que todos estos hechos y negativas de información están revelando, se agrava, Señor Presidente Santos, por el desacato adicional al Auto 164/12 de la misma Corte Constitucional, que constituye un seguimiento de la misma sentencia y es fruto de una audiencia de seguimiento y evaluación, llevada a cabo en la Corte Constitucional el 27 de marzo de 2012.
La solicitud apremiante que le renuevo, Señor Presidente, después de trece insistencias anteriores, de que cese la barbarie de su Gobierno contra la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, está sustentada en las aterradoras cronologías que han acompañado todos los derechos de petición y que revelan, a todas luces, una agresión sistemática claramente tipificada en el Estatuto de Roma como Genocidio y Crímenes de Lesa Humanidad, muchos de ellos englobados en el crimen de Persecución, caracterizados por tratar de impedir la existencia de un grupo humano con identidad propia al que se le niega caber en el concepto de nacionalidad que el Estado victimario se apropia ilegítimamente y cuyos derechos múltiples, contemplados en numerosos tratados internacionales, son pisoteados de manera sistemática.
Es ampliamente conocida su petición de perdón a la Comunidad de Paz, expresada el 10 de diciembre de 2013 en medio de un discurso referido a los derechos humanos y en la cual afirmó cumplir, aunque muy extemporáneamente y sin presencia de ninguna representación de la Comunidad, la orden de la Corte Constitucional incluida en el Auto 164/12. La Comunidad no cesa de preguntarse sobre la coherencia de ese desagravio cuando está acompañado de una tolerancia absoluta a la continuidad de crímenes de lesa humanidad contra la Comunidad y con el respaldo absoluto a los altos funcionarios de su Gobierno en quienes descansa la responsabilidad de los crímenes.
De hecho, la orden No. 1 del Auto 164/12 de la Corte Constitucional, contemplaba, a la par que la retractación de las calumnias que desde la Presidencia de la República se habían proferido contra la Comunidad de Paz con consecuencias fatales durante 9 años, “la definición de un procedimiento para evitar futuros señalamientos contra la misma, tal como el establecimiento de un canal único de comunicación que reduzca los riesgos de señalamiento y fomente la reconstrucción de la confianza”. Usted lo sabe bien, Señor Presidente, esto ha sido imposible toda vez que la política del Ministerio de Defensa y de las comandancias de las fuerzas armadas es NEGAR todo lo que sucede, y particularmente NEGAR toda relación con las estructuras paramilitares, cuando para la población de la región es algo tan evidente y nítido y que incluso en los discursos de soldados y de paramilitares se le defiende con máximo atrevimiento y descaro.
Con la insistencia y el apremio que tanto dolor e indignación produce en quienes acompañamos a víctimas de tantos ultrajes y barbarie, le ruego, Señor Presidente, atender a estas solicitudes de manera urgentísima y responder, dentro de los términos legales, a la dirección adjunta.
Atentamente,
Javier Giraldo Moreno, S. J.
[ ------- ]
[ ------------------------------- ]
ANEXO: “Falsos positivos” en Colombia y el papel de la asistencia militar de Estados Unidos, 2000-2010” – Autores: Movimiento de Reconciliación (FOR) y la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos (CCEEU) - (138 páginas)
CC:
Corte Interamericana de Derechos Humanos – Caso 12325
Comisión Interamericana de Derechos Humanos
Corte Penal Internacional – Exp. OTP-CR. 266/07
Corte Constitucional de Colombia (Sala de Seguimiento a Sentencia T-1025/07)
Organismos de las Naciones Unidas, de la Organización de Estados Americanos, de UNASUR y organizaciones no gubernamentales, nacionales e internacionales, de derechos humanos.
[1] Hay que anotar que el General Lasprilla tuvo responsabilidad de mando en la Brigada IX de Neiva, mientras fue comandante de dicha unidad, sobre militares que perpetraron 75 ejecuciones extrajudiciales o “falsos positivos”, siendo uno de los oficiales con mayor número de casos bajo su responsabilidad de mando (rango 3).
[2] Radicado No. 20149001029271: MDN-CGFM-CE-JEM-JEJUR-DINEG-22-1 , 25 de septiembre de 2014
Comentarios
Publicar un comentario
Este es un espacio para la sana exposición de las ideas. La paz se hace con un diálogo fundamentado en la descencia y el respeto. Por favor omitir groserias y vulgaridades.