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Tomado de ANNCOL
Por Sergio Gómez Maseri - El Tiempo
El congresista tiene un proceso por supuestos abusos a la función pública y fraude procesal.
“Sumamente preocupada” se declaró la ONG Human Rights Watch ante el proceso disciplinario que ha iniciado la Procuraduría en contra del representante a la Cámara Iván Cepeda por supuestos abusos a la función pública y fraude procesal.
En una carta, obtenida por EL TIEMPO, HRW sostiene que, a su juicio, la investigación parece estar infundada y podría tener un efecto adverso en futuros casos de funcionarios que denuncien violaciones a los Derechos Humanos.
¨Nos resulta particularmente preocupante que la investigación impulsada por su oficina no solo no pareciera estar justificada, sino que además podría tener un impacto inhibitorio entre funcionarios públicos y otros actores que están comprometidos con la justicia por violaciones de derechos humanos¨, dice José Miguel Vivanco, director ejecutivo para las Américas en esta ONG y autor de la misiva que fue enviada este martes al procurador Alejandro Ordóñez.
La carta se conoce justo cuando la Procuraduría está inmersa en una intensa polémica por el falló que destituyó al alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, y lo inhabilitó para ejercer cargos públicos durante 15 años.
La investigación de la Procuraduría contra Cepeda está relacionada con entrevistas que realizó el representante con exparamilitares presos en cárceles del país para establecer presuntos nexos entre el expresidente Álvaro Uribe y esos grupos ilegales, y que después puso a disposición de la Fiscalía.
De acuerdo con los abogados de Uribe, Cepeda entregó de manera deliberada información falsa a las autoridades y les pagó dinero a familiares de uno de los paramilitares con los que se reunió.
Así mismo, que el permiso para ingresar a las cárceles se le dio para que constatara las situación de Derechos Humanos en estos centros de detención y no para realizar entrevistas sobre paramilitarismo.
Vivanco dice que hay al menos tres razones para suponer que la investigación contra Cepeda por abuso de función pública está infundada.
En primer lugar, dice HRW, recabar información proporcionada por exparamilitares sobre la creación de grupos paramilitares y presuntos delitos cometidos es una de las funciones principales de Cepeda como miembro de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República.
“Entrevistar a posibles testigos de supuestas violaciones a los DD. HH. y presentar la información a los fiscales constituye una actividad fundamental en defensa de los DD. HH.”, dice Vivanco.
Y esto, según HRW, se aplica aún si el objetivo inicial de las visitas era otro.
“De igual forma, si en el transcurso de una visita realizada a una cárcel para inspeccionar las condiciones sanitarias un funcionario de la Defensoría del Pueblo recibe denuncias de torturas por parte de los detenidos, no estaría violando la ley al atender las denuncias y transmitirlas a las autoridades judiciales competentes”, afirma la ONG.
HRW sostiene, además, que entregar información a las autoridades sobre presuntas violaciones no es acto exclusivo de la función pública, sino un derecho de todos los ciudadanos y que Cepeda estaba obligado jurídicamente a entregar las declaraciones a la Fiscalía pues la ley así lo ordena.
Sobre el cargo de fraude procesal, HRW sostiene que no conoce prueba alguna que indique que Cepeda entregó testimonios falsos con el objetivo de causar un error y que prueba de ello sería la decisión de la Fiscalía de abrir nuevamente una investigación judicial preliminar contra Uribe sobre la base de las declaraciones de estos exparamilitares.
La ONG afirma, a su vez, que es falso que Cepeda hubiese entregado dinero a la familia de uno de los exparamilitares ya que en realidad quien lo hizo fue la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, una organización de derechos humanos, que le dio a la familia de un testigo tres contribuciones económicas para cubrir los gastos de su reubicación a una ciudad diferente pues se temía por su seguridad.
Para HRW deben ser las autoridades judiciales las que determinen la veracidad de las declaraciones y sostiene que, “antes que castigar a quienes han cumplido con su deber legal y cívico, la Procuraduría debería orientar sus esfuerzos a sancionar a funcionarios públicos que no denuncien presuntas violaciones de derechos humanos o no colaboren en su investigación”.
SERGIO GÓMEZ MASERI
Corresponsal de EL TIEMPO
Washington
Es completamente logico y realmente visible para todos los ciudadanos de al menos tres dedos de frente que el procurador esta en una alianza politica con Uribe para colocar al pais en caos y procurar en un esfuerzo ganar nuevamente la confianza de un pueblo que se quito la benda de los ojos y vio en realidad que clase de maleantes se quieren tomar el poder. Uribe Sr, Procurador gracias a Dios la verdad siempre sale a la luz y los colombianos estamos despertando a la realidad de sus prtenciones. Tengan en cuenta que si la justicia del hombre falla de la Dios no lo hara y asi como algun presidente de un vecino pais creyo que viviria y haria lo que qusiera x siempre Dios le mostro que ór encima de El no hay nadie y le quito la vida, Tenganse cuando Dios mi padre empiece a cobrarles a ustedes, porque con la bara que mides seras medeido y a esta sumale unos cuantos metros mas. No quisiera estas en sus zapatos a la hora en que Dios empiece a cobrarles.
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