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Por El Tiempo
En grabaciones, el militar retirado dijo que estarían involucrados en casos de ejecuciones.
Las declaraciones del coronel (r.) Róbinson González del Río, que suman casi 100 horas de grabación, llevaron a la Fiscalía a compulsar copias a la Unidad de fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia para que investigue a nueve generales de las Fuerzas Militares por ‘falsos positivos’.
Los nombres de los altos oficiales, entre los que está el actual comandante de las FF. MM., el general Juan Pablo Rodríguez, fueron salpicados por el polémico coronel. Este le dijo a fiscales de la Unidad Contra el Crimen Organizado de la Fiscalía que Rodríguez y los otros generales conocían del proceder y accionar de uniformados involucrados en los crímenes, y en algunos casos supuestamente dieron instrucciones para que se cometieran. Los ‘falsos positivos’ suscitaron un escándalo en el 2008 que significó un remezón en las Fuerzas Militares (la salida de 3 generales y 27 militares), y que conmovió al país y provocó pronunciamientos de la comunidad internacional.
Fuentes en la Fiscalía señalaron que González del Río entregó información sobre al menos 50 casos y 64 homicidios en los que presuntamente hubo participación de los altos oficiales.
Señalaron que, según González, los oficiales habrían dado instrucciones para incrementar los resultados operacionales, y que supuestamente conocían que entre las personas presentadas como muertos en combate había campesinos que no tenían relación alguna con organizaciones ilegales. Entre los oficiales mencionados está el general Mario Montoya, excomandante del Ejército y de las FF. MM. recordado por liderar la operación ‘Jaque’. Su nombre ha sido salpicado en varios procesos y tiene varias compulsas de copias para ser investigado.
Consultado por EL TIEMPO, el general Rodríguez señaló que no ha sido notificado de alguna decisión judicial en su contra, y aseguró que se trata de declaraciones entregadas por un oficial polémico que enfrenta múltiples investigaciones. “Estoy tranquilo, tengo mi conciencia en paz y estaré atento a dar explicaciones del caso”, dijo el general. Agregó que el país no debe olvidar que las declaraciones vienen de una “persona señalada como delincuente que busca rebajas de penas”.
Fuente en el ente investigador dijeron que el coronel (r.) González llegó a un acuerdo con la Fiscalía, en el que se declaró culpable del delito de tráfico de armas y munición del Ejército, que terminaba en manos de bandas criminales. Por ese proceso, el oficial, preso en la sede de la Fiscalía en Bogotá, pagaría una pena de siete años de cárcel.
Ese primer acuerdo es el punto de partida de las negociaciones que adelanta el coronel González con la Fiscalía para recibir un principio de oportunidad por los otros dos casos que tiene en el ente acusador por su responsabilidad en ‘falsos positivos’ y por presuntas irregularidades en contratación. A cambio se compromete a declarar contra los oficiales vinculados a ejecuciones extrajudiciales.
El caso será entregado a un fiscal delegado ante la Corte que ya tiene más de cinco mil folios en una primera investigación contra cuatro generales. Entre las pruebas recaudadas se encuentran las órdenes que varios generales dieron a los hombres bajo su mando en la última década. Fuentes de la Fiscalía señalaron que, tras meses de investigación, los peritos de la policía judicial recopilaron información clave de unidades militares de Casanare, Antioquia, Norte de Santander, Cesar, Córdoba, Meta y Caquetá.
La Fiscalía dio traslado de las declaraciones porque los generales tienen fuero y deben ser investigados por fiscales delegados ante la Corte Suprema, que determina si abre o no investigación formal.
Las declaraciones del coronel también fueron remitidas a la Unidad de Derechos Humanos y a la Unidad de Contexto para que sean incluidas en las investigaciones a coroneles, quienes en ese grado no tienen fuero especial.
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