Comunicado
Por MOVICE
El Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado MOVICE Capitulo Sucre, acompañante del proceso de víctimas y defensa del territorio de los campesinos y pescadores de la Ciénaga de Cholen y Caño Palomo del municipio de la Villa de San Benito Abad, denuncia ante la opinión pública y las autoridades competentes los siguientes hechos que atentan contra la seguridad, soberanía alimentaria y vida de esta comunidad.
Hechos
Las comunidades de campesinos y pescadores de la Ciénaga de Cholen y de Caño Palomo, han venido sufriendo desde hace más de una década una cantidad de hechos violentos que atentan contra su integridad física y permanecía en el territorio: amenazas, daño en cultivos, quema de viviendas, asesinatos como los de Betty Lambraño Misal y su hijo Francisco Vides Lambraño, situación que llevó al desplazamientos forzados de estas comunidades en el año 2010.
El día 18 de noviembre de 2013 se realizó una reunión en el municipio de la Villa de San Benito Abad de la Junta de baldíos, precedida por el señor alcalde de este municipio Pedro Tomas Martelo, a esta reunión asistieron varias instituciones del estado como la Procuraduría Agraria y Ambiental de Sucre, la Defensoría del Pueblo de Sucre, el INCODER-Sucre, entre otras. La comunidad de campesinos y pescadores de la Ciénega de Cholen y Caño Palomo, solicitan en esta reunión el acompañamiento de las instituciones del Estado y del gobierno para retornar al lugar de donde habían sido desplazados y realizar las labores agrícolas de las cuales depende; con relación a esta petición, la conclusión de las entidades es que no se podía retornar hasta que no se definiera la situación jurídica de estas tierras por ser baldíos y sabanas comunales. Lo extraño para la comunidad y el MOVICE-Sucre, es que mientras a las víctimas que han vivido por más de 20 años en estos predios se les negara en esa reunión la realización de labores agrícolas, a los ganaderos Eduardo Contreras y Moises Rodriguez Villareal quien se encuentra detenido, acusado por el presunto asesinato de Betty Lambraño Misal y su hijo Francisco Vides Lambraño, a Miguel de la Ossa, vinculado a la misma investigación, y la señora Heydi Cerpa, se les permite el ingreso de ganado en las tierras que por más de 20 años los campesinos de Don Antonio y Caño Palomo han poseído, situación que demuestra la falta de garantías para las víctimas y la tolerancia para personas que están presuntamente implicadas en graves violaciones de Derechos Humanos.
Por esta razón hacemos las siguientes exigencias.
Exigencias
-Al INCODER y la Procuraduría Agraria y Ambiental, que de manera urgente se realice una inspección de las ciénagas que por más de 20 años poseen estas comunidades para verificar los hechos aquí denunciados y se hagan los correctivos correspondientes.
-A la Alcaldía municipal de la Villa de San Benito que garantice la seguridad y bienestar de estas comunidades como es su obligación constitucional.
-A la Defensoría del Pueblo que haga un seguimiento a todas la situaciones aquí mencionadas y realice labores tendiente a garantizar los derechos de esta comunidades.
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