Arroceros al borde de la quiebra

Análisis

Tomado de Delegación de Paz de las FARC-EP

Por Rubén Zamora

Llamamientos desesperados han realizado los agricultores, piscicultores y ganaderos que se benefician del Distrito de Riego del Rio Zulia, en el departamento de Norte de Santander, como consecuencia de las problemáticas económicas y sociales que han afectado a la región. Dejarlos caer en el precipicio de la quiebra sería uno de los tantos actos de indolencia de la dirigencia del Estado, cuando se pueden remediar las dificultades con un poco de voluntad política.

Son muchas las gestiones realizadas ante el gobierno nacional y ante la dirigencia política sin que tengan efectos favorables. Unas 15 mil hectáreas mecanizadas de cultivos de arroz están al borde de quedarse sin riego, por falta de acciones efectivas y eficaces ante la reducción del caudal del río Zulia que afectan a más de 1.200 productores y unas 40 mil personas más que derivan su sustento de la producción arrocera.

De ningún modo podría cuestionarse que los municipios de Villa del Rosario, Los Patios y San José de Cúcuta cubran sus urgencias de agua potable del río Zulia, insólito es que el suministro de agua sea mediante un proyecto demasiado costoso para las comunidades urbanas, los agricultores, empresarios, microempresarios y el medioambiente.

Lo técnicamente indicado lo han descartado de plano. Más de 30 años llevan la ciudad de Cúcuta y los municipios del área metropolitana esperando la construcción del embalse del Cínera, para que de allí derive un nuevo acueducto que surta el agua potable necesaria. Dicho embalse generaría eléctrica a más bajo costo que Termotasajero, resolvería las necesidades de riego de los productores del Distrito de Riego del Río Zulia, además sería una fuente de creación turística de la región, y como es obvio, debe contemplar una estrategia de recuperación ambiental de la cuenca y las microcuencas de este importante afluente que está en acelerado proceso de deterioro.

Construir el embalse del Cínera es una necesidad imperativa y debe considerarse entre las obras de infraestructura urgentes a que hacen referencia los acuerdos de La Habana sobre el tema agrario. Como es imperativo de detener los planes de explotación minera en el Páramo de Santurbán, sueño al que no renuncia la otrora multinacional canadiense Greystar, si no se quiere exponer a cientos de miles de personas a padecer la falta de agua.

El caudal actual del río Zulia es de tan solo 16 metros cúbicos de agua, de los cuales la termoeléctrica (Termotasajero) sustrae 7 metros cúbicos, 3 captarían los municipios de Cúcuta, Los Patios y Villa del Rosario para acueducto, dejando un curso de agua de tan solo 6 metros cúbicos, muy por debajo de los 14 metros necesarios para el Distrito de Riego del Río Zulia. Quedaría  del río una especie de canal seco, afectando a campesinos, pescadores y demás poblaciones que están sobre  las riveras de lo que constituía una fuente de vida del territorio que conforma el valle del Zulia.

El predominio de la politiquería, de la ineficacia, de los intereses de la corrupción, de la falta de liderazgo político, de la desidia gubernamental, del clientelismo, de los intereses de la gran empresa y de la falta de planificación estratégica están conduciendo al fracaso a uno de los más grandes y modernos distritos de riego del país, que surgió con la Ley 135 de Reforma Agraria. Quieren acabar la producción arrocera para darle paso a la producción de palma y caña, como lo demanda la ambición de los grupos financieros que controlan el monopolio de los agrocombustibles.

Han presupuestado el fracaso del campesinado para obligarles a vender las tierras como parte de un proyecto de contrarreforma agraria, mediante formas de despojo legal,  que hace rato están implementando en otros territorios, incluso con el auspicio de la violencia paramilitar. Y tienen razón los campesinos cuando sostienen que esta arbitrariedad no se corresponde con las políticas necesarias para la paz.

Es excesiva la forma como el gobierno incrementa  los problemas económicos y sociales en la región. Casi toda la empresa regional está en franco deterioro y ninguna alternativa ofrecen a las problemáticas productivas, de desempleo y la pauperización de la sociedad.

El gobierno debe considerar que para llegar al posconflicto se deben dar muestras creíbles de voluntad de paz.  No es persiguiendo a las comunidades urbanas y rurales con nefastas políticas económicas, que solo satisfacen las ambiciones de las grandes corporaciones, que se construye el urgente camino de la paz. La paz es la consecuencia de acciones prácticas que detengan el baño de sangre entre hermanos de una misma clase, que detengan las nefastas políticas económicas y la injusticia social. La paz no comulga con la famosa asociatividad del zorro con la gallina, con la financiarización ni con la extranjerización de la tenencia de la tierra, ni con la privatización de los bienes públicos para que empresas sin escrúpulos mercantilicen los derechos sociales.

Los acuerdos parciales de La Habana, pese a temas nodales pendientes, han trazado amplios horizontes para resolver la crisis estructural del campo y definen a las comunidades rurales como sujetos activos de la política de paz. De manera que las comunidades campesinas están en su derecho de exigir  que el gobierno empiece a implementar sus obligaciones tardías.

La realidad le está indicando a los campesinos del Valle del Río Zulia que la tramitología ante las indolentes oficinas públicas se agotó, no les queda más remedio que la movilización para exigir sus legítimos derechos; y que se cumplan desde ya los Acuerdos de La Habana, ellos tienen  un capítulo especial sobre obras de infraestructura de riego, iniciativas que impulsamos inspirados en la experiencias acumuladas de proyectos como el del río Zulia.  

Estas comunidades que tanto han batallado para conservar su derecho a la tenencia y uso de la tierra, deben promover acciones conjuntas con las comunidades urbanas del Área Metropolitana de Cúcuta y con los gremios económicos de la región para luchar por el derecho al agua. Ese es para la ciudadanía un reclamo que al aplazarlo podría costarles gravísimos problemas económicos y sociales.

Las comunidades del Valle del Río Zulia tienen por defender el derecho a la tierra y el territorio, el derecho al agua, el derecho al trabajo y, entre muchos otros, el derecho a ser consultados en las decisiones que comprometan su destino. Si no lo hacen ahora, serán victimas del proceso de descampesinización del campo que adelantan las élites políticas y empresariales y serán los especuladores quienes usufructúen lo que por años los campesinos han construido. 

Deben verse en el ejemplo de la movilización social impulsada por La Cumbre Agraria y las Dignidades Campesinas, acumulando valiosas experiencias de resistencia a las nefastas políticas neoliberales de  gobiernos indolentes, arbitrarios y corruptos.