Comunicado
Por Delegación de Paz de las FARC-EP
Iniciamos este nuevo ciclo de diálogo de paz arrastrando una gran desconfianza por el espionaje absurdo de la inteligencia militar y la policía de Colombia,dirigidos por la CIA, para afectar el proceso de paz.
Como las fuerzas militares y de policía fundamentan su actuación en la Doctrina de la Seguridad Nacional y la concepción del enemigo interno, para ellos, la búsqueda de la paz, la solución política del más prolongado conflicto del hemisferio es subversión, y por lo tanto, debe ser espiada a través de fachadas ilegales de inteligencia, como “Andrómeda”, pero transfigurando aviesamente el anhelo nacional de paz, en peligrosa amenaza a la continuidad de sus negocios lucrativos y corruptos.
Por eso pretenden a través de sus escuchas o chuzadas ilegales a la Delegación de Paz de las FARC -contraparte del Estado en la mesa-, disuadir la búsqueda del entendimiento a través de asesores y amigos de la reconciliación, a los que el gobierno ha pretendido judicializar, y sobre los que seguramente, ya tienen montados escándalos artificiales, sin importar que actúan conforme a cláusulas del Acuerdo General de la Habana para la terminación del conflicto, y en subordinación al mandato constitucional que conceptúa, que la paz es un derecho y deber de obligatorio cumplimiento.
El derecho a la paz, que es un derecho síntesis, sin el cual, ningún otro derecho es posible, debe ser defendido por la nación en masa.
No vale, no paga prolongar la guerra, para que unos militares, más que guerreristas: corruptos y mafiosos, se enriquezcan a través de jugosos contratos a costa de la tragedia nacional. Ese militarismo sui generis que le apuesta a la injusta prolongación de la guerra acicateado por la corrupción y el enriquecimiento, debe ser frenado sin apelaciones por la conciencia nacional.
Hoy el escándalo de la corrupción en las fuerzas militares, está focalizado por los medios en las rémoras y no en los tiburones.
Los grandes negociados están en las alturas, en la adquisición de maquinaria bélica y tecnología militar de punta, en los millones de dólares de la maldita ayuda militar estadounidense y en los 27 billones de pesos que el presupuesto nacional del 2014 destina para la guerra, en los jugosos e insondables fondos secretos que alimentan la guerra sucia que hoy enluta a Colombia y en los grandes sobornos de las trasnacionales a quienes han regido los destinos del país. Imaginémonos qué no habrán hecho personajes como Uribe.
Se desenmascara a las rémoras, que sólo se alimentan de los desperdicios y sobrados de la depredación, y se deja quietos a los voraces tiburones.
¿Habrán analizado bien los recambios militares en la cúpula y pueden acaso asegurarnos que ninguno de ellos está untado o libre de pecado?
Nadie entiende cómo sigue nadando horondamente el ministro Pinzón en ese agitado mar de corrupciones. ¿Dónde estaba el pendenciero ministro mientras las ratas se robaban el queso y los depredadores de la venalidad saltaban a la yugular del erario? Estaba disparando, siempre, contra el proceso de Paz de La Habana. La opinión siente que ese personaje, todavía debe una explicación, y ojalá así lo entienda el Presidente.
Para desviar la atención ahora han armado un debate ficticio con el cuento peregrino de que en La Habana se está negociando al ejército. Es preciso remarcar que el tema de justicia y máximos responsables del conflicto aún no se abordado en la mesa de conversaciones. Sin duda, este será un tema crucial porque debe arrojar satisfacciones fundamentalmente a las víctimas del conflicto, a las partes contendientes y al país, y del manejo inteligente que le demos entre todos, dependerá la reconciliación y la paz de Colombia. Necesariamente habrá que inmovilizar la guerra sucia y el proyecto delirante de extender las sospechosas “bacrim” por todo el territorio nacional.
Finalmente, registramos con preocupación el atentado contra la candidata de la UP, Aída Abella, ayer, en el departamento de Arauca, porque eso equivale a balear la credibilidad del proceso de paz de La Habana. Debe haber una investigación con resultados inmediatos y el gobierno lanzar una señal poderosa en el sentido de que las garantías políticas no quedarán reducidas a la garantía de un balazo a quienes se opongan por vía legal al sistema político vigente.
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