Análisis
Tomado de Cambio Total
Por María Teresa Ronderos
María Teresa Ronderos
Las intenciones de la ley de víctimas son las mejores: devolverles o titularles las tierras a las víctimas que las han perdido porque el terror armado se las arrebató o las obligó a dejarlas tiradas.
Por eso despertó entusiasmo; más cuando el Gobierno mostró pronto, entre otras, restituciones en Córdoba a campesinos aplastados por la bota paramilitar y titulaciones colectivas en Chocó a quienes llevaban siglos pidiéndolas.
Sin embargo, ahora la esperanza empieza a desleírse. “Uno no busca tierra para que lo entierren”, le dijo a Verdad Abierta un campesino de Montes de María.
Esa desilusión cada vez más generalizada tiene sus razones. Arriba se ha perdido voluntad política. Santos ha venido repartiendo mermelada en las entidades del sector, sin importar cuánto las debilita. (En el caso del Incoder, clave soporte de la restitución, la jalea fue azul real; a Rey Borbón, dice La Silla Vacía, lo nombraron como cuota del senador Andrade en el vano intento de que los godos se sumaran a la reelección).
Abajo se va lento. Dos observatorios de la restitución de tierras, el de la Universidad Nacional, dirigido por Francisco Gutiérrez, y el de la Procuraduría, respaldado por la Usaid, están llegando a conclusiones similares. Que al ritmo que vamos —83 restituidos en promedio al mes, según el segundo—, nos tomará varios centenares de años restituir a los 360.000 solicitantes que el Gobierno calculó.
Es verdad que esto es lo más rápido que hemos ido en medio siglo en materia de titularles tierras a sus legítimos dueños campesinos. Dijo el Gobierno a fin de noviembre que se habían entregado 800 predios, mientras, por ejemplo, a la Ley de Extinción de Dominio le tomó 11 años recuperar 731 predios.
No es un asunto de eficiencia de los funcionarios; los de las unidades de tierras son dedicados y comprometidos. Se trata de fallas en el diseño institucional. Si todos los casos deben ir a los 38 jueces, así ningún opositor esté disputando la tierra a entregar, pues tendrá que ser demorado. Si la Fiscalía no investiga prioritariamente a los usurpadores, al tiempo que se restituye, será más peligroso para las víctimas, pues aquéllos quedan campantes. Si el sistema es rígido y no incentiva arreglos entre tenedores de buena fe, crea nuevos conflictos.
Además, las regiones no tienen la información de la propiedad de la tierra al día ni clara. Entonces, a la tarea de por sí espinosa de quitarles fincas mal habidas a unos poderosos para dárselas a unos excluidos, se le suma la de ordenar y actualizar el catastro en la zona donde se esté restituyendo. Los operadores se acomodan a lo posible, y escogen más predios donde no haya conflicto, donde sólo haya que titular.
Otro problema es que muchos quieren que la restitución sea substituto de reforma agraria, que no lo es. La deshonrosa inequidad en el campo colombiano no se resuelve con la restitución. Pretender que eso es lo que se está haciendo es hacer demagogia a costa de las víctimas y granjearles enemigos gratuitos.
Para rematar, como sólo se tramita la restitución si la víctima la pide, los usurpadores de la tierra aprendieron rápidamente que, ante la demora en el proceso, amenazando y matando líderes de víctimas bloquean la restitución. Esto no sucedería si el Gobierno restituyera por zonas, sin depender de si los campesinos reclaman o no la tierra.
El presidente y el Congreso tienen que darse cuenta de la tremenda responsabilidad que les cae por cada reclamante de tierras amenazado o asesinado. Ellos los empujaron y los ilusionaron en esta lucha, y ahora deben responderles rectificando el camino.
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