¿Estado social de derecho o estado social de derecha?

Análisis

Por Medios Populares de Comunicación

09 de Diciembre de 2013

“El fachismo no es más que una ideología de odio. No hay otra palabra para describir la oligarquía de  este país. El fachismo no es más que una arquitectura del corazón y del cerebro que no puede asumir la diferencia. Que quiere uniformar al estado y la sociedad, que quiere vestirlo de negro. Los fachistas gobernaron a Colombia y la condenaron al genocidio. Esa historia la leímos de nuestros abuelos, de nuestros padres, pero nos tocó a nosotros también, condenados y condenados a guerras civiles infinitas. Sólo por el odio, sólo por la codicia.” Gustavo Petro.

Con ésta frase, en el mismo lugar donde el pueblo se sublevó cuando mataron a Gaitán, cerca de donde mataron a Rafael Uribe Uribe, el alcalde bogotano, Gustavo Petro,  reaccionó ante la destitución impuesta por el procurador de Colombia, quien el día de ayer comunicó la “inhabilidad general” del alcalde capitalino, acusado por “improvisar y violar la ley”, al implementar el decreto  564 de 2012, por medio del que se modificó el funcionamiento de basuras de Bogotá.

Tras la difusión de la arbitraria decisión, miles de personas se reunieron en la Plaza de Bolívar para manifestar su rechazo rotundo a la medida de la procuraduría y dejar en claro el apoyo al alcalde que fue elegido por voto popular. En medio de un ambiente de indignación que desbordaba la plaza, Petro dijo que ésta situación enviaba un mensaje a los alcaldes: que recuperar el poder público es un crimen, un delito o una irregularidad. En efecto, uno de los hechos que llevó al señor Ordoñez a romper la carta democrática de la OEA, así como el pacto de derechos civiles y democráticos, es “entregarle a una empresa sin experiencia” la administración de las basuras, lo cual se traduce como la desprivatización de un servicio público, acción que le quitó 500.000 millones de pesos a cuatro contratistas que robaban a los usuarios de Bogotá y que no iba en beneficio de la oligarquía. En palabras de un ciudadano: “A Petro lo destituyeron por ser el alcalde de los pobres y eso a los ricos no les gustó”. 

Ubicado en el balcón del Liévano, el dirigente popular declaró que había creído en las buenas maneras, en los discursos, por lo que incluso había votado para elegir al procurador en muestra de que aceptaba la diferencia. Pero recordó que no podemos ser ingenuos; que ellos, la oligarquía, negocian con la democracia, con el voto popular. Por dicha razón, el pasado mes de octubre denunció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al Procurador Ordóñez por considerar que existe una persecución política. A esto se suma lo posibilidad del alcalde de interponer un recurso de reposición ante la decisión del procurador. Pero es al calor de la antorcha democrática, como él mismo lo manifestó, que se verá si es un delito en Colombia desprivatizar un servicio público.

Para el alcalde legítimo, la estrategia que se fragua en ésta falsa sociedad manda un mensaje de guerra a la Habana, es una trampa para impedir la paz. Por eso, desde lo que denominó el ágora colombiana, pide a los guerrilleros sentados en la mesa que no bajen las banderas de la paz, pues la paz es la democracia y la justicia social.  De igual forma, esa paz se construye desde la plaza en la que se ejerce la democracia, en la que se exige el respeto por las elecciones del pueblo; en la misma plaza en la que debe empezar una revolución democrática y pacífica de los corazones y los cerebros, tal como en la Plaza Tahrir. Declaró que él iría hasta donde el pueblo lo dijera. El pueblo contestó “Petro se queda”. Entonces, recordó que nuestra historia comienza a cambiar por su propio pueblo e hizo un llamado para que la Bogotá Humana fuese la excusa para construir una Colombia humana, justa y pacífica. En este sentido, el alcalde mayor invitó a pernoctar en el lugar y a continuar con las manifestaciones de indignación desde una rabia organizada, no desde a violencia. Finalmente, citó a congregarse a las 4 de la tarde para continuar con el ejercicio democrático.

De las reacciones surgidas entre los dirigentes colombianos, Alfonso Gómez Méndez, ministro de justicia, demostró su apoyo hacia Petro declarando: “tenemos que revisar esta norma constitucional que permite a un procurador inhabilitar a un funcionario elegido democráticamente”. Posteriormente Iván Cepeda manifestó que se trataba de “una decisión arbitraria”, donde “el procurador tiene claros intereses”. Navarro Wolf consideró que era una decisión “demasiado severa” para los cargos que se le atribuían y Clara López dijo que era “preocupante la facultad del señor procurador de destituir a un funcionario elegido”. Por su parte, el mandatario recordó que era el presidente Santos quien tenía que decidir si avalaba la decisión del procurador.

Éste importante suceso marca un punto decisorio en la democracia del país, pues de una parte cuestiona los alcances de las facultades otorgadas al procurador y otros mandatarios que pasan por encima de la voluntad popular y la democracia instituida en la Constitución; cuestiona el acceso a la misma y las garantías para ejercerla, mientras que pone la responsabilidad de defender esa democracia construida en manos del pueblo que elige a sus dirigentes. Sin embargo cabe preguntarse: ¿cuál democracia defender en un país en el que un dirigente popular como César Pachón no puede lanzarse a elecciones porque le exigen 180 millones de pesos para trámites? ¿Cuál democracia defender cuando la moral del procurador pasa por encima de la pluralidad? ¿Cuál democracia defender en un país que se rige bajo la religión católica, sin tener en cuenta las demás creencias? y ¿cuál democracia, si los medios de comunicación masivos fueron la vanguardia  de las decisiones del procurador? Queda mucho por defender, pero más por construir.

¡Analícese y difúndase!

Redacción 

09 de Diciembre de 2013

Bogotá, Colombia.

Dejando Huella_Haciendo Memoria

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