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Los pecados de la guerra paramilitar contra las mujeres

Reportaje
Por Verdad Abierta 


A lo largo y ancho del país las mujeres abusadas, maltratadas y esclavizadas por miembros de grupos paramilitares han comenzado a relatar sus tragedias. No ha sido una tarea fácil. Son historias llenas de dolor, de crueldad, de sevicia. Las acciones militares contra sus cuerpos las marcaron de por vida.

A lo largo y ancho del país las mujeres abusadas, maltratadas y esclavizadas por miembros de grupos paramilitares han comenzado a relatar sus tragedias. No ha sido una tarea fácil. Son historias llenas de dolor, de crueldad, de sevicia. Las acciones militares contra sus cuerpos las marcaron de por vida. 

De acuerdo con la Unidad de Justicia y Paz, en el 66 por ciento del territorio nacional, es decir, en 21 de los 32 departamentos, los integrantes de grupos paramilitares cometieron delitos sexuales. Hasta el momento por lo menos 624 casos han sido documentados con el fin de imputárselos a los responsables. Las prácticas que hasta ahora se vienen conociendo contemplan el abuso físico y mental, la esclavitud, la servidumbre, el sometimiento a relaciones afectivas indeseadas y el embarazo de menores de edad, entre otras crueldades. De los ataques no se libraron ni las integrantes de las estructuras paramilitares. 

VerdadAbierta.com presenta un conjunto de artículos que contienen duras historias, relatadas por sus protagonistas, que han decidido romper el silencio y expuestos sus experiencias para reclamar verdad, justicia y reparación. Muchos paramilitares callan sus abusos, pero ellas no están dispuestas a seguir en silencio. 

Del abuso a la prostitución en La Mesa, Cesar

En los municipios de La Mesa y Astrea, Cesar, los paramilitares fueron inclementes con las mujeres. Muy pocas han confesado los maltratos y sus victimarios se niegan a confesar.

300-valledupar-vsCarmen* apenas tenía 14 años cuando llegaron al pueblo los primeros hombres del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc). Ella no comprendía la diferencia que existía entre un soldado, un guerrillero y un paramilitar, pues todos vestían igual. En su inocencia de niña, acostumbrada a la vida campesina de su familia, a sus recorridos todas las tardes por la cancha y las calles de su pueblo, no tenía la experiencia para desviar las miradas incisivas de los paramilitares que al verla pasar le lanzaban frases subidas de tono.

Era septiembre de 1998 cuando llegó por primera vez al corregimiento de La Mesa, a 25 minutos de Valledupar y poco menos del Batallón de Artillería La Popa, David Hernández, alias ‘39’, comandante del frente Mártires del Cesar, quien por encargo del mismo Rodrigo Tovar, alias Jorge 40, tenía la tarea de limpiar de guerrilla la zona de La Mesa Azúcar Buena, una extensa región que hace parte de la Sierra Nevada de Santa Marta.

“Lo primero que dijo 39 cuando vino a La Mesa fue que iba a poner orden, que cualquiera que se saliera de la línea debía atenerse a las consecuencias y el marido que se portara mal con su mujer y la mujer que se le viera en malos pasos, serían castigados”. Así lo recuerda uno de los hombres que estuvo en esa primera reunión a la que los obligaron a asistir y que se realizó en el colegio del pequeño caserío.

Carmen, ajena a todas esas advertencias y a los fines del grupo armado que había llegado, siguió su acostumbrada rutina de pasear por el pueblo. A finales de 1998 ella fue abordada por un hombre de las Auc, quien le dijo que el comandante ‘39’ la había mandado a buscar. Ella se fue con él a una cita a ciegas, que al final terminó siendo una trampa. “El abuso de mí y me dijo que no podía decírselo a nadie, que si le contaba a mi mamá o a mi papá, o algún otro miembros de los paramilitares, me mataba. Por eso me quedé callada y no se lo dije a nadie”.

Ahí terminaron los paseos de Carmen, quien se volvió más callada, pero a la vez más realista. “El pueblo cambió. Ya no era igual. Mataron a varias personas de La Mesa y ya ellos vivían ahí. Controlaban todo”, cuenta esta joven que hoy tiene 29 años, quien ha tratado de recuperar su vida, pues después aquella noche que fue abusada, fue buscada una y otra vez por su victimario sin poder hacer nada.

“Un día él me dijo que había otros muchachos que también tenían sus necesidades y que si yo quería podía ganarme una platica. Me dijo que si yo quería, él me hacía las citas y me pagaban por acostarme con ellos”. Así terminó Carmen, prostituyéndose, al igual que otras muchachas del pueblo. No acabó sus estudios y comenzó una vida desordenada, de la que aún se arrepiente: “Si ese hombre no me hubiera violado esa noche, yo no habría entrado en esa vida, pues yo quería estudiar y ayudar a mi familia”.

VerdadAbierta.com visitó el corregimiento de La Mesa y los hombres mayores aseguran que allí no hubo abuso sexual contra las jóvenes porque el mismo ‘39’ advirtió que sus hombres no podían meterse con las jóvenes del pueblo.

Lo que no saben estos lugareños es que muchas adolescentes, incluso mujeres casadas, debieron quedarse calladas por la intimidación de las armas. Ellas debían ir hasta El Mamón, un sitio más arriba de La Mesa, cada vez que un paramilitar con cierto rango las mandaba a llamar, petición a la que no podía negarse porque las amenazaban con matar a sus familiares.

Muy pocas han denunciado estos delitos y los paramilitares del Frente Mártires del Cesar tampoco los han confesado. En La Mesa las víctimas de diferentes delitos apenas van a comenzar a contar lo que les ocurrió.

Historia de una víctima en Astrea

Diana* es una mujer que fue víctima de violencia sexual ejercida por grupos paramilitares que operaron en el municipio de Astrea, Cesar. Después de muchos años de ocurrido el caso, ella se llenó de valor y acudió a la Organización Víctimas Emprendedoras del municipio de Codazzi, a donde se fue a vivir para rehacer su día. El siguiente es su relato.

“Vivíamos en una vereda en Astrea, en el año 2002, cuando llegaron unos paramilitares. Yo me encontraba con mi mamá y mis dos hermanos. A mi mamá la golpearon y la obligaron a estar con ellos, la violaron, y a mi hermanito de 12 años lo tenían agarrado dos paramilitares y otros me sujetaron a mí. Cuando ellos empezaron a quitarme la ropa a la fuerza, mi hermano mordió a uno de ellos y el tipo lo pateó y otro lo mató de un tiro en la cabeza. Mi mamá empezó a forcejear con ellos y le dieron varios garrotazos hasta que uno de los paramilitares dijo que ya estaba muerta, mientras tanto, ellos continuaban abusando sexualmente de mí.

Mi otro hermano de ocho años estaba escondido y logró huir a una parcela vecina. Los paramilitares me golpearon tan fuerte que perdí el conocimiento, cuando desperté ya se habían ido y al llegar mi hermano junto con otras personas, se dieron cuenta que mi madre aún estaba con vida. La comunidad hizo un hueco en el patio de la casa y enterraron a mi hermanito y sacaron a mi mamá, a mi otro hermano y a mí hacia Astrea, llamaron a unos familiares a Codazzi y nos trasladaron hasta el hospital de allá, donde mi madre falleció. A mí me llevaron al hospital Rosario Pumarejo de López, en Valledupar, donde los médicos decían que no me aseguraban la vida porque había perdido mucha sangre.

Mientras yo estaba hospitalizada, hacían el velorio de mi madre en Codazzi y hasta allá llegaron los paramilitares y se llevaron a mi hermano de ocho años, quien nunca apareció, y le dijeron a las personas que allí se encontraban que el día que yo denunciara me mataban, si era que yo sobrevivía. Lo peor ocurrió cuando mi padre que se encontraba conmigo en el hospital de Valledupar, se enteró de lo que le pasó en el velorio de mi mamá. Se volvió como loco y tomó la triste decisión de salir a buscar a mi hermano en la trocha de Verdecía. Días después apareció muerto.

Cuando salí del hospital me refugié donde una prima hermana que ha sido como una madre para mí, pero no volví a hablar por mucho tiempo. Tuve problemas de lenguaje, no me gustaba hablar con nadie, hasta que un día mi prima conoció a la señora de la Organización de Víctimas y me llevó a que hablara con ella, lo primero que me dijo fue que no tuviera miedo que no estaba sola, que ella me podía ayudar y fue así como apenas este año denuncié todo lo que nos sucedió”. En esta Organización más de 30 mujeres se han unido alrededor de los crueles recuerdos de la guerra y temen denunciar sus casos porque aseguran que sus victimarios andan suelto y cerca de ellas.

Las victimas del frente ‘Juan Andrés Álvarez’

En la zona minera del Cesar, donde tenía dominio el Frente ‘Juan Andrés Álvarez’ de las Auc ocurrieron cientos de casos de abusos sexuales contra las mujeres, pero pocos han sido denunciados, pues las víctimas consideran que “ya todo pasó”, y mucho menos son confesados por los ex paramilitares.

Una de las víctimas contó su historia a VerdadAbierta.com con el compromiso de no revelar su identidad. Su tragedia comenzó el 14 de enero de 2000 en la finca Macondo, trocha de Verdecía, municipio de Codazzi. La afectada relató lo ocurrido.

“Yo me encontraba viviendo con mi compañero en la finca Macondo, pues ese era el sitio de trabajo de mi marido. Tenía tres meses de embarazo y cada 15 días me tocaba salir de compras al pueblo (Codazzi). En una de esas salidas, de regreso para la finca tomé un carro como de costumbre y desafortunadamente el carro se varó a pocos kilómetros de la finca, así que me tocó dejar las compras guardadas en un potrero para ir por mi marido para que él las viniera a buscar.

Cuando iba llagando a la finca cerca al portón me agarraron tres paramilitares y me obligaron a caminar por largo rato hasta llegar a un lugar lejos de la casa de la finca, me maltrataron, me taparon la boca, me decían palabras groseras como “perra hp” y los tres abusaron de mí.

Escuché varias veces mencionar que a uno de ellos le decían ‘El Zángano’. En ese momento, ellos me pegaban fuerte y me repitieron varias veces: “como hables te mueres y a tu marido lo vamos a dejar estampado en la pared”.

Desde ese momento empezaron las humillaciones más grandes de mi vida. Ellos me acercaron hasta un caño cercano a la casa, ahí me dejaron tirada. Me lavé mis partes genitales, trate de fingir para que mi marido no se diera cuenta de lo que me había pasado y  al llegar a la finca él me insistía en que le dijera por qué estaba así arrastrada y con moretones en los brazos y piernas y yo le dije que nos habíamos accidentado y que las compras estaban a un lado de la carretera escondidas en un monte.

Pero esa misma noche el grupo paramilitar llegó a la finca y se quedó supuestamente por órdenes del dueño de la finca, eran más de 600 hombres. Me tocaba atenderlos, ellos se burlaban de mí y en cualquier oportunidad que tenían me decían que el día que hablara de lo sucedido me arrancarían la lengua.

Así dure alrededor de seis meses, ya no tenía vida íntima con mi marido por lo cual me reclamaba y yo no sabía qué decirle, así que tomé la decisión de dejarlo e irme para Codazzi. Tuve una fuerte discusión con él porque me decía que en ese pueblo no había trabajo y que no iba a dejar el que tenía por caprichos míos.

Ese día que discutíamos estaba en la finca alias ‘El Zángano’, se metió en la discusión y preguntó qué pasaba. Mi marido le respondió que yo lo quería dejar porque no quería estar más en el monte, entonces ‘El Zángano’ le dijo: “déjala que se largue, mujeres hay muchas”. Al llegar al pueblo me refugié en la casa de un señor mayor de edad que desde hacía mucho tiempo me había ofrecido su casa ya que el permanecía en el campo.

A los pocos días de estar en Codazzi perdí la memoria, se me adelantó el parto, tuvieron que hacerme una cesárea que se complicó y los médicos decían que podía morir en cualquier momento, pero lograron salvarme la vida y hoy en día tengo problemas de hipertensión, tengo pesadillas y mi hijo tiene problemas psicológicos. Nunca más volví con el padre de mi hijo.

Al año de haber tenido a mi niño logré recuperar la memoria gracias a unos talleres a los que asistía con frecuencia para ayudar a mi bebé porque a él también le dan muchas pesadillas. Ya mi hijo tiene 12 años y en las pesadillas lo que ve es guerra, que matan mucha gente y despierta llorando. Nunca me  atreví a denunciar este hecho hasta hace poco tiempo”.

* Nombres cambiados por razones de seguridad

En los municipios de La Mesa y Astrea, Cesar, los paramilitares fueron inclementes con las mujeres. Muy pocas han confesado los maltratos y sus victimarios se niegan a confesar.

Abusos sexuales de los hombres de Salvatore Mancuso

Los grupos paramilitares dirigidos por Salvatore Mancuso utilizaron la fuerza y las amenazas para abusar sexualmente de las mujeres, muchas de ellas fueron obligadas a convivir y tener hijos con sus victimarios
300-costanorte-vs300-costanorte-vsA las 8 y 30 de mañana del 30 de octubre de 1998, los habitantes de la vereda El Diamante en Tierralta, Córdoba, corrían por las calles del pueblo para huir de un enfrentamiento entre guerrilleros de las Farc y paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc). Diana*, una trabajadora de servicio doméstico, salió por una trocha al borde de una quebrada. Mientras corría, se encontró con una joven de 19 años, ambas continuaron la huida hasta que oscureció.

Cuando las mujeres pensaron que estaban fuera de peligro se encontraron con un grupo de hombres armados, que las amenazaron con matarlas si se resistían a tener sexo con ellos. Primero tomaron a la joven de 19 años, pero ella se opuso y le dispararon, luego tres hombres abusaron sexualmente de Diana y la amenazaron con matarla si denunciaba los hechos.

El de Diana es uno de los 230 casos de abuso sexual que cometieron los hombres de los bloques paramilitares que estuvieron al mando de Salvatore Mancuso y que la Fiscalía presentó ante magistrados de Justicia y Paz contra este ex jefe paramilitar. En total, se registraron 222 mujeres víctimas de esos hechos.

La mayoría de ellas fueron víctimas de integrantes del Bloque Norte de las Auc, grupo armado que hizo presencia en los departamentos de Magdalena, Sucre, La Guajira, Bolívar, Cesar y Atlántico. Seguido del Bloque Catatumbo, la facción paramilitar que Mancuso creó en 1999 en Norte de Santander. La siguiente gráfica muestra el número de víctimas por bloque paramilitar.

 
Las víctimas del Bloque Norte están concentradas en su mayoría en Magdalena: 41 casos ocurrieron en el municipio de Plato, seguido por Santa Marta, donde se reportaron 23 casos. En Norte de Santander el municipio más afectado fue Tibú, donde se conocen 19 hechos.


 
Como en el caso de Diana, las mujeres vivieron la violencia como los demás habitantes: eran desplazadas de sus casas, sus familiares fueron asesinados y  sus hijos reclutados, pero además debían sufrir en silencio las secuelas psicológicas y físicas que se presentaron en más del 90 por ciento de los casos.

 
Según ha documentado la Fiscalía, en el 64 por ciento de los casos los paramilitares utilizaron la fuerza y una de cada tres mujeres fue amenazada. Ni en sus propios hogares podían estar tranquilas. Como muestra la siguiente gráfica, en la mayoría de los casos los ‘paras’ las abordaron en sus casas.

Así le sucedió a Celia*, quien se encontraba en su finca en Plato, Magdalena, cuando al anochecer llegó un grupo de seis paramilitares a su casa y obligaron a su hijo a marcharse con ellos.  “Yo les dije  que para dónde se llevaban  a mi  hijo y ellos me dijeron  que no era conmigo  que me callara la boca, y me amarraron las manos y los pies. Yo les dije que si se lo iban a llevar  que me llevaran  a mí también”, recuerda Celia.

Mientras estaba amarrada, tres hombres la golpearon muy fuerte y abusaron sexualmente de ella. Antes de irse le dijeron que tenía que salir de la vereda con su hijo y la amenazaron diciendo que los podían matar si no lo hacían.

En Magdalena se presentó otro fenómeno: las víctimas fueron obligadas a someterse a cirugías para quedar estériles. Según relataron mujeres afectadas, los paramilitares convocaron a reuniones que dirigía Neyla Alfredina Soto Ruiz, alias ‘Sonia’ o ‘La Sombrerona’, una mujer cercana al jefe paramilitar Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’.

“En una ocasión alias ‘Sonia’ nos dijo que nos teníamos que desconectar (esterilizar) porque andábamos como las burras y las puercas pariendo, que teníamos que hacer lo que ella dijera, de lo contrario se desquitaría con nuestra familia, porque ellos eran la autoridad”, recordó una mujer de la región.

Un carro las recogió a la madrugada siguiente y fueron obligadas a someterse a un procedimiento quirúrgico. Una de las víctimas asegura que luego de esa operación sufrió una enfermedad pélvica. La Fiscalía ha documentado hasta el momento nueve casos de mujeres que fueron obligadas a someterse a estas cirugías y otras siete que fueron forzadas a abortar.

En Norte de Santander los paramilitares usaron los retenes ilegales que se instalaban en las carreteras para abusar de las mujeres. Así le sucedió a Beatriz*, quien en septiembre de 1999 cuando salía de la Gabarra, el bus en el que se transportaba fue detenido por un grupo de por lo menos 15 hombres del recién creado Bloque Catatumbo. Los ‘paras’ obligaron a Beatriz y a otras siete mujeres a bajarse del vehículo y el hombre que estaba al mando dio la orden “de que escogieran a sus mujeres”.

“Me quede bloqueada, solo recuerdo que me llevaron  por un camino y por ahí  abusaron de mí, ahí habían dos cadáveres en descomposición. Me acostaron en un costal de cabuya y me dijeron que tenía que colaborarles que para eso era la mujer”, recordó Beatriz.

Obligadas a vivir con el enemigo

El ente investigador ha encontrado 22 hechos en los que las mujeres, luego de haber sido violadas, fueron forzadas a convivir con su victimario. Así le sucedió a Paloma*, una menor de edad que vivía en la Gabarra, y que era constantemente perseguida por un paramilitar, el hombre le repetía que ella no iba a escapar de él, la situación llegó a tal punto que Paloma prefirió no volver a salir de su casa para no tener que encontrárselo.

Su hermano la acompañaba cuando tenía que salir, pero un día tuvo que caminar sola y pasar frente a una oficina que los paramilitares habían instalado en el pueblo. De inmediato la subieron a una camioneta y la llevaron hasta donde estaba su acosador, el hombre le dijo que quería que ella fuera su mujer y que se relajara, Paloma empezó a llorar y el paramilitar abuso sexualmente de ella. Antes de dejarla ir le advirtió que no podía contarle a nadie lo que había sucedido.

Unos meses después Paloma se enteró que estaba embarazada, el violador le dijo que tenía que tener el hijo y que debía irse a vivir con él a Tibú, ella lo hizo por miedo a que tomaran represalias contra su familia.

Algo similar le ocurrió a Jennifer, una niña de 13 años que vivía en una vereda de Tibú. Una noche un paramilitar que estaba ebrio la llamó y le dijo que se subiera a su moto, la niña se rehusó y le dio una cachetada, el hombre sacó su pistola y empezó a disparar mientras Jennifer huía.

A la mañana siguiente la joven tuvo que huir a Venezuela por miedo a que la mataran. Allá permaneció durante año y medio, y decidió regresar en junio de 2002 a su pueblo cuando pensó que el peligro ya había pasado. Pero una semana después de su llegaba volvió el mismo paramilitar, se le acercó y le dijo que tenía que estar con él a las buenas o a las malas. “Me dijo que si yo no era de él iba a matar a mi hermana”.

Ese mismo día la llevo hasta un campamento paramilitar donde él dormía, la golpeó y la violó. “Así ocurrió durante  todo el tiempo que estuve ahí, a mi hermana le dijo que no se preocupara que  yo estaba bien allá. Yo me resigné”. Jennifer duró en esta situación durante dos años.

Los crímenes sexuales del Bloque Mineros en Ituango

Para combatir a la guerrilla en este municipio del norte de Antioquia  Ituango, los paramilitares no solo desplazaron, asesinaron, masacraron. También violentaron sexualmente a decenas de mujeres con el fin de “humillar al enemigo”.
300-Ituango-vs300-Ituango-vsLos paramilitares del Bloque Mineros de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) que ingresaron a los corregimientos El Aro y La Granja del municipio de Ituango, Norte de Antioquia,  con la intención de “expulsar guerrilleros”, no solo asesinaron campesinos inermes, quemaron viviendas, desaparecieron personas, robaron ganado y desplazaron veredas enteras convirtiéndolas en verdaderos territorios fantasma. También dejaron marcadas profundas heridas de guerra en el cuerpo de las mujeres.

Así lo acaba de demostrar la Fiscalía 15 Delegada ante Justicia y Paz, que gracias a testimonios aportados por un grupo de mujeres oriundas de esa localidad, documentó ocho casos de agresiones sexuales cometidas por los paramilitares que participaron en las tomas a los corregimientos El Aro, ocurrida entre el 22 y el 31 de octubre de 1997, con un saldo trágico de 19 campesinos asesinados, decenas de viviendas incineradas y todo un caserío desplazado; y La Granja, perpetrada entre el 7 y el 14 de agosto de 2002, en la cual perdieron la vida unas 15 personas y que generó el éxodo masivo de por lo menos 300 personas.

En ambas incursiones y valiéndose del temor que producía en la población su presencia armada, convirtieron el cuerpo de las mujeres en botines de guerra tras violentarlas sexualmente bajo el supuesto de que “eran compañeras sentimentales de los guerrilleros”.

Según la Fiscalía 15, esa práctica encerraba un mensaje perverso: “mostrarle al enemigo hasta dónde llegaba el poder de dominación en su propio territorio, era una conducta que buscaba denigrar, humillar”.

Los casos fueron presentados por el Ente acusador durante la audiencia de imputación que se adelantó en la ciudad de Medellín contra el máximo comandante del Bloque Mineros, Ramiro Vanoy Murillo, alias ‘Cuco Vanoy’,  quien si bien admitió desde su sitio de reclusión en los Estados Unidos haber dado la orden a sus tropas para que ingresaran a los corregimientos La Granja y El Aro de Ituango para “dar de baja guerrilleros”, también aseguró no haber impartido instrucciones a sus hombres para que cometieran este tipo de vejámenes, catalogados como crímenes de guerra y que según este jefe paramilitar, eran prácticas proscritas al interior del Bloque Mineros y, más aún, castigadas con pena de muerte a quien las cometiera.

“Yo di la orden de que incursionaran en Ituango, eran mis hombres, acepto la responsabilidad por línea de mando”, reconoció alias ‘Cuco Vanoy’ ante fiscales de Justicia y Paz.

Una jornada de horror

Los testimonios recopilados por la Fiscalía muestran que las mujeres de Ituango padecieron su propio infierno durante los días que duraron las incursiones paramilitares a La Granja y El Aro. Prueba de ello es la historia de Alba*. El 25 de octubre de 1997, mientras el comando paramilitar que había llegado al corregimiento El Aro proveniente de Puerto Valdivia (Norte de Antioquia) sacaba a punta de fusil a varios hombres de sus viviendas y saqueaban otras tantas, tres paramilitares se dirigieron a una casa.

Allí hallaron a dos mujeres que se escondían junto con sus pequeños hijos en una de las habitaciones. Junto con ellas estaba Alba, quien para aquel entonces no había cumplido la mayoría de edad. Al verla sola, los paramilitares la obligaron a salir del cuarto. Una vez afuera, comenzó el ultraje que solo se detuvo tras una fuerte explosión que sacudió al caserío y obligó a los hombres armados a salir de aquella casa.

Igual suerte corrió Beatriz*. En su relato cuenta que al segundo día de la ocupación paramilitar en El Aro, uno de los hombres con mando y poder sobre la tropa fue hasta su casa y le pidió que la acompañara hasta una vivienda desocupada, donde estaban otros tres hombres. Al regresar a su residencia, luego de ser violentada sexualmente en repetidas ocasiones, guardó un profundo silencio, que solo se atrevió a romper recientemente.

Paradójicamente, los casi 150 hombres de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu) que participaron en lo que se conoce como la masacre de El Aro, recibieron un reconocimiento por parte de Salvatore Mancuso y Ramiro Vanoy, los comandantes paramilitares que planearon la incursión, por el éxito del operativo.

Por este hecho, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) obligó al Estado colombiano, en decisión del primero de julio de 2006, a pagar una indemnización cercana a los 3.400 millones de pesos a favor de 123 familiares de víctimas de la masacre; ordenó rendir un homenaje público y perseguir a los responsables de este atroz crimen, luego de que el organismo de justicia internacional hallara responsable al Estado, por acción y omisión, “en la violación al derecho a la vida, la integridad personal, la libertad, la propiedad privada, la circulación y la residencia”.

No obstante lo anterior, solo hasta septiembre de 2012 la Fiscalía de Justicia y Paz logró imputarle a alias ‘Cuco Vanoy’ delitos relacionados directamente con la masacre de El Aro, entre ellos homicidio en persona protegida con fines terroristas, tortura, desaparición forzada, desplazamiento forzado, secuestro simple y hurto calificado. Quienes padecieron agresiones sexuales en aquel cruento ataque esperan que sus crímenes no queden en la impunidad.

Violencia indiscriminada

Claro que lo mismo esperan las víctimas de la incursión al corregimiento La Granja, que tuvo lugar entre el 7 y el 14 de agosto de 2002. 

Según lo ha documentado el Ente investigador, los primeros días del mes de agosto de ese año, unos 300 hombres del Bloque Mineros partieron desde el corregimiento La Caucana, Tarazá, con la intención de hacer replegar a la guerrilla de las Farc que por aquel entonces había tomado posiciones estratégicas en zonas enclavadas en el Parque Nacional Nudo del Paramillo, donde se encuentra La Granja.

A su paso por las veredas, los paramilitares fueron cometiendo una serie de homicidios selectivos, saqueos indiscriminados y retenciones ilegales que generaron desplazamientos masivos. Lo que comienza a emerger ahora, 10 años después de los hechos, es que en dicho recorrido mortal se cometieron aberrantes agresiones sexuales. Las víctimas fueron amenazadas para que guardaran silencio o, en el peor de los casos, fueron asesinadas.

Tal es el caso de Cecilia*, quien fue asesinada el primero de octubre de 2002. Ese día, el comando paramilitar que un mes atrás se había adentrado hasta la profundidad del Nudo del Paramillo regresaba al corregimiento La Caucana. Al pasar por el paraje conocido como Cañón del Socorro, esta mujer y su familia, al sentir la presencia de los hombres armados, huyeron de su vivienda y buscaron refugio en zona boscosa.

Pero la fortuna no estaba de su parte ese día. En el intento de la familia por huir se toparon con los paramilitares, quienes no solo abusaron sexualmente de Cecilia delante de su familia sino que, además, fue asesinada y arrojada por una pendiente mientras sus parientes era obligados a abandonar el lugar. Aún hoy se desconoce el sitio exacto donde reposa el cuerpo de la mujer.

Este es uno de los cuatro casos conocidos por la Fiscalía 15 que fueron cometidos durante la incursión armada de agosto de 2002. Sin embargo, los indicios indican que, frente a la violencia sexual, existe un gran subregistro.

En meses pasados, ese mismo despacho presentó ante el Tribunal de Justicia y Paz de Medellín una serie de casos de agresiones sexuales cometidos por los miembros del Bloque Mineros en los municipios de Tarazá y Cáceres, Bajo Cauca antioqueño. En esa audiencia, una de las víctimas le relató a VerdadAbierta.com que la dificultad para que las mujeres denuncien radica en que muchas ya rehicieron sus vidas, dejaron atrás lo sucedido y han formado familias. “Ellas no quieren que sus esposos e hijos se enteren de lo que les pasó”.

Por ahora, mientras las víctimas vencen sus temores, los investigadores judiciales avanzan en sus indagaciones y unos y otros esperan que los postulados a los beneficios de la Ley de Justicia y Paz realmente aporten al esclarecimiento de los crímenes relacionados con la violencia sexual, pues hasta ahora los avances han sido pocos.


Mujeres de Arauca: torturadas y esclavizadas

Los abusos sexuales y la servidumbre fueron una práctica que utilizaron los miembros del Bloque Vencedores contra las mujeres de Arauca. La Fiscalía imputó 12 de estos hechos.

300-arauca300-araucaLos casos expuestos por la Fiscalía 22 Delegada ante Justicia y Paz e imputados al comandante paramilitar de ese grupo, Miguel Ángel Mejía Múnera, alias ‘El Mellizo’, y a varios de sus hombres, revelan prácticas perversas en contra de las mujeres en desarrollo de la confrontación armada.

Uno de los hechos documentados es el de Olga*, de 20 años de edad, quien viajaba desde Yopal a Tame para visitar a sus padres en junio de 2004. El bus en el que se transportaba fue interceptado por paramilitares, quienes se fijaron en esta mujer, la interrogaron, le preguntaron si era informante del Ejército o esposa de un guerrillero y, ante sus respuestas negativas, la retuvieron.

La mujer fue amordazada y trasladada a una zona cercana al río Casanare, donde la presentaron ante el jefe paramilitar de la zona, Alexander Acosta, alias ‘Polocho’, quien al saber que ella conocía la zona ordenó que fuera llevada ante el grupo que operaba en Puerto Gaitán y les sirviera de guía.

La joven relató que en ese poblado la presentaron ante Giovanni Contreras, alias ‘El Enano’, quien le aseguró que la salvó, pues habían ordenado su muerte. Al mismo tiempo la amenazó diciéndole que debía ser su compañera sentimental o, de lo contrario, quedaría “a merced de los otros integrantes del grupo”.

La mujer contó que durante su retención fue obligada a tener relaciones sexuales con alias ‘El Enano’. También padeció los abusos de un paramilitar identificado con el alias de ‘El Paramédico’. Solo hasta un mes después de su rapto pudo avisarles a sus padres en Tame que estaba con vida.

Una vez se desmovilizó el grupo, el 23 de diciembre de 2005, la mujer quedó en libertad, pero siguió ligada sentimentalmente a alias ‘El Enano’. El 24 de julio de 2006, durante los controles médicos de su embarazo, le fue detectado el virus del Sida. Su compañero la habría contagiado. El paramilitar murió en el hospital de Kennedy, en Bogotá, el 13 de diciembre de 2008.

Torturas y abusos para callar la verdad

Victoria*, una periodista de 44 años, fue desplazada de Arauca junto con su familia. Los paramilitares la torturaron, violaron y amenazaron. Los integrantes del Bloque Vencedores de Arauca buscaban que les revelara datos de sus investigaciones y sus fuentes. La mujer y su esposo eran propietarios de un medio local.

Una noche de noviembre de 2003 Victoria se encontraba en su casa con su pequeña hija y la empleada del servicio. Un hombre tocó la puerta y le pidió que abriera. Al ver que ella se negó, tres desconocidos treparon un muro y entraron por el patio de la edificación.

Mientras su empleada pudo resguardarse con la niña en un cuarto, los paramilitares golpeaban a la comunicadora. Luego, uno de los atacantes la amarró de un palo en el patio de la casa, le puso una cinta en la boca y una pañoleta en los ojos.

La víctima relató que uno de los hombres le empezó a preguntar por los documentos que había recolectado durante su labor periodística, revisaron las publicaciones del medio, indagaron sobre sus fuentes y nombres de guerrilleros, “intentado buscar personas del grupo enemigo”.

Ante la negativa de la mujer a las exigencias de los paramilitares, uno de ellos la desnudó, la besó y le tocó abusivamente varias partes del cuerpo; también le cortó el labio superior y una de sus mejillas. Victoria fue torturada durante siete horas. Meses después, el comandante paramilitar ‘Monoguerrillo’ la llamó para decirle que debía abandonar el municipio.

Extorsionadas y abusadas

Alguno postulados a los beneficios de la Ley de Justicia y Paz del Bloque Vencedores de Arauca confesaron varios secuestros y abusos sexuales de mujeres que eran víctimas de extorsión o que alguno de sus familiares no hacía los pagos exigidos por este grupo armado ilegal.

Una de las víctimas es Cristina*, de 19 años, quien al momento de los hechos cursaba décimo grado. En marzo de 2004 los paramilitares  la retuvieron porque sus padres, dueños de un restaurante, no pagaron las extorsiones. La joven fue amarrada a un palo del patio de su casa y al segundo día de estar allí fue abusada por un hombre identificado como ‘Orlando’. Al tercer día los ilegales se reunieron con su padre y la dejaron en libertad.

Un hecho similar ocurrió con Claudia*, una comerciante de ganado y caballos. El 23 de diciembre de 2003 se dirigía de Tame a Puerto Rondón para transportar unas reses y fue interceptada por miembros de las autodefensas que le exigieron pagar una ‘vacuna’ de $250.000, ella se negó argumentando que ya había entregado esa suma cuando salía de Tame.

Los paramilitares le ordenaron que les entregará a cambio las 26 reses que iba a recoger en Puerto Rondón. Claudia les entregó el ganado y fue llevada hasta Puerto Gaitán, a un campamento del Bloque Vencedores de Arauca, cuando estaba rodeada de varios hombres fue obligada a caminar desnuda delante de todos. Durante los cuatro días que estuvo retenida recibió choques eléctricos en sus genitales.

Claudia relató que logró huir cuando le pidió permiso a sus captores para ir al casco urbano con la condición de que regresaría. La mujer salió desplazada del departamento. Días más tarde los paramilitares empezaron a buscarla y amenazaron a una de sus hermanas si no regresaba, la familiar de Claudia también se desplazó.   

Agresiones y servidumbre

El dominio que ejercía el Bloque Vencedores de Arauca sobre los pobladores en aquellas zonas bajo su control era utilizado para satisfacer los apetitos sexuales de sus hombres.

La historia de Adriana* revela esa imposición perversa de la guerra. La noche del 8 de diciembre de 2002, ella se encontraba durmiendo con su esposo en su vivienda, ubicada en la vereda Feliciano, de Arauca. El hoy postulado, Domingo Garcés, quien estaba embriagado, irrumpió en esa casa sosteniendo una botella de cerveza en una de sus manos y en la otra una granada. Obligó al marido a salir de la vivienda. La mujer se enfrentó a Garcés, pero el hombre la desnudó y la accedió carnalmente. En el forcejeo el agresor perdió el explosivo.

La mujer comentó lo sucedido al ex jefe paramilitar ‘Martín’. No obstante, a la semana siguiente este hombre envió a un grupo de mujeres conocidas como ‘Las Paracas’ y a otros miembros del bloque para que golpearan a Adriana y a su esposo. La pareja también fue agredida con un machete. Adriana se desplazó del pueblo. Las intimidaciones de los paramilitares se convirtieron en uno de los motivos de la separación con su esposo.

Otra de las prácticas confesadas por ex combatientes de este grupo armado ilegal fue la retención de trabajadoras de las haciendas donde establecían sus campamentos, para obligarlas a hacer trabajos domésticos.

Uno de los casos ocurrió el 22 de junio de 2005, cuando un grupo de paramilitares ocupó el puesto de salud de la vereda Feliciano. Los hombres llegaron encapuchados, luego fueron hasta la casa de la enfermera y la retuvieron. Durante la noche la acusaron de atender a guerrilleros heridos, la amenazaron con cortarle las manos y la agredieron con un machete a ‘planazos’.

Un ex paramilitar, conocido con el alias de ‘Mario’ le pegó en la cara con una pistola y le rompió uno de sus labios. Estos golpes le ocasionaron una incapacidad permanente en su rostro. Jorge Luis Gómez Narváez, alias ‘Noriega’, le impidió salir de la vereda.

La mujer, de 58 años de edad, indicó que los paramilitares desmantelaron el puesto de salud, se robaron varios aparatos médicos y utilizaron las sábanas para limpiar los fusiles y sus botas. Durante la ocupación del lugar, también llevaron prostitutas. La enfermera fue obligada a hacer la limpieza y relató que casi todos los días debía “recoger preservativos del piso”.

El centro de salud permaneció cerrado hasta el año 2004, cuando uno de los jefes paramilitares y sus escoltas fueron detenidos. La enfermera aprovechó para huir hacia el casco urbano de Arauca.

Otro caso de servidumbre fue el de Patricia*, una mujer de origen ecuatoriano, y su hija Adriana*, quienes fueron obligadas a trabajar en oficios domésticos para los paramilitares en una finca de Tame. Ambos casos se presentaron en años diferentes, pero en la misma propiedad.

La madre, de 41 años, debía lavar, cocinar y coser los uniformes de los integrantes del Bloque Vencedores de Arauca que habían establecido allí una de sus bases militares desde enero de 2001. Patricia era custodiada todo el tiempo por dos hombres y pudo huir del lugar en diciembre de ese mismo año, cuando inventó que debía viajar a Ecuador porque su madre estaba muy enferma.

Su hija Adriana, de 23 años, fue obligada a trabajar para los paramilitares en agosto de 2004, cuando éstos volvieron a ocupar la propiedad. Ella tenía seis meses de embarazo y debía cumplir con las mismas labores de su mamá. Tras una semana de permanencia de los paramilitares en el lugar, Adriana tuvo problemas de salud y debió salir de la finca y luego de tener a su hijo se desplazó de Arauca.

Los pecados de guerra del Bloque Élmer Cárdenas

En las zonas donde tuvo fuerte injerencia este grupo armado ilegal, sus integrantes aprovecharon su posición de poder para cometer toda clase de abusos, violencias y vejámenes contra las mujeres.

300-uraba-vsConsuelo* la vida le cambió una tarde de agosto de 2002, cuando a su finca, ubicada en zona rural del departamento de Boyacá, ingresó un grupo de paramilitares del Bloque Élmer Cárdenas de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc).

Ni las súplicas ni el llanto desgarrador de su madre, quien se encontraba en la casa en ese momento, pudieron evitar que el comando armado se la llevara a la fuerza con rumbo al departamento de Cundinamarca, hasta donde este grupo paramilitar había extendido sus operaciones por órdenes del entonces comandante de las Auc, Carlos Castaño Gil.

Para aquel entonces la joven aún no había alcanzado la mayoría de edad. Pero ello no fue impedimento para que alias ‘César’,  jefe de las tropas en la zona, la obligara a cocinarle a los paramilitares, lavar sus uniformes y su material de intendencia, empuñara un fusil, aprendiera a manejarlo y participara en los operativos destinados a “combatir al enemigo”.

Las obligaciones de Consuelo se extendieron al campo de la intimidad. Valiéndose de su posición de poder, alias ‘César’ la convirtió en su esclava doméstica y sexual. De esta convivencia forzada nació un niño, que el propio ‘César’ se encargó de llevarlo al municipio de Arboletes, Urabá antioqueño. La joven, por su parte, fue trasladada al Urabá chocoano, donde terminaría desmovilizándose como integrante del Élmer Cárdenas el 15 de agosto de 2006.

Años después, esta joven decidió contarle su historia a la justicia y hoy hace parte de los 14 casos de violencia basada en género que la Fiscalía 48 Delegada ante Justicia y Paz le imputó a Fredy Rendón Herrera, alias ‘El Alemán’, quien fuera máximo comandante de esta estructura paramilitar que operó en amplias zonas del norte del Urabá antioqueño y chocoano, así como en Boyacá y Cundinamarca.

Se trata de los primeros hechos de violencia sexual que se le imputan a este exjefe paramilitar, a quien también se le responsabilizó de 915 casos de desplazamiento forzado, 55 desapariciones forzadas y 12 casos de reclutamientos forzados.


Pocos registros

De acuerdo con este despacho, la falta de denuncias por parte de víctimas directas, que en muchos casos prefieren ocultar sus historias por miedo o pudor, sumado a las pocas confesiones  sobre violencia sexual hechas por los postulados de este bloque a los beneficios de Justicia y Paz, han impedido documentar muchos más casos de este delito, priorizado en este proceso de justicia transicional junto con el desplazamiento, la desaparición forzada, el homicidio y el reclutamiento forzado.

Con todo y ello, los investigadores judiciales señalaron que el estudio de los 14 casos imputados a Rendón Herrera permite concluir que si bien no era parte de la política del Bloque ejercer violencia sexual contra las mujeres en los territorios donde hicieron presencia, muchos de sus miembros, valiéndose de la posición de poder que les confería portar un arma, vestir camuflado y ser autoridad, cometieron toda clase de vejámenes y ultrajes contra la población femenina.

“Efectivamente, dentro de los estatutos del Bloque no aparece ninguna referencia de recurrir a la violencia sexual en los territorios donde se asentara la estructura paramilitar, pero tampoco aparece una línea donde se le imponga un castigo al miembro del Élmer Cárdenas que incurriera en esta práctica. De hecho, se conocen solo dos casos de ajusticiamiento de integrantes de este bloque que incurrieron en delitos sexuales: uno en Juradó (Chocó) y otro en Dabeiba (Antioquia)”, reveló el titular de este despachó.

Según lo mencionado por el funcionario judicial, “entre las motivaciones para cometer este ilícito se encontraron, entre otras, la presunta vinculación con el bando contrario y, en un porcentaje aún mayor, el abuso por cuenta del estatus de poder que ostentaban los miembros de la organización en sus zonas de injerencia”. Asimismo, el fiscal agregó que varios de los casos recopilados, cometidos en su gran mayoría en el departamento del Chocó, conllevan además otros delitos como el reclutamiento forzado, el desplazamiento forzado y el homicidio.

Tal es el caso de Verónica*, víctima de reclutamiento forzado y acoso sexual. Su historia se remonta al mes de junio de 2003. Cansada del maltrato de su padrastro, la joven, que para ese entonces no llegaba a los 16 años, decidió refugiarse en casa de una amiga, en zona rural del municipio de Riosucio, Chocó.

Semanas después conocería a un miembro del Bloque Élmer Cárdenas, que para esos años tenía un fuerte dominio del Bajo Atrato Chocoano, quien terminaría invitándola a unirse a las filas del paramilitarismo. Una vez en el campamento recibió entrenamiento militar y le fueron encomendadas tareas de patrullaje. Pero también debió soportar maltratos físicos y un fuerte acoso sexual, dada su condición de mujer.  

Sus negativas a las pretensiones masculinas eran castigadas con más trabajo, más maltrato físico, más insultos. Hasta que un día fue violentada sexualmente por uno de sus comandantes. La joven hizo parte de esta estructura paramilitar hasta septiembre de 2004, cuando fue enviada a su lugar de origen por orden de sus superiores. Según le relató a la Fiscalía, en su memoria aún permanece vivo el recuerdo del maltrato y el acoso del que fue objeto mientras integró las huestes paramilitares.

Ejercicio de poder

Otro de los casos que evidencia el abuso de poder en el que incurrieron los paramilitares bajo el mando de ‘El Alemán’, es el de Doris*.  Una noche de mediados de mayo de 1997, la mujer se encontraba en una de las tiendas del casco urbano del municipio de Acandí, Chocó. Estando allí fue abordada por un reconocido paramilitar conocido con el alias de ‘Serrucho’, quien le dio un ultimátum: si no se presentaba al otro día en una casa en la playa que servía de base a los paramilitares su hermano sería asesinado.

Sin más opciones, la mujer acudió  a la cita, sabiendo lo que le esperaba. Además del ultraje del que fue víctima, alias ‘Serrucho’ la amenazó de muerte si llegaba a denunciar el hecho. La situación se repetiría durante los tres meses siguientes. Doris quedó en embarazo pero fue obligada a abortar al cuarto mes de gestación por orden del paramilitar.

En otros casos, las víctimas debieron desplazarse forzosamente luego de ser violentadas sexualmente. A Marta*, por ejemplo, le tocó abandonar su natal Juradó, Chocó, una día de mayo de 1997 luego de que un integrante del Élmer Cárdenas abusara sexualmente de ella. Según lo relató a la justicia, un día antes de su éxodo se encontraba departiendo en un establecimiento nocturno del pueblo cuando un reconocido paramilitar la invitó a un trago.

Ella se negó, pero éste la tomó por la fuerza y en compañía de otros dos hombres la condujo hasta unas residencias, donde la amenazó con arma blanca y la violentó sexualmente. Para evitar ser delatado, el paramilitar la buscó por todo el pueblo para asesinarla, pero no la encontró. La mujer había huido del pueblo.

Si bien los casos presentados revelan un riguroso ejercicio de documentación, en la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín, existe preocupación por el bajo número de casos de violencia sexual presentados hasta el momento. Así lo hizo saber el Magistrado con función de Control de Garantías, quien señaló que 14 casos no es un universo representativo para presentarlo como un patrón de macrocriminalidad.

Por ello, pidió a la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía superar todas las falencias que se presentan en la investigación de crímenes sexuales pues a su juicio, en su afán de mostrar resultadas el Ente Investigador le está haciendo un flaco servicio a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas.

Los castigos contra las mujeres en Puerto Gaitán, Meta

Los hombres de ‘Guillermo Torres’ sacaron a las niñas de sus casas y las obligaban a trabajar. Algunas fueron prostituidas y a otras las raparon por no seguir las “reglas” de los paramilitares.

300-puetogaitan-vs“Yo lo odio y siempre lo odiaré. No sé con qué cara viene usted y dice que no me violó, si por lo que usted y los demás me hicieron es que hoy estoy metida en este mundo de la prostitución”, dijo María*, una de las mujeres que llegó hasta Villavicencio para encontrarse en una audiencia con el ex paramilitar Rafael Salgado Merchán, alías 'Águila', su victimario.

María relató que fue raptada por un grupo paramilitar con la excusa de que su mamá la había entregado a ‘Los Carranceros’, nombre con el que se conoce a las Autodefensas Campesinas del Meta y Vichada. Su mamá, que estaba presente en la audiencia, dijo entre llantos que eso no era cierto y que sufrió con la ausencia de su hija tanto como hoy sufre cada vez que su hija vuelve al negocio de la prostitución.

Según lo ha documentado la Fiscalía, decenas de mujeres fueron secuestradas por los hombres de José Baldomero Linares, alias ‘Guillermo Torres’, jefe de ‘Los Carranceros’.  Las llevaban a fincas y las obligaban a trabajar en labores del campo: las hacían cargar piedras de camiones, arreglar carreteras, hacer puentes, tapar huecos y limpiar las calles. Esto a la vista de toda la comunidad, incluso, algunas portaban carteleras donde decía que estaban “castigadas por las Autodefensas”.

Los maltratos podían incluso durar meses. Según una investigación de la Procuraduría General de la Nación, a algunas de estas mujeres las llevaron hasta los laboratorios de coca: en el día las obligaron a trabajar por largos periodos al tiempo y  en  las noches eran violadas por varios de los paramilitares.  

“Don Guillermo y sus hombres se llevaban a las niñas de los colegios y de los barrios, entraban a las casas y las raptaban delante de sus padres, se las llevaban para los campamentos, a tener sexo con uno o con veinte, a lavarles y a cocinarles, y también a trabajarles en las cocinas (de coca)”, dice uno de los testimonios recogidos por los investigadores de la Procuraduría.

Otra práctica común entre los paramilitares era dejar calvas a las niñas. Según ‘Guillermo Torres’  rapaban a las mujeres que llegaban tarde a sus casas, las que se “metían en chismes” y las que “no respetaban las leyes de la organización”.  (Ver: Las calvas de Puerto Gaitán http://www.verdadabierta.com/justicia-y-paz/3035)

Según han relatado las pocas víctimas de Puerto Gaitán que se han acercado a los fiscales de Justicia y Paz, estar calvas les generó un estigma que aún la gente del pueblo recuerda.  Una de las mujeres entrevistada por la Fiscalía contó: “Me daba pena volver al pueblo, me decían callejera, me discriminaban. Eso dañó mis estudios, mi reputación, quedé como algo de lo peor. Terminé mi relación con un muchacho, mi amigos se alejaron, pensaban que yo estaba castigada, nadie quería salir conmigo”.  

Otras investigaciones señalan que a causa de los múltiples abusos contra las mujeres, en el año 2000 muchos paramilitares y sus víctimas resultaron contagiados con el virus del Sida. Entonces los ‘paras’ obligaron a las mujeres a realizarse exámenes de sangre y a las que les salía positivo eran rapadas.

Algunas mujeres se escondieron y nunca fueron a un hospital por miedo a las represalias que podían tomar los paramilitares. Según la investigación de la Procuraduría, muchas de ellas continúan en el pueblo y hoy se encuentran en estado terminal porque nunca recibieron tratamiento médico.

El miedo persiste 

María tuvo el valor de enfrentarse a su victimario, pero como ella misma contó, dos de sus compañeras pasaron por lo mismo y decidieron no asistir a la audiencia porque aún sentían miedo de contar sus historias.

La Procuraduría en su informe hace énfasis en que aún hoy las mujeres no  se atreven a denunciar. Muchas aseguran que temen porque algunos de los paramilitares que se desmovilizaron con ‘Los Carranceros’, y otro que no lo hicieron, continúan en la zona. Según reportes de la  Defensoría del Pueblo, las trabajadoras sexuales son todavía obligadas a hacerse exámenes de VIH Sida.

Según el Ministerio Público una de las mayores preocupaciones es que las actuales autoridades locales de Puerto Gaitán son personas que, según las versiones de los desmovilizados, estuvieron relacionadas con estos crímenes.

‘Guillermo Torres’ ha dicho en sus versiones libres que lo que le hicieron a las mujeres contó con el visto bueno del personero municipal, el comandante de la Policía y la fiscal de Puerto Gaitán. El entonces personero, Édgar Silva González, reconoció en una entrevista que para la época era común que se aplicaran ese tipo de castigos. Silva es actualmente el alcalde de Puerto Gaitán.

 Sin opciones ante la arremetida paramilitar

La Fiscalía reveló las circunstancias en las que Éver Veloza García y sus hombres cometieron abusos sexuales contra 42 mujeres en los departamentos de Antioquia, Cauca y Valle.

violencia-sexual-300x200Los testimonios de las mujeres que fueron obligadas por los paramilitares de los bloques Bananero y Calima de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) a ser sus parejas sentimentales revelan un objetivo en común: todas se vieron obligadas a decir sí a sus pretensiones para sobrevivir. No había otra opción ante la arremetida armada.

Los relatos de las víctimas y las confesiones de los ex paramilitares postulados a la Ley 975, llamada de Justicia y Paz, permitieron que fiscales le imputara ante magistrados de control de garantías numerosos casos de violencia sexual a Hebert Veloza García, alias ‘HH’, comandante de esos dos bloques paramilitares y a 42 de los hombres bajo su mando.

En total fueron 45 casos, de los cuales se imputaron 41 hechos con 42 víctimas perpetrados en los departamentos de Antioquia, Valle y Cauca. El período en el que fueron cometidos va desde el 1 de enero de 1995 hasta el 18 de diciembre de 2004.

José Joaquín Arias García, fiscal 18 de la Unidad Satélite de Justicia y Paz de Cali, indicó que estos delitos fueron cometidos contra las mujeres que habitaban las poblaciones donde Veloza y sus hombres ejercían control territorial y social. El funcionario señaló que esta no fue una política que estaba "escrita" dentro de la organización, pero sí se convirtió en una conducta que muchos de los subalternos y comandantes ejercieron.

Los hechos expuestos por el ente acusador muestran que los paramilitares no sólo obligaron a algunas mujeres –menores de edad y adultas- a que fueran sus parejas, también las usaron como esclavas para que les lavaran sus uniformes, les plancharan o les hicieran de comer. Otras de las víctimas fueron estigmatizadas como guerrilleras o auxiliadoras del bando enemigo, torturadas y abusadas delante de sus hijos durante las incursiones. La Fiscalía también encontró casos en los que las mismas integrantes de las autodefensas eran accedidas sexualmente dentro de las mismas filas.

El abuso o la muerte

Testimonios de algunas mujeres víctimas revelan cómo se vieron obligadas a decir sí a las pretensiones de los paramilitares para sobrevivir. Un caso que ilustra esta situación ocurrió en el corregimiento San Miguel, en Buenos Aires, Cauca. El 30 de junio de 2000 cerca de 200 integrantes del Bloque Calima llegaron a esa zona. El control social inició con las restricciones en el acceso de alimentos y cometieron asesinatos selectivos a quienes consideraban opositores o miembros de la guerrilla.

Los paramilitares se instalaron en algunas de las viviendas de las víctimas. Las mujeres fueron obligadas a realizar actividades domésticas. "Ellos me decían que les lavara los uniformes, que les planchara, que les cocinara sin que me pagaran por eso", relató una de las víctimas.

El grupo ilegal permaneció durante tres años en el corregimiento. Una mujer del lugar, que fue la pareja de un comandante identificado con el alias de ‘Clavijo’, relató que tuvo que terminar la relación que tenía con su compañero sentimental cuando llegaron los integrantes del Bloque Calima.

"'Clavijo' mandó a la escolta de él -unos cuatro hombres- a recogerme donde yo vivía. Eran más o menos las 9 de la noche. No recuerdo la fecha exacta. Me dijeron que el comandante había mandado por mí. Yo sabía para qué me llamaba. Yo no estaba enamorada de él, porque ni lo conocía. Pero fui porque sabía que había opción de librarse. Y ahora pienso que fue una estrategia de supervivencia mía, pues en ese momento pensé que era mejor que el comandante se fijara en mí, y no quedara a merced de la cantidad de hombres que estaban en la vereda. Pues eran tantos los hombres y tan pocas las mujeres que era algo que no podía a evitar.

Cuando llegué estaban 'Percherón' con sus escuadras, es decir, había unos 30 hombres incluyendo la escuadra de 'Clavijo'. Al llegar me saludaron y me invitaron a pasar a un cuarto. Nos quedamos solos 'Percherón', 'Clavijo' y yo. Allá estuvimos unas dos horas. Ellos estaban tomando. Me sentí como si yo fuera una dama de compañía. Pues ellos conversaban entre ellos. Yo no quise tomar, aunque ellos me ofrecían trago. Luego 'Percherón' se fue como a las dos horas y me dejó sola con 'Clavijo'. Pude notar que ‘Clavijo’ estaba desinhibido por los tragos. El me abordó y yo ya supe que iba a pasar y no opuse resistencia. Durante la relación sexual me sentí usada porque yo no sentía nada". La víctima narró que en el corregimiento comenzaron a "estigmatizarla", pues la llamaban la 'doña' o la 'señora del comandante'.

Aunque los paramilitares han manifestado de manera reiterada que las relaciones sexuales fueron consentidas por las víctimas, el fiscal manifestó que no se podía hablar de consentimiento cuando los miembros del grupo ilegal ejercían el poder de las armas en el territorio.

Menor abusada

Los paramilitares también abusaron de menores de edad. Uno de los casos ocurrió en la vereda San Vicente, municipio de Dagua, Valle del Cauca. Para el 13 de septiembre de 2001 la niña, de 13 años de edad, comenzó a ser perseguida por uno de los comandantes de la zona identificado como 'Álex Putumayo'. Primero la abordó una mujer en la calle diciéndole que el paramilitar "le enviaba saludes". Al día siguiente, cuando ella regresaba del colegio, 'Álex Putumayo' le mostró un revólver y la obligó a subirse a su moto. Luego la llevó hasta la casa.

"Cuando llegué a mi casa, fui hasta donde mi mamá, la abracé y me puse a llorar. Me preguntó que qué me pasó y él estaba afuera escuchando. Le dije que él me estaba amenazando y que quería que yo fuera su novia. Y se entró a la casa y dijo: ella tiene que ser mi novia gústele a quien le guste. Y yo lloré y lloré cuando dijo: y no vayan a hablar con la Policía porque vengo y mato a tu mamá", relató la menor.

A las 10 de la mañana del día siguiente, 'Álex Putumayo' ingresó a la escuela donde estudiaba la menor, quien cursaba tercero de primaria. Primero le dijo al portero que llevaba un yogur para la niña, pero al ver la negativa del vigilante lo amenazó con el arma. El hombre fue hasta el salón donde estaba la menor. "La profesora gritó, ‘¡allá viene ese señor!’. Todos tratamos de escondernos y yo corrí a esconderme detrás de la profesora. Él sacó el revólver y dijo yo voy a llevarme a esta niña. La profesora dijo ‘no te la lleves’, pero por encima de ella me sacó jalada", según la narración que le hizo la niña a la Fiscalía.

Desde ese momento el hombre la dejó encerrada en una casa que no tenía ningún mueble. Lo único que tenía la menor era su ropa, que el hombre le había quitado a la madre de la niña bajo amenazas.

"Cuando volvió me violó. Después se fue y me dejó encerrada sin comida. Yo lloraba, agachada, sentía que me quitó lo que uno más cuida. A las tres horas regresó con cajas de comida, porque él tenía contactos con restaurantes, y trajo una estufa como quien dice se tiene que poner a cocinar. Y yo no podía comer de verme así toda destrozada. Él me decía, tienes que comer, porque de ahora en adelante vas a tener que cocinar vos. Me decía: ‘cociná que yo ya vengo a comer’. Y yo no sabía qué hacer. Hice unas habichuelas. Yo siempre había sido estudiante, entonces como eso quedó salado y crudo, me pegó puños y patadas, e hizo lo que quiso conmigo", narró la víctima, quien recuerda que cada vez que el hombre salía cerraba con llave la puerta de la casa.

La menor contó que a los únicos que veía era a otros paramilitares que llegaban a la vivienda. "Una vez entró alias ‘El Chacal’ y otro de nombre Alex, que le decían alias ‘El Mono’. Y dijeron: ‘viejo, vamos a hacer una vuelta. Se encerraron a limpiar las armas. Cuando se fueron vi por un huequito del vidrio de una ventana y se subieron en una camioneta blanca. Y yo pensé que podría salirme y me di cuenta que me habían dejado encerrada con candado. Se fueron como a las 5. Y esperé como hasta la medianoche. Yo decía dentro de mí, cuándo vendrá otra vez a atormentarme. Amaneció y él no llegaba. Tocaron la puerta, pero hubo que llamar al dueño de la casa para que abriera la puerta. El que tocó era un muchacho del barrio que decía que habían matado a ‘Alex Putumayo’. Yo estaba en pijama, me cambié emocionada. Yo ese día volví a las manos de mi mamá. Ese día ella me dijo que me iba a hacer una prueba de embarazo para saber si podía seguir mi estudio".

John Bainer Romero, uno de los postulados, declaró ante la Fiscalía que 'Álex Putumayo' fue asesinado por orden de los mismos comandantes del grupo en la región. Según él, ya tenía información "que le estaba dando maltrato (a la menor), que no la dejaba salir a ninguna parte. Que le pegaba. Eso se lo reporté a 'Marrana' (comandante de la zona). A él se le fusiló en el puente Las Garzas.

La víctima contó que permaneció durante dos meses secuestrada por 'Álex Putumayo'. Al día siguiente del homicidio, la menor fue con su mamá al hospital y le informaron que tenía dos semanas de embarazo. "Ese día ella me dijo que me iba a hacer una prueba de embarazo para saber si podía seguir mi estudio".

El poder de las armas y los comandantes

Esas mismas presiones que sufrieron las civiles también fueron ejercidas sobre otras mujeres que hacían parte del grupo paramilitar. La Fiscalía leyó el testimonio de una menor que perteneció al Bloque Bananero. Ella fue reclutada en noviembre del 2000, cuando tenía 16 años.

"Un día estaba como escolta de 'Manguito'. Fuimos para Nueva Antioquia (corregimiento de Turbo, Antioquia). Allá tomamos. Me quedé donde una señora civil. Cuando me desperté a la madrugada, estaba Juan Carlos Mendoza Mirando, alias ‘Juan Pablo’, al lado mío. Me forzó, me amenazó con arma blanca, me destrozó el camuflado, me golpeó la cara y me dijo que tenía que estar con él. Y abusó de mí sexualmente. Fue como media hora. Me dijo que no fuera a decir nada porque si abría la boca me pelaba. Nunca dije nada porque a uno le prohibían hablar del comandante. Eso fue en el año 2004".

Para ese mismo año los abusos contra la menor siguieron: "Fuimos a hacer una operación y acampamos cerca de unos cultivos de teca. Entonces cada uno hizo su cambuche. Como a la medianoche sentí que alguien se acercó a la hamaca y vi que era él (Juan Pablo). Me tapó la boca y dijo que si no me dejaba me descargaba el fusil. Me dijo que me tenía que quitar la ropa y estar con él. Yo no quería. Ese día me quitó la hamaca y me tiró al piso".

Días después la menor fue violada por el comandante del grupo, Alberto Plazas, alias ‘Guatinajo’. Uno de las escoltas le dijo que 'Guatinajo' la esperaba en un recinto, donde él estaba solo. "Fui y allá me dijo que si hablaba de él, me pasaba lo que le pasó a Claudia (asesinada a manos de ‘Guatinajo’). Él lo hizo una vez. Y todos le tenían miedo. Él era un sicario, no le importaba matar a sangre fría. Ese día me dijo que me sentara, y me empezó a quitar la ropa y me tocó hacerlo por el miedo que le tenía a ese hombre".

Hombres asesinados, mujeres abusadas

El control territorial en las zonas que iban ocupando los hombres de 'HH' se caracterizó por los homicidios, desplazamientos, actos de terrorismo y violencia sexual basada en género. Muchas viudas han empezado a relatar a la Fiscalía las violaciones que sufrieron durante esas incursiones paramilitares. Cuando llegaban a las veredas o corregimientos, un grupo de combatientes asesinaban a los hombres señalados de pertenecer a la guerrilla o de ser auxiliadores, mientras tanto, otro grupo retenía a sus esposas o familiares y las violaban, en algunos casos, antes de asesinarlas.

Durante la incursión de los paramilitares el 23 de agosto del 2001 a la vereda Río Bravo, del municipio Calima-Darién, Valle. Cerca de 100 paramilitares asesinaron a 19 campesinos. Tres de los miembros del Bloque Calima retuvieron a la esposa de uno de los hombres asesinados, porque según ellos era guerrillera. La mujer se encontraba en el patio de su casa extendiendo una ropa. Los hombres se encerraron con ella en el cuarto de la planta baja, la torturaron y la abusaron delante de su hijo. La víctima terminó con varias contusiones en su cadera, y para que los violadores no la abusaran más, se hizo la muerta. Los paramilitares la arrojaron a una volqueta.

La mujer contó ante la Fiscalía que "lo que a mí me hicieron no tiene perdón de Dios. Ellos mataron también a mi esposo. Yo sí fui líder. Fui secretaria de la presidencia de la Junta de Acción Comunal, y mientras ellos hacían la masacre, otros hacían sus cosas. Pero con ellos decir que yo era guerrilla podían hacerme cualquier cosa. Yo fui sacada de la casa, después me violaron y me mandaron en una volqueta como si fuera una basura. El niño vio todo".

El fiscal informó que el postulado John Bainer Romero López, en versión libre del 26 de junio, confesó que "ella fue sacada de la casa y llevada hasta una estación de Policía. "Por orden de 'Darío' y de 'Manuel Malo' se entregó al grupo de este último y de ‘Guacuco’. Toca pedirle perdón, porque fuimos nosotros los que pasamos por ahí". La víctima debió hacerse controles por cerca de un año en un centro asistencial de Bogotá por las heridas que tuvo en la cadera.

La Fiscalía también se refirió al caso de una líder de la zona rural de Tuluá, Valle, que fue torturada y violada por comandantes de la zona. El ente acusador indicó que el 16 de septiembre del 2000 la mujer iba en un bus desde el casco urbano hacia el corregimiento de Ceylán. El vehículo se detuvo en un retén que habían instalado las autodefensas en la vereda Boquemonte, a la entrada de la hacienda La Luciana. Todos los pasajeros continuaron su trayecto, menos la líder.

Los paramilitares le quitaron la maleta y "se rifaron" su ropa interior. En la hacienda estaban los hermanos Perea, uno de ellos comandante de la zona. Los hombres la insultaron y la señalaron de ser auxiliadora de la guerrilla en la vereda Chorreras. Luego la llevaron a otro sitio donde había un grupo mayor de paramilitares. El testimonio recogido por la Fiscalía señala que "allí Perea, ordenó que le dieran un palín y una pala, porque esa noche la ajusticiaban. Sin embargo llamó por radio e informó por su captura al comandante 'Santos'. Quien al verla preguntó si la habían tocado lo que ellos contestaron negativamente, que estaba sucia porque estaba haciendo el hueco".

'Santos' le hizo un interrogatorio y luego "ordena que le quiten la sudadera, para que le diera frío y la siguiera interrogando. Todos los paramilitares que estaban en el sitio comenzaron a burlarse y a pedirle que se las entregara a ellos, porque llevaban harto tiempo sin salir y además iba a morir. Santos dijo que no, porque primero iba él, y que si le gustaba luego la rifaba. Los hermanos Perea la sujetaron y la llevaron hasta una carpa, le separaron los pies y las manos y se los amarraron a cada uno de los palos que sostenían la carpa, le quitaron la ropa interior, le introdujeron la punta de dos fusiles en sus genitales, se masturbaron y los tres abusaron de ella. Al mismo tiempo consumieron alucinógenos. Perea le pegó cuando empezó a sangrar y obligó a sus hombres a que la bañaran con agua fría".

La mujer fue abusada durante siete días. Un miembro del Bloque Calima se había comunicado con sus familiares y después ellos hablaron con los comandantes para que la liberaran, pero el daño ya estaba hecho.

Mujeres violentadas en el Magdalena Medio se atrevieron a hablar

Los ex paramilitares al mando de  Ramón Isaza violaron, acosaron y esclavizaron sexualmente a varias mujeres en Antioquia, Caldas y Tolima. Sus víctimas ya se atreven a hablar y narran el horror que padecieron

300-magdalena-vsUno de los principales problemas que afrontaron investigadores de la Fiscalía adscritos a la Unidad de Justicia y Paz que documentan hechos de violencia sexual perpetrados por las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio (Acmm) fue el silencio de las mujeres. La mayoría de ellas declararon sobre otros delitos, como el desplazamiento o el homicidio de un familiar, pero no querían hablar de los abusos sexuales por miedo a enfrentar a su victimario o por el temor a ser juzgadas por sus familiares. Finalmente, después de cinco años de persistencia, trece de ellas se atrevieron a hablar.

Sus testimonios permitieron que en septiembre de 2013, la Fiscalía le imputara 13 delitos de género a Ramón Isaza, alias ‘El Viejo’, ex jefe paramilitar de las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio (Acmm). En esos hechos también fueron responsabilizados los ex comandantes paramilitares Walter Ochoa Guisao, alias ‘El Gurre’; Luis Eduardo Zuluaga, alias ‘Macguiver’; Jhon Fredy Gallo Bedoya, alias ‘El Pajaro’; y Oliverio Isaza Gómez, alias ‘Terror’.

Aunque aseguró que no participó en ninguno de los hechos, Isaza aceptó los cargos por línea de mando a la vez que aseguró que los delitos sexuales no eran parte de las políticas del grupo y que los hombres bajo su mando que abusaran de las mujeres podían ser castigados, incluso, con la pena de muerte.

Sin embargo, esta supuesta medida no evitó que se presentaran decenas de casos de violencia contra las mujeres. Según la Fiscalía, los delitos de género fueron una práctica sistemática y de carácter reiterado en los municipios donde delinquieron las Acmm. En algunos casos se castigó a los patrulleros, pero estas represalias nunca tocaron a jefes paramilitares.

La magistrada Teresa Ruíz del Tribunal de Justicia y Paz de Bogotá resaltó la tarea de la Fiscalía para documentar estos delitos, pero dijo que “son irrisorios los casos de violencia de género si se tiene en cuenta la dimensiones del conflicto armado”.  En la mayoría de los 13 casos presentados por la Fiscalía, los victimarios directos ya están muertos, no hicieron parte del proceso de desmovilización o no se encuentran postulados a la Ley de Justicia y Paz.

Aunque los hechos documentados por el ente investigador están relacionados con delitos sexuales, éste no fue el único tipo de violencia que los paramilitares ejercieron sobre las mujeres.  De esto da cuenta un informe presentado por la Procuraduría General de la Nación que recoge testimonios de habitantes de Falán, Fresno y Mariquita, en Tolima, y La Dorada, en Caldas, municipios donde hizo presencia el Frente Omar Isaza de las Acmm.

Por ejemplo, los paramilitares no permitían que las mujeres hablaran entre ellas sobre lo que estaba pasando porque lo consideraban “chimoseo” y a aquellas que se atrevían a hacerlo y eran descubiertas las obligaban a barrer las calles durante varios días. En Mariquita recuerdan el caso de una señora que fue testigo del robo de un camión que transportaba licores, la mujer alertó a los demás vecinos del hecho y fue amenazada de muerte por los ‘paras’.

“Unas señoras por allá en la vereda Piedecuesta en Falan, que se robaron una gallina también les pusieron un  letrero y las obligaron a barrer toda la carretera con el letrero de ‘roba gallinas’”, recuerda otro de los testimonios.

Además, las jóvenes de estos pueblos evitaban usar escotes o faldas muy cortas para no llamar la atención de los paramilitares, porque era común que estos hombres las forzaran a prostituirse desde muy pequeñas. En cambio, a las trabajadoras sexuales con más edad las amenazaron y varias de ellas fueron asesinadas. VerdadAbierta.com reconstruyó algunos de los casos documentados.

Secuestrada y esclavizada 

María* vivía en el municipio de Caracolí, Antioquia. Su viacrucis comenzó cuando el paramilitar Roger William Lesmes Henao, alias ‘Edwin’, puso sus ojos en ella. Un día  en la casa de una amiga empezó a hablarle y al mismo tiempo le mostró su pistola diciéndole “que si quería las cosas por las buenas o por las  malas”, y abusó sexualmente de ella.

Luego la obligó a irse con él a una finca cercana y, aunque ella lloraba y le rogaba que la dejara ir, la presentó ante los demás paramilitares como “su nueva mujer”. Pasaron ocho días de abusos sexuales y físicos en los que María no pudo comunicarse con su familia. Cuando pudo hablar con su madre, ‘Edwin’ le dijo que no podía abandonar la finca o mataría a su hermano y obligaría a su cuñada a desplazarse.

En una oportunidad, María intentó fallidamente un escape, cuando ‘Edwin’ se dio cuenta la pateó y la llevó a un lago cercano donde la tomó del cabello e intentó ahogarla. También la obligó a desnudarse y pasar varias horas a la orilla del lago para que la picaran los sancudos y las hormigas.  Luego de casi cinco meses en los que esta mujer fue secuestrada y esclavizada sexualmente, consiguió que otro grupo de paramilitares la ayudaran a escapar a Bogotá.

Menores reclutadas y abusadas 

Luis Fernando Herrera Gil, alias 'Memo Chiquito', jefe militar del Frente Omar Isaza, reclutó decenas de menores de edad para incorporarlas a las filas de su organización armada ilegal y abusar sexualmente de ellas. Este es el caso de Lina*, quien fue reclutada con tan solo 14 años en febrero de 2004 en el municipio de Marquetalia, Caldas.

Como era costumbre con las menores que ingresaban al grupo, ‘Memo Chiquito’ incluyó a Lina en su escolta personal donde tomaba apuntes de las reuniones y hacía guardia. Durante los dos meses que la joven estuvo en este frente, Herrera abusó sexualmente de ella diariamente, según le contó la víctima a los psicólogos de la Fiscalía. Un día, Lina logró escaparse del campamento y se entregó ante las autoridades. Este jefe paramilitar fue asesinado por miembros de las Acmm.

Mujeres como táctica de guerra

En cuatro de los 13 casos imputados, las víctimas eran familiares o personas cercanas a miembros de grupos de la subversión o a ex paramilitares que desertaron. Las mujeres se convirtieron en un objeto de guerra y abusar de ellas suponía un ataque contra el enemigo o desertores de las Acmm.

Así le sucedió a Gloria*, una ama de casa de 35 años, quien fue secuestrada por miembros del Frente Celestino Mantilla y se le acusaba de ser una supuesta ideóloga de las Farc, pues uno de sus hermanos había sido parte del grupo guerrillero. Los paramilitares la retuvieron durante 15 días en un campamento, donde la interrogaron y torturaron.

Todas las mañanas, cuando Gloria se iba a bañar, era custodiada por Samael Samir Rubio, alias ‘Alfonso’, quien la intimidaba colocándole un cuchillo en el cuello mientras la tocaba y en más de una oportunidad intentó violarla. Luego de 15 días y tras comprobarse que no tenía ningún vínculo con las Farc, fue liberada, pero desaparecieron a uno de sus hermanos.

La historia de Ester* es muy similar. En 2004, cinco paramilitares encapuchados llegaron a su finca en la vereda Buenos Aires, en el municipio de Palocabildo, Tolima, preguntando por su hermano, quien perteneció por cuatro meses al grupo paramilitar y desertó, pero éste no se encontraba en la casa.

Wilson Garzón Hernández, alias ‘Pantera’, golpeó a Ester y le dijo que ella pagaría las consecuencias de lo que hizo su hermano. El paramilitar amarró a la mujer a la cama y abusó sexualmente de ella. Luego grito: “Patrón, siga  que ya se la tengo lista”, haciendo referencia a Camilo de Jesús Zuluaga, alias ‘Napo’,  quien entró a la habitación y también la violó.

Otros dos paramilitares, José Iván Ospina, alias ‘El Flaco’, y Andrés Cazallas Ruiz, alias ‘El Rolo’, también abusaron de Ester. Esto sucedió en presencia de sus dos hijos menores edad. Los hombres amenazaron a la mujer y le dieron una hora para desplazarse de la región. Desde esa fecha se encuentra medicada y en tratamiento psicológico.

En las audiencias de versión libre Camilo de Jesús Zuluaga, alias ‘Napo’, negó los hechos. Walter Ochoa Guisao, alias ‘Gurre’, ex jefe paramilitar del Frente Omar Isaza, aceptó los delitos de acceso carnal violento y desplazamiento por línea de mando.

Violencia en las calles 

Uno de los casos que más recuerdan los pobladores de Falán es el de Amparo*, una mujer con problemas mentales que merodeaba las calles del pueblo y era conocida por todos. Los paramilitares abusaron sexualmente de ella a comienzos de 2006 y fue asesinada con golpes de machete.

También era común encontrar los cuerpos de las trabajadoras sexuales que eran continuamente amenazadas por los ‘paras’ del Tolima. Un día de agosto de 2006, estos hombres raptaron a Luz*, una trabajadora sexual que salía de su casa en el municipio de Honda para asistir al funeral de una de sus compañeras asesinada por los paramilitares. Dos días después el cuerpo de esta mujer fue hallado en la zona rural del pueblo.

Poco a poco a las mujeres afectadas por las Acmm han venido narrando sus tragedias con el fin de que los delitos cometidos en su contra no queden en la impunidad. No es una decisión fácil, pero ya 13 de ellas han empezado a develar la crueldad que tuvieron que afrontar durante un estado de guerra que hizo de sus cuerpos un campo de batalla.

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