Comunicado
Por Delegación de Paz FARC-EP
La Habana, Cuba, sede de los diálogos de paz, diciembre 4 de 2013
El 5 de agosto del año en curso, las FARC-EP hicimos una reiteración enfática en cuanto a que, según lo expresado en múltiples ocasiones por nuestra organización, el Estado es responsable por acción o por omisión de lo ocurrido durante el conflicto político, social y armado que padecemos los colombianos, resaltando que así lo había reconocido el Presidente Juan Manuel Santos ante la Corte Constitucional, tras lo sugerido por el informe general del Grupo de memoria histórica.
En medio de esta realidad, insistíamos en que el importante asunto de las víctimas debe ser asumido con sensatez realismo y apego a la verdad. Así, bajo estas reflexiones propusimos la creación inmediata de una Comisión de nacionales y extranjeros que estudie la historia de la confrontación desde el inicio de la violencia, a fin de preparar el material requerido para poder abordar con mayor conocimiento de causa el punto de la Agenda de diálogos referido a víctimas.
En esa y en diversas ocasiones más, manifestamos que la Comisión debería estudiar la violencia partidista y su incidencia en los orígenes y permanencia de la confrontación como en el surgimiento de la insurgencia. Evaluaría la responsabilidad de los gobiernos, los medios de comunicación, de la iglesia oficialista, de las potencias extranjeras injerencistas (especialmente de Estados Unidos), de los latifundistas, de los empresarios y del sector financiero, hasta nuestros días. Para mayor rigor histórico se deberán tomar como parte fundamental de la historia del conflicto, los archivos de los organismos de inteligencia de los años cuarenta y cincuenta, del SIC, del DAS, de la inteligencia de la policía y del ejército y demás organismos secretos de inteligencia, así como de las actas de los Consejos de ministros que recojan las órdenes de detención impartidas por el gobierno sin orden judicial a la luz de la aberrante facultad que le otorgaba el artículo 28 de la Constitución antes de la promulgación de la Carta de 1991.
El día 28 de agosto, mediante una carta pública dirigida a la Delegación de Paz del gobierno colombiano, respecto a la cual tampoco tenemos respuesta, al tiempo que reiteramos la propuesta de integrar la Comisión de revisión y esclarecimiento de la verdad de la historia del conflicto interno colombiano, expresamos que el informe general del grupo de memoria histórica requería ser revisado y complementado, en la medida en que, entre otros aspectos, no recogía los años de conflicto violento entre liberales y conservadores que dieron origen al actual estado de cosas.
Dijimos por entonces, que si la concreción de esta causa requiere de una ley que la autorice, debía presentarse el proyecto de esa ley con carácter de urgencia, y tras valorar positivamente y saludar el informe General del Grupo de Memoria Histórica, agregamos que es este un instrumento del que hay que retomar varios de sus importantes aportes, para lo cual propusimos escuchar en la Mesa de Diálogos a las personas que participaron en el estudio.
El día 18 de septiembre, nuevamente las FARC-EP llamamos públicamente al gobierno a integrar la Comisión de revisión y esclarecimiento de la verdad de la historia del conflicto interno colombiano, que complemente el informe del grupo de memoria histórica e integre otras iniciativas importantes que ya existían o estaban en marcha, e invitamos a los voceros del gobierno a apresurar la respuesta al país sobre la integración de dicha comisión. Tampoco hubo respuesta.
El 6 de noviembre, con ocasión del cierre del ciclo 16 de las conversaciones y clausura del acuerdo parcial sobre el segundo punto de la agenda referido a la participación política, dijimos que urgía la integración consensuada de la Comisión de la verdad y la responsabilidad histórica del conflicto, sobre todo si tenemos la premura de abordar un tema tan sensible como el de las víctimas. Siguió reinando el silencio.
Sería imposible llevar por buen camino los asuntos de justicia y verdad que conciernen al proceso si no contamos con los insumos que debe aportar la Comisión. Por ello, en el día de hoy, otra vez insistimos en que el gobierno debe hacer todo lo posible por concretar su integración, la cual deberá surtir los informes que permitan definir las responsabilidades de quienes han sido parte del conflicto más allá de los alzados en armas.
Nada nos debe desviar de la búsqueda de la verdad. Persistir en hacer oídos sordos a una solicitud que expresa el deseo de resolver esta urgente necesidad, comienza a convertirse en un enorme obstáculo para el buen avance del proceso de paz.
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