Análisis
Tomado de Pacocol
Por Edelmiro Franco
El fantasma de la guerra sucia y el exterminio de líderes de izquierda empieza a rondar en Colombia, en momentos que crece la expectativa por un acuerdo de paz entre el gobierno y la insurgencia.
La guerra sucia en Colombia tiene su principal antecedentes entre 1985 y 1994, época en la que en este país se desarrollaron los primeros diálogos de paz que se frustraron con las rebeldes FARC y las negociaciones que culminaron con la desmovilización de cuatro grupos insurgentes.
La Unión Patriótica (UP), que fue creada como partido político en el marco de los acuerdos de paz entre el gobierno de Belisario Betancourt (1982-1986), y las FARC, fue la principal víctima por parte de los grupos de extrema derecha y agentes de seguridad del Estado.
Este movimiento político fue exterminado en los años posteriores a los acuerdos en el gobierno de Betancourt, una época que se conoce en Colombia, como la “guerra sucia” y en donde fueron asesinados sus candidatos presidenciales, Jaime Pardo Leal y Bernardo Jaramillo Ossa.
También fueron acribillados durante la “guerra sucia”, adelantada por grupos de extrema derecha con la complicidad de agentes del Estado, más de tres mil militantes de la UP entre ellos ocho congresistas, 13 diputados, 70 concejales y 11 alcaldes.
Pero no solo cayeron militantes del Partido Comunista Colombiano (PCC), sino jefes rebeldes de los movimientos M19, Ejército Popular de Liberación Nacional (ELN) y un sinnúmero de defensores de los derechos humanos y periodistas.
Esta época también se caracterizó por el exilio de miles de colombianos que salieron de su país para proteger la vida y la de sus familiares de las balas de la extrema derecha y de los agentes del Estado, que se opusieron a las negociaciones de paz con la insurgencia.
En las últimas semanas, cuando los diálogos de paz entre el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), se consolidan cada día más, surgió una ola de amenazas de muerte contra líderes de izquierda, defensores de los derechos humanos.
Las amenazas de muerte también son contra las víctimas del conflicto armado colombiano y funcionarios gubernamentales que apoyan sin reserva las negociaciones de paz entre el gobierno y las FARC, que se desarrollan en La Habana, Cuba, desde noviembre de 2012.
Uno de los grupos que reivindicó las amenazas de muerte se autodenomina “Las Águilas Negras”, que es una organización de extrema derecha que opera en diferentes regiones de Colombia y como sus antecesoras son proyectos contrainsurgentes.
Pero los opositores a los diálogos, también están dentro de los organismos de seguridad del Estado colombiano, como lo demuestra la investigación al hacker detenido, Andrés Sepúlveda, quien hizo espionaje a los negociadores de La Habana, incluso al propio presidente Santos.
Esta semana el Ministerio de Defensa colombiano designó una comisión con altos oficiales de las Fuerzas Militares y de Policía, para investigar a fondo, quienes fueron los miembros de la institución castrense que trabajaron con Sepúlveda para sabotear las pláticas de paz.
El congresista del partido de izquierda Polo Democrático Alternativo (PDA), Iván Cepeda, es uno de los defensores de los derechos humanos a quien los grupos de extrema derecha amenazan cada semana.
Cepeda vivió “en carne propia” la guerra sucia hace 30 años porque fue -en ese escenario de la búsqueda por la paz- que asesinaron a su padre, el congresista de la UP, Manuel Cepeda Vargas.
Las últimas amenazas “no son hechos fortuitos ni casuales. Yo creo que aquí hay una tradición de ese tipo de amenazas, en un momento que está avanzando el proceso de paz”, afirmó Cepeda en entrevista con Notimex.
Recordó que en estos días viajan a La Habana víctimas de esta guerra de más de cinco décadas, para asistir a audiencias con negociadores del gobierno y de las FARC, incluso por primera vez viajaron altos oficiales activos como asesores del gobierno de Santos en el tema de entrega de armas y post conflicto.
Para Cepeda los viajes a Cuba de delegados de las víctimas, que en Colombia superan los seis millones 700 mil personas, según cifras oficiales, demuestra que “ya se están generando condiciones para avanzar hacia el fin del conflicto”.
“Yo creo que, como ha ocurrido en otros momentos, ese tipo de acciones (amenazas), vienen de fuerzas interesadas en generar un ambiente propicio para cualquier clase de acción que pueda afectar gravemente ese proceso”, advirtió, Cepeda, quien es el vocero de las víctimas de Estado.
A juicio de Cepeda, las actuales condiciones políticas son diferentes a la época del exterminio de la UP. Estas amenazas de muerte contra quienes apoyan y promueven los diálogos de paz de La Habana, no se pueden subestimar.
El congresista cree que el gobierno de Santos y los organismos judiciales, tienen la responsabilidad de identificar con nombre propio, las personas que están detrás del sabotaje a los diálogos de La Habana.
“Yo recibo amenazas semanalmente y no he conocido una investigación hasta ahora que llegue a entregar, por lo menos la identidad, y no digo a llevar a la cárcel o ante un tribunal, la identidad de quienes están detrás de estas amenazas”, dijo el vocero de las víctimas de Estado.
El terror y el miedo son las armas de los grupos de la extrema derecha que se oponen a procesos de negociación que pongan fin a un conflicto armado de cinco décadas que ha dejado un saldo de más de 220 mil muertos.
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