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RELEER LA AGENDA DEL ACUERDO GENERAL DE LA HABANA

Comunicado



La creación de un Comando de Transición en cabeza de un general de la fuerza pública es una decisión presidencial que nos obliga a preguntarnos si la presencia de militares activos en la Mesa de Conversaciones de la Habana ha tomado en consideración el asunto de si  ellos lo hacen o no, sujetándose a la permanencia de la línea de mando y sin poder comprometer nada.

Este hecho entraña un suceso raro, en tanto su papel se reduciría al ejercicio de una visión unilateral y mecánica sin más, que a personas como el general Flórez les implicaría limitarse a decir lo que le ordene la delegación gubernamental de paz y punto.

¿Qué tipo de escenario es este?

Si el Comando de Transición tiene el propósito de emprender el estudio de la “desmovilización y entrega de armas de la guerrilla”, tal circunstancia deberá estar contrastada con la creación urgente de un Comando Guerrillero de Normalización, que no de transición, con la misión de estudiar el regreso de la fuerza militar a su rol constitucional de guarnecer nuestras fronteras, el desmonte de los batallones de contrainsurgencia por razones de tal normalización como resultado de la paz, la reducción del pie de fuerza, y la insinuación de algunas reformas profundas en su doctrina militar. Esto, entre otras cosas, porque la igualdad de las partes en la mesa implica que si se llega a la normalización de la convivencia ciudadana, el asunto tiene efectos en ambos lados y a que hay capacidad de opinión de lado y lado.

Pero si partimos de la idea del gobierno de que la reforma de la fuerza pública es un tema no negociable, tal como lo ha afirmado en diversas ocasiones sin que aún hubiese llegado el momento de debatir el tema fin del conflicto, eso no significa que sobre el tema esté vedado el derecho a la opinión.

De momento, lo que suponemos como insurgencia es que la creación del Comando de Transición solo tendrá efectos al interior de la fuerza pública, ya que la naturaleza militar de este comando limita su competencia de manera estricta a tal  jurisdicción: la militar.

Es lógico entonces, que  el mencionado comando esté dirigido al estudio e implementación de mecanismos de normalización de las fuerzas armadas para el logro de su pronto regreso a su destino constitucional que es el de la defensa de las fronteras.

Porque no se puede pasar por alto que con la paz conquistada tras respetarse integralmente el espíritu y la letra del Acuerdo General para la Terminación del Conflicto firmado por las partes en La Habana el 26 de agosto de 2012, ya no cabría la utilización irregular de la fuerza militar para asuntos de orden público interno, o para la defensa a ultranza de un régimen político injusto que ha puesto las instituciones al servicio de intereses privados y que  favorece solo a una exigua minoría de  potentados, políticos corruptos e intereses de compañías multinacionales desconociendo los intereses y aspiraciones de las grandes mayorías nacionales,  que es lo que hasta el presente se ha hecho.

Y es que está claro que si nos atenemos a la norma constitucional vigente que dice respetar el gobierno, se puede pensar que eventualmente cabría utilizar la fuerza militar para atender aspectos de esa naturaleza, pero solamente si llegara a fallar la función de policía, y eso sería procedente únicamente en los términos indicados en la norma superior correspondiente; es decir, mediante la declaración previa del Estado de Excepción para un período de tiempo de noventa días, prorrogables por noventa días más, y una vez más (tercera vez de ser necesario), por el mismo tiempo, con autorización del Senado de la República.

Así si el asunto podría tener sentido y bienvenida entonces la creación de dicha Comandancia, pues es bueno ir preparando a las fuerzas militares para que vaya tomando conciencia de su rol natural; y en ese plano, sin duda varias son las reformas que habrá que adelantarse a su interior para que en el futuro pueda asumir su papel constitucional primordial como guardián de nuestra dignidad nacional y de nuestras fronteras patrias.

Nadie puede perder de vista que el diálogo que hemos entablado implica que la solución al conflicto es política y no militar. La guerra librada por la insurgencia contra el régimen político elitista y oligárquico que nos gobierna, es una guerra de carácter político, y la represión que ha sufrido el movimiento popular, social y campesino, es decir, el Terrorismo de Estado, también ha sido por razones políticas.

La discusión es válida, pues esto es materia que no solo le incumbe a la insurgencia sino que es asunto de todos los colombianos.

De tal manera que, así haya implicaciones en el campo militar, la base de todo es lo político. Primero lo primero, porque de lo contrario se deja el sabor de la generación de un principio de subalternidad de la guerrilla a la fuerza pública desde ahora mismo, lo cual es impensable para la insurgencia.

En la actualidad se está estudiando el punto 3 de la agenda, denominado “fin del conflicto”,  punto que lo integran siete numerales. En concreto, se enuncia el tema como  “3. Fin del conflicto”, y renglón seguido se lee: “Proceso integral y simultaneo...”. A continuación de esta última frase se enumera cada uno de los siete subpuntos, lo cual indica que se puede exigir que el mecanismo de trabajo para el punto 3 sea atendido o asumido tal cual se ordena: integralmente y simultáneamente. Así, entonces, lo que se está planteando es que el subpunto 7 se debe ir evacuando de conjunto con los otros 6 subpuntos; mucho más si ya se puso en movimiento el Punto 5 sobre víctimas. Esto, porque el subpunto 7 del Punto 3, “Fin del conflicto”, indica que “en el marco de lo establecido en el punto 5 (víctimas) de este acuerdo se esclarecerá, entre otros, el fenómeno del paramilitarismo”.

Es de entenderse en consecuencia, que habría que armar y poner en movimiento desde ya el mecanismo que se va a emplear para esclarecer el “fenómeno del paramilitarismo”.

Al respecto, no se puede dejar de distinguir entre lo que son  los hechos y daños producidos por el paramilitarismo, y lo que es “el fenómeno del paramilitarismo” propiamente tal. En otras palabras, una cosa son los hechos criminales y los resultados criminales producto del paramilitarismo (que sería trabajo para una Comisión de la Verdad), y otra cosa es establecer lo relativo al “fenómeno del paramilitarismo”; es decir, establecer cómo se conformó e integró, cómo funcionó, en dónde se fue estableciendo, con qué dineros, quiénes lo auparon y estimularon y por qué sigue actuando. Y es necesario hacerlo, primero, porque se trata de un mandato para las partes surgido del Acuerdo General, y segundo, porque de la supresión total del paramilitarismo depende el éxito de la construcción de la Paz. “Reincorporación” y “normalización” con paramilitarismo vivo es un contrasentido. Dar este paso es una necesidad a la que no se le puede sacar el cuerpo.

Por otro lado, es fundamental recalcar que la redacción del subpunto 7 del punto 3 no implica mandato exclusivo para el gobierno, lo cual conlleva a la integración de una comisión investigadora especial, inclusive con especialistas nacionales y extranjeros; antiguos investigadores penales locales y extranjeros y similares, incluyendo a la Comisión histórica del conflicto y sus víctimas que está en funcionamiento. Proceder con la creación de la Comisión Investigadora del fenómeno paramilitar, lo cual de ninguna, manera se debe confundir con la Comisión de la verdad que toca con casos concretos, sería otro paso para avanzar en el conjunto del esclarecimiento de los orígenes, causas y efectos del conflicto, que ha mandatado la Agenda del Acuerdo general de la Habana.

Finalmente, debemos recordar que si todos los subpunto del punto 3 sobre “Fin del conflicto” deben resolverse integral y simultáneamente, es bueno que el gobierno, en atención al subpunto 5,  vaya estableciendo con su interlocutor cómo se “revisará” y se van a hacer “las reformas y los ajustes necesarios para hacer frente a los retos de la construcción de la paz”.

DELEGACIÓN DE PAZ DE LAS FARC-EP

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