La tierra está en el centro del conflicto armado

Entrevista

Tomado de Delegación de Paz de las FARC-EP

Por El Telégrafo 

Las FARC ven a la Constituyente como la salida a la paz

El comandante de la guerrilla comunista, en entrevista con EL TELÉGRAFO, comenta sobre los acuerdos en la Política de Desarrollo Agrario Integral y la Participación Política que han alcanzado en los diálogos de paz que mantienen con el Gobierno colombiano, en La Habana, para terminar con el conflicto armado.

El comandante de la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP), Ricardo Téllez, en diálogo con EL TELÉGRAFO, evalúa los avances del proceso de paz que su agrupación negocia con el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, desde noviembre de 2012, en La Habana.

Con optimismo pero con mesura, Téllez afirma que las condiciones están dadas para sacar avante un tratado de paz estable y duradero. No obstante, critica la falta de voluntad política del gobernante para imponer un acuerdo “a los enemigos de la paz”, agrupados en los partidos de la extrema derecha, incluido al expresidente Álvaro Uribe, adversario del actual mandatario.

¿Cuál sería la mejor manera de evaluar, desde el punto de vista de las FARC, el ciclo de diálogos (2013) con los delegados del Gobierno colombiano?

La Mesa de Conversaciones en La Habana avanzó a finales del año pasado en acuerdos parciales del primero y segundo punto de la agenda, es decir, sobre la Política de Desarrollo Agrario Integral y la Participación Política,  respectivamente, que aparecen contemplados en el Acuerdo General, firmado el 26 de agosto de 2012. El gobierno ha reconocido la necesidad de una reforma agraria integral que dignifique a las personas del campo: comunidades campesinas, indígenas, afrodescendientes, palenqueras y raizales.

Miradas las cosas desde el exterior podría parecer que lo anterior carece de importancia actual porque en otros países del continente ya se han logrado avances significativos en materia agraria, pero ese no es el caso para Colombia. Aquí existen latifundistas, ganaderos y terratenientes que se han quedado estancados en el feudalismo. Cualquier tímida reforma les produce espanto. A estos sectores y a sus representantes en el gobierno les provoca verdadera urticaria reconocer el papel fundamental de la economía campesina, familiar y comunitaria, es decir, ver como una obligación del Estado la estimulación de diferentes formas de asociación productiva y cooperativismo en: a) las Zonas de Reserva Campesina, b) la generación de ingresos, empleo, dignificación y formalización del trabajo rural, c) la producción de alimentos, d) la preservación del medio ambiente, e) la creación de infraestructura adecuada tal como la construcción y mantenimiento de caminos, carreteras, puentes, escuelas y centros de salud, f) electrificación y comunicaciones incluyendo internet, g) asesoría técnica, h) formalización de la propiedad y el acceso a la tierra y al crédito, i) sustentación de precios, j) creación de centros de acopio y mercadeo, así como el acceso a abonos y fungicidas a bajos precios y  otros tantos temas de capital importancia, que constituyen obligaciones jamás cumplidas por el Estado colombiano y las élites gobernantes.

No olvidemos que en Colombia la concentración de la propiedad de la tierra no cesa de aumentar y hoy el 5% de los propietarios posee  el 87% de la misma. El acuerdo parcial contempla la creación de un fondo de tierras. Las FARC-EP proponemos un mínimo de 20 millones de hectáreas para su distribución gratuita entre los campesinos desposeídos o con poca tierra.  Hay muchas formas de obtener esas tierras, con decirle que los grandes ganaderos tienen en su poder 40 millones de hectáreas, para un hato total del país que solo  necesita 15 millones.

Mientras lo anterior se da, es injustificable que el país tan solo disponga de 5 millones de hectáreas para la producción de alimentos. Hemos llegado al absurdo de importar productos que nuestros campesinos pueden cultivar para satisfacer las necesidades internas y, a su vez, exportar excedentes. Referencia aparte merecen los TLC  que han dado al traste con medianos y pequeños productores.

La tierra está en el centro del conflicto armado.

A los grandes propietarios la posesión de la tierra les confiere directamente poder político, económico y social; entre tanto, los pobres del campo arrastran una existencia miserable. Somos el tercer país más desigual del orbe y eso dice mucho en un país con tantas riquezas que podrían beneficiar a todos los colombianos si hubiese una mejor redistribución del territorio nacional.

A estas alturas se sabe que la guerrilla no ha sido derrotada militarmente, y que el presidente Juan Manuel Santos comprendió que el conflicto social y armado en Colombia requiere una salida política, pero: ¿Están ustedes conscientes de las limitaciones internas que tiene el gobierno para hallar coincidencias que permitan de verdad alterar los esquemas de los grupos de poder que aún dudan y torpedean los diálogos? ¿Y cuáles serían esas limitaciones?

Nunca como ahora han existido reales condiciones para sacar avante un tratado de paz estable y duradero. No obstante, al presidente Santos le falta mayor voluntad política para imponerla a los enemigos de la paz (Uribe, sus paramilitares, terratenientes, ganaderos, mafiosos y algunos oficiales corruptos de las FF.MM.), todos agrupados en la extrema derecha y que siendo poderosos, apenas representan una minoría que se lucra de la guerra y está por continuarla. En su defecto, el entorno internacional es altamente favorable y no se escuchan voces disonantes contra el proceso desde ninguno de los centros mundiales de poder.

Al finalizar  2013 se habló mucho del punto 2: la participación política. Iván Márquez, en un Twitter aparecido el 17 de diciembre decía: “No nos encontramos en La Habana negociando una transición para dejar las armas a cambio de unos votos. 60 años de lucha van mucho más allá”. Enseguida vinieron las críticas. ¿Cómo entiende la insurgencia, en este momento, la política y la participación política en Colombia?

Las FARC-EP somos una organización esencialmente política que hace uso de las armas porque en Colombia no hay espacio para la confrontación civilizada de ideas. En nuestro país el régimen asesina al oponente político. El terrorismo de Estado en todas sus variantes es la constante. El uso de la violencia contra el pueblo es la característica más notoria de la clase gobernante del país. Ahí está el ejemplo en la década del  80 de los 5.000 muertos de la Unión Patriótica, el peor genocidio político de nuestra América.

Actualmente tenemos el caso de Marcha Patriótica, movimiento social y político todavía en ciernes, al que le han asesinado más de 35 líderes, le han encarcelado varios de sus dirigentes nacionales y a la que, además, la Fiscalía ha dictado órdenes de captura contra muchos de sus militantes. Asimismo, durante las movilizaciones campesinas a fines del año pasado fueron asesinadas 16 personas, 32 quedaron con algún grado de amputación por las bombas y disparos procedentes del cuerpo antimotines de la Policía y más de 800 participantes fueron judicializados. Además, si hablamos de modificaciones hay que tratar el tema del régimen electoral colombiano que es uno de los más atrasados y corruptos del continente. En Colombia la compraventa del voto, las dádivas, la circulación de los dineros de la mafia, empresarios, banqueros y terratenientes, corren aparejados a los dineros de los contratistas del Estado y de los camuflados auxilios parlamentarios, que como las brujas: “... No hay que creer en ellas, pero que las hay… las hay”. Hoy una curul en el Senado tiene un costo de más de $ 2 millones!

Tampoco existe un estatuto para la oposición política. El bipartidismo liberal-conservador se tornó en partido único de gobierno. Un mediano o pequeño partido no puede gozar de personería jurídica si no obtiene 500.000 votos, cálculo del umbral electoral obligatorio para adquirirla. La oposición política no tiene acceso a los medios masivos de comunicación en igualdad de condiciones que los partidos de la burguesía. Los directorios de los partidos se han convertido en verdaderas mafias para repartirse los cargos oficiales y los contratos del Estado. La mayoría de los colombianos cree que vive en democracia porque de tiempo en tiempo se realizan elecciones. Nuestro pueblo no conoce la democracia ni la perspectiva de hacerla real. Sin embargo, las mayorías nacionales pueden imponer la democracia en un primer momento, lo cual abriría las puertas para el silenciamiento de los fusiles y, en un proceso de acumulación de fuerzas, disputar el poder a los detentadores actuales, para llegar no solo al Gobierno, sino al poder y, desde allí, realizar los cambios en profundidad que el país reclama. La política toma así su sentido más amplio: ciencia y arte para gobernar. En el caso de las FARC-EP, hacerlo teniendo en cuenta los sectores más vulnerables de la población.

Una de las ideas centrales de estos diálogos gira en torno a la necesidad de convocar a una Asamblea Constituyente. ¿Por qué y para qué?

La propuesta de Asamblea Nacional Constituyente la recogió la Delegación de Paz de las FARC-EP del pronunciamiento realizado en los foros sobre participación política donde delegados de todos los rincones de la patria, y las más variadas organizaciones y personalidades, se pronunciaron a su favor. La actual Constitución, que opera desde 1991, le ha quedado estrecha al país, el establishment la reformó a su medida. La mayoría de instituciones vigentes es caduca. Pero avanzando más allá creemos que los temas álgidos en los cuales no hayamos podido ponernos de acuerdo con el Gobierno serían presentados a esa magna asamblea para su análisis y resolución. Los temas que abordará la Constituyente quedarían blindados y no al arbitrio de tal o cual gobierno. El hecho de que el constituyente primario, que es el pueblo, pueda expresarse y aportar a la solución final del conflicto armado, nos genera confianza para avanzar hacia un tratado de paz estable y duradero, que sería la nueva Constitución que de allí saldría.