Enredo de palmas en el Sur de Bolívar

Reportaje

Por Verdad Abierta

El Bloque Central Bolívar de las Auc entregó en 2009 a Coproagrosur y su proyecto de palma aceitera de más de mil hectáreas  para reparar a sus víctimas. Cuando ya el manejo del cultivo se estaba regularizando y empezaba a beneficiar a las víctimas, aparecieron antiguos dueños de los predios alegando despojo. VerdadAbierta.com investigó y encontró hasta grabaciones que ponen bajo sospecha a un fiscal. Esta es la historia.

El Bloque Central Bolívar de las Auc entregó en 2009 a Coproagrosur y su proyecto de palma aceitera de más de mil hectáreas  para reparar a sus víctimas. Cuando ya el manejo del cultivo se estaba regularizando y empezaba a beneficiar a las víctimas, aparecieron antiguos dueños de los predios alegando despojo. VerdadAbierta.com investigó y encontró hasta grabaciones que ponen bajo sospecha a un fiscal. Esta es la historia.

Coproagrosur inició en el 2002 como un proyecto de palma africana que dejaba millonarias ganancias a los paramilitares en Simití, Sur de Bolívar. Hoy, después de que en 2009 fuera entregado al Estado para la reparación de las víctimas, hay varios líos jurídicos y reclamos de las víctimas que tienen en un limbo el futuro de los cultivos.

En el enlace ‘Cómo nació la falsa cooperativa’, encontrará la versión de campesinos, paramilitares y las autoridades sobre el encubrimiento irregular de los trámites legales que dieron inicio a Coproagrosur. El ‘Símbolo de la restitución’ muestra a través de testimonios y documentos cómo ha sido el manejo administrativo de los cultivos. En el aparte ‘Dueños originales reclaman despojo y grabaciones ponen en duda sus intenciones’ hallará las reclamaciones que hacen los antiguos dueños de los 12 predios sobre los que opera Coproagrosur, y los documentos y audios que los ponen bajo sospecha ante las autoridades.

El lío en breve

Algunos campesinos de los municipios de San Pablo y Simití querían cambiar los cultivos ilícitos de coca en 2000 y para ello se propusieron formar una cooperativa. Sabían que el gobierno prestaba para cultivos de palma y de árboles maderables. Pensaron que también podrían sembrar yuca. Comenzaron a negociar unos terrenos, cuando los paramilitares del Bloque Central Bolívar en la zona:  Rodrigo Pérez Alzate, alias ‘Julián Bolívar’, Iván Roberto Duque, alias ‘Ernesto Báez’, y John Francis Arrieta, alias ‘Gustavo Alarcón’, se enteraron de sus planes, los presionaron para que los dejaran entrar como socios.

Les dijeron que ellos también querían sustituir cultivos ilegales, por palma aceitera. Siendo el poder armado de la región, los paramilitares se salieron con la suya y de esa forzada sociedad nació la Cooperativa Promotora Agraria para la Sustitución de Cultivos Ilícitos en el Sur de Bolívar (Coproagrosur). La cooperativa fue exitosa: sembró más de mil hectáreas de palma aceitera –aunque la cifra varía según la fuente.

Los ex jefes paramilitares negociaron varios de los doce predios para desarrollar el cultivo y los trámites para constituir a Coproagrosur se hicieron desde el escritorio de ‘Báez’, según lo confesó él mismo, años después, ante los fiscales de Justicia y Paz. Falseando los requisitos legales para crear una cooperativa, aseguraron en el acta de constitución que cien campesinos habían aportado tres millones de pesos cada uno, cuando en realidad pusieron a firmar a muchos de testaferros y el dinero lo puso el jefe del Bloque Central Bolívar, Carlos Mario Jiménez, alias ‘Macaco’. En 2002, inscribieron la cooperativa ante la Cámara de Comercio de Aguachica, y como representante legal figuraba uno de los promotores locales del proyecto.

Como el proyecto parecía legal y beneficioso para los campesinos, recibió un préstamo de 1.600 millones de pesos del Banco Agrario (anteriormente Caja Agraria), una donación de 228 millones de pesos de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y la asesoría de funcionarios y empresas privadas que les ayudaron a tramitar los permisos y les dieron apoyo para mejorar sus técnicas en la siembra de palma.

En 2009 la verdad salió a la luz: los propios integrantes del BCB reconocieron ante Justicia y Paz que ellos controlaban a Coproagrosur y su gran proyecto de palma y lo entregaron formalmente al Estado para la reparación de las miles de víctimas que dejaron en estos municipios bolivarenses. Acción Social se hizo cargo del productivo bien, sin embargo, no cambió los administradores puestos por los paramilitares.

Un año después, el 3 de septiembre de 2010 el recién posesionado presidente, Juan Manuel Santos, anunció  en Barrancabermeja, en el vecino Santander, que presentaría ante el Congreso un nuevo proyecto de ley de restitución de tierras, y que el cultivo de Coproagrosur sería uno de los símbolos de su iniciativa. Acto seguido, ordenó que la administración de la cooperativa le fuera entregada a la Corporación de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio, conocida por su PDP, el aplaudido programa de construcción de paz, liderado por el padre jesuita Francisco de Roux y financiado por la Unión Europea, que después ha inspirado la creación de otros 23 programas similares en diversas zonas conflictivas del país.

El nuevo gerente encontró que Coproagrosur era una colcha de anomalías. Su constitución misma fue un acto mentiroso de falsos socios. No reportaban cuentas, no pagaban impuestos, y los cultivos estaban deteriorados. Prefirieron entonces, según explicó Miriam Villegas, directiva del PDP, pedirle a la Superintendencia de Economía Solidaria, la entidad oficial, que vigila las cooperativas que interviniera Coproagrosur y ésta así lo hizo en marzo de 2012. Nombró como agente interventor a una federación de palmeros llamada Fundepalma, entidad creada por el PDP para coordinar los esfuerzos de varias asociaciones de campesinos palmeros de la región del Magdalena Medio. La Corporación también se comprometió a acompañar a Fundepalma en su tarea de recuperar el cultivo y sanear las cuentas, con la idea de que sirviera efectivamente para reparar a las víctimas.

Con una promesa presidencial,  las víctimas se llenaron de esperanza de que el Estado por fin les compensaría en algo tantas pérdidas que les dejó la brutal guerra.  Al ver que pasaban los años y aún no se materializaba la oferta, comenzaron a perder la paciencia y a elevar el tono de sus reclamos ante la justicia transicional.  Es que algunos de ellos ya estaban muriendo con sus sueños rotos.

¿Qué demoraba la reparación? Primero, el tiempo que ha tomado sanear los cultivos. Segundo, encontrarle una salida jurídica a esta falsa cooperativa, pues por ley las utilidades deberían pasar a manos de los socios, y como muchos de estos no aparecen, ni les pueden incautar el bien, ni tampoco girarles las utilidades.  

Por último, en 2010,  un grupo de finqueros, propietarios originales de los 12 predios donde se desarrolló el proyecto palmero,  quienes hasta entonces no se habían declarado interesados en el asunto, aparecieron con severos reclamos ante la justicia, pidiendo embargos sobre las tierras, alegando que los paramilitares los habían obligado a venderlas y que no les habían pagado los precios justos o que nunca les terminaron de pagar las sumas que habían acordado. Exigen que les devuelvan sus predios y les indemnicen por no haberles compartido las ganancias del cultivo.

Una nube de dudas, sin embargo, cuelga sobre estos reclamos. Los ex jefes paramilitares aseguran que les compraron a precios justos y ellos se quedaron conformes. Además el apoderado de ‘Julián Bolívar’ –luego de dar una batalla legal con la Fiscalía – ha podido comprobar que el abogado de algunos de estos reclamantes, Cesar Sarmiento Olano, en períodos ejerció a la vez como  fiscal. (Fue abogado defensor también de los acusados, entre los que estaba su cuñado, del “caso de Los Tierreros” en el sur de Bogotá por el cual éstos engañaron a habitantes pobres de la ciudad, vendiéndoles terrenos ajenos).

La Fiscalía también ha encontrado poderes para traspasar propiedades con firmas aparentemente falsas. Además en su manos están unas grabaciones de conversaciones entre Alí Humar Mejía (no tiene parentesco con el actor, pues su nombre es Alí Humar y su apellido Mejía),  abogado de antiguos dueños reclamantes, y alias ‘Julián Bolívar’ (Rodrigo Pérez Alzate) en las que el primero le ofrece dinero al paramilitar para que diga ante la justicia que sus clientes fueron despojados. La justicia no ha determinado aún la veracidad de estas grabaciones ni si, en efecto prueban que hubo este intento de soborno. VerdadAbierta.com habló con el abogado Mejía, pero este dijo que aunque reconocía que era su voz en la grabación, no se pronunciaría sino más adelante sobre el caso.

Unos de los reclamantes son herederos de Fabio Correa, pues alegan que los paramilitares no le pagaron a Correa por los predios que vendió a los paramilitares para desarrollar Coproagrosur en Simití. Según fuentes consultadas por VerdadAbierta.com, aseguran que este ganadero caldense había comprado fincas en La Dorada, Magdalena Medio, en los años ochenta. El mismo ‘Ernesto Báez’ aseguró que eran amigos cuando le compraron los predios y que le pagaron bien, pero antes de morir, Correa había dicho a la justicia que el BCB le ocupó sus tierras a la fuerza y no le había quedado más remedio que venderles y no le pagaron lo que éstas valían.

Algunos de estos dueños originarios que reclaman despojo ya se han metido a los predios del cultivo de Coproagrosur y están produciendo y vendiendo el aceite que producen allí las palmas. Esto les ha traído pérdidas considerables a los palmeros campesinos de Fundepalma y les ha dificultado conseguir un rendimiento óptimo para el cultivo, con las consecuentes pérdidas potenciales para las víctimas que reciban reparación con este proyecto.

Por todas estas razones, la fiscal de Justicia y Paz se está preguntando si, como lo dijo uno de ellos a VerdadAbierta.com, algunos de estos reclamantes no sepan de los intereses oscuros que sus apoderados puedan tener en estos reclamos. También, dice la fiscal, cabe la posibilidad de que algunos de estos reclamantes, fueron, en efecto despojados de esas tierras como alegan, o si, por el contrario, ellos se beneficiaron todos estos años del proyecto paramilitar y ahora quieren arrebatárselo a las víctimas.

Durante dos meses, VerdadAbierta.com investigó el caso, y además ha asistido a las audiencias ante los magistrados de Justicia y Paz sobre el caso.  Reconstruimos aquí esta enredada historia de palmas. De que se esclarezca dependen muchos campesinos y víctimas en esta región devastada por el conflicto armado.  

Cómo nació la falsa cooperativa

A finales del 90 campesinos del Sur de Bolívar querían cambiar los cultivos de coca por productos legales. Esta idea fue tomada a la fuerza por el BCB. Para el 2002 los paramilitares compraron los primeros terrenos y crearon Coproagrosur, la encubrieron de legalidad y lograron millonarios préstamos de la Caja Agraria y organismos extranjeros.

Los ex paramilitares han confesado en Justicia y Paz que sembraron cerca de 2.000 hectáreas de palma. Quienes administraron Coproagrosur han asegurado que las ganancias superaban los mil millones al año. Foto: archivo Semana.

La cooperativa comenzó a gestarse desde finales de 1997, cuando Hernán Ospina Escobar, un comerciante y líder campesino, se unió a otros habitantes de Simití y San Pablo, Sur de Bolívar, reunidos a través de Asocopaz (Asociación de Corregimientos para la Paz) para crear un proyecto productivo que les permitiera sustituir los cultivos de coca que abundaban en esa región. Ospina dijo ante la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá que los otros líderes que lo acompañaron en ese esfuerzo eran Édgar Acevedo, Hernán Pinillo, Fernando Acero, Dagoberto Torres y Marco Antonio Parra.

Ospina había llegado en 1979 al corregimiento de San Blas, Simití, como vendedor ambulante. “Me amañé”, dijo y allá fue, desde presidente de la Junta de Acción Comunal y administrador de cines, hasta amansador de caballos.

“Nosotros no teníamos dinero para comprar esas tierras”, dijo y aseguró que desde 1997 se puso a armar un paquete para buscar organizaciones que les prestaran. “No teníamos bien claro ante qué entidad lo íbamos a presentar, pero sabíamos que el Banco Agrario hacia préstamos para palma africana, maderable”.

En 2000 Ospina y Dagoberto Torres viajaron a La Dorada, Caldas a donde vivía Fabio Correa, un ganadero dueño de tres predios en el municipio de San Pablo, llamados San Judas, El Amparo 1 y Vista Hermosa, que ellos querían para su proyecto. Ahí comenzaron a negociar cómo podrían comprárselos. Cuando regresaron, fueron citados por alias ‘Gustavo Alarcón’, un jefe paramilitar de San Pablo cuyo nombre real era Jhon Francis Arrieta, y quien fue asesinado después, en abril de 2003.

‘Alarcón’ los enfrentó airado: “De manera que están negociando con mis tierras, si yo sé que vos estuviste el otro día en La Dorada con Dago, negociando con Fabio Correa. ¿Vos no sabías que esas tierras son mías?”. Así recordó Ospina que les había dicho el paramilitar. Después,  les advirtió que él ya había dado un dinero por esas tierras. Habló con ellos más veces, hasta que al final los amenazó diciéndoles que ese proyecto tenían que hacerlo con el Bloque Central Bolívar.

A partir de ahí, según han confesado varios desmovilizados del BCB, fue ‘Ernesto Báez’, jefe político de esta estructura paramilitar, quien se encargó de dirigir el proyecto.

Al respecto,  ex jefe paramilitar Rodrigo Pérez (‘Julián Bolívar’) dijo a la justicia que “los que éramos comandantes en esa época nos preocupaba cómo los cultivos (ilícitos) eran el carburador del conflicto en el Sur de Bolívar. Era la misma preocupación de un número de campesinos agrupados en Asocopaz (Asociación de Corregimientos para la Paz), que era un grupo de líderes campesinos que habían acudido a todas las instituciones buscando el apoyo para un proyecto productivo para la sustitución de cultivos. Después de tocar muchas puertas acudieron a nosotros. Ellos inicialmente consideraban como muy importante el cultivo de yuca y como el cultivo de palma de aceite estaba en pleno apogeo en Santander, entonces consideramos que debíamos mancomunadamente avanzar en ese proyecto y decidimos conseguir unos terrenos para el proyecto e incluir a la comunidad, eso fue en el 2000”.

La compra de los primeros predios, que sumaban 936 hectáreas, que pertenecían a Fabio Correa, se concretó gracias a la intervención de Duque (‘Báez’), quien llegó al Sur de Bolívar en septiembre del 2000. El ex comandante paramilitar cuenta que antes de hacer la negociación, se asesoraron de unos técnicos que le dijeron que los de Correa eran terrenos óptimos para la semilla de palma costarricense.

“Yo fui hasta la Dorada y en presencia de Hernán Ospina, empecé a negociar con don Fabio durante 15 días. Él era un anciano de unos 78 años (según su fecha de nacimiento, Correa tenía entre 72 y 73 años). Finalmente acordamos comprar los predios  (Vista Hermosa, El Amparo y Rancho San Judas) por 680 millones de pesos en 2003 o 2004”. Acordaron que le darían a Correa 315 millones y, que por el resto,  le firmarían unas letras. Correa les dijo que haría las escrituras cuando le pagaran y pidió una garantía de un ganadero de la zona que no fuera narcotraficante, como fiador. “Uno de nombre Pacho respaldó cuatro letras”. (Ver  capítulo Símbolo de la Restitución en esta nota:) (ojo poner un ancla interna que vaya allá)

Fabio Correa, también como ‘Báez’ nacido en Aguadas (Caldas) y fallecido en 2012, no dijo en una declaración que rindió a la Fiscalía en Medellín el 9 de diciembre de 2009 que eran amigos. Recordó que a Duque (‘Báez’) lo conoció entre 2000 y 2001 a través de un hombre que apodaban ‘Mi Rey’, quien a su vez era conocido de un amigo suyo en Manizales. Luego de esa conversación, dijo Correa que tuvo una cita con Diego Fernando Murillo alias ‘Don Berna’, en el sector de Cerritos en Pereira, y que éste le dijo finalmente que hablara con ‘Julián Bolívar’, con quien se encuentra en el corregimiento de San Blas, sur de Bolívar. En su relato a la Fiscalía, Correa   dijo que alias ‘Bolívar’ le había advertido: “que le metiera más mano a eso”. Es decir, que no tuviera esas tierras suyas ociosas.

Correa contó que luego de cuatro meses sin tener razón alguna de los paramilitares, lo llamó su mayordomo, quien le informó que las autodefensas se habían posesionado de sus terrenos. Correa viajó a San Blas.  Dijo que ya ‘Julián Bolívar’ no era el comandante, y en su reemplazo se encontró con el fallecido jefe alias ‘Gustavo Alarcón’. Según Correa, ‘Alarcón’ le dio en efectivo un primer pago de 60 millones de pesos de los 300 millones que le había ofrecido por sus propiedades, que él mismo avaluaba en más de 1.000 millones de pesos. “Ya nos habían desalojado ya no queda más que recibirlos”, le dijo el ganadero a la Fiscalía.

En la audiencia que realizó el Tribunal de Justicia y Paz de Bogotá el 27 de marzo, Duque  (‘Báez’) afirmó que “más o menos en el año 2010-2011, cuando anunciamos la entrega de los bienes, un amigo de Puerto Boyacá, Arnubio Triana, alias Botalón, me dijo: le traigo una razón de Fabio Correa, y que necesitaba hablar urgentemente conmigo. Me visitó cuatro veces entre el año 2010 - 2011, me dijo que me venía a plantear un gran negocio, ‘necesito que usted me respalde porque voy a aparecer como víctima de los paramilitares. Yo rescato esa tierra y eso significa que nos volvamos socios, yo le doy el 50 por ciento’. Yo hablé con Rodrigo Pérez, yo no lo despaché de inmediato, le dije que era atractivo y que lo iba a consultar con la almohada, a los 15 días volvió y le dije que había que seguirlo consultando. Finalmente el viejo malhumorado me dijo que si iba seguir o no, ahí si le dije: ‘don Fabio si usted llega a expresar algo distinto a como ocurrió este negocio, lo denuncio’”.

Un testimonio contrario tiene Correa, quien ante la Fiscalía respondió que sí visitó a Baez en la cárcel “por intermedio de un amigo” y que le dijeron que le iban a entregar un predio que está a nombre de una persona identificada como Gabriel Villegas, un poblador del Sur de Bolívar. Correa dijo que estuvo esperando más de un año, y que en ese tiempo habló con Villegas y con Hernán Ospina, que al principio le iban a entregar la escritura de 200 hectáreas, después 100 y “después no salieron con nada”.

Casi todo el dinero para compra de los predios originales para la siembra de palma de Correa, lo puso Carlos Mario Jiménez, alias ‘Macaco’, próspero narcotraficante y comandante del BCB, que fue extraditado a Estados Unidos por exportar cocaína a ese país en 2008. A partir de este momento los paramilitares comenzaron a planear el montaje del negocio, y cómo harían para ocultar que ellos manejaban los hilos.

Al principio pensaron en crear una sociedad anónima, pero luego Duque (‘Báez’) propuso que mejor sería crear una cooperativa, pues este esquema les favorecería legalmente.  “Nosotros vimos que más allá del proyecto de sustitución de cultivos, los paramilitares nos podíamos beneficiar después, inclusive yo me soñé siendo dueño, hablé con Carlos Mario, y me dijo el 10 por ciento de eso es de usted. Nosotros nos imaginábamos que después de entregar las armas íbamos a disfrutar de estos bienes y dárselos a nuestros hijos”, contó.

Por exigencia legal, la cooperativa debía ser integrada por mínimo cien socios, así que los paramilitares llamaron a sus mismos miembros, a representantes de cerca de 18 familias que vivían en la región y a familiares de integrantes del BCB. En los documentos aparecía que cada uno aportaba 3 millones de pesos, pero tanto Pérez (‘Julián Bolívar’) como Duque (‘Báez’) concuerdan en que sólo cinco personas entregaron dinero, que ninguno de ellos dio el aporte completo y que el resto de la inversión salió de las arcas del grupo ilegal.

Ante la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá, Ospina dijo que algunos de esos asociados fueron los comerciantes de la región, entre ellos, Orlando López, Martha López, Hernán Pinilla, Eliécer Leguizamón y un hermano de Carmen Narváez.

“Yo me reuní con los cien y les dije que iban a figurar como socios de una cooperativa y que además, en esos papeles que iban a firmar aparecían aportando cada uno 3 millones de pesos y sabíamos que no tenían los recursos, entonces les dije: no hay inconveniente, cuando las condiciones económicas se los permitan, pues los aportan”, dijo Duque a la justicia.

Pérez además dijo en sus confesiones que “algunas de las personas que nos habían vendido (terrenos) aparecen en el acta de conformación de la Cooperativa o sus familiares, porque ellos vendieron pero querían seguir haciendo parte de la cooperativa”.

Así, en 2000 nació el proyecto Coproagrosur con las primeras 65.000 plántulas de palma, y se consolidó un año después, cuando ampliaron el cultivo a los predios La 2 y San Francisco. Ospina aseguró que a través de estudios y asesorías de expertos de Coopalcol, la cooperativa de palmicultores de Colombia, los paramilitares consiguieron una buena semilla de palma de la variedad Costa Rica. El segundo al mando del BCB, alias ‘Julián Bolívar’,  ratificó y amplió la versión de Ospina, ante la justicia:  “Este proyecto fue asesorado por personal de Tecniagro y Tecnipalma, se buscó un técnico especialista, también expertos en economía solidaria, incluso vinieron expertos campesinos que fueron capacitados en la siembra de palma”.

Para formalizar el proyecto los paramilitares también recibieron apoyo de terceros. Según Duque (‘Ernesto Báez’) “nos asesoramos de una mujer muy importante en términos corporativos la doctora Lucero Torres de Bucaramanga, ella nos ilustró en ese tema”. Así en el escritorio de Duque, y sin convocar a una Asamblea de Accionistas como ordena la ley, organizaron la cooperativa,  elaboraron acta de constitución, estatutos y demás. “Fue tan deficiente esa vigilancia (del Estado) que los papeles nos resultaron perfectos. Inclusive, ahora la Superintendencia (de Economía Solidaria) no sabe quiénes son los socios de esa cooperativa”, dijo Duque.

El acta de constitución falseada, en la que aparecen socios que no aportaron, es lo que hoy tiene al borde de la liquidación al proyecto Coproagrosur. Según explicó, ante el Tribunal de Justicia y Paz, Guillermo León Hoyos Higuita, Superintendente de la Delegatura de la Forma Asociativa en la Superintendencia de Economía Solidaria de la Superintendencia, cuando los  asociados no se han reunido, ni se les han distribuido utilidades la organización de economía solidaria debe liquidarse inmediatamente.

No obstante, durante los doce años que existió Coproagrosur, ni la Superintendencia ni ninguna institución estatal pudieron dar con el paradero de algunos de los socios ni han podido encontrarle la salida legal a esta falsa cooperativa creada por los paramilitares. El superintendente Hoyos sostuvo que la corporación no ha sido devuelta (ni incautada) a sus dueños “porque no se ha determinado quiénes son los asociados”.

Préstamos locales y donaciones extranjeras

Los paramilitares inscribieron a Coproagrosur en la Cámara de Comercio de Aguachica, Cesar en septiembre de 2002. Habiendo cumplido con éste y otros requisitos legales le pidieron un préstamo al Banco Agrario, el banco estatal fundado en 1999 para financiar actividades del agro, para arrancar el negocio. “Yo estuve al frente de toda la tramitología que había que cumplir para que el banco nos hiciera el préstamo”, dijo Duque (‘Báez’). “La primera condición era que el Banco Agrario no sospechara en lo más mínimo que había dineros paramilitares”.

Presentaron la solicitud de crédito en la oficina del Banco Agrario en Santa Rosa del Sur, (Bolívar) en 2002, a nombre de Hernán Ospina, figura conocida en la región quien aparecía como presidente de la junta de Coproagrosur. Les aprobaron 1.600 millones de pesos de préstamo, y a partir de 2004, el banco empezó a hacerles los desembolsos. Con estos dineros los paramilitares obtuvieron nuevos predios y más palmas para cultivar.

En total los proyectos comprenden hoy doce predios distribuidos entre los municipios de San Pablo y Simití, Bolívar, tienen 2.125 hectáreas de tierra, de las cuales 1.200 están sembradas de palma aceitera desde 2002. Son tres plantaciones que está a unas dos horas por carretera desde Barrancabermeja el puerto santandereano sobre el río Magdalena: La 2, San Francisco y Coproagrosur. Y es la cooperativa del mismo nombre de esta última plantación la que vende el aceite. Su primer administrador fue Martín Ureña.

“El crédito salió a nombre de la cooperativa Coproagrosur”, dijo Ospina a los magistrados de Justicia y Paz. Luego explicó que un señor llamado José Miguel Suárez Téllez, gestor de trámites del Banco Agrario ante comunidades del Sur de Bolívar, del Sur de Santander y del Sur del César, fue quien les ayudó a conseguir el préstamo. “Él jugó un papel muy importante”, dijo. Añadió que “los encargados de los trámites (firmar pagarés, arreglar carpetas) fueron Lucero Torres y José Miguel Suárez Téllez, Ernesto Baez, Hernán Ospina, Dagoberto Torres y Hernán Pinillo”.

Ospina, quien fue presidente de la junta, representante legal y gerente de Coproagrosur los períodos 2003-2004  y 2008-2010, dijo que en el 2008, abonaron a la deuda de la Caja Agraria 265 millones de pesos, y que para ello, contaron con la ayuda de ‘Julián Bolívar’ (Pérez). “Para el 2009 teníamos que pagar 285 millones de pesos, y no se alcanzaron a pagar”, dijo.

Más insólito aún es que el proyecto palmero de los paramilitares consiguiera hacerse a dineros donados por la cooperación de Estados Unidos, a través de su Agencia para el Desarrollo Internacional, (Usaid) dentro del paquete de proyectos del Plan Colombia, que buscaba combatir el narcotráfico y fortalecer la democracia colombiana.

Así, en diciembre de 2004, Coproagrosur recibió una subvención por 228 millones de pesos, destinados a la asistencia técnica y capacitación de los trabajadores en la instalación y manejo técnico del cultivo de palma de aceite. Esta iniciativa fue apoyada en esa época por Finagro, el Banco Agrario y Fiduagraria.

Según un artículo que hizo VerdadAbierta.com al respecto en 2009 (Ver: El lado oscuro del Plan Colombia) los socios de Coproagrosur presentaron a la cooperación internacional un título de propiedad sobre los predios en el que además certificaban la aprobación de un crédito del Banco Agrario.

El 21 de mayo de 2009, la ONG North American Congress on Latin America (Nacla) le solicitó información a Usaid a través de la embajada de los Estados Unidos en Colombia sobre Coproagrosur y sus posibles nexos con Carlos Mario Jiménez alias 'Macaco'. Un funcionario de la embajada le respondió a Nacla que la cooperativa fue un proyecto firmado el 1 de diciembre de 2004 bajo el programa Capp y fue manejado por Midas (el operador local de los dineros estadounidenses) en 2006. (Ver documento de la Embajada de Estados Unidos- Usaid)

Un vocero de la embajada le había explicado a VerdadAbierta.com en 2009, que en diciembre de 2004, como parte del proyecto Colombia Agribusiness Partnership Program (CAPP, por sus siglas en inglés), Usaid aportó 228.570.631 millones a Coproagrosur, una cooperativa conformada por cien agricultores.  El objetivo del proyecto, hasta dónde ellos sabían,  era la siembra y mantenimiento de 400 hectáreas palma de aceite para beneficiar a cien familias en el municipio de Simití.

Los recursos donados por Usaid se utilizaron para apoyar la asistencia técnica y capacitar a los agricultores en la instalación y manejo técnico del cultivo de palma de aceite.  Según la documentación recibida por el proyecto CAPP como parte del proceso de evaluación de la propuesta presentada por Coproagrosur, no obtuvieron información alguna sobre la posible relación de esta cooperativa con grupos paramilitares.

Inicialmente, Usaid había aprobado darles una partida de 371 millones de pesos, pero a la postre, sólo giró 228 millones de pesos y el proyecto terminó, según reportó el funcionario de la embajada, el 30 de agosto de 2007. (Ver más sobre estos dineros en el artículo Platas de Usaid y Plan Colombia llegaron a manos de los paras).

El representante legal de Coproagrosur, la cooperativa beneficiada por el Plan Colombia, Hernán Ospina, está detenido desde el 1 de abril de este año, acusado por los delitos de desplazamiento forzado, concierto para delinquir y lesiones personales.  Varias víctimas del BCB consultadas por VerdadAbierta.com que han acudido a las audiencias de Justicia y Paz, aseguran que él fue cercano a los paramilitares en los años en que estos dominaban amplias zonas en el Sur de Bolívar. Al parecer, el sueño de este comerciante que se amañó en Simití de montar una cooperativa con los vecinos terminó, como casi todo en esa región, cooptado por el paramilitarismo.

Símbolo de la restitución

Las irregularidades de la administración de los paramilitares tienen hoy en un limbo jurídico a Coproagrosur. Los postulados se defienden y culpan al Estado de malos manejos sobre la cooperativa desde 2009. Lo cierto es que las víctimas aún no han sido reparadas y piden celeridad a la justicia. Los antiguos dueños de los predios exigen que sus propiedades sean devueltas y sean indemnizados.

Coproagrosur está compuesto de 12 predios. Todos sus antiguos dueños reclaman despojos y algunos de ellos han vuelto a ocupar los predios a la fuerza. Foto: archivo: Semana.

El 3 de septiembre de 2010, a menos de un mes de su posesión, el presidente Juan Manuel Santos,  prometió desde Barrancabermeja, el puerto petrolero sobre el río Magdalena Medio,  mejorar las condiciones de los campesinos y las víctimas de la violencia rural en el país. Anunció su política integral de tierras y un nuevo proyecto de ley de Restitución de Tierras, que permitirían devolver las propiedades despojadas y reparar a los afectados por los grupos armados ilegales.

Inició su discurso el presidente Santos, citando la novela “Siervo Sin Tierra” de Eduardo Caballero Calderón, un clásico de la literatura colombiana, prometiendo que no existirían más siervos Joya bajo su mandato:

“¡Cuántos Siervos Joya, ‘siervos sin tierra’, tenemos todavía en Colombia!. Su drama nos toca a todos los colombianos, y es una historia que queremos dejar atrás, para que viva en la buena literatura de Caballero Calderón, y nada más. Por eso hoy venimos a Barrancabermeja a ratificar el compromiso público que expresé el pasado 7 de agosto: Defenderemos al campesino colombiano, lo convertiremos en empresario, lo apoyaremos con tecnología y créditos, para hacer que cada uno sea un próspero Juan Valdez. En nuestra campaña dijimos que lucharíamos para devolverles a los campesinos la tierra que ellos trabajaron con vocación, con entusiasmo y con mucho sudor. Nos comprometimos también a acelerar la devolución de esas tierras incautadas a los criminales, una labor que continuará, porque las seguiremos incautando”.

Más adelante se refirió a las tierras que hoy ocupa el proyecto de palma de aceite sembrado por los paramilitares en el Sur de Bolívar, como un símbolo de su programa de gobierno. “Las hectáreas que hoy entregamos habían sido arrebatadas a sus naturales dueños por la ambición y las amenazas del paramilitar alias ‘Macaco’ y sus secuaces. El Estado recuperó esos predios de los corregimientos de Monterrey y San Blas –en Simití, en el departamento de Bolívar– y estaba previsto que fueran vendidos.  Pueden estar seguros de que nosotros, como gobierno, pondremos también de nuestra parte”.

Más adelante propuso como solución que “afortunadamente, nos dimos cuenta a tiempo de que los mejores destinatarios de esas 1.600 hectáreas, sembradas con palma, son cerca de 400 familias de Monterrey, San Blas y otros corregimientos aledaños. Con ese espíritu hoy le estamos entregando la administración de estas tierras al Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio (PDP), para que sean trabajadas por las manos laboriosas de estas familias campesinas”.

La Corporación de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio, gestora del Programa de Desarrollo y Paz, es una organización no gubernamental fundada por el Cinep, la Diócesis de Barrancabermeja, Ecopetrol y la USO, cuyas actividades han cubierto 29 municipios. Ha recibido financiación de la Unión Europea y su fundador, Francisco de Roux, ha recibido diversos reconocimientos en Colombia y en el exterior por el trabajo que este proyecto ha hecho en favor de la paz. La idea ha sido replicada desde entonces en 23 lugares conflictivos del país.

Pero este discurso, que pintaba un paisaje optimista sobre el futuro, se estrelló con un pleito jurídico y contradicciones institucionales que han hecho que los habitantes de los 14 corregimientos de Simití, que fueron víctimas de las masacres, secuestros y desplazamientos de los paramilitares y la guerrilla se sintieran vueltos a victimizar y frustrados porque cuatro años después, aún no consiguen que les entreguen lo que el propio Presidente les prometió.  

Sus reclamos han conseguido algún eco, pero sólo hasta que éstos llegaron a Bogotá. Así, después de 15 de horas de viaje por ríos y carreteras, desde Simití, Bolívar al Tribunal de Justicia y Paz de Bogotá, a fin de marzo de este año, Luis Eduardo López, un líder de víctimas dijo que por primera vez en 15 años una institución del Estado lo escuchaba, pues desde agosto de 1999 fue víctima de los paramilitares. A su padre y a otros cinco vecinos, los mataron hombres de las Auc cuando entraron en tropel a El Piñal a asesinar a la gente. (Ver relato de la masacre en Rutas del Conflicto, una base de información sobre masacres de VerdadAbierta.com y el Centro de Memoria Histórica).  

López, quien es presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda El Piñal,  dijo que las instituciones estatales le han cerrado las puertas cuando ha buscado alguna reparación y denunció que en la Alcaldía de su natal Simití ni siquiera lo han reconocido como víctima. También se quejó ante los magistrados de que nunca los hubieran tenido en cuenta para darles trabajo en el proyecto palmero de Coproagrosur. Explicó que ellos han podido hacer una cooperativa de víctimas, con apoyo del Sena, si les hubieran dado la oportunidad. Así mismo denunció que, por sus permanentes reclamos, lo han amenazado de muerte. El Tribunal de Justicia y Paz de Bogotá ordenó que lo protegieran pero hasta el momento de esta publicación no le habían ofrecido ningún dispositivo de seguridad.

Del sueño a la realidad

La historia de la posibilidad de reparar a las víctimas de Simití con el gigante proyecto palmero comenzó el 29 de julio de 2009,  cuando  Rodrigo Pérez Alzate, alias ‘Julián Bolívar’,  y sus hombres hicieron la entrega formal del proyecto y los 12 predios a la Fiscalía y Acción Social.  Las cuentas que llevaban los paramilitares y sus socios campesinos con este proyecto, como se dijo, eran muy irregulares por el mismo origen ilícito del dinero y la propiedad clandestina del proyecto. Sin embargo, el gobierno llamó al mismo Hernán Ospina, quien fuera el presidente de la junta de Coproagrosur, puesto ahí por el BCB, a que lo siguiera administrando.  El mismo Ospina así lo contó a los magistrados de Justicia y Paz: “El 29 de julio de 2009 salí de la administración  de Coproagrosur, le entregué a Acción Social y a la Fiscalía. Pero a los dos días, ellos me contratan de nuevo y lo sigo manejando desde el 1 de agosto hasta el 28 de febrero de 2010”.  Al igual que con las autodefensas, compartió su cargo con David Alberto Nova durante esos siete meses.

Ospina y el ex paramilitar Pérez Álzate (‘Julián Bolívar’) aseguraron ante los magistrados que en esos años el proyecto produjo 2.000 millones de pesos anuales y que el cultivo pasaba por su mejor momento de producción.  El líder comunal López también asegura que Nova les dijo, en una rendición de cuentas de 2010, que el cultivo había dado mucho dinero y que podrían ser reparados. No obstante, eso no fue lo que encontraron los del Programa de Desarrollo y Paz de los jesuitas. “Tuvimos que abrir caminos y la maquinaria estaba en mal estado”, dijo Miriam Villegas, quien estaba entonces a la cabeza de PDP, junto con el padre De Roux.  Explicó que el Programa tuvo que reinvertir las utilidades del proyecto para conseguir que los cultivos fueran productivos de nuevo.

Sobre el desorden en que tenían los libros contables los paramilitares da cuenta Henry Lozano, abogado del Fondo de Reparaciones, (entidad que hoy es de la Unidad de Víctimas y que asumió algunas labores que realizaba Acción Social). Dijo que no existió contabilidad entre 2008 y 2010, y que gracias a que el PDP reinvirtió dineros y recuperó los cultivos, el proyecto dio utilidades de 49 millones de pesos en 2011.

Los líos heredados, y también las exigencias de la comunidad que creía que el proyecto tenía que producir más dinero para su reparación – pues así se los habían hecho creer los ex socios de los paramilitares – llevaron a que el Programa de Desarrollo y Paz dejara la administración del proyecto, un año después de haberla asumido, y  luego pedir a la Superintendencia de Economía Solidaria que interviniera a Coproagrosur y nombrara a un agente administrador.

Según Lozano, esta entidad en efecto intervino la cooperativa el 13 de marzo de 2012 y como administrador nombró a Fundepalma, una entidad sin ánimo de lucro, creada en 2005, que asocia a varias asociaciones de pequeños palmicultores del Magdalena Medio, de la cual el mismo PDP había sido socio y había ayudado con acompañamiento técnico. Fundepalma está representada por el ingeniero agrónomo Juan Carlos Pérez.

Doris Agudelo Herrera , fiscal 39 de la subunidad élite de persecución de bienes, aseguró a los magistrados, que a comienzos de este año 2014, se reunieron varias entidades involucradas con el manejo de Coproagrosur. Allí el PDP explicó “que lo que había hecho sobre el proyecto fue darle un orden; que lo que se estaba produciendo se estaba reinvirtiendo en el proyecto porque necesitaba mantenimiento y es de un alto nivel de tecnologías”, contó Agudelo.

En una audiencia del incidente de identificación de las afectaciones causadas a las víctimas, realizada el 27 de febrero de 2013, dentro del proceso que se seguía contra ‘Julián Bolívar’, Carolina Chávez Acosta, abogada para ese entonces del Programa de Desarrollo y Paz, respondió a algunas de las inconformidades de las víctimas sobre el manejo del proyecto. Dijo que por medio de Coproagrosur, el PDP no sólo aportó económicamente a las víctimas, sino también las acompañó.

En lo referente a la intervención de la Superintendencia de Economía Solidaria, la abogada Chávez informó que tuvieron algunos “tropiezos por los socios de papel” que tenía Coproagrosur, y que al conocer que eran personas que no tenían conocimiento que sus firmas estaban allí, recurrieron ellos mismos a la Superintendencia y en compañía de la Fiscalía llegaron a la conclusión de que era necesario pedir que el Estado interviniera.

La abogada añadió que el control y veeduría la ejercía la Fiscalía, el Fondo de Reparación y la comunidad a través del Comité Cívico. “Las decisiones sobre los proyectos son socializados incluso antes de que vayan al Fondo de Reparación. Si algo no es aprobado por la comunidad, no se hace”.  

Villegas, quien estuvo en el equipo que lideró el PDP del Magdalena Medio, confirmó a Verdadabierta.com, lo dicho por Chávez, y explicó que fueron ellos mismos quienes buscaron una salida a los problemas que heredaron de las administraciones puestas por los paramilitares – entre ellos la inexistencia de contabilidad- y por eso se acercaron a la Superintendencia de Economía Solidaria.

Agregó que la vinculación del PDP a Coproagrosur surgió de un acercamiento que se había hecho desde 2009 con el Tribunal de Justicia y Paz de Medellín, en el que se planeaba adelantar los trabajos de reparación tanto administrativa como social con la comunidad. Además dijo que la meta era la de volver productivo el proyecto y tener un trabajo de reparación con la comunidad para el mismo momento en el que se dictara la sentencia contra el Bloque Central Bolívar. No obstante, el proceso quedó a mitad del camino cuando llegaron las denuncias de despojo sobre los 12 predios de Coproagrosur. Entonces la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín decidió pasar el caso a la  Unidad de Restitución y será, ésta y no de un magistrado de Justicia y Paz quien decida su suerte. (ver capítulo Los reclamantes directos ) ojo poner ancla

Villegas explicó que además de asumir el manejo administrativo de la cooperativa palmera, el PDP también tenía como objetivo reparar a la comunidad con este proyecto. “Por eso se tuvo en cuenta la intervención del Comité Cívico que incluía a habitantes y víctimas de los paramilitares de los corregimientos de Monterrey, San Blas, Santa Lucía, San Joaquín y Paraíso”, dijo a este medio.

Añadió que entre las afectaciones que dejaron los paramilitares en la comunidad y que trataron de reparar fueron las que causaron daños colectivos, como los efectos sicológicos sobre los niños y los modelos culturales violentos que adoptaron por el ambiente que tuvieron que vivir. Entre las intervenciones del Programa de Desarrollo y Paz también estaban destinar dineros para adecuar diques sobre el Río Magdalena cuando se desbordó el río;  también planearon mejorar el parque principal de Simití y reparar el internado.

La reparación que estaba haciendo el PDP era colectiva, y no individual como lo propuso el gobierno luego. Eso también ha contribuido a la discordia entre las víctimas.

A pesar del esfuerzo de incluir a todas las víctimas del PDP, esto no fue posible, pues fueron muchísimas las que dejaron las acciones violentas del BCB en el Sur de Bolívar. La Fiscalía de Justicia y Paz ha establecido que las afectaciones que causaron los paramilitares a la población civil se extendieron a otros nueve corregimientos de la zona: El Garzal, Campo Payares, Cerro de Burgos, San Luis, Animas Altas (o Las Auyamas), Animas Bajas, Paredes de Oraría, Brisas y El Diamante.

Un vocero de Fundepalma le dijo a VerdadAbierta.com que fueron escogidos como agente administrador del proyecto por la experiencia que tenían como operador de proyectos productivos en palma de aceite en la región. En la actualidad, Fundepalma agrupa 11 asociaciones de pequeños palmicultores en la región del Magdalena Medio en Santander, Bolívar y Cesar.   

Fundepalma administra Coproagrosur desde marzo de 2012 hasta hoy bajo la figura de agente especial. Y hasta septiembre de 2013 tuvo el acompañamiento del PDP del magdalena Medio. Dijo el vocero que cuentan hoy con 87 empleados, de los cuales 84 son de tres corregimientos del Sur de Bolívar: Monterrey, San Blas y San Joaquín. Los otros tres provienen de municipios vecinos en Santander. La Supersolidaria le ha prorrogado tres veces su período como agente administrador de Coproagrosur y, la última prórroga vence el próximo 16 de junio de 2014. “Después de esa fecha la misma Superintendencia tendrá que decidir de nuevo si continúa con la administración o procede con la liquidación”, dijo Juan Carlos Pérez de Fundepalma a este medio, quien explicó además, que para definir este último punto uno de los mayores inconvenientes es que no se han podido encontrar los socios que los paramilitares incluyeron en la cooperativa original y que no eran realmente aportantes.

Se han hecho dos convocatorias masivas en Simití para buscar a los socios sin ningún resultado, informaron tanto Pérez, como el superintendente delegado para la forma asociativa de la Supersolidaria, Guillermo León Hoyos.

Entre los bienes que recibió Fundepalma del PDP figuran 818 hectáreas sembradas de palma –de las 1.600 hectáreas que supuestamente dijeron los jefes del Bloque Central Bolívar que habían entregado en reparación –; cuatro tractores (un Mase Bergson en mal estado y tres New Holland funcionando), dos volquetas, dos camionetas, un retro cargador, y herramienta en general. Fundepalma le ha hecho mantenimiento a esa maquinaria, según informó el representante legal, y hoy está en buen estado.  

A juzgar por los resultados de Coproagrosur que ha reportado Fundepalma a la Supersolidaria, el proyecto ha venido mejorando su  desempeño sensiblemente. Así pasó de producir 12.547 toneladas de corozo en 2012, a producir 12.673 tan sólo en el primer semestre de 2013. Las ventas también subieron considerablemente, pues en el primer semestre de 2013 ya habían logrado vender mucho más de la mitad del corozo de lo que habían vendido en 2012. Para junio de 2013 ya acumulaban una utilidad de 398 millones de pesos, una sensible mejoría frente a las utilidades de 49 millones que habían podido generar en 2011, luego de las inversiones que había hecho el PDP para recuperar los cultivos. (Ver documento)

Nuevos tropiezos

Fundepalma ha conseguido mejorar la productividad de Coproagrosur, a pesar de los líos que heredó.

Aún no consigue resolver cómo va a sanear la deuda que tiene por el préstamo que tomó Coproagrosur en el Banco Agrario desde los tiempos de los paramilitares y al cuál no le han abonado los pagos respectivos desde 2009. Fundepalma informó en un documento enviado a la Superintendencia que a junio de 2013 el valor que se debía al Banco Agrario era de 1.065 millones de pesos, y que esa entidad inició un proceso judicial para el cobro. Pérez de Fundepalma explicó que enviaron un derecho de petición a la sede del banco en el municipio de Santa Rosa (Bolívar), donde se tramitó originalmente el crédito, para conocer el estado real de esa deuda, desde noviembre de 2013. Les negaron la información, pues el banco asegura que al no ser el titular del crédito, Fundepalma no podía pedir esa información. Envió otra solicitud de información a la oficina del banco en Barrancabermeja, a donde aún no le han dado respuesta.   

Por otra parte, la cooperativa tenía una deuda pendiente con la administración de impuestos, pero que ya acordaron con la DIAN pagar 52 millones de pesos para saldar esa deuda.

Las utilidades que está teniendo el proyecto, dijo Pérez de Fundepalma,  están siendo consignadas en la cuenta del propio Coproagrosur, según lo ordena la legislación de las cooperativas y el Fondo para la Reparación de las Víctimas ha solicitado una orden judicial para que estos excedentes le sean consignados en su cuenta y poder así, comenzar a usarlos para reparar individualmente a las víctimas. Esta todavía no se ha producido.

Además esta posibilidad está aún más embolatada ahora que unos campesinos, quienes aseguran que eran los dueños originales de algunos de los predios que ocuparon los paramilitares para desarrollar Coproagrosur, y que fueron despojados, han resuelto tomarse la ley en sus manos y en el cultivo han invadido los sectores El Cairo, Pacifuere, La Fe, Cafife y La Rojita. (ver capítulo de esta misma historia: Dueños originales reclaman despojo y grabaciones ponen en duda sus intenciones)

Estas ocupaciones le han representado a la federación de asociaciones de campesinos palmeros pérdidas considerables. Por ejemplo,  contabilizaron 118 millones de pérdidas en 2012 por la toma de El Cairo.

Dueños originales reclaman despojo y grabaciones ponen en duda sus intenciones

Las reclamaciones de despojo de los antiguos dueños han sido debatidas por la defensa de los paramilitares que a través de pruebas ha demostrado que uno de los abogados de los propietarios trabaja también como fiscal, asegura además que han intentado sobornar a los paramilitares y que se han presentado documentos falsos.

El fiscal César Sarmiento Olano aparece en una emisión de Noticias Uno del 16 de junio de 2013 defendiendo a Hemel Pérez Lizarazo, cuñado de los Triviño (reclamantes de predios de Coproagrosur). Para esa fecha la Fiscalía reporta que estaba vinculado a la institución.

Desde 2010, a Coproagrosur le salieron otras víctimas, estas directas, que esperan ser restituidas.  Diversos agricultores que son dueños de doce predios en los cuales los paramilitares desarrollaron los cultivos de palma dicen que fueron despojados por éstos de manera forzada y que ahora exigen que el Estado les devuelva sus tierras.

Estos reclamantes comenzaron a solicitar ante los tribunales de Justicia y Paz en abril de 2010 que los reconocieran como despojados. En febrero de 2013 sus solicitudes llegaron a la Unidad de Restitución de Tierras, luego de que el Tribunal de Justicia y Paz de Medellín ordenara que esa entidad era la indicada para definir si esas personas habían sido despojadas o no, y si era así, se les reparara. La Unidad está en el proceso de conocer los casos, investigar cómo se hicieron las transacciones, documentar qué pagos hubo, y evaluar las condiciones de violencia bajo las cuales estos finqueros vendieron sus propiedades. Deberá tratar caso por caso, y en aquellos que determine que la petición es auténtica, deberá defender sus causas ante los jueces.

Los ex jefes paramilitares Duque (‘Ernesto Báez’) y Pérez Alzate (‘Julián Bolívar’) aseguran todo lo contrario. Dicen que les pagaron a esos campesinos muy bien sus predios, a más del doble del valor real, y que los que ahora reclaman la restitución, vendieron a gusto y no por la fuerza.

Además los apoderados legales de los ex paramilitares aseguran que abogados de algunos de estos reclamantes han intentado sobornar a sus representados. También han acusado a César Sarmiento Olano, de haber ejercido como abogado  de los reclamantes de estas tierras, siendo al tiempo, un funcionario activo de la Fiscalía, en un abierto conflicto de interés.

Estos reclamantes, alegando que están cansados y frustrados porque no les devuelven sus tierras por las vías legales, resolvieron tomárselas a las malas. Fundepalma reportó que en la actualidad han ocupado los predios El Cairo, Pacifuere, (desde julio de 2012), La Fe (3 de junio de 2013), Cafife (septiembre de 2013) y La Rojita (7 de diciembre de 2013).

Algunos casos

Según consta en los documentos consultados por VerdadAbierta.com y según se ventiló públicamente en audiencias ante la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín, Fredy y Jairo Triviño, han asegurado ante diferentes instancias judiciales que fueron desplazados por los paramilitares para sembrar palma africana sobre su finca Patio Bonito. Jairo, quien dijo en una declaración jurada ante la Fiscalía de Simití el 3 de febrero de 2010 que residía con su esposa y sus hijos en esa propiedad, aseguró que una mañana de 1999 un grupo armado comandado por alias ‘Tyson’ y ‘Popeye’ los obligó a dejar su casa con el argumento “que ellos necesitaban la finca porque no respondían por mi vida ni por mi familia, porque ellos se iban a instalar allí, por seguridad de ellos mismos, porque esa finca era punto estratégico para ellos”.

Jairo Triviño y su familia, dijo éste ante la justicia, se desplazaron de la vereda Boque Bajo, corregimiento de San Blas, (Simití) al corregimiento de Monterrey del mismo municipio. Dijo que se instaló allí “con la esperanza que me solucionaran más adelante”, pero que los paramilitares nunca le entregaron dinero por la finca. En 2007, dijo que volvió a ser desplazado por la guerrilla y que viajó donde unos familiares a Bogotá y –sin explicar las circunstancias– aseguró que “allí me encontré con mi hermano Fredy, quien también había sido desplazado en años anteriores por los paramilitares”.

Los integrantes del Bloque Central Bolívar dejaron la zona cuando se desmovilizaron en diciembre de 2005, pero Jairo Triviño aseguró ante la Fiscalía que en 2006, quedó un grupo comandado por un hombre identificado como ‘JJ’, quien lo empezó a presionar para que firmara un poder con el cual le iban a traspasar su propiedad a nombre de Luis Bernardo Gaviria del Río.

Según dijo el abogado de los Triviño, Alí Humar Mejía, en una audiencia ante el Tribunal de Justicia y Paz de Medellín en diciembre de 2012,  Gaviria era señalado por la gente de ser cercano a Hernán Ospina, el representante legal de Coproagrosur, cuando éste “tenía el mandato del señor Rodrigo (Pérez) Alzate, alias ‘Julián Bolívar’”.

En efecto, existe un documento del 26 de mayo del 2006 registrado ante la Notaría Única de Simití, en el que los Triviño firman un poder al abogado y ex alcalde de Simití,  Felix Trespalacios para que hiciera todos los trámites de su propiedad. Al final de los trámites quien quedó de propietario fue Gaviria del Río. Después la Fiscalía determinó que la firma y la huella del documento fue falsificada y no corresponden a las de Fredy Triviño. Jairo Triviño había dicho a la Fiscalía que todo había sido arreglado por los paramilitares, y habían falsificado la firma de su hermano, pero una prueba grafológica hecha por la Fiscalía en agosto de 2013, apunta a que fue el propio Jairo quien firmó por Fredy. (Vea el documento aquí )

VerdadAbierta.com se comunicó con Jairo Triviño para conocer su versión al respecto pero se negó a dar declaraciones, advirtiendo que no autorizaba que se hablara de su caso. De todos modos, como el caso se ventiló en una audiencia pública, es de carácter público y por esto VerdadAbierta.com lo cuenta aquí.

Hay otra polémica alrededor del caso de los Triviño, por el abogado César Sarmiento Olano que los representó al principio en su reclamo de tierras ante la justicia. Éste abogado representó también a Jorge Eliécer Martínez Quiroz (dueño originario de la finca La Fe y La Caseta), a César Augusto Barajas Cáceres (predio La Floresta o José Barajas); y a Milton Riaño Cuervo (finca El Carajo).

Según un documento que le mostró a VerdadAbierta.com Fernando Artavia, el abogado de varios ex jefes del BCB postulados, él tuvo que irse a los tribunales para conseguir que la Fiscalía General de la Nación le confirmara si Sarmiento había sido, en efecto, fiscal y en qué fechas. En diversas cartas, la Fiscalía le respondió que no le podía dar esta información porque violaba la privacidad de la persona. Finalmente, según el documento (ver facsímil), el Tribunal Administrativo de Cundinamarca obligó a la Fiscalía a dar la información.  Según esta, en el registro laboral de cargos ocupados en la Fiscalía, Sarmiento fue funcionario de esa entidad por varios períodos desde el 2 de septiembre de 1995. Entró y salió varias veces de ésta y la última vez que fue contratado fue el 14 de julio de 2012. Después de esa fecha aparece nombrado en otras diligencias, ejerciendo como abogado. En los procesos de Coproagrosur figura cinco meses después de esta fecha, cediéndole el poder de la representación de sus clientes al abogado Alí Humar Mejía, en una audiencia del 12 de diciembre de 2012 en el Tribunal de Justicia y Paz de Medellín.  Por esto los abogados de los ex paramilitares lo acusan de haber seguido ejerciendo como abogado de una parte litigante ante la Fiscalía, cuando todavía estaba empleado en esta entidad.

El abogado Artavia le hizo otro señalamiento a Sarmiento, en una denuncia enviada a la Fiscalía. Según ésta, Sarmiento, que era fiscal entonces, aparece defendiendo a Hemel Pérez Lizarazo, cuñado de Jairo Triviño y señalado de hacer parte de la banda de despojadores de tierras, conocida como ‘Los Tierreros’ que delinquió en el sur de Bogotá. En el minuto 2 de una publicación del noticiero de televisión Noticias Uno de junio 16 de 2013 (casi un año después de que se posesionara en la Fiscalía), se ve a Sarmiento defendiendo a su cliente ante un periodista. (Vea el video aquí). Es decir, según esta acusación Sarmiento ha defendido a un presunto despojador emparentado con quienes ahora dicen haber sido despojados en el Sur Bolívar.

Llama la atención también que Hemel Pérez Lizarazo dio varias declaraciones a favor de los Triviño en el proceso en el que solicitan la devolución de su predio Patio Bonito en Simití, Bolívar.

VerdadAbierta.com pidió a la Fiscalía le confirmara si Cesar Sarmiento había sido funcionario suyo, y la oficina de prensa de la entidad dijo que nadie con ese nombre ni con la cédula que figura en los procesos de Coproagrosur figuraba en sus registros.  En el portal de la Rama Judicial con el número de cédula suministrado por la misma Fiscalía que corresponde al de Sarmiento, sí aparece un abogado registrado con el mismo nombre y apellidos. (Vea el documento aquí)

La doble labor que ha ejercido Sarmiento también fue comentada,  por quien ha sido identificado en las diligencias ante los Tribunales de Justicia y Paz como el sucesor de Sarmiento en la defensa de los reclamantes de la tierras de Coproagrosur, el abogado Alí Humar Mejía, en una conversación que fue entregada por el abogado de los ex paramilitares a la justicia.

En la conversación grabada del 2 de marzo de 2014 entre el defensor de los ex paramilitares, Fernando Artavia, y Alí Humar Mejía, este último asegura que ha seguido hablando con Sarmiento del caso, ya que Sarmiento sigue en la Fiscalía y no le ha facilitado el trámite para él firmar un contrato con los antiguos dueños de Coproagrosur. En otra conversación del 6 de marzo, Mejía cuenta que de la reparación que sea entregada a los antiguos dueños, César Sarmiento “recoge 20 o 25 por ciento y de ahí él me da 30 por ciento”.

Conversación de los abogados 6 Marzo parte 1

En la grabación, el abogado Mejía expresa su descontento por la forma en que va el proceso: “Me retiro de la Fiscalía porque César (Sarmiento) me dice a mí, mire, esto está aquí así y está buenísimo para ganarse un dinero y ganarse una pensión. Y me pinta un panorama, y me saca a toda esta gente, esta gente llora y me dice que sí que efectivamente todos son víctimas, ¿que hace uno doctor? Comenzar a trabajar, y a defender a capa y espada un derecho ante la ley, frente a una situación que es la verdadera. Y comienzo a trabajar y a trabajar y cuando me doy cuenta es que no, que las cargas no son así que las pruebas muestran otra cosa”.

Conversación de los abogados 6 marzo parte 2

En otra conversación sin fecha, aparece el abogado Alí Humar Mejía hablando con Hernán Ospina, quien fuera el gerente de Coproagrosur puesto por los paramilitares, en la que dice que Sarmiento le dijo que hicieran una reunión para escuchar una propuesta que le tenían al ex jefe paramilitar Pérez Alzate (‘Julián Bolívar').  En el audio conocido por VerdadAbierta.com se escucha a quien presuntamente es Mejía, explicar esta propuesta de manera sinuosa:  

“Para la época de los hechos – dice – los señores AUC fueron y sembraron unas maticas, esas maticas se llaman palma. Para la época en la que ellos estaban sembrando las palmas, había unos señores que son dueños de esas palmas, que son dueños de los predios donde sembraron esas palmas. Hoy en día esos señores que eran los propietarios de esos predios no están y los que sembraron las maticas tampoco están y hay unos terceros beneficiándose (Mejía se refiere más adelante a los terceros como los miembros del Programa Desarrollo y Paz), entonces como hp… van a salir unos terceros beneficiados si los que eran los dueños de la tierra no están sacando gozo”.

Más adelante le explica al ex gerente Ospina que su plan para “sacar a los terceros” es ante un Tribunal de Justicia y Paz “que llegue ‘Julián Bolívar’ y diga: ‘Yo desplacé a todos esos propietarios –ahhh pero usted había dicho que no— Si yo, sí los desplacé" , ¿En qué lo favorece o en qué lo perjudica? , en nada don Hernán, se lo juro por mi madre y por mis hijas que a ese man ni le quitan ni le ponen un año más de cárcel”.  En resumen lo que Mejía le está proponiendo a Ospina es que le diga a su ex socio, quien fuera el segundo jefe de las Autodefensas del BCB,  Pérez Alzate que confiese el desplazamiento forzado de los dueños originarios, aunque da a entender que no es verdad, y así se pueden quedar con la tierra.

Ospina le pregunta por los beneficios que ellos obtendrían a cambio de esa versión y el abogado le responde que “listo, devuelven esos hp… predios, don Rodrigo que ponga en cabeza del que quiera, de usted a nosotros no nos interesa y organizamos una cooperativa, montamos una hp… planta y todos ganamos, gana la gente desplazada, los campesinos, ganan ustedes y don Rodrigo se gana un porcentaje también de ahí”.

Conversación entre Alí y Ospina Parte 1

Más adelante en la conversación Ospina dice que como gerente calculó que Coproagrosur dejó en ganancias 20 mil millones de pesos en tres años y que “eso deja más o menos del 40 al 45 por ciento libres”. Ante esto Mejía le vuelve a resumir sus planes futuros:  “que es lo que tiene que decir ‘Julián Bolívar’: ‘Señor fiscal, yo al mando del Bloque Central Bolívar desplacé al señor Jairo Triviño y Fredy Triviño de la finca Patio Bonito’. Le van a decir: pero ‘¿Cómo así, usted ha dicho que no?’. Entonces él va a decir "En el momento dado no era oportuno, pero ahora digo la verdad”. Y luego repite con más detalles sus planes para poderle arrebatar la administración de Coproagrosur a Fundepalma, y así evitar que los dineros vayan a dar a la reparación de las víctimas, y en cambio les sean devueltas las tierras a los dueños originales, y ellos los abogados, Ospina e incluso los ex paramilitares puedan lucrarse del cultivo.

Conversación entre Alí y Ospina Parte 2

Con este última grabación en mano,  Rodrigo Pérez Alzate, alias ‘Julián Bolívar’, denunció a Alí Humar Mejía, como abogado de varios reclamantes por intentar comprarle su testimonio ante Justicia y Paz, en febrero de 2013 ante la Fiscalía 6 de falsos testigos. Informó que el único avance del proceso fue un llamado que le hicieron hace dos meses para ampliar la investigación.  Estas indagaciones fueron puestas en conocimiento de Mejía a través del abogado de Pérez Alzate, Fernando Artavia, en una conversación del 2 de marzo de 2014. Al conocer la denuncia, el mismo  Mejía contestó que los Triviño “fueron los que iniciaron todo con César”.

En esa misma conversación telefónica del 2 de marzo, Artavia y Mejía coincidieron en que el abogado Sarmiento Olano, estuvo asesorando a los Triviño siendo funcionario de la Fiscalía.

Conversación entre abogados 2 de marzo

Todos estos audios de las grabaciones aparecen como pruebas en una denuncia hecha por Artavia a la Fiscalía y en una reclamación dirigida a la Dirección General de la Unidad Administrativa para la Atención y Reparación de las Víctimas.  La magistratura de Justicia y Paz de Bogotá les pidió que enviaran las pruebas a la Fiscalía para que investigue, cosa que el abogado Artavia ya había hecho. Es esta entidad la que deberá probar si estas grabaciones son auténticas y válidas en el proceso.

Mejía fue preguntado por VerdadAbierta.com para confirmar que ésta era su voz, y escuchar su versión , pero como se dijo antes, éste dijo que no se pronunciaría todavía sobre el tema y aclaró que había renunciado a defender a los Triviño aunque sí seguía defendiendo a otros reclamantes de estas tierras.

Además de los Triviño, VerdadAbierta.com se comunicó con Jorge Eliécer Martínez, otro de los clientes de Sarmiento y de Mejía, para conocer su versión de los hechos.  Afirmó que desconocía que sus abogados actuaran de esta forma y que Mejía estuviera denunciado. Martínez, uno de los dueños originales de los predios de Coproagrosur en el Sur de Bolívar que hoy ocupa las tierras sin permiso, añadió que ha perdido comunicación con Mejía desde hace semanas.  “A uno como campesino lo enredan”, dijo.

Retorno forzado

Martínez le dijo a VerdadAbierta.com que el hambre y la falta de trabajo lo hicieron regresar a la fuerza a la finca que vendió a los paramilitares mediante intimidaciones. El campesino, de 52 años aparece ahora ante el Estado como un ocupante ilegal, y en su contra hay varias medidas policivas para que desocupe esos terrenos que volvió a ocupar desde el 5 de junio de 2013.  Dice que retornó a su propiedad porque no podía esperar más a que la justicia le dijera que su predio La Fe y La Caseta le pertenecían, aunque asegura que las vendió a los paramilitares bajo intimidaciones armadas y un secuestro.

Rodrigo Pérez Alzate, alias ‘Julián Bolívar’ dijo que los despojos, que reclaman Martínez y los demás dueños de los predios sobre los que funciona la cooperativa, son falsos.  “Las mismas víctimas pueden confirmar que estos señores fueron nuestros aliados en la guerra y ahora quieren beneficiarse de estos procesos de reconciliación y usufructuarse de esas tierras que se les pagaron con el precio acordado, porque fue una negociación hecha entre amigos”, dijo Pérez Alzate ante el Tribunal de Justicia y Paz de Bogotá.

Al respecto, Martínez respondió que nunca fue uno de sus aliados y que el único trato que tuvo con los paramilitares fue de saludo, además de las veces que lo abordaron para que les vendiera su finca. En una entrevista que dio a la Fiscalía 5 Especializada de Cartagena el 7 de junio de 2012, contó que se hizo socio de Coproagrosur en 2002, por iniciativa de Hernán Ospina, a quien le decían ‘Llavecita’. Explicó que Ospina había empezado a promover una asociación para los cultivos de palma africana y que lo invitaron a varias reuniones en el corregimiento de San Blas. “Yo fui como a tres reuniones y pusieron que había que dar cien mil pesos para la inscripción”, dijo Martínez a la Fiscalía. “Después me pidieron tres millones de pesos y yo los entregué y no recuerdo a quién se los entregué, pero yo figuro como socio en la Cámara de Comercio de Aguachica, Cesar”.

Martínez dijo a la justicia que a partir de 2002, “las autodefensas llegaron a la asociación” y que para el 2004 los paramilitares lo obligaron a vender La Fe y La Caseta, así como forzaron a otros vecinos a vender. Que durante varios meses los paramilitares lo estuvieron presionando para que vendiera las propiedades y le daban plazos de un mes o seis meses para dejar la región. Aseguró que una vez lo secuestraron durante tres horas, amarrado a un árbol en compañía de un sobrino menor de edad.  Al final, les vendió sus 400 hectáreas por cerca de 300 millones de pesos. (Es un monto igual al que dijo Fabio Correa le dieron a él por más del doble de tierra. Así que alguno de los dos no está diciendo la verdad o recuerda mal).  

Martínez, quien dice que llegó hace 20 años al Sur de Bolívar, aseguró que con los 300 millones que le dieron en 2002 pagó deudas y compró otras tierras en la zona para sembrar cacao y yuca pero no le salió negocio.

“Yo estoy pidiendo que me paguen daños y perjuicios morales, los hijos míos no terminaron de hacer el estudio porque no tuve con qué, yo tenía prestadas 560 reses en la finca y eso me daba para sobrevivir y darle estudio a los hijos”, le dijo Martínez a VerdadAbierta.com. “Si yo fuera una falsa víctima no los hubiera denunciado ni hubiera mandado tantos papeles, yo ni distingo a ‘Julián Bolívar’ ni a ‘Ernesto Báez’, a mí el que me quitó la finca fue’ JJ’, yo no sé si con él estaban ellos”.

‘JJ’ al parecer es Jhon Jairo Marín Sánchez, alias "Jota", quien hizo parte del Bloque Central Bolívar y llegó a ser comandante de compañía en Barbacoas, Nariño, donde delinquió el Bloque Libertadores del Sur, adscrito al BCB. Este hombre fue asesinado en Medellín por las autoridades, el 24 de agosto de 2004. Y también es nombrado por Jairo Triviño, en una declaración que da en febrero de 2003, como la persona que lo obliga a vender su propiedad, al mismo tiempo asegura que el hombre fue asesinado en Itagüí.

Martínez además aseguró que cuando volvió a su finca a ocuparla sin permiso, encontró que al contrario de lo que habían dicho los de Fundepalma de que habían recuperado los cultivos, la mitad de sus fincas no tenían vías, y las palmeras estaban plagadas de rastrojo. 

Deudas eternas

Los paramilitares aseguraron en la audiencia de Justica y Paz que, como Fabio Correa, el ganadero que había vendido los predios que constituyen casi la mitad de las tierras de Coproagrosur, y quien  había hecho su alegato de despojo ante la Fiscalía en 2009 (Ver capítulo Cómo nació la falsa cooperativa)  falleció  a los 83 años, el 31 de marzo de 2012, hoy figuran unas hijas y nietas de él reclamando esos terrenos ante la justicia.

En este caso, las autoridades tienen la versión de ‘Báez’ que dice que le pagaron el precio justo y negociado voluntariamente por Correa, de 680 millones de pesos, de los cuales le dieron 315 millones en efectivo y el resto en una letras que después le pagaron. Antes de morir, en sus versiones a la justicia Correa en cambio dijo que le tocó aceptar que le dieran apenas 300 millones, pero a la postre ni eso le dieron pues solo le pagaron 270 millones.  “Después volvieron para hacer las escrituras, a mi no me pagaron y me pagaron con unas letras, ya hubo que hacerles esas escrituras, en esa forma fue que ellos me quitaron esas tierras”. La tierras que fueron de Correa están hoy a nombre de Coproagrosur.

Actualmente, hay dos procesos paralelos ante la justicia.  En el proceso de Justicia y Paz están agrupadas todas las víctimas de ‘Julián Bolívar’ y sus hombres en el Sur de Bolívar, quienes piden que les den los rendimientos que ha dejado Coproagrosur y están en su cuenta, y que les den también el manejo de la cooperativa. Por otra parte los despojados han pasado sus solicitudes a la Unidad de Restitución, para que esta unidad presente ante los jueces de tierras, la demanda formal de restitución de  sus tierras. Además piden ser indemnizados por los daños que según ellos han sufrido al entregarles sus predios a Corpoagrosur, según ellos, bajo amenazas. El pago de esas indemnizaciones, alegan, puede salir del dinero de utilidades consignadas por Coproagrosur.  

Estas discusiones ya han empezado a hacerse entre las diferentes instituciones. Durante la audiencia de marzo de 2014. La magistrada Alexandra Valencia, del tribunal de Justicia y Paz de Bogotá, le llamó la atención a la Fiscalía del por qué no intervino a tiempo y dejó que las solicitudes de despojo hubieran dado pie a que se iniciara el trámite para un posible proceso de restitución.

La posición de la magistrada es que las posibles irregularidades en las que han incurrido los abogados de los despojados y los testimonios de los ex paramilitares podrían demostrar en un proceso de justicia ordinaria de una manera más rápida si estas personas son o no “falsas víctimas”, como lo ha sostenido en varias ocasiones la defensa de los integrantes del BCB.

“Si nos quedamos en el panorama de contemplación de los sucesos de Justicia y Paz nunca vamos a llegar a una concreción de este proceso. Existe un panorama gris sobre si hay una aplicación normativa o no de los artículos que niegan la competencia de Justicia y Paz porque no se ha demostrado el despojo”, reclamó Valencia a la Fiscalía durante la audiencia.

Al tiempo que ese panorama se despeja en las instituciones, Coproagrosur está en el limbo. Los campesinos asociados en Fundepalma la seguirán administrando hasta que la Supersolidaria así lo disponga. Si este esfuerzo realizado por el PDP y esta federación termina en favorecer a las víctimas reales, dependerá de habilidad de la justicia para deshacer la falsa cooperativa y sortear verdades de mentiras de quienes alegan haber sido despojados por los paramilitares.

Algunos de ellos, cuyos predios incluso hoy aun figuran a sus nombres, quizás estén haciendo un reclamo justo. Otros, a juzgar por la cantidad de irregularidades denunciadas por los desmovilizados a la justicia, probablemente no lo están. Y a la espera están las muchísimas víctimas del Sur de Bolívar que quieren que en algo se compense su dolor, y el abandono en que siempre han estado sus poblaciones.