Análisis
Tomado de Delegación de Paz de las FARC-EP
Por Rubén Zamora
Ya veremos si las maquinarias mediáticas harán memoria de las víctimas de masacres como la ocurrida en La Gabarra, que este 21 de agosto cumple 15 años. Una de las más estremecedoras de tantas que ocurrieron en el Catatumbo. Recapitular aquellos momentos es demasiado doloroso pero necesario, sobre todo por la barbaridad y sus consecuencias. Y no pueden decir que son calumnias pues al menos por la masacre perpetrada en el caserío de La Gabarra media una condena del Consejo de Estado que determina la responsabilidad del Estado y sus Fuerzas Militares.
Ya La Gabarra estaba aterrorizada por la violencia paramilitar en complicidad con la V brigada del ejército. Ya era evidente que altos oficiales habían colaborado para la llegada al Catatumbo de unos 200 paramilitares que viajaron en cinco camiones, con todo su armamento y demás dotaciones, desde el departamento de Córdoba. Se evitó algo peor porque las FARC-EP contuvieron la caravana mercenaria en el puente de Socoavó, en el municipio de Tibú, donde se produjo el primer combate. Según relató Carlos Castaño, en el libro “Mi confesión”, estaba presupuestado la muerte de unas 200 personas en la primera incursión.
Vamos a ver si en este cubrimiento mediático sobre el tema de víctimas recuerdan que el 22 de agosto de 1999, amanecieron en La Gabarra 34 cuerpos yertos con grandes aberturas en el vientre hechas por las cortantes bayonetas. La incursión ocurrió momentos después que una requisa militar verificara las condiciones para perpetrar aquella infamia. Ocurrió poco más de las 9 de la noche frente a la base militar donde la guardia había sido seleccionada con una tropa que debía garantizar la desprotección total de las víctimas. Para evadir la justicia se simuló un hostigamiento guerrillero al momento que se oyeron los primeros disparos en el caserío.
Fue tan bien documentada la denuncia del hecho, que el Coronel Mauricio Yorente, entonces comandante del Batallón Héroes de Saraguro, reconoció su participación en el crimen, involucró al coronel Víctor Hugo Matamoros y mencionó haber recibido instrucciones de un general de la República de colaborar con la misión paramilitar.
En honor a la memoria de las víctimas de la masacre de La Gabarra se debe comparecer a decir la verdad no solo de este crimen sino de tantos que allí ocurrieron. Aquella noche fatídica ametrallaban a los pobladores y los lanzaban al rio Catatumbo, se estima que fueron más de 90 los muertos. Las 34 víctimas que dejaron sobre las calles anunciaban que sobrevendrían nuevas escenas de horror, que los paramilitares habían llegado para quedarse, como lo sentenció días antes Salvatore Mancuso.
Los medios de comunicación reproducían la tesis fabricada por los altos mandos militares que los muertos ocurrían por “enfrentamientos entre guerrilla y paramilitares por el control del territorio para la producción y el comercio de la hoja de coca”. Y dónde quedaba entonces la obligación del Estado de cumplir los mandatos constitucionales de salvaguardar la vida, honra y bienes de los ciudadanos. No, el Catatumbo había sido escogido para consolidar los megaproyectos multinacionales, para crear allí otro Urabá donde las palmas se levantan sobre las ruinas de pueblos, sobre cementerios arrasados, abonadas con la sangre de las víctimas.
A los que hoy quieren presentar como victimarios somos quienes resistimos y no dejamos que se apropiaran de todo el Catatumbo. Los plantíos de palma se extendieron solo hasta donde la alianza del ejército con la gente de Castaño y Mancuso pudo controlar. Las multinacionales del carbón y el petróleo encontraron una guerrilla aferrada al territorio y a sus ideales revolucionarios. En cada guerrillera y guerrillero ha cabido el dolor y el sufrimiento de las comunidades, asumiéndolo como algo propio convirtiéndolo en indomable resistencia, en energía y espíritu de sacrifico para afrontar aquella desigual campaña.
Al río Catatumbo había lanzaban cuerpos desmembrados empacados en costales a los que ataban piedras para que no flotaran. Ocurrió luego que hizo escándalo el desfile de cuerpos arrastrados por las aguas cruzando la frontera con la República Bolivariana de Venezuela.
Quienes conocimos aquellos episodios que erizan la piel al recordarlos, sabemos perfectamente quiénes fueron los responsables. Larga es la lista de políticos, altos funcionarios nacionales y regionales, empresarios, altos mandos militares y policiales, y tantos involucrados en las masacres, desplazamiento, despojo, desapariciones forzadas, torturas violaciones sexuales y tantas formas como se ha reflejado el sufrimiento en el rostro de las comunidades de la región.
A la desmovilización del bloque Catatumbo siguieron los crímenes del ejército y fue allí donde detonó el escándalo los crímenes de Estado llamados ‘falsos positivos’. Muy emblemático es el caso de los jóvenes de Soacha y el del suboficial Raúl Antonio Carvajal L, asesinado por la misma tropa en el Alto de la Virgen, municipio de El Tarra, por negarse a participar en los ‘falsos positivos’. No es posible perder la memoria de estos episodios de la guerra antipopular y descubre el rostro de sus responsables.
La memoria eterna de las víctimas mantendrá la imagen de los condenados a infortunios por la gracia de los poderosos. Algún día el Catatumbo verá reflorecer la esperanza y la dignidad de sus gentes se impondrá sobre la desaforada ambición de quienes quieren tomarlo como cantera de acumulación de riqueza. Esa dignidad no se va a doblegar por más que arrecien la guerra contra este pueblo heroico.
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