Entrevista
Por El Espectador
El saliente miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dice, sin hacer mención de la destitución del alcalde Petro, que de comprobarse violaciones al debido proceso en una decisión judicial, ese tribunal tiene el poder de declarar la responsabilidad internacional del Estado y ordenarle la reparación de la persona cuyos derechos le han sido violados.
Rodrigo Escobar Gil fue presidente de la Corte Constitucional de Colombia y desde hace cuatro años es miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Su período termina el 31 de diciembre, ya que no logró la reelección en la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) el pasado mes de junio. Colombia se queda sin representación en este órgano pero gana la presidencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos con Humberto Sierra Porto.
El Espectador habló con el saliente comisionado, quien sin hacer mención a la destitución del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, asegura que la CIDH sí puede tumbar decisiones internas tomadas por un órgano de control de un país.
¿A qué fue el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)?
No puedo referirme al caso de Petro. Por ser colombiano estoy impedido para opinar sobre casos referentes a Colombia. No debo adelantar ninguna opinión, por razones informativas, lo que han dicho los medios es que Petro acudió a la CIDH a solicitar medidas cautelares. Será la Comisión la que evalúe si se dan o no los motivos y las circunstancias que justifiquen o no otorgar estas medidas. No son medidas para proteger su vida o integridad, sino para proteger sus derechos políticos, porque considera que con la destitución se le violaron.
¿Pueden la Comisión o la Corte tumbar decisiones de órganos de control de un país?
Sí. Los órganos principales de la OEA, en su misión de proteger los Derechos Humanos, examinan las conductas de los Estados, y si consideran que se han violado el debido proceso o las garantías judiciales con la adopción de una decisión judicial, la CIDH tiene el poder de declarar la responsabilidad internacional del estado y ordenarle la reparación de la persona, cuyos derechos le han sido violados. También impone garantías de no repetición, o sea, le ordena al Estado que haga cambios en su legislación para que ese tipo de violaciones no se vuelvan a presentar.
¿Cómo puede acceder una persona a la CIDH?
Cualquier persona puede acudir a la CIDH a través de dos vías: cuando acude a pedir medidas cautelares porque el Estado le está violando los derechos y se encuentra en una situación de gravedad extrema que requiere protección urgente. La segunda vía es presentando una denuncia dentro del sistema de peticiones y casos, para que esa denuncia contra el Estado sea estudiada por la Comisión que a su vez determina si existe responsabilidad de éste. Si la Comisión considera que el Estado es responsable, presenta el caso ante la Corte.
¿Qué son las medidas cautelares?
Es un mecanismo por el cual cualquier persona puede solicitar a la CIDH que le ordene al Estado una protección inmediata cuando considera que sus Derechos Humanos están siendo violados y se encuentran frente a la inminencia de un daño grave e irreparable. Es algo similar a una tutela, en donde la CIDH tutela los derechos de las personas. Las medidas cautelares son obligatorias para todos los Estados. Otra de las grandes frustraciones es cuando se dicta una medida y no la cumplen, como por ejemplo el caso de Estados Unidos que nunca cumple estas medidas cuando se dictan en casos de personas que van a ser ejecutadas.
Y en cuanto a su gestión, ¿Cuál fue su principal aporte en estos cuatro años?
Concluimos nuestro mandato con dos informes muy importantes: uno de ellos es sobre las personas privadas de la libertad en las Américas, donde se llega a la conclusión de que el sistema carcelario del continente ha hecho crisis, constituye una situación verdaderamente de tragedia humanitaria y se insta a todos los Estados a adoptar políticas públicas integrales, orientadas a asegurar el goce efectivo de los DD.HH.
Otro aporte es el informe que en el mes de diciembre será aprobado por la CIDH sobre prisión preventiva. Uno de los grandes problemas que tiene la justicia en las Américas es que ésta se ha convertido no en la excepción sino en la regla general. Un principio básico en materia de DD.HH. es que la investigación y procesamiento de las personas tienen que hacerse en un régimen de libertad personal, donde el sujeto esté libre mientras se le investiga y se le juzga. Sin embargo, en las Américas, por posiciones populistas de los gobiernos, impulsadas por los problemas de seguridad ciudadana y en alguna manera por presiones de la sociedad y los medios, no se respeta la libertad personal y se considera que una forma de hacer justicia es privar preventivamente a las personas, aunque estas gocen de la presunción de inocencia.
¿Cuál fue su mayor frustración en estos cuatro años?
El no haber obtenido, pese a los grandes esfuerzos, el cierre de Guantánamo. Hemos realizado una gran labor, se adoptaron varias medidas cautelares, le ordenamos a los EE.UU. el cierre de esta prisión. Tenemos información de que se han cometido las más grandes violaciones a los DD.HH., torturas, tratos crueles, inhumanos, degradantes. Se somete a los reclusos a alimentación forzosa, no se respetan las garantías del debido proceso. Muchos detenidos no conocen los motivos por los cuales están privados de la libertad, no han sido llevados a un juicio. Allí, son muy graves las violaciones.
La primera decisión de Obama como presidente fue cerrar, en un plazo de un año, Guantánamo, ¿por qué no lo ha hecho?
Si Obama hubiera tenido la voluntad política, habría cerrado Guantánamo. Es un tema de voluntad política del gobierno de los Estados Unidos, no más.
La OEA ha perdido fuerza en los últimos años. Ya no es el principal escenario de la discusión política del continente ¿Qué pasó?
Realmente la OEA es lo que los Estados quieren que sea. Este organismo es la creación política más importante de los países del continente. Para que la Organización tenga su preminencia es fundamental la concurrencia y el apoyo por parte de los Estados. Ha perdido fuerza a raíz de las diferencias y las divisiones entre países del continente, lo que propició la creación de UNASUR. De otro lado, los gobiernos no están contribuyendo financieramente para el buen funcionamiento del organismo.
Bastante criticado ha sido el Secretario General de la OEA José Miguel Insulza, ¿cómo evalúa su gestión?
Le ha tocado una situación difícil en las Américas, por las divisiones entre los distintos Estados, pero ha venido desarrollando una actividad importante para mantener la cohesión y la unidad de la organización. También ha promovido la adhesión por parte de todos los Estados de la OEA a los instrumentos internacionales. Ha sido una buena gestión.
* Periodista de La FM
@juanpbarrientos
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