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Por Radio Santa Fe
El representante a la Cámara y senador electo por el Polo Democrático Alternativo, Iván Cepeda Castro denunció varias estrategias utilizadas por empresas trasnacionales mineras que operan en Colombia, para apropiarse de grandes extensiones de tierra en las regiones donde desarrollan sus operaciones.
Drummond. Caso del predio Mechoacán, La Jagua de Ibirico (Cesar)
Según el congresista, esta compañía no llegó a territorios vacíos, sino que ha adquirido tierras a través de argucias jurídicas y demandas a campesinos y desplazados.
El lugar en donde hoy se extienden estas minas no eran tierras vacías, la gran mayoría fueron tierras de Reforma Agraria del Incora entre las décadas de 1960 y 1990.
“Lo que se vivió en el Cesar fue una verdadera estrategia de vaciamiento del territorio de mano de los grupos paramilitares a favor de Drummond”, afirmó Cepeda.
Desde 1996 hasta 2006 se emprendió una estrategia paramilitar para desplazar a los parceleros. No hubo un desplazamiento masivo, se trató de varios hechos criminales que causaron enorme temor en la población: asesinatos, entre ellos a dos presidentes de la junta de acción comunal, desapariciones, quema de ranchos, amenazas.
El Ministerio de Ambiente en 2007 aprobó el plan de manejo ambiental del proyecto carbonífero La Loma en el que establece que Mechoacán está en la zona de influencia. Drummond compra formalmente la mayoría de parcelas, varias de las cuales fueron verdaderos despojos, como el siguiente caso:
Escritura de compraventa, en la que José Daniel Morales aparece vendiendo su parcela por 7 millones de pesos, nueve años después de haber sido asesinado, la cual pasa a manos de la Drummond en diciembre de 2008 en una compraventa registrada por un valor de 182 millones de pesos.
Después de 9 años el Sr. Morales Aparece otorgando escritura pública de compraventa sobre su parcela a favor de Ana Alicia Quiroz Martínez y Víctor Julio Vásquez Fernández. Ana Alicia Quiroz fue alcaldesa de La Jagua de Ibirico, quien fue destituida por corrupción. Víctor Julio de acuerdo con testimonios de las comunidades es reconocido en la zona como paramilitar.
Diciembre de 2008: Ana Alicia Quiroz Martines y Víctor Julio Vásquez aparecen vendiendo a Drummond por un valor de 182 millones de pesos.
20 de mayo de 2011. La Fiscalía ordena cancelar la escritura pública (Ana Alicia) y la anotación registral por existir falsedad en documento público.
Prodeco. Caso de la hacienda El Prado. Chiriguaná (Cesar)
La decisión judicial que ordena la restitución de las tierras que componen El Prado al Incoder, sigue pendiente de cumplimiento luego de dos años y medio. Prodeco mantiene la posesión sobre las tierras, y los campesinos han anunciado su decisión de retornar el 13 de mayo.
El 21 de mayo de 1997 el Incora compró la hacienda El Prado. 1.265 hectáreas que entregó materialmente a 51 familias.
En su versión del 6 de junio de 2011, alias ‘Samario’ confesó que la orden que le dieron sus superiores (‘Jorge 40’) fue matar y desplazar a las familias de El Prado.
La primera masacre ocurrió el 19 de mayo de 2002 cuando desaparecieron a una familia completa, entre ellos un menor de edad. Sobre estos hechos en abril de este año se logró entregar restos de 2 personas incluyendo el menor de edad, quienes fueron encontrados en una fosa dentro de los predios que hoy tiene Prodeco, fosas ubicadas en territorio de explotación minera.
En total, mataron a 18 miembros de las familias parceleras y desaparecieron a 5 más. Se produjo el desplazamiento de las familias entre 2002 y 2003.
Los campesinos atemorizados abandonaron sus tierras, que poco tiempo después perdieron, con la complicidad del notario de Chiriguaná y de algunos funcionarios del Incoder en Cesar, que falsificaron los títulos de propiedad y se los entregaron a testaferros de los paramilitares.
El 27 de enero de 2007 Prodeco y el Incoder celebraron una permuta con la empresa minera. El Incoder se comprometió a entregar 1.115 hectáreas de la finca El Prado y en compensación la empresa Prodeco compraría un predio por un valor no superior a 4,349 millones de pesos en un plazo de tres meses contados a partir de la firma de la escritura.
Frente a estos hechos, el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Valledupar en 2011 dejó claro que según el certificado de tradición y libertad, el predio tenía una medida de protección ordenada por la Procuraduría General de la Nación, lo que impedía la permuta del predio a Prodeco. Sin embargo, el Incoder omitió esta medida y realizó dicha negociación, desconociendo el derecho de las víctimas.
Cerro Matoso. Puerto Libertador (Córdoba). Acumulación tierra adjudicada como baldía
Cerro Matoso no ha sido ajena al acaparamiento de predios inicialmente adjudicados como baldíos. La empresa ha adquirido 5 bienes ubicados en Puerto Libertador que no se pueden acumular en cabeza de un solo propietario. En este caso la extensión de los predios comprados es de 265 Has, superando el límite máximo de la UAF de la Zona Relativamente Homogénea No. 2 que es de 49 hectáreas.
Radio Santa Fe, 8 de mayo de 2014.
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