“Paramilitarismo en Urabá no habría sido posible sin Fuerza Pública”: Fiscalía

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Tomada de ANNCOL

Por Verdad Abierta

El ente investigador reiteró que el apoyo de sectores del Ejército y la Policía Nacional fue fundamental en la expansión del Bloque Bananero, confirmando lo dicho por algunos postulados en sus versiones en el proceso de Justicia y Paz.

“Sin ayuda de la Fuerza Pública habría sido imposible sacar adelante la guerra en el Urabá”, aseguró en una versión libre en 2007 Hébert Veloza García, alias ‘HH’, quien fuera el jefe paramilitar de los bloques Bananero y Calima de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc).

A partir de esas versiones, que fueron complementadas por investigaciones de la Unidad de Justicia y Paz, la Fiscalía ratificó lo dicho por alias ‘HH’ e identificó cuatro tipos de apoyo a los paramilitares en terreno: despejar áreas determinadas, retardar el ingreso de unidades militares a algunas zonas, levantar retenes en las vías para el movimiento de la tropa y acompañar las operaciones armadas.

El análisis de la Fiscalía se conoció durante el juicio bajo la Ley 975, llamada de Justicia y Paz, que se sigue contra Veloza García, quien comandó los bloques Bananero, que operó en la zona central del Urabá antioqueño, y el Calima, que hizo presencia en una buena parte del Valle del Cauca.

Durante la etapa de contextualización del Bloque Bananero, el Ente acusador destacó el importante rol que jugaron sectores de la Fuerza Pública en la expansión paramilitar de Urabá. Las investigaciones dejaron claro que quien mantenía contacto directo con los militares fue Carlos Mauricio García Fernández, alias ‘Doblecero’, un exoficial del Ejército que se retiró siendo subteniente y años más tarde se unió a las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu), donde comandó el Bloque Metro, que hizo presencia en las regiones del Nordeste y el Oriente de Antioquia, así como en Medellín y varios municipios del área metropolitana.

Según se relata en el libro ‘Las guerras del Doblecero’, escrito por el antropólogo Aldo Civico, el ex paramilitar se contactó con los hermanos Carlos y Vicente Castaño por medio de un Mayor retirado del Ejército que lo invitó a entrenar militarmente a un grupo de civiles. Además, García Fernández había sido el jefe de seguridad en Urabá de la comercializadora de banano Banacol. Su conocimiento de la región fue crucial para la expansión de las Accu.

El caso de ‘Doblecero’ no es el único. Según la Fiscalía, los hermanos Castaño preferían incluir en su grupo armado a personas que se habían retirado del Ejército como Manuel Arturo Salom Rueda, alias 'JL', a quien se le atribuye la formación de por lo menos 10 mil paramilitares que luego trasegaron por todo el país. (Ver: Instructor de los 'paras' no colaborará más con la justicia)

De los 447 ex paramilitares que se desmovilizaron como integrantes del Bloque Bananero, 57 pertenecieron al Ejército y de ellos solo 12 de ellos están postulados a la Ley de Justicia y Paz. Esta situación no fue particular de esta facción armada ilegal; de hecho, según datos de la Fiscalía, del total de desmovilizados de las Auc bajo los acuerdos con el gobierno nacional (unos 31 mil paramilitares), 970 fueron miembros del Ejército Nacional, 21 de la Infantería de Marina y 13 de la Policía.

Brigada 17 de Urabá

Veloza ha dicho en más de una oportunidad que los paramilitares contaron con la ayuda de miembros de varios batallones de la Brigada 17 del Ejército Nacional, con sede en Carepa, Urabá antioqueño. La Fiscalía se refirió al coronel Bayron Carvajal, quien siendo capitán comandó el Batallón Vélez a comienzos de la década de los noventa, una unidad adscrita a esa guarnición militar y con presencia en Turbo, y señalado de haber sido cómplice a las Accu.

“Todos esos operativos que hizo Carvajal, o que fueron conseguidos para Carvajal, donde hubo bajas, siempre fueron con nosotros o hechos por nosotros y legalizados. Había muchos soldados que andaban de civil con nosotros y se hacían pasar como un miembro más de las autodefensas”, aseguró Veloza García ante fiscales de Justicia y Paz.

Carvajal fue condenado a más de 20 años de prisión por la muerte de un civil y diez miembros de un grupo élite antinarcóticos de la Policía Nacional en Jamundí, Valle, en hechos ocurridos en mayo del 2006.

La Fiscalía también se refirió al teniente coronel Germán Morantes Hernández, quien fue comandante de infantería del Batallón Vélez y a quien los paramilitares le suministraban información y le servían como guías. “Este coronel sostenía reuniones con ‘Doblecero’ y con ‘HH’. Cuando llegaban a la Brigada inmediatamente les abrían las puertas”, aseguró uno de los desmovilizados.

En septiembre de 2013, la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín pidió que se investigara a Morantes Hernández, así como a los ex generales Oscar Botero Restrepo, Carlos Alberto Ospina e Iván Ramírez, y al teniente coronel John Jairo Cardona Chaparro para determinar si “promovieron, organizaron y apoyaron a los grupos paramilitares y/o se concertaron” con grupos paramilitares. (Ver: Magistrados ordenan indagar sobre espinosas verdades)

El ente investigador también mencionó a un militar que no ha sido identificado y que todos los ex paramilitares que operaron en Urabá conocían como ‘Beto’ y de quien solo se sabe que es de apellido Gutiérrez. Según los desmovilizados, este uniformado, que pertenecía a la Regional B2 de Inteligencia del Ejército Nacional y gran amigo de ‘Doblecero’ y de Carlos Castaño, era un contacto directo en la Brigada 17, y era quien traía y llevaba los mensajes entre unos y otros.

La Fiscalía se refirió nuevamente al apoyo que los paramilitares recibieron por parte del general Rito Alejo Del Rio, desde su llegada a la Brigada 17 de Ejército en 1995. Según la versión de ‘HH’, el alto oficial era amigo personal de Carlos Castaño y de alias ‘Doblecero’. (Ver: Rito Alejo Del Río: de “pacificador” a condenado)

En conjunto con estos militares, los paramilitares planearon y cometieron varios crímenes, según el Ente investigador. Uno de ellos fue una masacre ocurrida en zona rural de Turbo el 14 de junio de 1995, donde miembros de la Fuerza Pública participaron en el asesinato de cuatro personas.

La Fiscalía también identificó dos casos de ejecuciones extrajudiciales que comprometieron a civiles. El primero ocurrió en 1995, cuando un grupo de paramilitares, en compañía de dos escuadras del Batallón Vélez, llegaron a la finca de unos hermanos de apellido Álvarez para sacar un ganado que supuestamente se iba a llevar la guerrilla. Los paramilitares mataron con una granada a dos personas que estaban en la entrada de la propiedad y les entregaron los cadáveres a los miembros del Ejército para que los hicieran pasar como muertos en combate.

El otro caso sucedió en mayo de 2004, cuando los ‘paras’ engañaron a dos hombres que vivían en el casco urbano de Turbo asegurándoles que iban a formar parte de ese grupo armado, pero luego los trasladan a la vereda el Limón, donde los asesinaron y entregaron sus cuerpos a miembros del Batallón Vélez. Sobre este caso se abrió una investigación en la justicia ordinaria en la que están vinculados el coronel Gustavo Eduardo Contreras y los soldados John Jairo Villa y Eduard Villamizar.

Si bien la Fiscalía aclaró que no se trataba de una estrategia de la Fuerza Pública como institución, resaltó que algunos militares que se negaron a colaborar con los paramilitares fueron perseguidos y sancionados por el Ejército, y expuso el caso del entonces coronel Carlos Alfonso Velásquez, segundo comandante de la Brigada 17 a mediados de los noventa, quien se atrevió a denunciar en 1996 la complicidad de altos mandos de esa guarnición militar con los jefes de las Accu. En su momento, Velásquez fue calificado de desleal y mentiroso, y lo retiraron del Ejército en 1997. (Ver: “Del Río mantenía informado a Uribe”: Ex coronel Velásquez)

En una carta enviada el 31 de mayo de 1996, Velásquez le advirtió al entonces comandante de las Fuerzas Militares, general Harold Bedoya, sobre el grado de deslegitimación al que ha llegado el Ejército en Urabá “por el pensamiento que corre en la región en el sentido de que trabajamos en alianza con la delincuencia organizada o paramilitares”. Hoy, 18 años después, la Fiscalía le dio la razón al exoficial.