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Tomada de Prensa Rural
Por Cahucopana
Desde el segundo semestre del año 2013, las comunidades campesinas de la región del Nordeste Antioqueño han tenido que enfrentarse al miedo y la incertidumbre, producto de los constantes ametrallamientos que se llevan a cabo en la región.
El pasado 14 de noviembre, mientras algunos líderes de Cahucopana se encontraban adelantando una serie de reuniones con los equipos de Acción Humanitaria en la vereda Lejanías, se ejecutó a las 11 de la noche un ametrallamiento en la cabecera de las veredas Lejanías y Santa Marta, lo que evidencia la alta vulnerabilidad a la que quedan expuestas las comunidades de esta zona.
Un hecho reciente se generó el domingo 8 de diciembre a las 10 de la noche cerca al punto llamado El Mosquito, aproximadamente a 40 minutos de la vereda Carrizal, parte alta del Nordeste Antioqueño, en el que se encuentran más de 40 indígenas procedentes del resguardo indígena de la vereda La Po, jurisdicción del municipio de Segovia (Antioquia), quienes llegaron a este lugar debido a la violencia que se recrudece en la región.
Las comunidades de esta región han tenido que vivir en carne propia la agudización del conflicto político, social y armado, y con ello, los abusos por parte de las Fuerzas Militares, especialmente el Ejército Nacional que llega a la zona con cada operación militar.
Muestra de esto fueron la puesta en marcha de operaciones militares en la zonas rurales de los municipios de Yondó, Cantagallo, San Pablo y Remedios con la Operación Bolívar implementada en el 2001, en el marco del Plan Colombia, y la operación Sol de Oriente III, llevada a cabo en el 2004. Otro operativo similar fue el Centella, ejecutado por las Brigadas V y XIV del Ejército Nacional. Estas y muchas otras han sido antecedentes de la sistemática violación de los derechos humanos en la región.
Según informaciones, se pretende implementar una nueva operación denominada Júpiter, la cual tendría su centro de operaciones en el Batallón Nueva Granada, con sede en la ciudad de Barrancabermeja, y estaría integrada por tropas del Batallón Reyes de Cimitarra (Santander), el Batallón Ricaurte de la Quinta Brigada, de Bucaramanga, y el Batallón Selva Nº 48 de Santa Rosa del Sur (Bolívar), con un total aproximado de siete mil efectivos en toda el área.
Las comunidades mineras, campesinas e indígenas de la región empiezan a presentir una fuerte arremetida por parte del Ejército Nacional y el aumento de la violación a los derechos humanos y las infracciones al derecho internacional humanitario.
Siendo esta una zona de resistencia campesina donde confluyen varias organizaciones sociales y comunidades organizadas que han denunciado la situación de abandono estatal, la persecución y el asesinato de campesinos, entre ellos 18 casos de ejecución extrajudicial, demuestra la persecución dirigida contra las organizaciones sociales, sus líderes y las comunidades habitantes de la región.
Más allá de una confrontación entre actores armados, y bajo la excusa de combatir los grupos insurgentes que hacen presencia en el territorio como FARC y ELN, la comunidad es consciente de que los atropellos, las muertes de campesinos y las violaciones de derechos humanos por parte de las tropas del Ejército Nacional estarán siendo los nefastos resultados.
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