Un llamado a las víctimas – La Paz requiere de nuevos actores políticos

Análisis

Tomado de Pacocol

Por Unión Patriótica

Las víctimas del conflicto y el genocidio son las llamadas a construir una Colombia en paz.

Propuesta de la Unión Patriótica a la mesa de negociación entre las FARC-EP y el Gobierno de Colombia

La historia de Colombia está marcada por las guerras, la exclusión política, los conflictos sociales, la intolerancia y la falta de democracia. Los intentos por lograr la paz han sido traicionados. Generaciones enteras de colombianos víctimas de la barbarie política han clamado por el cese del conflicto. Iniciativas como la que dio origen a la unión Patriótica se convirtió en el capítulo más aterrador de la exclusión que jamás vivió una organización política en nuestro país.

Hoy estamos ante un esperanzador proceso de negociación que busca materializar los anhelos de paz de la mayoría de los colombianos. Por primera vez las víctimas de este doloroso conflicto tenemos la posibilidad de expresarnos, de participar y convertirnos así en sujetos de cambio.

La historia de la UP es un testimonio revelador de la lucha por un mejor país para todos, con democracia en medio de la diversidad. Que nuestro legado sea una contribución al reto por construir un nuevo país. La Paz requiere de nuevos actores políticos capaces de implementar las reformas que demanda la nueva sociedad, todos debemos prepararnos para ello.

La UP respalda con optimismo las negociaciones en La Habana, confiamos en el fin de la confrontación. Para ello consideramos fundamental el cese bilateral al fuego que evite nuevas víctimas. Ya somos demasiadas. No más genocidios, no más dolor, no más tragedia.

También urge una nueva Ley de Víctimas en la que expresamente se reconozca la responsabilidad del Estado ante la violencia persistente y sistemática que hemos padecido, así como ante los crímenes de lesa humanidad.

Sin verdad no puede haber justicia

Nosotros afectados por la impunidad y por la política del silenciamiento de nuestras voces exigimos la construcción de un relato fiel y verdadero de la historia. Más que objetos de análisis queremos protagonizar la narración de lo ocurrido

No aceptamos la idea simplista de la violencia generalizada; es fundamental que se reconozca el papel activo no solo de los actores armados, sino de la clase política regional y nacional, de los gremios económicos y de empresas multinacionales, así como de naciones extranjeras, en especial de los Estados Unidos.

Se requiere de una comisión de esclarecimiento previo a la construcción de esta verdad histórica. Hay que precisar mejor lo ocurrido, los orígenes del conflicto, sus causas, la vulneración de los derechos humanos en el marco del conflicto armado y del genocidio político contra la Unión patriótica y contra otras organizaciones políticas perpetrados por organizaciones paramilitares en  compañía de las fuerzas armadas del Estado.

La verdad histórica que demandamos requiere de la desclasificación de los archivos de los organismos de inteligencia y de seguridad del Estado.

Es necesaria una Comisión de la Verdad conformada por colombianos y colombianas de excelsas calidades humanas, de reconocido prestigio moral y de intachable conducta social.

Una política de memoria colectiva

Como parte del proceso de esclarecimiento de la verdad, es fundamental construir una política de la memoria popular que dignifique el buen nombre de las organizaciones sociales y políticas y de sus integrantes, víctimas de los crímenes del sistema. Esta política debe basarse en el respeto a la autonomía de dichas organizaciones de manera que puedan desarrollar libremente sus propias acciones públicas de recordación y ejercicios de la memoria. El Estado deberá garantizar todos los recursos necesarios para el desarrollo de esta política.

Reclamamos también medidas de reparación simbólica:

- El Presidente de la República se dirigirá a la nación para pedir perdón a las víctimas y comprometerse a garantizar la no-repetición de los hechos. Este mensaje deberá ser difundido ampliamente a través de los medios de comunicación nacional

- Se hará oficial el 11 de octubre como el Día Nacional por la dignidad de las Víctimas del Genocidio contra la UP.

- Se creará la Cátedra UNIÓN PATRIÓTICA en todos los colegios y universidades para ilustrar acerca de los hechos que afectaron el desarrollo de la UP y los factores que entorpecieron su desenvolvimiento.

- Se construirán monumentos que honren la memoria de las víctimas de la UP; estos se ubicarán en lugares que faciliten la apropiación pública y la reflexión memorial.

- Se creará un centro de rehabilitación psicológico y físico, que llevará el nombre Bernardo Jaramillo Ossa, para beneficio de las víctimas.

Una nueva ley de víctimas

El primer reparo a la ley es la propia definición de víctima, el genocidio político de la Unión Patriótica no cabe dentro de dicha definición; si bien la Unión Patriótica surgió en medio de las negociaciones del Gobierno con la guerrilla de las Farc-Ep en busca de un camino al fin del conflicto este origen no tenía por qué servir de pretexto a la persecución sistemática y generalizada ejercida contra los miembros y militantes de este partido político. De igual forma, la ley no contempla como víctimas a los prisioneros políticos que afrontan montajes judiciales y condenas injustas, tampoco reconoce a las víctimas de las ejecuciones extrajudiciales y de otros abusos por parte de organismos del Estado como son las fumigaciones con glifosato y otras violaciones a la integridad y libertades individuales ocurridos en desarrollo de movilizaciones, paros y protestas sociales.

Una mirada distinta sería reconocer a las víctimas residentes en el país o en el extranjero como sujetos y titulares de derechos y como agentes de sus propias luchas y reivindicaciones. A través de su victimización se quiso negar su dignidad y legitimidad para ejercer libre y plenamente sus derechos.

Reparación integral

Pedimos:

- Restitución de curules, mediante circunscripciones especiales en el Congreso y demás cuerpos colegiados de las entidades territoriales donde la UP alcanzó representación, así como de las administraciones municipales donde la UP fue gobierno y de los demás cargos públicos.

- Financiación estatal para la reconstrucción y reorganización de la UP y de sus organizaciones sociales.

- Implementar una estrategia de comunicación pública sobre la vigencia, legitimidad y legalidad de la UP como partido político con espacios para difundir sus programas y propuestas

- Indemnización económica a las víctimas y sobrevivientes, por el daño material y moral causado. El Estado deberá disponer los recursos presupuestales que esto demande. Además brindará a los exiliados colombianos las condiciones y garantías necesarias y suficientes para su retorno al país si así lo desearan.

Garantías de no repetición

Con este fin pedimos:

- Disolución de los grupos paramilitares de viejo y nuevo tipo

- El fin de la guerra sucia contra las organizaciones sociales y políticas.

- Derogación de las normas que fomentan la impunidad. Esto demanda la abolición de la doctrina militar basada en el concepto del enemigo interno que considera a los partidos de izquierda y, particularmente al Partido Comunista y a la Unión Patriótica, como enemigos del Estado a los que debe perseguirse y eliminarse. Las fuerzas militares y los organismos de seguridad del Estado deben regirse por las reglas de la democracia y los derechos humanos.

- Eliminación de las doctrinas, escuelas y programas que fomenten y auspicien el paramilitarismo, la comisión de crímenes en contra de miembros de partidos de oposición, organizaciones populares, sociales, campesinas, sindicales y defensoras de derechos humanos y en general toda forma de terrorismo de Estado.

- Creación de una comisión de carácter constitucional permanente que garantice la protección y promoción de los derechos humanos

- Vinculación de la sociedad civil para el seguimiento del proceso de la restitución ética y moral de las instituciones que parta de un proceso de depuración de todas las ramas del poder público.

- Destitución de sus cargos a los responsables del genocidio y condena judicial para los mismos acorde con la gravedad de los delitos cometidos

- Conformación de un Tribunal Especial para juzgar graves violaciones de derechos humanos, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, incluida la práctica de genocidio

- Separación de la Policía Nacional del Ministerio de Defensa, y su adscripción al Ministerio Público, excluyendo a los miembros de esa institución de la justicia penal militar.

- Garantía a la protesta social que se acompañe del Desmonte del Escuadrón Móvil Antidisturbios ESMAD.

- Reducción del presupuesto militar y modificación de sus doctrinas antidemocráticas de manera que se comprometan con la verdadera defensa de la soberanía nacional.

Es posible una Colombia en Paz y para ello se requiere de la sociedad toda, de la participación activa de las víctimas en la construcción de un país democrático con justicia social, ese sueño postergado se convierte en una oportunidad histórica para Colombia, vamos juntos a trabajar en ese camino