"El Tribunal Administrativo de Cundinamarca ha tomado sin duda una determinación decente al admitir la acción de tutela que se promovió en favor de Gustavo Petro"

La Habana, Cuba, sede de los diálogos de paz, enero 15 de 2014

Comunicado

Por Delegación de Paz de las FARC-EP

Si la necrosada institucionalidad colombiana no cuenta con mecanismos que le pongan control al Procurador, corresponde al pueblo en las calles frenar su tiranía.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca ha tomado sin duda una determinación decente al admitir la acción de tutela que se promovió en favor de Gustavo Petro. En 29 folios, de manera sensata, el magistrado José María Armenta, admitió los argumentos de José Pérez Soto en defensa del Alcalde Mayor de Bogotá. En contravía del fallo sancionatorio del Procurador, el Tribunal ha decretado la suspensión provisional de los efectos jurídicos del fallo del 9 de diciembre y su confirmación del 13 de enero que pretendía consumar el injusto e ilegítimo acto de destitución y sanción del Alcalde Petro. Pero nadie debe pasar por alto que se trata solo de una suspensión provisional, que bien, como llamarada de hoja seca, podría extinguirse la próxima semana con un fallo de fondo, que puede ser presionado a muerte por quienes tienen los intereses más oscuros en el manejo de las basuras y quieren desde la derecha más extrema tomar el control  de la capital.

Advertimos que en esta coyuntura no se trata solamente de suspender la aplicación del acto abusivo de destitución de la Procuraduría, sino de levantar un movimiento que corte de raíz todos los abusos de esta instancia tiránica del poder.

El pueblo más que levantarse a festejar un decreto de suspensión provisional de los abusos, debe levantarse a pelear por una decisión de fondo en defensa de la democracia y de la tutela misma, a la que muchos agentes del poder permanente quisieran aniquilar. Pero a la luz de las ansias de democratización que brotan de la inconformidad popular que ha tomado las calles de Bogotá, y que es tema de fuerte debate en el escenario de los diálogos de paz, a Santos le corresponde también oponerse a la destitución.

El país entero está en el deber moral y político de exigir el resarcimiento de los derechos de todos quienes han sido atropellados por la furia tridentina del Procurador, como ocurrió con Piedad Córdoba y Miguel Ángel Beltrán, y muchos otros que injustamente han sido destituidos e inhabilitados.

El país entero con justicia reclama que es Alejandro Ordóñez quien debe irse del cargo; y a su lado todos los tenebrosos personajes que hacen parte de su corte inquisidora. En últimas, es la Procuraduría y otras instancias del poder público lo que debe ser reestructurado por gracia del soberano. Colombia necesita de la acción inaplazable de una Asamblea Nacional Constituyente.

DELEGACIÓN DE PAZ DE LAS FARC-EP