Vacíos que motivan la corrupción minera siguen vigentes

Análisis

Tomado de Censat 

Por: Alvaro Pardo 

Foto de Semana

Pese a los cambios en la institucionalidad minera, su autoridad es desconocida en buena parte del territorio nacional, tras la caída de la Ley 1382 de 2010 el país minero regresó al obsoleto código de minas del 2001, y persisten los vacios y riesgos potenciales de corrupción en el sector. ¿Hasta cuándo?

Una mina de irregularidades

Durante los últimos años, precisamente cuando el alza de los precios mundiales del oro, carbón y coltan transformó el mapa minero del país y nos convertía en una economía extractivista, las autoridades minera y ambiental fueron sometidas a un proceso deliberado de adelgazamiento. Este sector creció sin control y sin fiscalización, lo que dejó amplios vacíos que facilitaron prácticas de corrupción pública y privada.

Fue el propio ex ministro de Minas, Carlos Rodado Noriega, quien denunció la feria de la corrupción y de títulos mineros en el Instituto Colombiano de Geología y Minería (IMGEOMINAS). Ninguna de estas denuncias del mismo gobierno ha avanzado y la pregunta es siempre la misma: ¿Quiénes se benefician del vencimiento de términos?

Recientemente, la Contraloría notificó irregularidades por 50 millones de dólares en el pago de regalías de la empresa Drummond y anunció sanciones a cuatro funcionarios de INGEOMINAS por indelicadezas en varios contratos mineros. La Procuraduría General, por el contrario, ha pasado de agache en estas investigaciones y su silencio contrasta con algunos de sus pronunciamientos en materia minera, como la propuesta de quitarle competencia ambiental a Cortolima en el caso de La Colosa.

Falta de transparencia

Tres años después de que el gobierno Santos anunciara una profunda reforma para robustecer la lánguida autoridad minera, los riesgos potenciales de corrupción subsisten en todas las fases del ciclo minero. Se falla especialmente en el suministro de información clara y transparente del sector a los ciudadanos, quienes son los dueños de los recursos mineros que administra el Estado.

Solo se hace pública la información agregada, lo cual es importante pero no suficiente para el conocimiento y seguimiento del sector.

En la época del presidente Lleras Restrepo, para que los contratos mineros quedaran perfeccionados debían ser publicados en el Diario Oficial. Actualmente, el Código de Minas, cuyo borrador fue redactado por abogados que al mismo tiempo prestaban sus servicios a compañías mineras, establece sanciones disciplinarias y penales para los funcionarios que entreguen información sobre los contratos mineros.

La información sobre aspectos cruciales de la actividad, como la producción minera, las exportaciones y las variables para liquidar las regalías, siguen siendo aportadas por las mismas empresas. La autoridad minera valida la información con un sello de recibido y en un acto de fe presume la validez de las cifras suministradas. Durante varios años se ha llamado la atención sobre este asunto, sin que la autoridad proceda a defender los intereses de la Nación.

Abundan las inconsistencias. Por ejemplo, las enormes discrepancias en las estadísticas sobre producción y exportaciones de oro durante la última década revelan el gran caos del sector bajo el cual se esconden el lavado de dólares, narcotráfico, financiación de actividades subversivas y corrupción público-privada. Bastaría una acción interinstitucional de las entidades que tienen que ver con el tema: Agencia Nacional de Minerales (ANM), DIAN, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y Superintendencia de Sociedades, para coordinar y explicar al país por qué las exportaciones de oro superaron en más de 25 toneladas lo que se reportan como producidas en el país en el periodo 2003 – 2011.

Riesgos de corrupción

La obsoleta legislación minera concesiona los recursos naturales no renovables (RNNR) siguiendo un principio feudal: “primero en el tiempo, primero en el derecho”. Significa que el primero que solicite un área, si esta se encuentra libre, adquiere el derecho a suscribir un contrato de concesión con el Estado para la explotación de los recursos.

Con la avalancha de solicitudes y títulos expedidos es cada vez más difícil encontrar áreas libres con potencial importante, de modo que la información sobre zonas en esa condición se vuelve cada día más valiosa. El nuevo sistema para la presentación de solicitudes de la ANM es mejor que el anterior, pero el tráfico de información privilegiada sigue siendo un riesgo grande de corrupción en el sector. Lo mismo ocurre con las solicitudes de áreas devueltas, que no acaban de quedar libres, cuando ya un tercero está presentando su solicitud.

La autoridad minera reabrió la ventanilla para presentar solicitudes, pese a los intensos llamados y advertencias de parte de muchos analistas y actores sociales, y lo hizo sin que el Catastro Minero Nacional estuviese terminado. Se tiene acceso a alguna información del catastro, pero la tendencia es a preservarla en cajas negras, blindada en confusas normas sobre confidencialidad; ahí hay otro riesgo de corrupción.

Varias de las irregularidades denunciadas por la Contraloría General se relacionan con la liquidación y pago de las regalías por parte de compañías mineras a gran escala, y aunque el Código de Minas señala que el incumplimiento en el pago de las obligaciones económicas es causal de caducidad del contrato, estas empresas siguen haciendo de las suyas en Colombia.

Autoridades permisivas

La permisividad  y la interpretación laxa de la legislación son otras fuentes de corrupción potencial que han favorecido a compañías mineras.

Un caso emblemático fue la renovación del contrato de Cerro Matoso a finales de 2012. Gracia a ese contrato, que desafió y se burló de las normas más básicas del derecho, la empresa operará hasta el agotamiento total de los yacimientos. Una demanda interpuesta por congresistas y académicos contra este contrato, duerme actualmente el sueño de los “justos” en el Consejo de Estado.

Una de las abogadas de Ingeominas que facilitó que el 2012 se consumara dicha irregularidad, trabaja en una de las multinacionales mineras beneficiada. La puerta giratoria, es decir, la transferencia de información privilegiada a través de la contratación de funcionarios públicos para empresas privadas, ha causado un enorme daño al sector. Las empresas mineras que aparecieron de un momento a otro con numerosos títulos mineros en zonas de gran potencial, han sabido aprovechar una situación que hace mucho tiempo se ha debido reglamentar, pero más han podido los que se benefician de estas irregularidades.

Recientemente, la ANM dijo que el 87 por ciento de los títulos mineros fiscalizados presentaban alguna irregularidad, entre ellos, explotar sin autorización ambiental o no pagar las regalías. Agregó que pese a ello, “la idea en este primer ejercicio de inspección es corregir los errores e inconsistencias”.

Las normas establecen claramente que el no pago de las regalías es una causal para la caducidad de los contratos, y las autoridades no pueden interpretar esta norma según los buenos deseos de sus funcionarios. Buena parte de la informalidad e ilegalidad de la minería se explica por la tolerancia o permisividad de las autoridades ante flagrantes irregularidades en el sector.

La tercerización de funciones propias de la autoridad minera constituye también un riesgo  de corrupción, pues un empleado al servicio de un contratista no asume la misma responsabilidad, ni está expuesto a las mismas sanciones disciplinarias o penales que un funcionario público. Sobre este riesgo se alertó en su momento; sin embargo, también en esta ocasión se hizo caso omiso de los semáforos en amarillo.

El Estado fomenta la minería ilegal

Fomentar la informalidad e ilegalidad es también una irregularidad que raya con la corrupción. El Estado, incapaz de establecer el control y dominio sobre unos recursos cuya propiedad le asignó la Carta Política de 1991, fracasó en sus seis intentos por legalizar la minería sin título minero, ni licencia ambiental, y sin embargó actualmente persiste en planes que han demostrado su inutilidad e ineficiencia absoluta. ¿Quiénes se benefician?

Permitir, por ejemplo, que mineros en proceso de legalización puedan seguir operando indefinidamente sin permiso ambiental y sin observar las normas laborales y de seguridad industrial, hasta que la autoridad minera resuelva la solicitud, tiene varios problemas.

La autoridad, por inoperancia o por ineficiencia, demoró largos años en responder esas solicitudes. Durante ese tiempo, los mineros en proceso de legalización comercializaron minerales procedentes de explotaciones sin título minero ni licencia ambiental, y otros agentes legales de la cadena aprovechan esa situación indefinida y fomentan la informalidad para beneficiarse, por ejemplo, de los bajos precios sin tener que facturar o pagar el IVA.

La legalización y formalización de la minería es un ejercicio inútil en un modelo de minería que se basa en grandes explotaciones mineras y que excluye a quienes por razones socio-económicas subsisten de esta actividad por razones ancestrales o tradicionales.

Los avances para corregir estos riesgos de corrupción son lentos. Mientras tanto, la otra locomotora, la de la informalidad, ilegalidad y criminalidad, crece a pasos agigantados en los territorios, sin que el Estado, aun importando normas supranacionales, encuentre el camino para cerrarle el paso a un fenómeno creado por él mismo: la incapacidad para tomar el dominio y control de los RNNR que le asignó la Constitución.

El cierre de las minas ilegales sigue en manos de los alcaldes, que son el eslabón más vulnerable de la institucionalidad y que en muchos casos tienen intereses para no proceder conforme a la ley.

Las grandes mineras siguen sacando sus utilidades sin pagar impuestos a través de los paraísos fiscales (como mostró Mario Alejandro Valencia  en la anterior edición de Razón Pública) y el país se mantiene gobernado por un Código Minero obsoleto y al servicio de intereses particulares.

¿Hasta cuándo?

¿Qué sabemos los colombianos sobre sector de las esmeraldas?

¿Cuánto coltan y tungsteno se comercializa en las narices de la autoridad en mercados ilícitos de minerales? ¿Cuándo el gobierno o el congreso reglamentarán el lobby gremial para ponerle coto a las presiones de las mineras que buscan impedir que sus prebendas tributarias sean siquiera debatidas en el legislativo?

¿Cuándo el gobierno o el congreso adoptarán normas para evitar la entrega de información minera privilegiada del estado a las empresas privadas a través de la puerta giratoria?                                                                            ¿El nuevo Sistema General de Regalías le pondrá fin a la corrupción e ineficiencia que durante 18 años caracterizó al Fondo Nacional de Regalías?

Detrás de cada pregunta hay un sector que presiona para mantener el estado actual de cosas, que sabotea cualquier posibilidad de poner fin a la impunidad y presiona para mantener la informalidad e ilegalidad y de esa forma lucrarse indefinidamente.

Dagua, en el Valle del Cauca, es el mejor ejemplo de inacción de la autoridad frente a uno de los mayores desastres ambientales ocurridos en los últimos años: más de 280 retroexcavadores operando durante dos años y miles de mineros sacando oro y contaminando con mercurio las fuentes superficiales de agua.

Los medios de comunicación mostraron profusamente las consecuencias de ese trágico hecho, que hoy se repite en muchas regiones del país. Pero nada se hizo, y recordemos que dejar de hacer, dejar de actuar y de reglamentar, son también expresiones de la corrupción.