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"La política antidrogas debe ser decisión soberana y democrática del pueblo colombiano"

Entrevista

"La política antidrogas debe  ser decisión soberana y democrática del  pueblo  colombiano" Entrevista

Marcela Gonzales es una curtida Guerrillera Fariana. En su largo trasegar ha tenido la oportunidad de transitar por recónditos lugares de nuestro país en los que los campesinos se han visto obligados por el hambre a sembrar coca, amapola o marihuana. Está convencida de que va a ser muy difícil encontrar una solución razonable a este problema mientras "Se criminaliza a la economía campesina y a los campesinos y se deja a millones de familias sin ingresos y trabajo" nos dice Marcela con absoluta convicción. 

1- Cuáles son las razones fundamentales para que los campesinos colombianos hayan multiplicado los llamados cultivos ilícitos? 

El campesinado colombiano no tiene a su favor políticas estatales para la superación del hambre, la pobreza y la miseria. Por el contrario, hasta las semillas tradicionales, esenciales en la cultura, y en sistemas productivos y alimentarios de las comunidades agrarias, para no hablar de la soberanía alimentaria, vienen siendo despojadas y privatizadas.

Obligan a los productores agropecuarios a sustituir las semillas nativas por transgénicas propiedad de multinacionales como la Monsanto; le prohíben tanto la  producción y comercialización de gallinas criollas y de panela artesanal, como la cría, reproducción y degüello de ganado en las cabeceras municipales y de corregimientos.

Se criminaliza la economía campesina y a los campesinos y se deja a millones de familias sin ingresos y trabajo. El Estado necesita implementar los diversos Tratados de Libre Comercio, unos más lesivos que otros para asegurar que las multinacionales de los agrocombustibles y la agroindustria impongan los monocultivos, todo esto en beneficio de las grandes cadenas comerciales, del mercado externo y de los países del capitalismo central.

En un país donde se ha despojado y desplazado a mas de cinco millones de compatriotas de sus tierras de forma violenta, se suma esta otra forma de violencia económica, quedando el campesino quebrado y a merced del rebusque y a la voluntad de las mafias de todo tipo.

2- ¿Qué proponen las FARC-EP para solucionar este fenómeno?.

Nuestra propuesta de solución estructural está basada en una reforma rural agraria integral con sostenibilidad económica y socio-ambiental para el buen vivir. Y en cuanto a la política antidrogas, esta debe ser el resultado del consenso activo y decisorio del conjunto de las fuerzas políticas y sociales del país. Los países involucrados en el problema de las drogas, en especial Estados Unidos y Europa, deben asumir la responsabilidad y el compromiso de combatir la demanda, consumo y el blanqueo de dinero en sus respectivos países.

Las criminales aspersiones aéreas deben suspenderse de inmediato, con reparación integral (individual y colectiva) a las víctimas, tomando como  base lo pactado entre el Estado colombiano y la República del Ecuador por los daños causados con las aspersiones a ese territorio y pueblo hermano.

Igualmente sustituir los Planes de Consolidación por Planes Territoriales de construcción de paz; revisando y redefiniendo a fondo la actual política criminal del Estado. Desmonte de las estructuras narco-paramilitares entronizadas en el Estado, depuración de los poderes, incluidas las fuerzas militares y de policía.

La política anti-drogas requiere asumir acuerdos regionales porque ha sido entre otras cosas con los argumentos de la “guerra contra las drogas” que se ha enfilado contra los procesos de cambio político en Nuestra América. Se hace necesaria la Realización de una Conferencia internacional que involucre a los principales países productores, consumidores y traficantes, en la que salgan compromisos concretos de los involucrados.

3- ¿En qué se diferencian esta propuesta de la política antidrogas, desarrollada por los distintos gobiernos colombianos, en los últimos 40 años?

La política antidrogas debe ser decisión soberana y democrática del pueblo colombiano, rechazando la intervención militar imperialista es estos asuntos, sustrayéndola de la política contra insurgente de la doctrina de la “seguridad nacional”.

La solución del problema debe partir de perseguir a los capitales involucrados en el proceso económico del narcotráfico, al  conjunto de sus principales beneficiarios nacionales y extranjeros, proveedores transnacionales de insumo químicos, empresas  productoras de material bélico etc.; y no a los pequeños productores y consumidores. El Tratamiento para la solución a la producción debe basarse en la solución a las causas que obligaron a los campesinos a sembrar. 

En 1978 en el mandato de Julio Cesar Turbay Ayala, EE. UU. venia insistíendo en el incremento de las aspersiones aéreas ya que la erradicación manual no era suficiente para combatir la producción de marihuana en el  departamento de la Guajira, el pretexto era frenar el tráfico ilegal hacia ese país, el cual en más del 60% provenía de Colombia. Según estadísticas la producción era de 25.000 a 30.000 hectáreas cultivadas. A pesar de ser súbdito fiel y aliado fuerte de la Casa Blanca, Turbay no implementó la iniciativa, optando por la militarización de la costa Atlántica y la aprobación de la extradición en 1981.  

Quien sí implemento las aspersiones fue Belisario Betancur (1982-1986). 

La  “ayuda” Estadounidense asciende a un poco mas de 600 millones de dólares en el 2001. Con el atentando a la Torres Gemelas en Nueva York, aumenta la guerra contra insurgente con la supuesta lucha contra el “terrorismo”. El "Plan Colombia" hace elevar la cifra de "ayuda" hasta treparse a los 3000 millones de dólares hacia el 2004. Con los gobiernos de Álvaro Uribe Vélez y de Juan Manuel Santos el imperio norteamericano logra mayor afianzamiento e involucramiento en nuestros asuntos internos, con el sofisma de la lucha contra el “narcoterrorismo”. Se criminaliza a los sectores populares y sus luchas, recae sobre los pequeños cultivadores la violencia contra el narcotráfico de igual forma se acusa a la insurgencia de ser la responsable del narcotráfico, arreciando la ofensiva. La realidad es que todas estas estrategias han fracasado, es hora de aplicar formulas realistas que se enfoquen a resolver las causas estructurales.

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