Análisis
Por Prensa - Colectivo
Este amanecer febrerino nos topamos con una nueva investigación de la Revista Semana que da cuenta de la existencia de una oficina clandestina a través de la cual, inteligencia militar realizaba labores ilegales contra los negociadores del gobierno en las conversaciones de la Habana, contra dirigentes de oposición, contra ONG y contra “los mismos de siempre” como lo relata uno de sus protagonistas.
Interceptaciones ilegales DAS | Derecho a la intimidad | Derecho a la Justicia | Defensores de derechos humanos | Colombia | Derecho a la libertad |
Muchos cándidos pensaron que luego de la experiencia con el DAS, la persecución contra organizaciones y personas basada en motivos políticos e ideológicos eran “cosa del pasado”. Cuan equivocados, las labores de inteligencia ilegales no nacieron con el caso DAS, ni terminaron con el cierre de esa nefasta institución. De hecho, basta recordar que al cierre del DAS le precedió la clausura de la Brigada XX para impedir la acción de la justica y el descubrimiento de la verdad sobre la responsabilidad de esa Brigada de inteligencia en graves violaciones a los derechos humanos.
Desafortunadamente para la paz, la democracia y la transparencia institucional, la historia del país está llena de gravísimas violaciones a los derechos humanos a partir de acciones ilegales de inteligencia. El genocidio contra la Unión Patriótica, los asesinatos de activistas sociales, sindicalistas, periodistas, opositores políticos y defensores de derechos humanos dan cuenta del uso ilegal y criminal que se le ha dado a los aparatos de inteligencia. Decisiones de la justicia nacional e internacional confirman lo aquí expresado.
Durante los 8 largos años del gobierno de Álvaro Uribe, se puso a todas las agencias de inteligencia en la tarea “restringir y neutralizar las actividades” de personas y organizaciones opositoras del gobierno, o criticas del mismo, o que denunciaban las graves violaciones a los derechos humanos patrocinadas desde el gobierno. Esas labores no se circunscribieron a las interceptaciones de comunicaciones, sino que tuvieron ocurrencia homicidios, torturas, sabotajes, amenazas, propaganda de desprestigio, entre muchos otros delitos. De hecho, Jorge Noguera, entonces director del DAS, purga una condena de 25 años de prisión por su compromiso con el paramilitarismo y por el homicidio del profesor Alfredo Correa de Andreis.
Llegado el presidente Santos a la casa de Nariño, no cesaron las acciones ilegales de inteligencia contra “los mismos de siempre”. El Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo” ha denunciado hechos concretos que demuestran fehacientemente que las agencias de inteligencia siguen realizando labores ilegales en su contra, así como en contra de otras personas y organizaciones. Acciones que tampoco se han limitado a las intervenciones de las comunicaciones.
Este nuevo descubrimiento de lo que se sabía, pone en evidencia que hay serios enemigos del proceso que se adelanta en la Habana, así como revela la continuidad de la persecución ilegal contra opositores políticos, activistas de la paz, dirigentes sociales, periodistas, sindicalistas y defensores de derechos humanos.
Esta situación también puede explicar que el presidente Uribe haya conocido las “famosas coordenadas”; o que se haya hecho público -con mezquina intención- el viaje de voceros del CAJAR a la Habana con fin de dar a conocer su propuesta sobre un tribunal especial de justicia para la paz. Cabe recordar que este viaje contó con autorización del gobierno colombiano y con el apoyo del gobierno noruego, país facilitador de este proceso.
Queda confirmado que lo primero que hay que cambiar en las agencias de inteligencia son sus manuales de formación fundados en preceptos de la doctrina de seguridad nacional que ha provocado –como se sabe- la comisión de crímenes de lesa humanidad. Mientras esto no ocurra no será posible la paz ni cesarán las violaciones a los derechos humanos, aunque el proceso en la Habana termine exitosamente.
Para consolidar una democracia se requiere que el Estado en su conjunto, incluidas sus agencias de inteligencia, se comprometan a respetar y garantizar los derechos humanos, empezando por el derecho a opinar, a organizarse y a participar; sin que estas actividades sean objeto de persecución y estigmatización alguna.
Este nuevo escándalo que ojalá sea investigado a fondo por la Fiscalía General de la Nación, debe prender las alarmas de los sectores democráticos que repudian esa vieja práctica de instrumentalizar los aparatos de inteligencia para violar los derechos humanos.
No sobra decir que el presidente Santos debe dar un claro mensaje a la sociedad colombiana y a la comunidad internacional separando de forma inmediata de sus cargos a quienes dirigen los organismos de inteligencia y al propio Ministro de Defensa, quien no precisamente se ha distinguido por respetar y garantizar los derechos de los opositores políticos, de las organizaciones sociales y de derechos humanos, a las cuales ha estigmatizado en sus discursos de forma repetida. No puede ser que todo pase sin que nada pase.
Al cierre de esta nota editorial, hemos recibido un correo electrónico firmado por Comandos Urbanos de las Aguilas Negras en el que amenazan de muerte a las personas que integramos al Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo”, al MOVICE, a Aida Avella, al alcalde Gustavo Petro y a los candidatos al congreso Alirio Uribe Muñoz e Iván Cepeda Castro.
Pedimos a la Fiscalía General de la Nación, que investigue esta nueva amenaza y determine quiénes son los que realmente están detrás de la misma.
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