Comunicado
La Habana, Cuba, sede de los diálogos de paz, abril 5 de 2014
Durante varios pronunciamientos y bajo la convicción absoluta de que el éxito de la Mesa de Conversaciones de la Habana depende fundamentalmente del apoyo ciudadano y de la participación del pueblo con sus iniciativas, hemos venido resaltando la importancia de las reflexiones y propuestas hechas al país por la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular, cuyo mandato para el buen vivir, por la reforma agraria estructural, la soberanía, la democracia y la paz con justicia social, hace exigencias concretas al gobierno, que deben ser atendidas con urgencia.
El último aspecto que tocamos se refería a la visión que las comunidades rurales tienen sobre la presencia de los cultivos de uso ilícito y el narcotráfico en el territorio nacional, que precisamente es el punto que ahora se debate entre el gobierno y las FARC en el ámbito de las conversaciones de paz. Y apuntaba la Cumbre hacia la necesidad de “Un programa de sustitución de cultivos social, gradual, concertada, estructural y ambiental de hoja de coca, marihuana y amapola que supere la puesta en marcha de programas de erradicación violenta y aspersión con glifosato que atentan contra la vida digna de las comunidades Indígenas, Afro descendientes y Campesinos”. Dentro de esta manera de entender el fenómeno se rechazaba tajantemente “la sustitución basada en la imposición de cultivos agroindustriales como la palma de aceite, el caucho y otros similares”, reiterando en que deben ser las comunidades quienes impulsen las propuestas de sustitución, que es el mismo sentido en que las FARC, recogiendo el clamor de los campesinos y demás afectados en el campo, han presentado sus propuestas.
Coincidiendo con el Pliego de exigencias de la Cumbre, debemos resaltar que las FARC-EP han insistido en que siendo los cultivos de uso ilícito un problema social, su sustitución, debe ser “gradual, concertada, estructural y ambiental”, y debe brindar la posibilidad de “generar una fuente alternativa de ingresos para los cultivadores de coca, marihuana y amapola. Y dicho proceso deberá hacerse con énfasis en el ordenamiento y la planeación territorial, acordando procedimientos, tiempos y mecanismos con las comunidades agrarias y sus organizaciones representativas, basado en el reconocimiento, la formulación y ejecución de Planes de Desarrollo sostenibles, integrales y de vida”. Ahora solamente esperamos que efectivamente el acuerdo recoja estas ideas que son el sentir de quienes más padecen la problemática.
Escuchar estas voces es al mismo tiempo darle campo a la democracia, respecto a la cual la Cumbre ha reivindicado los derechos políticos, las garantías de participación, los derechos de las víctimas y la necesidad de justicia, reclamando contra la falta de reconocimiento de los derechos de los campesinos y comunidades rurales en general, contra el alto número de violaciones a los derechos humanos, contra la falta de garantías para las organizaciones sociales y populares, y contra la constante estigmatización, persecución y criminalización de quienes se movilizan para buscar una sociedad más justa y en paz.
Respecto a esta realidad ha exigido la Cumbre que se actúe en beneficio de la verdad, la justicia y la reparación integral por las violaciones a los derechos humanos perpetradas contra las comunidades agrarias y populares, y la no repetición de estas prácticas.
Ha exigido la Cumbre, el desmonte total de las estructuras paramilitares y la judicialización penal de sus actores, con una veeduría internacional que garantice la transparencia de dicho proceso. Pero al mismo tiempo que se realicen investigaciones eficaces que revelen los vínculos entre diversos sectores económicos, políticos, y del ejército con los paramilitares. Para lo cual, y en ello subrayamos, la Cumbre ha propuesto y exigido “la conformación de una comisión de la verdad y una política de recuperación de la memoria histórica de las violaciones a los derechos humanos”.
De parte de las FARC-EP y tal como se ha reiterado durante los últimos ocho meses, insistimos en la necesidad imperativa de crear la Comisión de esclarecimiento de la verdad de la historia del conflicto, como peldaño ineludible para asumir desde ya el importante punto de la Agenda referido a las víctimas y convocamos a sus representantes, a los directivos e integrantes de sus asociaciones, a los defensores de derechos humanos, al mundo académico y a las organizaciones interesadas, a emprender con propuestas concretas la construcción de este necesario instrumento de paz.
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