por José Girón Sierra
MIÉRCOLES, 06 DE NOVIEMBRE DE 2013 18:34 ADMINISTRADOR
Editorial por José Girón Sierra
Analista de paz y conflicto del Observatorio de Derechos Humanos del IPC
El Gobierno y la insurgencia acaban de dar a conocer los resultados sobre las discusiones que se adelantaban con respecto al segundo punto de la agenda, esto es, la de la participación política. Los pronunciamientos hechos por las partes negociadoras, en los cuales cada parte hace sus respectivas valoraciones del acuerdo al cual se ha llegado, ponen en evidencia que a contrapelo de los sectores como el “Uribe Centro Democrático”, obstinados en una oposición llevada hasta el absurdo y el 50% de una sociedad que dice caminar en la misma dirección, este proceso da un paso trascendental en una perspectiva de no retorno, esto es un mensaje que aporta, de manera significativa, en la promoción del indispensable ambiente de confianza y despeja buena parte de las dudas.
Una mirada general a los acuerdos a los cuales se ha llegado, permite afirmar que el proceso de La Habana es hasta ahora el gran continuador de aquel que, con distintas fuerzas insurgentes, se llevara a cabo a finales de los ochenta dando origen a la actual Constitución Política. Muy distinto al pacto de Ralito, plagado de trampas y con el cual el paramilitarismo aspiraba a refundar la patria. En este sentido, los contenidos de los acuerdos, en este caso más precisos y concretos, están alineados con desarrollos concretos de componentes estructurales de dicha constitución, esto es, la participación ciudadana y política y el salto de una democracia formal a una real, al establecer como centro las garantías a la oposición política y una participación ciudadana eficaz. De este segundo gran paso se destacan estos puntos:
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