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Tomada de Movice
El 2013 fue uno de los años más activos en cuanto a movilizaciones sociales en Colombia: 1.027 protestas según registros del Cinep[1]. A su vez fue uno de los periodos con mayor represión por parte de la Fuerza Pública, que habría originado más 600 vulneraciones de Derechos Humanos, solo en los paros cafetero, agrario y minero.
Así fue denunciado durante la audiencia “Criminalización de la protesta y límites de la Fuerza Pública”, realizada en Medellín por el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado -MOVICE y la Coordinación Colombia, Europa, Estados Unidos –CCEEU.
El registro de vulneraciones documentadas por el MOVICE y la CCEEU, indica que durante las protestas sociales de 2013, hubo 262 detenciones arbitrarias; 485 casos de personas lesionadas; 21 casos de personas heridas, varias por armas de fuego; 12 muertos por arma de fuego y 4 desaparecidos.
Además hubo 52 casos de hostigamiento y amenazas contra manifestantes y líderes sociales y 51 casos de ataques indiscriminados contra la población civil en diferentes regiones. Sólo en Antioquia fueron documentados 187 casos de agresiones, entre ellas 125 casos de agresiones y lesiones personales por parte del ESMAD, y 55 casos de detenciones arbitrarias.
Debido a estos excesos, el MOVICE y la CCEEU decidieron realizar esta audiencia pública para llamar la atención sobre tres temas principales: 1. Que el derecho a la protesta social y el derecho de asociación son derechos legítimos y constitucionales 2. Que la Fuerza Pública tiene unos límites al momento de realizar sus funciones de control y seguridad en desarrollo de protestas sociales y 3. Que los entes de control, Fiscalía y Procuraduría, deben mejor sus acciones de vigilancia y sanción cuando se denuncian violaciones de derechos humanos por parte de la Fuerza Pública.
En relación con este último punto, Alejandro Sierra, miembro del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado –Movice, capítulo Antioquia, explicó que en la mayoría de los casos, la Fiscalía y la Procuraduría “trasladan las denuncias a asuntos internos de la Policía, y allí las denuncia son prosperan porque se archivan o porque se intimida a los que denuncian. En esa medida no hay una sanción correspondiente.”
Respecto a la actuación de las autoridades, el defensor de derechos humanos manifestó que la Fuerza Pública debe hacer un uso adecuado de los instrumentos que tienen para intervenir las movilizaciones. “Esto porque vemos como se han utilizado de manera desmedida los gases lacrimógenos, las pistolas eléctricas y las bombas de aturdimiento.”
La audiencia sobre la criminalización de la protesta social se realizó en Medellín en la Casa Museo de la Memoria, el 9 de julio de 2014
Criminalización: la respuesta a la protesta social
Para Jorge Ceballos, abogado experto en derechos humanos y ex personero delegado para los DDHH en Medellín, “por reglas generales la protesta es criminalizada y lo grave es que es criminalizada por la fuerza pública que en Colombia tiene un poder inmenso y aunque debiera ser parte del Gobierno es una fuerza independiente como lo vimos en las últimas elecciones (…) La Fuerza Pública debe entender que la función de ellos es garantizar el ejercicio del derecho, no reprimirlo.”
Además de esto, agregó el jurista, “en Colombia se pasa por encima de la Constitución en cualquier momento. Todos sabemos que la libertad de movilización está consagrada constitucionalmente, sin embargo los Gobiernos locales pretenden reglamentarla cuando la Constitución dice que es el Congreso el que la debe reglamentar y hasta el momento no lo ha hecho.”
Aquí habría que agregar que tanto las acciones represivas de la Fuerza Pública como las reformas que pretenden coartar la movilización social, tienen en común que acuden a la criminalización de la protesta como su principal argumento. De manera que desde el principio se niega la posibilidad del diálogo para resolver las demandas de los manifestantes.Sobre este asunto, Alejandro Sierra, indicó que durante las movilizaciones de 2013, “el Estado incurrió en abusos de autoridad en protestas como el paro cafetero, el agrario y el minero, y lejos de intentar resolver las exigencias y reclamaciones de los ciudadanos, lo único que tuvo como salida, en un primer momento, fue el uso de la Fuerza Pública para impedir las protestas. En ese primer momento el Gobierno nunca tuvo voluntad de generar condiciones para solucionar los problemas que estaban afectando a los ciudadanos."
Para analizar este tipo de prácticas de Estado, vale retomar el Boletín Nº 17 del Observatorio de Derechos Humanos del IPC, titulado “Modelo de desarrollo y conflictividad social”, según el cual: “Esas tácticas de cerrar las puertas al diálogo previo: desconociendo las peticiones o rehusando cualquier concertación, y de minimizar la protesta: refiriéndola como asunto de unos pocos y aduciendo intereses particulares, serían el comienzo de una serie de prácticas que suelen usarse en el tratamiento de las movilizaciones sociales en Colombia Dichas estrategias pasarían por la minimización, la estigmatización y la represión. Tácticas que no serían utilizadas únicamente por el Gobierno, también las élites y los gremios usarían esas maniobras de acuerdo con sus intereses.”[2]
A manera de conclusión, Alejandro Sierra explicó que “las movilizaciones ocurridas en Colombia durante 2013 dan cuenta de que en el país existe una gran cantidad de insatisfacciones sociales que han llevado a los ciudadanos a expresarse de diferentes maneras: paros, huelgas de hambre, marchas, bloqueos de vías, entre otros.” Entonces se debe entender que cuando se movilizan los ciudadanos están acudiendo a un derecho constitucional y legítimo que no debe ser vulnerado ni mucho menos reprimido.
Información relacionada:
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[1] La Base de Datos de Luchas Sociales de CINEP/PPP, registró 1.027 protestas, solamente durante el año 2013 en Colombia, el mayor número de luchas desde 1975.
Cinep, 2014, abril, informe especial “Luchas sociales en Colombia 2013”, en sitio Web Cinep/programa por la paz, disponible en Internet: http://www.cinep.org.co/index.php?option=com_docman&Itemid=117&lang=es
[2] Instituto Popular de Capacitación, 2013, diciembre, Observatorio de Derechos Humanos Nº 17 “Modelo de desarrollo y conflictividad social”, en sitio Web Agencia de Prensa IPC, sección Producción Académica, p. 40, disponible en Internet:http://www.ipc.org.co/agenciadeprensa/files/Observatorio%2017%20Modelo%20de%20Desarrollo%20y%20conflictividad%20social.pdf
http://www.ipc.org.co/agenciadeprensa/index.php?option=com_content&view=article&id=1012:mas-de-600-vulneraciones-de-ddhh-durante-las-protestas-sociales-en-colombia&catid=37:general&Itemid=150
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