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Tomado de Notimundo
Por Camilo Raigozo
El régimen terrorista que padece Colombia vuelve, al mejor estilo uribista, a realizar las consabidas detenciones masivas contra campesinos u opositores políticos a los cuales acusa de tener algún vínculo con la guerrilla.
La demencial estrategia consiste en que las fuerzas de seguridad del régimen, principalmente el Ejército y la Fiscalía, con base en acusaciones de supuestos desertores de la guerrilla, que realmente son producto de la “Fábrica Nacional de Testigos del Ejército”, inventan montajes judiciales contra personas inocentes.
Las víctimas son capturadas, presentadas ante los medios que actúan como cómplices, como guerrilleros o auxiliares de la subversión y encarceladas.
Los procesos duran varios meses o años sin importar el daño causado a las personas privadas de la libertad injustamente, a sus familias y al tejido social al que pertenecen. Finalmente, como han sucedido centenares de veces, las víctimas son dejadas en libertad ante la falta de pruebas.
Esta vez se repite el libreto al pie de la letra. El comandante de la Novena Brigada, coronel Ariel Gustavo Vargas Solano, afirmó ante los medios que, “con la captura de estas personas se está desvertebrando gran parte de la estructura guerrillera que opera en este sector del país”.
Igualmente el alto oficial del aparato militar del gobierno dijo que el operativo fue el resultado de meses y años de investigación y acervo de elementos probatorios entre los que no faltan los “testimonios de desmovilizados”.
Según Vargas Solano “estas personas se habían convertido en la ‘columna vertebral’ de la organización al margen de la ley y se dedicaban al apoyo logístico y financiero de la estructura guerrillera”.
Las órdenes de captura contra las doce nuevas víctimas fueron emitidas por el Juzgado Cuarto Penal Municipal de Control de Garantías por los delitos de rebelión y concierto para delinquir.
El comunicado de la Novena Brigada se cuida de darle un alias a cada una de las personas para hacer más creíble el montaje.
Al campesino José Ermidez Amaya Macías, de 41 años, el Ejército lo acusa de ser miembro de las FARC EP, según pruebas recolectadas durante 20 años.
“Actualmente se estaría desempeñando como cabecilla de la red de apoyo a la insurgencia cumpliendo misiones como inteligencia delictiva a la tropa, almacenamiento de material de intendencia y explosivos, así como de esconder. Sería además el encargado de suministrar información a los cabecillas para la realización de actividades extorsivas”, dice el comunicado castrense.
Otras víctimas del terrorismo de Estado son: Arturo Vanegas, a quién el Ejército le pone el alias de “El viejo”, y Alejandro Cardozo. Los acusa de reclutamiento forzado de menores, vigilar los movimientos del ejército, suministro de medicamentos, radios y víveres a la guerrilla.
Las otras víctimas son: Fernando Alfredo Leguizamón Lemus, de 40 años; José David Leguizamó Rojas; Héctor Danilo Villamil Osorio, de 52 años; Luis Oldán Peralta Bonilla; Jeremías Rodríguez Gaitán; Amanda Tafur Calderón; José Antonio Cardozo Muñoz; Andrés Mauricio Reyes Calderón y José Salomón Leguizamo Rojas de 47 años.
El ministro de guerra y represión contra el pueblo, Juan Carlos Pinzón, había impulsado con la complicidad del Congreso una reforma a la justicia penal militar que de haber sido avalada por la Corte Constitucional, estas personas y tal vez centenares más, pudieron haber sido asesinadas por los militares, bajo la concepción de Pinzón de que eran “blancos legítimos” a pesar de su inocencia.
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