Análisis
Por Prensa Rural
En buena parte del país, los operativos militares han arreciado. Bombardeos, ametrallamientos y detenciones arbitrarias son el panorama cotidiano de regiones agrarias estigmatizadas por la presencia histórica de la insurgencia
La reelección del “presidente de la paz” ha venido acompañada de un incremento en el accionar militar, que afecta principalmente a la población civil. Presentamos un recorrido por la geografía nacional, a través de las denuncias de las organizaciones campesinas y defensoras de derechos humanos. En Alto Baudó (Chocó) se denuncia el peligro que corre la población civil debido a los enfrentamientos entre los paramilitares Urabeños y las guerrillas del ELN.
Organismos humanitarios han alertado a la Fuerza Pública, pero ésta ha desvirtuado que haya amenaza, y asegura tener completo control sobre la región, según publica la revista Semana. En Urabá, la Comunidad de Paz de San José de Apartadó sigue denunciando la presencia paramilitar y sus inocultables vínculos con el Estado, toda vez que los ilegales patrullan en zonas militarizadas, sin ningún obstáculo por parte de la Fuerza Pública, con la cual además coinciden en atacar a la Comunidad de Paz.
Los militares acantonados en el casco urbano de San José han detonado numerosos artefactos explosivos, supuestamente de forma controlada, pero sin seguir los protocolos de protección a los civiles. En días pasados el Frente 5 de las FARC dio a conocer un comunicado que responsabiliza a la Fuerza Pública de sembrar dichos artefactos para generar zozobra entre la población.
Asesinatos y torturas
En el Norte de Antioquia, la Asociación de Campesinos de Ituango denuncia la tortura y asesinato del campesino Óscar Darío Posada por parte de agentes de policía judicial el 14 de junio en el municipio de Peque, en un operativo en el que capturaron ilegalmente a otros tres campesinos. También denuncian bombardeos y ametrallamientos continuos en la zona rural de Ituango, y abusos de los militares contra los civiles.
Operativos militares similares se han dado en veredas de Remedios, en el Nordeste Antioqueño, donde además de circular sin distintivo alguno, el Ejército ha impuesto toques de queda arbitrarios para las comunidades.
San Pablo, en el sur de Bolívar, ha sido escenario de un extenso operativo militar en el que se han quemado cerca de diez viviendas, en plena zona de reserva campesina del valle del río Cimitarra. En Puerto Rico (Meta), el 2 de julio fueron detenidos cuatro campesinos, tras ametrallamientos y bombardeos en la parte rural. Además se viene obstaculizando el libre tránsito terrestre y fluvial en varios puntos del municipio.
El 4 de junio, a las 7:45 pm, estalló un artefacto explosivo que dejó herida a una persona, e inmediatamente los militares abrieron fuego contra la vivienda del líder campesino y dirigente de Marcha Patriótica Ángel Humberto Torres Zapata, en la inspección de San Juan de Lozada, en La Macarena (Meta). En ese caserío el Ejército ocupa terrenos de la comunidad desde noviembre de 2013, lo cual viola el derecho internacional humanitario. Desde ese momento ha sido constante el acoso a los habitantes, bajo el argumento de que se trata de guerrilleros o colaboradores.
Retiro de tropas
Ante la situación, una comisión humanitaria viajó a la región a verificar los hechos. Se exige el retiro de las tropas de este centro poblado y el respeto a los habitantes civiles y sus bienes. En el Caquetá, el diputado Eduardo Franco Jojoa, sobreviviente de la UP y líder de la Marcha Patriótica, denuncia los severos controles sobre los productos de primera necesidad, de los que la Fuerza Pública exige facturas para permitir su circulación en las zonas agrarias, so pretexto de que son vituallas destinadas a la guerrilla.
Además, hay amenazas reiteradas de presuntos paramilitares contra líderes sociales del departamento, así como acciones criminales que evidencian su posible resurgimiento, como el asesinato el pasado 4 de junio de dos familiares del concejal de Florencia del Partido Verde Juan Fernando Olarte Collazos y un mayordomo, quienes fueron acribillados y posteriormente incinerados.
En la zona de reserva campesina del Pato-Balsillas, en el mismo departamento, la Asociación Municipal de Colonos del Pato denuncia cómo la Fuerza Pública viene sembrando el terror entre los campesinos por medio de bombardeos, ametrallamientos y tiroteos indiscriminados. Los militares accionan su artillería desde su base sin apuntar a ningún objetivo enemigo. Se han dado casos de personas heridas por esquirlas de mortero, además de daños en fincas y animales. De la misma manera, Marcha Patriótica y la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria (Fensuagro) denuncian asesinatos, bombardeos, atentados y capturas ilegales en Putumayo.
Defender la vida
El 4 de junio de 2014, una chiva de transporte público que venía de la vereda Arizona hacia Puerto Caicedo fue detenida por personas encapuchadas, quienes bajaron a la señora Esperanza Gómez del vehículo y la asesinaron. Ella hacía parte del proceso organizativo de Atcam, organización perteneciente al trabajo social y político de la Mesa Regional y Marcha Patriótica en el Putumayo.
El 10 de junio, en la vereda Tres Islas del municipio de San Miguel, la vivienda del líder social Carlos Chapuel fue blanco de ametrallamientos aéreos. Las organizaciones campesinas y de defensa de los derechos humanos exigen que el Gobierno Nacional ordene a su Fuerza Pública atenerse al mandato constitucional de defender la vida, honra y bienes de los ciudadanos, y respetar el derecho internacional humanitario, las leyes y los derechos humanos.
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